El teléfono sonó un mediodía de mayo de 2016. Un pandillero del Barrio 18 le dijo a un empresario que debía pagar la renta o en su negocio correría sangre. La víctima le regateó al Barrio, alegó una época de vacas flacas, alegó problemas logísticos para operar sus unidades de transporte, pero la pandilla no le concedió ningún indulto. Entonces, unas horas después, el angustiado hombre buscó la protección de la Policía; o al menos eso escribió el detective Horis Artemio a las 6:30 de la mañana del 12 de mayo de 2016.
Según la denuncia, así extorsionaban al empresario:
—El pedo es que necesitamos una colaboración de $5,000 en efectivo —inició el pandillero.
—No tengo dinero, tengo problemas logísticos para seguir operando —respondió el empresario.
—Mira viejo culero, no te estamos preguntando por tus problemas del negocio. Esa feria la necesitamos para este mismo día.
—No tengo dinero —insistió la víctima.
—Guardá las unidades de transporte y si vemos que te vale verga y continúas trabajando te las vamos a quemar. Con nosotros ningún pendejo juega. Si avisás a la jura te vas arrepentir, en tu negocio va correr sangre —amenazó el pandillero.
El detective Horis Artemio comenzó a trabajar de inmediato. Primero ocultó con la clave de “Golfo” el nombre del empresario. Luego, le pidió a Golfo un teléfono para negociar con los extorsionistas; le pidió un billete de $10 para una entrega controlada de dinero, un señuelo que consistía en anotar la serie de billete y colocarlo dentro de un sobre blanco con recortes de papel que simulaban los cinco mil dólares. Negoció con los extorsionistas; organizó cuatro equipos policiales: uno para entregar el paquete, otro para fotografiar la entrega, un tercero para perseguirlos en secreto y el último para capturarlos con las manos en la masa, es decir, con el dinero.
El operativo del detective Horis Artemio funcionó como un reloj suizo: preciso, exacto. Una investigación que dio frutos en nueve horas. Un éxito rotundo si se compara con otras investigaciones que han demorado hasta seis meses como en el caso del Viejo Lin. A las 3:00 de la tarde del 12 de mayo de 2016, la investigación de la División Antiextorsiones, capturó a dos mujeres por extorsión agravada. Un delito que, más allá del centenar de papeles oficiales, significa estar a un paso de vivir los siguientes 15 o 20 años en la podredumbre de una cárcel salvadoreña.
Pero la investigación relámpago del detective Horis Artemio está plagada de contradicciones, de irregularidades y de reproches por un mal procedimiento policial e indicios de capturas arbitrarias. Eso lo ha dicho un juez, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la unidad de Asuntos Internos de la misma Policía.
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La versión oficial. La versión oficial dice que el detective Horis Artemio negoció con los extorsionistas y ellos lo citaron para las dos de la tarde a la calle Santa Rosa, a unos cien metros de la iglesia de los Santos de los Últimos Días, en Cuscatancingo. Cámara en mano, el policía Pedro Antonio Díaz Palacios fue elegido para fotografiar la entrega del dinero; otros tres policías (Wilfredo Antonio Rivera Velásquez, Luis Alfredo Ardón y Jóse Walter Ábrego Acevedo) se encargaron del seguimiento y “el control visual” de los delincuentes.
La voz de Pedro Antonio, el fotógrafo policial, sonó en la radio a las dos de la tarde. Él dijo que “una mujer gorda, morena, licra negra y blusa rayada se acercó al detective Horis Artemio, quien le entregó un sobre blanco con dinero”. La mujer tenía siete meses de embarazo. La Policía dice que ella se metió el dinero bajo la licra negra, caminó hacia una parada de buses y se reunió con otra mujer para abordar un microbús de la ruta 24. Ellas se bajaron en la segunda avenida norte de Mejicanos. Ahí, sin más rodeos, los policías que las perseguían en secreto sacaron los grilletes y esposaron a Rosa Yamileth Zepeda Castro, la embarazada, y a su amiga Ana Victalina Aguiluz Granados. Un caso resuelto. Uno de los 288 casos de extorsión, una de las nueve denuncias diarias, que la Fiscalía recibió en mayo de 2016.
