Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Las cuatro fuentes de alto nivel consultadas por Nómada se encuentran a nivel ministerial, en la Fiscalía y en el cuerpo diplomático. Ante lo delicado de la crisis que parece avecinarse, accedieron a hablar bajo condición de reserva de sus nombres.
El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, con excelentes conexiones en Washington, fue el primero en alertar del tema desde redes sociales. Y aunque en la Presidencia nadie responde oficialmente, las fuentes confirman que la cita ‘secreta’ que había pedido el presidente Jimmy Morales con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien es el único jefe de Iván Velásquez, fue para pedir un cambio de mando en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esta vez, la preocupación del presidente no es el caso en contra de su hijo y su hermano por la defraudación por medio de facturas falsas del Registro de la Propiedad en tiempos de Anabella de León y el Partido Patriota en 2013. Tampoco es por defender a su círculo más cercano de asesores investigados por el Ministerio Público (el general César Dávila o el coronel Édgar Ovalle o el militar retirado y diputado Armando Melgar Padilla). Es algo más grave para la Presidencia.
“El presidente se enteró de que la CICIG y el Ministerio Público llevan semanas investigando el financiamiento electoral de la segunda vuelta de 2015 y que podrían llegar hasta él mismo”, coincidieron dos de las fuentes.
Si bien hasta septiembre de 2015, Jimmy Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), no necesitaron de una campaña electoral onerosa para pasar a la segunda vuelta con el 23 % de los votos, las finanzas del candidato y del partido dieron caravuelta en la competencia directa contra Sandra Torres, entre septiembre y octubre. El sector privado tradicional y emergente se acercaron al favorito en las encuestas para convertirse en el siguiente presidente y lo financiaron.
Así, de la noche a la mañana, los candidatos Jimmy Morales y Jafeth Cabrera tuvieron vallas publicitarias, helicópteros, fondos, hoteles a su disposición, oficinas y equipos para la transición.
Y todo apunta a que esos aportes de campaña no quedaron debidamente registrados. FCN-Nación no presentó los informes de financiamiento electoral al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2015 sino hasta junio de 2017, cuando ya habían sido denunciados ante el Ministerio Público (el equivalente a la Fiscalía General de la República en El Salvador) y habían sido advertidos de una posible cancelación del partido.
Esos aportes, entre septiembre y diciembre de 2015, fueron hechos cuando no se sabía que la CICIG y el Ministerio Público perseguirían el delito de financiamiento electoral ilícito. Esto cambió en junio de 2016 con el caso Cooptación del Estado contra el exbinomio de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y en julio de 2017 con el caso Construcción y Corrupción contra el excandidato y exministro Alejandro Sinibaldi.
La CICIG y el Ministerio Público descubrieron las sofisticadas estructuras de canales, bancos, mineras, gasolineras, telefónicas y constructoras para financiar ilegalmente a candidatos para luego cobrar favores en contratos estatales.
Y ahora, confirman las fuentes de Nómada, el Ministerio Público y la CICIG están investigando las finanzas del entonces candidato presidencial Jimmy Morales y su partido FCN-Nación. Y tres de las fuentes aseguran que encontraron relación con el caso Cooptación y Corrupción.
“El presidente está muy nervioso y pensó que expulsar a Iván Velásquez sería la opción más fácil para salvarse”, agrega otra de las fuentes.
El momento político recuerda los meses entre diciembre de 2014 y abril de 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina vacilaba en su apoyo a la CICIG, que con cada investigación se acercaba más a la oficina presidencial. En los últimos meses de 2014, la CICIG había llegado hasta el círculo más cercano de Pérez Molina. Acusó de manipular la justicia a Gudy Rivera, expresidente del Congreso, que ahora cumple una condena de 13 años. Y sacó a luz que el finado Byron Lima había tomado control de las cárceles durante la administración de su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hoy acusado por un caso de corrupción y a quien Estados Unidos solicita extraditar por vínculos con el narcotráfico.
El 14 de abril de 2015, dos días antes de que fuera publicado por la CICIG y el Ministerio Público el caso La Línea de la red de defraudación desde las aduanas, Pérez Molina hacía esta declaración a una radio cuando se negaba a renovar el mandato de la CICIG, ya a cargo de Iván Velásquez: “Algunos que me quieren presionar diciendo que el Presidente tiene miedo que siga la CICIG porque lo va a investigar. La CICIG no viene aquí a investigar a presidentes”.
Diez días después renovó el mandato de la CICIG. Y cuatro meses y medio después de esa declaración, Thelma Aldana pedía su orden de captura.
Otra de las fuentes cerró la entrevista para este reportaje con esta reflexión: “El dilema en el que están el presidente y algunos de los empresarios que financiaron ilegalmente la campaña de FCN es que no saben si alguien ya contó a las autoridades el método que usaron para esquivar la ley. Ante esta incertidumbre, Jimmy, hasta ayer, había optado por intentar expulsar a Iván Velásquez. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, semanas y meses”.
Este análisis fue publicado originalmente el 23 de agosto de 2017 en Nómada.
