El jueves 17 de agosto, el diputado Johnny Wright presentó a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para reformar al artículo 133 del código penal. La modesta iniciativa pretende despenalizar el aborto solo en dos de las cuatro causales contenidas en la propuesta introducida el año pasado por la legisladora Lorena Peña: cuando la vida de la madre está en peligro y cuando una menor de edad está embarazada a causa de una violación.
Como era de esperar, la posible aprobación de la moción ha desatado un vendaval de apoyos y críticas que se han hecho escuchar en medios de comunicación y en las redes sociales. Pero ¿qué significaría en términos legales y prácticos un dictamen favorable para la reforma?
Sería un primer paso para comenzar a extender a todas las mujeres de El Salvador un derecho que hasta ahora solo ha ejercido una minoría: las embarazadas de clases medias y altas que usan servicios de salud privados. De acuerdo a la DIGESTYC, solo el 15.8 de la población usa clínicas u hospitales privados.
¿Cuántos de ustedes lectores, lectoras, que como yo tienen acceso a hospitales privados, conocen a alguien que ha sido atendida por un embarazo ectópico, que tuvo un aborto espontáneo o que perdió a su bebé cuando la gestación ya estaba muy avanzada? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna conocida que sí pudo interrumpir su embarazo al enterarse que su hijo o hija sufría una malformación genética grave? ¿Cuántas de sus conocidas fueron del hospital a sus casas para ser consoladas por sus parejas y familia? ¿Cuántas de ellas terminaron en la cárcel o muertas por no ser atendidas a tiempo? Me atrevo a pensar que ninguna.
Por eso el verdadero problema es de desigualdad, porque en nuestro país la prohibición absoluta del aborto solo es absoluta para las mujeres que no tienen los recursos económicos suficientes para acceder a servicios del sector privado. Ellas son las que sufren las consecuencias de la atmósfera de inseguridad jurídica que ha creado el artículo 133 del código penal. Son ellas las que recurren a abortos inseguros o las que, dentro del sistema de salud público, corren el riesgo de morir por embarazos ectópicos, o ser desahuciadas por no recibir tratamientos para enfermedades como cáncer o insuficiencia renal. Ellas son las obligadas a sufrir gestaciones completas con bebés que son inviables con la vida o a tener hijos de sus violadores. Solo ellas terminan en la cárcel por un problema obstétrico.
Los datos no mienten. Para el 2016, el MINSAL reportó cuatro mujeres muertas por embarazos ectópicos. Del total de muertes, el 39% tuvo por causa un problema de salud preexistente o de reciente aparición. La mayoría de muertes (77%) fueron catalogadas como prevenibles. Esa mayoría, ese 77% no debería haber muerto. Hasta el 2011, 129 mujeres habían sido procesadas por aborto u homicidio agravado, 26 recibieron condenas entre 11 y 40 años de cárcel. Todas son de sectores económicos pobres. Las organizaciones de mujeres afirman que muchas de ellas en realidad tuvieron problemas obstétricos no atendidos. Este fue el caso de María Teresa Rivera, una mujer sentenciada a 40 años de prisión. Cuatro años después su sentencia fue revisada y anulada. Ante la insistente persecución de la fiscalía, en el 2017 recibió asilo político en Suecia por ser considerarla una perseguida del estado a causa de la penalización del aborto. La deuda de nuestro Estado para con las mujeres es enorme.
La aprobación para despenalizar dos de las causales sería un abono a esa deuda. Ya es hora que nuestros diputados abran los ojos ante las consecuencias atroces que ha provocado la criminalización de todo tipo de aborto. Es hora que cumplan con su deber y con la recomendación urgente de la Sala de lo Constitucional (310-2013) para hacer explícitos los casos en que puede ser invocado el artículo 27 del código penal, que garantiza la no persecución penal de ciertas acciones. Apenas sería una paso, pero uno muy importante, para reducir la brecha de desigualdad entre las mujeres que tienen recursos para salvaguardar su salud, sin ser perseguidas por la ley, y las que no los tienen.
*Laura Aguirre es estudiante de doctorado en sociología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, enmarcada dentro de perspectivas feministas críticas, está enfocada en las mujeres migrantes que trabajan en el comercio sexual de la frontera sur de México. Su trabajo también abarca la sexualidad, el cuerpo, la raza, la identidad y la desigualdad social.
