Barcelona, CATALUÑA. “Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, explica el texto, aprobado este viernes 27 de octubre por 70 diputados de un total de 135, que ejercieron su voto en secreto, depositando su papeleta en una urna.
Previamente, la mayoría de los diputados de la oposición habían abandonado la cámara, en señal de protesta. Otros diez diputados de partidos de ámbito estatal sí votaron, e incluso desplegaron antes su papeleta ante los fotógrafos para mostrar ostensiblemente que habían optado por el No. Otros dos representantes votaron en blanco.
Esta proclamación solemne ya fue firmada (aunque no votada) por los diputados independentistas el pasado 10 de octubre, y con la votación de este viernes, entra en vigor, según sus planes.
No obstante, el Tribunal Constitucional español invalidó el 17 de octubre la ley que permitía el referéndum del día 1 de este mes, así como todas las medidas complementarias tendentes a materializar la secesión.
Primeras reacciones
En paralelo, El Senado español autorizó al gobierno de Mariano Rajoy a tomar las medidas propuestas para intervenir la autonomía de Cataluña y atajar el desafío secesionista, entre ellas el cese del ejecutivo regional.
La propuesta del gobierno, basada en el artículo 155 de la Constitución española, fue aprobada por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, anunció el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, apenas unos minutos después de que el Parlamento de Cataluña había adoptado una resolución en la que declara la independencia.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró este viernes que la declaración de independencia de Cataluña no cambia nada y que España se mantiene como el “único interlocutor” de la Unión Europea: “Para la Unión Europea, nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor”, tuiteó Tusk, quien dijo esperar que “el gobierno español favorezca la fuerza del argumento, no el argumento de la fuerza”.
El parlamento catalán en su texto asegura que inician “el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante”. Esta declaración ha sido elaborada conjuntamente por una mayoría nacionalista (Junts pel Si) y de extrema izquierda (Candidatura de Unidad Popular, CUP).
“Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condiciones previas, para establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad”, añade el texto.
Luego precisa: “Ponemos en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República” y la voluntad de negociar, y piden concretamente a la Unión Europea “intervenir para parar la violación de derechos civiles y políticos” como consecuencia de la intervención del gobierno español.
El reconocimiento internacional de un Estado catalán es un aspecto esencial de los planes de las autoridades independentistas, algo que no se ha producido.
El parlamento insta al gobierno independiente a “promover, ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la República”.
Pasaporte y doble nacionalidad
La segunda parte del texto alude a una Ley de Transitoriedad jurídica, una especie de Constitución preliminar, que es aprobada junto a la declaración de independencia, a la espera de unas elecciones constituyentes.
El parlamento catalán invita al gobierno regional a “promulgar los decretos necesarios” para entregar documentos de ciudadanía catalana, e inmediatamente a “impulsar la subscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España”.
Todas las leyes en vigor en Cataluña deben adaptarse a esta Ley de Transitoriedad, “con especial atención a todas las que regulan impuestos”.
Todos los funcionarios del Estado central presentes en Cataluña, “salvo renuncia expresa”, pasan a integrarse en el servicio público catalán, incluidos los catalanes que sirven en el extranjero.
También pide crear un Banco Central catalán, un banco público de desarrollo, entablar negociaciones sobre la deuda pública con Madrid, y crear un “inventario de bienes”.
Finalmente anuncia el inicio de redacción de una Constitución definitiva y la convocatoria de elecciones constituyentes lo antes posible.
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