La semana pasada, el vicepresidente de la República sorprendió a la ciudadanía al dar a conocer que el Gobierno alista una iniciativa de ley que pretende declarar al puerto de La Unión como una zona económica de desarrollo especial.
El anuncio, difundido por los medios de comunicación, ha generado pocas reacciones, pese a que una propuesta de este tipo debería dar mucho de qué hablar, dadas las consecuencias que traería al país la creación de dichas zonas económicas especiales.
Poner en el tapete de la discusión nacional esta modalidad económica no es nuevo. En 2014, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) propuso “las ciudades modelo”, una apuesta del Enade 2014 para “aumentar el crecimiento”. Esta iniciativa empresarial fue presentada en su momento como “la llave de la recuperación económica de El Salvador”.
Eso que Óscar Ortiz llama “zona económica de desarrollo especial” -y que la ANEP llamó “Ciudades Modelo”- no es más que una copia de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) que se impulsan en Honduras, un modelo que tomó los mejores conceptos de las Ciudades Chárter del economista estadounidense Paul Romer, catedrático de la Universidad de Nueva York, y los replanteó a la conveniencia hondureña y de los inversionistas inmiscuidos en ese otro proyecto. La idea original de Romer bautiza a esos polos de desarrollo con el nombre de charter cities, ya que son regiones que se rigen bajo sus propias reglas, recogidas en un charter o estatuto.
La idea fundamental de esta modalidad económica es hacer una cesión del territorio nacional para crear una jurisdicción especial que, otorgada a inversionistas extranjeros, está sometida a reglas diferentes del resto del país con autonomía propia en lo jurídico, económico, administrativo y político.
En Centroamérica, el intento de implementar estas Ciudades Charter viene desde el último lustro. En octubre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de Honduras detuvo el proyecto al declarar su inconstitucionalidad. Dos meses más tarde, el 12 de diciembre, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, entre otras cosas por votar en contra del proyecto. Y un mes más tarde, en enero de 2013, en medio de un fuerte debate nacional, Honduras aprobó una nueva reforma constitucional para crear las “ciudades modelo” rebautizadas como Zedes, lo que causó fuertes reacciones de sectores que se oponen al plan por considerarlo inconstitucional.
Las Zedes hondureñas buscan consumar la apuesta con personería jurídica, régimen fiscal especial, autonomía funcional y administrativa; y su propia forma de gobernanza.
El proyecto hondureño contempla la creación de centros financieros, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas sujetas a un sistema jurídico especial, zonas agroindustriales especiales, zonas turísticas especiales, zonas mineras sociales y zonas forestales.
En octubre de 2012, el periódico digital guatemalteco Plaza Publica, recogió una ponencia del analista político hondureño Tomás Andino, en la que se hace un duro cuestionamiento a las free cities. Andino argumentó que estos proyectos constituyen modalidades de ¨economía de enclave¨ que se caracterizan por: “un mayor desarrollo capitalista en relación con el subdesarrollo de la sociedad que lo acoge; la no integración al desarrollo del país receptor, ya que la relación se limita a explotar su mano de obra y sus materias primas; y una fuerte autonomía en la toma de decisiones respecto al estado del país donde se ubica”.
Andino argumenta que este es un modelo que se impone con el objetivo de aprovechar recursos específicos de manera intensiva -por ejemplo, la mano de obra barata y los recursos naturales- que son “estratégicos” para el país “implantante”. El centro de decisiones sobre lo que se hace en ese enclave no es el país anfitrión, sino el país de donde proviene la inversión, lo cual conlleva una pérdida de soberanía para el país receptor
No es poca cosa lo que quiere Oscar Ortiz para El Salvador, a la luz de esta modalidad económica norteamericana: el vicepresidente ha señalado que la propuesta del Ejecutivo incluirían a 25 municipios del oriente del país.
Según Ortiz, “esto le puede cambiar el rumbo en los próximos 10 años al país”. Se busca establecer y oficializar toda la zona suroriental, donde están municipios de La Unión, San Miguel y Usulután, desde Jiquilisco hasta el puerto de La Unión. Ortiz también hace mención al gancho que según su lógica hará atractiva la propuesta para la inversión extranjera: “será una zona donde daremos un conjunto de facilidades tributarias y no tributarias para atraer nuevas inversiones estratégicas”, dijo.
Ojalá no sorprenda a nadie esta iniciativa de ley que será presentada este mes a la Asamblea Legislativa, pues no es cachada.
