Primero vino una candidatura anticonstitucional, merced de una Corte Suprema de Justicia que interpretó a su antojo la Constitución —que claramente dice que no puede haber reelección en Honduras— y la permitió. Muchos de los poderes establecidos no dijeron nada, varios la avalaron. Las encuestadoras volvieron a perder credibilidad —todavía más, si ello es posible— al equivocarse en sus predicciones. Los medios de comunicación social tradicionales se parcializaron y también perdieron credibilidad, pero a ellos los sustituyeron, como fuente de información ciudadana, las redes sociales.
Luego vino un Tribunal Supremo Electoral, como poco, muy inepto. Aunque a juzgar por los últimos comunicados de actores internacionales también es corrupto y se prestó a manipular las elecciones. Muchos siguieron sin decir nada. Luego fue la declaratoria de un ganador, el oficial, con un resultado cuestionado y en el cual, después de todo lo anterior, pocos confían. Todavía, varios actores seguían sin decir nada. La prensa siguió parcializada. Actores poderosos, nacionales e internacionales, siguieron callados. La oposición protestó, no siempre por medios democráticos...
La tensión social subió, empezaron las manifestaciones populares, se dieron marchas, hechos violentos, saqueos, quemas de locales. La empresa privada tuvo que reducir su producción pues a sus empleados se les hacía difícil o imposible llegar al trabajo. Hubo más de una docena de muertos y decenas de heridos. La polarización política creció. Los costos económicos, sociales y políticos para el país subieron aceleradamente. Una solución sostenible y pacífica se hizo cada vez más difícil. Honduras, su democracia e institucionalidad, retrocedieron, retroceden.
La experiencia reciente de Honduras envía varias alertas. A muchos nos recordó El Salvador de los años setentas, al que no queremos retornar.
Las instituciones oficiales son parte fundamental del sistema democrático. Desarrollarlas cuesta mucho. Que funcionen y se rijan por reglas claras y transparentes es un proceso largo y complicado, que El Salvador está llevando a cabo —con altos y bajos— desde que terminó la guerra. Dañarlas, utilizándolas para fines inadecuados, es mucho más fácil.
La utilización de los poderes del Estado para fines partidarios y/o personales tiene costos muy altos y, en el mediano y largo plazo, no funciona. En esa utilización de los órganos del Estado los políticos son culpables —ellos son los principales culpables—, pero también lo son los que los corrompen, los que respaldan esas actividades cuando se dan, o quienes callan. Aunque luego, cuando estalla la crisis, se lamenten en público.
Las asociaciones, instituciones, fundaciones, los formadores de opinión pública, que deberían ser imparciales pero callan o incluso promueven la utilización de los órganos del estado, mediante la manipulación de datos, las opiniones parciales y la utilización de instituciones para apoyar causas partidarias, son igual de culpables.
En Honduras el mal funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral es muestra clara de lo que está en riesgo. Poner en peligro la calidad del proceso electoral por ahorrar un poco de dinero puede tener costos muy altos. Al final de este proceso, mucho le habrá costado a Honduras la ineptitud de su TSE.
Lo único válido en la construcción de un sistema democrático es el desarrollo de instituciones nacionales con reglas y procesos claros y transparentes, que les permita servir de contrapeso y regular poderes. Cuando estos no funcionan hay un peligro muy grave de desestabilización, y de empoderar más a actores de los cuales un proceso democrático busca cada vez más independizarse. Basta ver cómo, en la etapa de conteo de votos y toque de queda que vivió Honduras, poderes extranjeros y militares jugaron, una vez más, como en el pasado, papeles clave.
Honduras nos recuerda épocas que El Salvador no quiere, ni debe, volver a vivir. Por ello se debe cesar de utilizar las instituciones nacionales para fines particulares o partidarios. Comprometernos con la democracia, con sus beneficios pero también con los costos que ella implica, nos exige alzar y hacer sentir la voz ante las injusticias del sistema antes de que sea demasiado tarde.
*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública a nivel nacional e internacional. Tiene una maestría de Harvard y un PhD (ABD) de MIT en ese tema. Ha sido fundador e integrado la Junta Directiva en varias ONG. Actualmente es director por Centroamérica en el BID.
