Popularmente se dice que lo que empieza mal termina mal, y el caso de la masacre de San Blas no ha sido una excepción. El viernes 22 de septiembre del presente año, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió a los agentes del Grupo de Reacción de la Policía Nacional Civil (GRP), quienes el 26 de marzo de 2015 efectuaron un “procedimiento policial” en una finca ubicada en el municipio de San José Villanueva.
Si bien el hecho ocurrió el 26 de marzo de 2015, la Fiscalía General de la República no giró las órdenes de captura hasta principios de julio de 2016. En un primer momento, la Fiscalía de Luis Martínez decidió archivar el caso, y con la Fiscalía de Douglas Meléndez no cambió prácticamente nada, salvo abrir un proceso judicial que estaba condenado desde un inicio a su fracaso.
La actuación de la Fiscalía puede catalogarse cuando menos de negligente. Resulta que la misma institución que tiene la capacidad de, a diario, girar un sinfín de órdenes de captura contra personas que supuestamente han cometido ilícitos, no ha podido individualizar la conducta de un grupo reducido de elementos policiales que laboran en el GRP, y que tenían plenamente identificados con base en los documentos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La representación fiscal ha trabajado el caso de una forma parcializada y discriminativa. A pesar de que hubo ocho muertos en el supuesto enfrentamiento, y de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) determinó que en los ochos casos había suficientes elementos que indicaban que estábamos ante ejecuciones extralegales, solo decidió “investigar” la muerte de Dennis; se consideró que la muerte de una menor de edad por un disparo en la boca no tenía relevancia suficiente para realizar una exhaustiva investigación; o que la contaminación de la escena del delito, como determinó la PDDH, tampoco era un hecho constitutivo de ser investigado.
La respuesta que el Estado ha dado a la madre de Dennis, a través del sistema judicial, es que su hijo murió ejecutado extrajudicialmente por parte de un miembro de la PNC, pero que la Fiscalía -aparentemente- no ha tenido la capacidad de individualizar quién le causó la muerte; también “se le ha dicho” que hay un conjunto de hechos -como son las amenazas que ella ha recibido presuntamente por miembros de la PNC y que le han obligado a desplazarse internamente, o las ejecuciones de su hermano y de su yerno, este último tres días antes de darse a conocer la sentencia- que no ameritan una investigación diligente ni la apertura de un proceso judicial.
La Fiscalía viene a reafirmar que el Estado no tiene la voluntad de investigar a aquellos elementos criminales que tienen en sus propias estructuras; que la impunidad debe ser la regla que impere en estos casos; y que proteger la institucionalidad de la Policía Nacional Civil no es una prioridad, porque los policías criminales hoy seguirán, libremente, patrullando por las colonias y los cantones. En otras palabras, tienen carta blanca para seguir actuando al margen de la ley.
El actuar de la Fiscalía responde al discurso oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Hace pocos días, el viceministro, el mismo que se dirigió de una forma machista y denigrante a una periodista hace unas semanas, restaba credibilidad a los informes de la PDDH. Afirmaba que hechos de características similares a los de la masacre de San Blas no eran ejecuciones extrajudiciales y repetía que todos los casos donde había supuestos enfrentamientos eran investigados.
La masacre de San Blas es, nuevamente, un claro ejemplo de que los hechos difieren del discurso oficial. Abrir un proceso judicial no significa que se haya realizado una investigación debida. El IDHUCA hace unos días puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de El Salvador estaba omitiendo la responsabilidad incluso penal de investigar múltiples casos, a veces evidentes, de ejecuciones extrajudiciales.
Este ha sido un caso notorio. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha mostrado su preocupación en su informe anual durante dos años consecutivos. Un caso que debía ser ejemplarizante ha tenido un resultado desastroso. ¿Podemos esperar resultados positivos en los numerosos casos donde las víctimas no han tenido la posibilidad de hacerlos públicos, muchas veces, por las propias amenazas e intimidaciones por parte de los agentes victimarios?
En esta línea, incluso el propio presidente de la Asamblea Legislativa en su cuenta de Twitter, en un acto más propio de una persona fanática que de una persona que representa al poder legislativo, celebró la libertad de los agentes del GRP, obviando que el juez de la causa determinó que Dennis había sido ejecutado arbitrariamente por un elemento de la PNC.
Como IDHUCA siempre hemos manifestado que cualquier forma de violencia no conduce a la paz. Y es por ello que debe condenarse toda forma y expresión de violencia, tanto la ejercida por los grupos criminales contra la población civil, como también la que ejercen de forma ilegítima algunos agentes de seguridad del Estado. Sin embargo, después de la resolución del caso de San Blas, todo parece indicar que el Estado seguirá en defensa de aquellos criminales que forman parte de sus propias estructuras, convirtiéndose así, en cómplice.
Todo hace pensar que las víctimas, muchas de las cuales viven en condiciones de vulnerabilidad, seguirán olvidadas; todo hace pensar que aquellos policías que hacen su trabajo de forma honesta y respetuosa de los derechos de los y las ciudadanas, seguirán olvidados, y se seguirá premiando y protegiendo a aquellos que han decidido que en ciertas circunstancias los derechos humanos no existen.
Finalmente, la pregunta legítima que nos tenemos que formular es, si en el presente caso el ente fiscal ha sido “incapaz” de individualizar la conducta de ocho sujetos, ¿tiene la Fiscalía la capacidad de individualizar y conseguir una sentencia condenatoria contra las estructuras conformadas por miembros de la mara o pandilla?
* Baulenas es coordinador del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). Tojeira es director del IDHUCA.
