La reciente detención de Rodil Hernández, director general de Centros Penales, acusado de actos arbitrarios y administración fraudulenta, vuelve a poner en boca de un alto funcionario la que se ha convertido en la más frecuente excusa para justificar el uso arbitrario de los fondos encomendados a la administración: gastos de inteligencia.
Según la Fiscalía General de la República, Hernández justificó el uso de más de cinco millones de dólares, provenientes de las ganancias en tiendas penitenciarias, para pagar entre los años 2010 y 2013 los sobresueldos, bonificaciones y “gastos de inteligencia” de personas involucradas en la llamada “tregua” entre pandillas. Estos desembolsos, según el imputado, contaron con la autorización verbal del actual ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payes, durante la gestión de este al frente de la cartera de Justicia y Seguridad Pública.
No es la primera vez que el argumento de la “inteligencia nacional” es usado como excusa para realizar cuantiosos gastos o para ocultarle información al público. En octubre de 2012, algunos ciudadanos solicitaron la composición y destino de las misiones oficiales de la Presidencia de la República. El oficial de Información del ejecutivo negó la información bajo la excusa de que tales datos comprometían la seguridad del Estado, al constituir información de “inteligencia nacional”. Lo mismo ocurrió en junio del 2014, al solicitarse vía Ley de Acceso a Información, los datos relacionados con los gastos de la Presidencia destinados a la atención protocolaria de funcionarios internacionales, los costos de los boletos aéreos y del alojamiento de la pareja presidencial en el extranjero.
El Ministerio de la Defensa Nacional también ha ocupado el mismo argumento para no entregar el nombre, grado y cargo de los jefes militares que aparecen junto al ministro de la defensa en sus frecuentes conferencias de prensa. En todos estos casos, prevalece la razón de Estado, el secreto absoluto, la reserva total, por tratarse según los funcionarios requeridos, de temas de “inteligencia nacional”.
No es extraño que en un Estado democrático se reserve cierta información por ser de naturaleza sensible, o porque su conocimiento pueda comprometer investigaciones en curso, e incluso, operaciones de inteligencia dentro o fuera del país. En la mayoría de países, existen comisiones parlamentarias que evalúan el gasto de los servicios de inteligencia, dejando como materia reservada los nombres de agentes, analistas, informantes y hasta la ubicación de instalaciones estratégicas, cuya publicidad podría comprometer a esos organismos. En cualquier país, los organismos de inteligencia ayudan a mantener esa expectativa razonable de las sociedades que quieren vivir a salvo de amenazas para el goce de sus derechos fundamentales. Esa debería ser la misión principal de los servicios secretos o de inteligencia, además de su papel asesor de los jefes de Estado en tales materias.
En nuestro país, la 'inteligencia nacional' es utilizada como una reserva habitual y se ha llevado a tal extremo que el actual “Organismo de Inteligencia del Estado” (OIE) ha sido totalmente desdibujado de su concepción original. Según el Capítulo I.7 de los Acuerdos de Chapultepec, la OIE sería un organismo subordinado al poder civil, bajo la autoridad directa del Presidente de la República, con una doctrina enmarcada “dentro de los principios democráticos”. Los firmantes de la Paz vieron en la OIE una noción de la inteligencia de Estado “como una función para el bien común, ajena a toda consideración política, ideológica o de posición social o a cualquier otra discriminación; y del estricto respeto a los derechos humanos…”.
La actividad de a OIE, según los Acuerdos de Paz, “será supervisada por la Asamblea Legislativa, conforme a los mecanismos de control establecidos por la Constitución …”. Sin embargo, tuvieron que pasar casi diez años desde la firma de la Paz para que la Asamblea Legislativa aprobara la vigente “Ley del Organismo de Inteligencia del Estado”. Aquella votación fue de una mayoría simple, sin los votos del actual partido en el gobierno, inconforme entonces por la falta de controles legislativos sobre la actividad de dicho organismo. Es más, las notas de prensa de la época dan cuenta de la iniciativa del Partido de Conciliación Nacional (PCN), consistente en: “… permitir que los diputados solicitaran un informe sobre las labores de dicho organismo, siempre y cuando no fueran secretos militares o investigaciones secretas …”.
