En las últimas décadas, la mayoría de los presidentes identificados con la izquierda latinoamericana alcanzaron el poder gracias a la promoción de una agenda de respeto a la legalidad, combate frontal a la corrupción y denuncia de los abusos cometidos en el pasado. Tras los conflictos que asolaron la región en el siglo XXI, la derecha tradicional que gobernó a la región fue cuestionada por haberse enriquecido gracias a los procesos de privatización y por el ejercicio del clientilismo político entre las filas gubernamentales. Toda una trama de impunidad que aun persiste, pero que fue cobrada, elección tras elección, en las urnas.
Pero a pesar de las declaraciones de principios fundadas en la etica pública, esta generación de presidentes latinoamericanos está concluyendo sus períodos enfrentando acusaciones de cometer los mismos abusos que un día denunciaron. El cobro de comisiones por la asignación de contratos de infraestructura, la apertura de cuentas en el extranjero -producto del enriquecimiento ilícito- y la tolerancia de mafias dedicadas a saquear fondos estatales ya no son actividades exclusivas de la derecha política.
Los reportes noticiosos enumerando la cuantía de los fondos mal habidos, o los detalles sobre el abuso de poder y la creación de redes corruptas en Brasil, Perú y Panamá, llenan los encabezados de periódicos en todo el mundo, con las fotografías de los otrora hombres fuertes, ahora derrumbados de los pedestales del poder en sus respectivos países, ingresando, sonrientes o cabizbajos, a los tribunales o centros penitenciarios donde deben dar cuenta de sus actos tras sus pasos por los palacios de gobierno.
Ejemplos sobran: la reciente condena a nueve años y medio que el expresidente brasileño Lula da Silva recibió, por los delitos de corrupción y blanqueo de dinero, trae aparejada, aunque todavía no se considera firme, la inhabilitación política por 19 años, lo que vendría a impedirle su eventual postulación para otro período presidencial. Al expresidente de Perú, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por ahora sometidos a 18 meses de prisión preventiva, se les acusa de lavado de activos en perjuicio del Estado y de asociación ilícita para delinquir, cargos que ambos niegan, a pesar de que las investigaciones arrojan indicios de pagos de hasta 3 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y destinados al pago de la campaña presidencial de 2011, en la que Humala resultó electo.
Las reacciones de los expresidentes del cono sur y de algunos en Centroamérica son variadas, pero casi todas muestras un denominador común: un tránsito que va, desde la negación de los cargos, pasando por las voces que llaman a sus prosélitos a mostrar resistencia contra las investigaciones judiciales en curso, hasta casos como el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que, vinculándose a sí misma con la figura de Eva Perón, ofrece el sacrificio de alejarse de su retiro para volver a competir por el poder, en un intento por reunificar al movimiento peronista y conquistar un puesto en el Senado, que le permita volver al poder en el 2019. Esta última es una postura mas bien de redención producto de la creencia en un destino manifiesto, mas allá de los obstáculos que debe enfrentar un político para ocupar nuevamente la presidencia.
Por otra parte, las actitudes de negación, son más bien individuales. Aquí los expresidentes se burlan de las acusaciones en su contra y niegan haber administrado o controlado fondos públicos. Las acusaciones, dicen, son parte de un boicot. Por ejemplo, el presidente Lula negó todos los cargos, alegando que se trataba más bien de una componenda de la oposición política en su contra. Vale la pena recordar que su heredera política, la expresidenta Dilma Rouseff, fue destituida de su cargo por el delito de “fraude a la Constitución”, a lo que reaccionó haciendo uso de los mismos argumentos de su mentor, valiéndose de los medios de comunicación estatal, lo que de por si constituye un abuso de poder.
Superada la “sorpresa” inicial, en la etapa de resistencia, los expresidentes ahora convertidos en imputados, ya enfrentaron “su día en la corte” o al menos han paseado por una delegación policial, ya tienen algún conocimiento de las pruebas en su contra y conocen la identidad de los testigos de cargo. En esta segunda fase, los imputados apelan al apoyo de las bases de sus partidos políticos, se expresan haciendo uso de plazas, avenidas y cualquier otro espacio público y manifiestan estar dispuestos a enfrentarse cara a cara con sus detractores.
Es en la etapa de resistencia, por ejemplo, que la expresidenta Kirchner enfrenta su tercera causa judicial, tras dejar el poder que ocupó durante dos períodos consecutivos (2007-2015). Kirchner fue acusada desde inicios del presente año por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero, expresando ante los medios de comunicación que “las causas son parte de una persecución política del gobierno de Mauricio Macri y sectores afines del Poder Judicial”.
Finalmente, los otrora presidentes señalados por corrupción, buscan la redención al asumir el papel de mártires de su propia causa. En esta etapa, además de mártires, los perseguidos convierten la causa judicial en una materialización de los conspiraciones en su contra, toda vez que la suma de testigos, informes periciales y riqueza acumulada en sus cuentas personales, constituyen piezas de un complot regional más grande, que facilitará a la derecha continental destruir su legado para retomar el poder. Como se dijo antes, la ex presidenta Kirchner transita hacia esta etapa, inspirada por encuestas recientes que le reconocen un margen de apoyo del 30 al 40% de los votantes argentinos, y que sigue siendo respaldada para las elecciones de 2019 por el partido peronista, a pesar de las investigaciones por corrupción que siguen apareciendo en su contra y que involucran a algunos de sus más cercanos familiares y políticos allegados.
En Centroamérica también padecemos de expresidentes que niegan las acusaciones en su contra, se resisten y andan buscando la redención entre sus huestes, pero a diferencia de países con instituciones más fuertes, la negación se vale de la debilidad tradicional en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y su consecuencia: el enriquecimiento ilícito. Y no pasa nada o pasa muy poco. Y cuando algo ocurre, para bien o para mal, es con la ayuda de instancias internacionales.
En septiembre de 2015, el expresidente Otto Pérez Molina, negó las acusaciones en su contra y felicitó al Ministerio Público por identificar la red criminal conocida como “La Línea”, en una investigación también dirigida por la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad) respaldada por Naciones Unidas. Otto Pérez Molina se dijo inocente, dijo que no recibió dinero de esa estructura, pero continúa tras las rejas, al igual que su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acusada de financiar su campaña con fondos del narcotráfico, y a punto de ser extraditada por petición de EUA.
Desde Estados Unidos hasta Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado para enfrentar acusaciones por ordenar acciones de espionaje estatal contra sus opositores políticos, y además es investigado por la Corte Suprema de Justicia de su país, por la supuesta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares, destinados originalmente para la compra de comida deshidratada de las escuelas públicas. Martinelli rechazó estas denuncias en su contra, afirmando que 'los casos que me tienen a mí en Panamá son políticos, no hay ninguna evidencia de ninguna especie'.
Nuestros expresidentes se atrincheran en sus mansiones, o como Martinelli se refugian en Estados Unidos; o como el caso del expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, optan por la huida clandestina hacia un país vecino, legitimada luego como una forma de “asilo político”, desde el que contarán su verdad sobre sus días en el poder.
San Salvador, 10 de agosto de 2017.
*Roberto Burgos Viale es investigador de El Faro y abogado de derechos humanos. Especialista en temas anticorrupción.
