A finales del 2010, un oficial del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) fue acusado ante el Tribunal Disciplinario Nacional de la Policía por la presunta comisión de faltas graves. El caso inició de oficio ante la Inspectoría General luego de que se divulgara durante meses un video del programa En la mira, de la cadena Chilevisión (televisión chilena), en el que este oficial golpeaba y torturaba a dos jóvenes pandilleros detenidos en el Barrio San Bartolo, en el municipio de Ilopango.
'¡Hoy si te llevó putas, hijueputa!', se escucha en el video, antes de que la cámara registre las patadas, los golpes con la palma de las manos en los oídos y los intentos de estrangulamiento (Ver desde el minuto 12:45 del video). Un trato cruel, inhumano o degradante. 'Energúmeno', narra el reportero chileno que acompañó a los agentes. Los policías no creían eso, y según ellos se lucían como los más duros defensores de la ley en un país amenazado por bandas delincuenciales. Se sintieron tan impunes que habrán sospechado que aquellas imágenes nunca saldrían de Chile, pero las imágenes rápido llegaron a internet y fue así como nació el caso.
Los golpes propinados con un casco policial en la cabeza y espalda de los dos detenidos, mientras se proferían insultos y acusaciones de que estos “formaban parte del mal”, se produjeron durante el desarrollo de un operativo simultáneo bastante amplio, en el que participaron entre otras unidades operativas y de inteligencia, el Grupo de Tarea Antiextorsiones (el GAE) formado por respresentantes del ministerio público y de la PNC, bajo el mando funcional del entonces fiscal Alan Hernández. A pesar de la gravedad de lo ocurrido durante ese operativo, la acusación solo fue formulada contra uno de los participantes.
Cuando el caso llegó hasta el tribunal disciplinario, uno de sus juzgadores era el comisionado Howard Cotto, actual director general de la corporación. Luego de una larga deliberación, el tribunal concluyó que no podían asignarle responsabilidades al acusado, pese a la contundencia de las imágenes del video, los testimonios sobre la veracidad del operativo realizado y la aceptación de los hechos por parte del indiciado. Según explicó el comisionado Cotto, el problema era que no se había observado la “cadena de custodia” del material audiovisual, lo que consideraba además 'una lástima', ya que podía constatarse el 'comportamiento incorrecto' de miembros del GOPES, lo que 'opacaba el buen nombre de aquellos que hacían bien su trabajo'.
El resto de los miembros del tribunal policial alegaban, a manera de presunción, que como las imágenes habían estado disponibles durante casi un año en internet, “existía la posibilidad de que podría haber sido alterado”. Ellos, además, cuestionaron que los delegados de la Inspectoría no habían presentado la cinta o disco del video original.
Traigo a cuenta este caso a propósito de la donación de 500 cámaras corporales, o 'bodycams', que la embajadora de Estados Unidos, Jane Manes, entregó para fortalecer a la PNC, pero también, según dijo, para promover el respeto de los derechos humanos de los salvadoreños. La donación se otorgó a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés). Según la diplomática, el uso de esta tecnología dará resultados positivos, tal y como ha ocurrido en su país, donde han contribuido a la reduccion del uso de fuerza excesiva. En grandes ciudades como Los Angeles, luego de la implementación de dispositivos de video, los casos de abuso policial disminuyeron en un 60% y en un 88% las quejas del público. Siguiendo esta lógica, con el equipo de video donado a El Salvador, se estaría previniendo la comisión de más abusos policiales como los que recientemente han hecho públicos periodistas de medios independientes, y que incluso han sido objeto de una audiencia pública en la que el gobierno salvadoreño ha tenido que dar explicaciones en el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al anuncio de la embajadora se sumaron las declaraciones del comisionado Cotto, quien aceptó dicho donativo, asegurando que con este la PNC estaría a la altura de las policías más modernas del planeta. Mientras agradecía el apoyo de la diplomática, agentes y soldados, vestidos con uniformes de combate, mostraban las cámaras instaladas en los cascos y al frente de sus chalecos antibalas.
Lo que no expresó el mando policial es si van a investigarse los abusos policiales recientemente denunciados, y que durante los últimos años han llevado a que nuestro país sea cuestionado, a escala internacional, por las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos grupos en la PNC. Está probado que el número de bajas en los 'enfrentamientos' reportados por las autoridades mantiene una proporción de 59 a 1 (59 presuntos pandilleros muertos por cada policía caído en combate); un dato que para el comisionado James Cavallaro, de la CIDH, es un indicio de que los 'enfrentamientos' en realidad esconden ejecuciones extrajudiciales.
Tampoco se han anunciado medidas de fortalecimientos de los tribunales policiales ni tampoco ha habido declaraciones del Inspector Policial al respecto. Mucho menos se explica cuáles serán las “reglas de evidencia” que serán implementadas por unidades disciplinarias o de control interno para garantizar –ahora sí- la cadena de custodia de las pruebas de abuso policial y violaciones de derechos humanos que puedan llegar a captarse con las mini cámaras recientemente donadas.
Mientras estos y otros aspectos no se definan claramente, las imágenes captadas por las “bodycam”, si es que se capta alguna, vendrán a formar parte de una larga lista de acusaciones que nunca llevarán a juicio a los responsables de esas violaciones, aquellos que abusan de la autoridad y del uniforme que portan, mientras gozan de la impunidad que les garantizan instituciones endebles o cómplices como la Inspectoría.
Los abusos policiales no son una película de ficción, son una penosa realidad que cobra las vidas de cientos de jóvenes y de sus familiares, independientemente de si son o no pandilleros. Los agentes del orden representan la ley, no pueden convertirse en los nuevos camarógrafos de la impunidad.
San Salvador, 6 de septiembre de 2017.
*Roberto Burgos Viale es investigador de El Faro y abogado de derechos humanos. Especialista en temas anticorrupción.