Ninguna razón favorable al control externo del OIE pudo imponerse, pese a las razones alegadas por la oposición política y a los compromisos heredados de los acuerdos de paz. Al final, se aprobó tardíamente la Ley del OIE, en cuyo texto, el Art. 8 declara que: “Todos los asuntos, actividades, documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, serán considerados clasificados, cuyo manejo corresponderá al Presidente de la República …”.
Esta disposición ha sido el fundamento del “secreto total” en materia de inteligencia nacional. La misma es citada en audiencias ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, en procesos constitucionales, en trámites disciplinarios y en cualquier otro ámbito de la administración pública, en el que se quiera dar cabida a la “razón de estado” para alejar del escrutinio ciudadano y periodístico aquellos gastos, contrataciones, erogaciones y acciones que puedan merecer la crítica colectiva, el cuestionamiento administrativo; o bien la acción inmediata del ministerio público, ante la posible existencia de conductas punibles.
Los argumentos del hasta hace muy poco director general de Centros Penales no son nuevos. Ya Elmer Charlaix, secretario privado del expresidente Saca, justificó millonarios depósitos en diversas cuentas bancarias, -otra vez para el pago de inteligencia nacional- haciendo uso de un “Reglamento Interno de Funcionamiento para el Manejo, Control y Fiscalización de los Fondos Públicos, Gastos Reservados y Secretos de la Presidencia de la República Destinados a las Actividades de Inteligencia, Clasificación, Manejo y Protección de la Información y Deber de Guardar Secreto de los Colaboradores Designado Para el Manejo de los Gastos Reservados y Secretos ”.
Este reglamento, considerado inicialmente desaparecido, justificó que millones de dólares fueran utilizados por funcionarios de la presidencia Saca, supuestamente para el pago de informantes, asesores y otros gastos relacionados con el OIE, y que por lo tanto fueron secretos. Lo anterior, da cuenta del uso y abuso de partidas presupuestarias que, bajo la excusa de mantener los crecientes gastos operativos de dicho organismo de inteligencia, terminaron, según la Fiscalía, en las cuentas particulares de los mismos encargados de su custodia. Resalta que este hecho está relacionado con la información contenida en los libros de la “contabilidad secreta” que recientemente público El Faro, y en los que, durante la primera mitad de la presidencia de Saca, se registran montos destinados para el OIE por más de 16 millones de dólares, sin que se cuente con el detalle o auditoría de tales erogaciones.
El Diccionario de la RAE define el adjetivo “voraz” como “ aquello que destruye o consume rápidamente”. Pues esto es lo que ha hecho el OIE durante veinticinco años de posguerra: minar desde el mismo órgano ejecutivo, a través de la discrecionalidad más absoluta, el incipiente estado de derecho, convirtiéndose en un instrumento de vigilancia política, que consume rápidamente y en proporciones hasta ahora desconocidas, una parte considerable de la recursos que aportan los habitantes del país.
Un servicio de inteligencia profesional, respetuoso de los derechos fundamentales, sometido al control civil y a los controles políticos que son normales en un estado democrático, constituye un compromiso pendiente desde los Acuerdos de Paz. La excesiva discrecionalidad en materia de gastos de inteligencia, hay que decirlo de una vez, es contraria a la ley, a la ética gubernamental y a los conceptos de integridad y decencia tan caros a los políticos locales, especialmente en tiempos preelectorales. Por otra parte, la Corte de Cuentas de la República debe asumir con responsabilidad y valentía sus atribuciones y rechazar justificaciones tan generales como “el pago de in formantes”, para validar gasto gubernamental que, de todas formas, parece obsoleto en un país que ya cuenta con un centro de escuchas e intervención telefónica.
Lo ocurrido en la Dirección General de Centros Penales conduce a sospechar de la existencia de una mafia gubernamental, dedicada a lucrarse con las necesidades de internos penitenciarios que, ya de por sí, viven en condiciones infrahumanas, bajo la amenaza permanente de motines carcelarios, cómplices obligados del tráfico de teléfonos móviles, de armas y sustancias prohibidas. Todas las irregularidades que ocurren adentro de los centros penales deberían de contar, precisamente, con un verdadero sistema de inteligencia, efectivo en sus procedimientos y racional en su cuenta de gastos.
San Salvador, 30 de mayo de 2017.
*Roberto Burgos Viale es investigador de El Faro y abogado de derechos humanos. Especialista en temas anticorrupción.
