El 23 de agosto de 2017, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó en FUNDE la ponencia “Medidas Integrales para atender la Crisis Fiscal”. En ella, él dejó clara la grave crisis fiscal en que se encuentra el país debido a una serie de factores, todos ellos con causas históricas, pero también presentó toda una serie de recomendaciones que, según dijo, merecen una atención prioritaria de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa.
El país tiene una economía de bajo crecimiento basada sobre todo en el consumo: gastamos más de lo que entra, lo que implica que el déficit crezca cada año. Tenemos un sistema de pensiones que, como en la mayoría de países de Latinoamérica, es caduco y necesita revisarse y, últimamente, se ha parado, debido a la polarización política, la forma tradicional de financiar el Estado que consiste en la emisión de títulos valores. Todo ello nos obliga a un financiamiento cada vez más caro, generando más deuda, bajando cada vez más la calificación de país, y haciendo cada vez mayor la crisis. Por ello, uno de los precandidatos presidenciales de Arena dijo que el mayor desafío del próximo gobierno será resolver la crisis fiscal.
Pero lo más novedoso en la ponencia del ministro Cáceres son las soluciones que contempla y que dice han sido propuestas, consideradas, y algunas aceptadas, por comisiones de la Asamblea, el Fondo Monetario y/o los partidos políticos. Lo primero es un ajuste fiscal en los ingresos y los gastos. Para incrementar los ingresos, el ministro menciona, entre las principales medidas, subir dos puntos al IVA, aprobar las leyes del impuesto al patrimonio y la de cobranza. Para disminuir el gasto, él lista reducir el crecimiento de las remuneraciones del Estado, un recorte en la provisión de bienes y servicios y la focalización del subsidio de energía y del escalafón del personal jubilado. Estas, y las otras medidas por él señaladas, significan un ajuste fiscal de 2.7% del PIB. El consenso en los actores claves es que es necesario un ajuste de un 3%.
Pero el ministro señaló, correctamente, que las medidas anteriores no son suficientes para una solución integral y de largo plazo. Las otras medidas claves del paquete fiscal son por lo menos igual de importantes: la reforma de pensiones, responsable de la mayoría de la deuda y su incremento actual; aprobar la emisión de bonos y préstamos internacionales para continuar con la inversión social y de infraestructura y pagar la deuda eliminado los riesgos fiscales, evitando mayor degradación en nuestra calificación financiera; reestructurar deuda actual ampliando el plazo.
Cáceres presenta en su ponencia, que esta accesible en la página web del Ministerio, una solución que permite solucionar los problemas de corto plazo del Estado. Ello implica muchos otros logros para el país, especialmente el reducir los costos de nuestro financiamiento de inmediato y un significativo impulso a la economía. Pero más importante son las implicaciones de una solución de ese tipo en el mediano y largo plazo. Ello traería al país mucha mayor estabilidad, lo que permitiría mayor inversión, lo que generaría mayor crecimiento, lo que sería insumo clave y esencial para lograr el progreso social y económico.
¿Entonces, porque no avanzamos y se aprueban esas, u otras medidas similares?
Las soluciones propuestas tienen costos políticos para el gobierno y los partidos políticos que las aprueben. Ellas no vienen sin sus costos; costos más altos para unos que para otros. Pero ningún costo más alto que el que ya el país está pagando por no hacer nada. El gobierno, a través de su representante de mayor jerarquía en el ámbito financiero, el Ministro de Hacienda, absorbe ya parte de esos costos. Pero faltan los partidos políticos, los cuales, deben aprobar el paquete fiscal en la Asamblea Legislativa.
El momento es apropiado para los partidos políticos. Ambos creen que pueden ganar las próximas elecciones y la aprobación de un paquete fiscal integral dejaría mesa limpia para el próximo gobierno. Solucionaría el problema fiscal planteado por el precandidato de Arena como el más grave. Por el contrario, si no se aprueba ahora, el próximo gobierno muy difícilmente logrará los votos necesarios para aprobarlo, y la crisis fiscal solo seguirá agudizándose.
Ambos partidos han perdido votos y credibilidad con la ciudadanía, en parte por no solucionar los problemas que al votante común le importan: la economía, el costo de vida, la falta de financiamiento, en los cuales la crisis fiscal es una de las causas. Al realizar una aprobación conjunta, mediante el diálogo y la negociación, esa imagen negativa por lo menos se reduciría. Para ello el acuerdo debe hacerse por medio del diálogo, sin señalar culpables, sin tirarse los trapos sucios los unos y los otros; más bien una aprobación conjunta por el bien del país. Le toca a los partidos políticos dar ese paso, y darlo de una forma integral, transparente y a la brevedad.
También tienen responsabilidad los actores y voces claves en este proceso. Los críticos, editorialistas y expertos en la materia, los tanques de pensamiento, las asociaciones, deben pronunciarse poniendo los intereses de país por encima de cualquier otro, elevando la presión para que esa reforma fiscal se dé.
*Mauricio Silva es director por Centroamérica en en Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