La Policía destacó el caso en su página web: fueron capturadas cuando “recibían una cantidad de dinero producto del ilícito”. El comunicado no lo decía, pero ese mérito era del equipo que dirigió el detective Horis Artemio, quien recibió la denuncia a las 6:30 de la mañana y que en ocho horas negoció con los chantajistas, les tendió una trampa, las fotografió y las persiguió en secreto para capturarlas. Un caso resuelto en nueve horas de trabajo.
Una semana después de la captura de la mujer embarazada, su familia denunció una serie de irregularidades ante la unidad de Asuntos Internos de la Policía y ante la PDDH. Luego, en los siguientes seis meses, esas instituciones pusieron en cuarentena la versión oficial. La investigación del detective Horis Artemio comenzó a tambalear. El relato de los policías se contradijo con documentos, con fechas y se contradijo con la declaración de otros testigos. Algo desentonaba. Fue como si alguien ahora mismo reportara caída de nieve en San Miguel.
Nicolás Vásquez Pérez, abogado de la embarazada, dice que las contradicciones resaltan a simple vista. Un ejemplo: el acta de seriado del dinero, es decir, cuando el investigador fotocopió y anotó el número de billete que entregó al extorsionista, data del 11 de mayo de 2016. ¿Cómo es posible que el detective tuvo en sus manos el billete un día antes de que la víctima pusiera la denuncia? El acta elaborada por los investigadores, en la que se describe el proceso de negociación, narra un imposible: el detective negoció con los extorsionistas desde el 11 de mayo de 2016, cuando la víctima aún no había denunciado. Los fiscales asignados al caso no cuestionaron esas contradicciones y acusaron a las dos mujeres del delito de extorsión. Dos fiscales han sido denunciados en la Unidad de Auditoría Fiscal por no objetar las irregularidades del caso.
A la contradicción de los documentos se suma otro hecho no menos relevante: el testimonio de los vecinos de Rosa Yamileth, la embarazada que vendía tortas, pupusas y licuados en la colonia Veracruz de Cuscatancingo. Dos testigos observaron que el vehículo de la Policía, un Toyota Hilux verde, se estacionó a las 11:25 de la mañana frente a una tortillería y minutos después ocurrió la captura de Rosa Yamileth. Los policías, sin embargo, reportaron que la detención ocurrió en otro lugar, lejos de la tortillería: en Mejicanos, a las 3:00 de la tarde.
Desde enero de 2015, cuando el gobierno le declaró la guerra a las pandillas con las medidas extraordinarias, la Policía es la institución que con más frecuencia aparece manchada por violaciones a los derechos humanos. Hay policías que han simulado enfrentamientos con delincuentes para asesinar a jóvenes, obreros o campesinos (la masacre de San Blas, la masacre en Villas de Zaragoza, la masacre en Los Pajales de Panchimalco...); hay policías que han plantado droga para justificar arrestos, como en el caso del joven Daniel Alemán; hay policías que han atentado contra sus propios compañeros, como en el caso de Carla Ayala, la agente desaparecida desde el 28 de diciembre de 2017, luego de una fiesta del Grupo de Reacción Policial (GRP). Y hay policías que han capturado a supuestos extorsionistas con pruebas tan frágiles como las bases de un castillo de naipes.
La familia de Rosa Yamileth, la mujer que estaba embarazada, dice que policías y fiscales han cometido una injusticia y por eso han contratado abogados para presentar una decena de denuncias que van desde el fraude procesal y actos arbitrarios, hasta el abuso de autoridad y la simulación de delitos.
Es común que familiares de supuestos delincuentes aseguren que sus hijos o esposas son víctimas de la Policía; menos común es que eso lo asegure la PDDH; y muy poco o nada común, una rareza difícil de atestiguar, es que eso también lo señale la misma Policía. Este caso es una de esas rarezas. La PDDH y Asuntos Internos sueltan indicios de que este caso es, en realidad, una célula cancerígena más dentro del organismo policial.
Asuntos Internos entrevistó a los detectives y, según el documento, ellos cerraron filas alrededor de su investigación: “todos son unánimes en responder que el procedimiento se realizó en flagrancia” (el detective Horis Artemio entregó el dinero en Cuscatancingo, las extorsionistas abordaron un microbús y las capturas ocurrieron en Mejicanos). Asuntos Internos también entrevistó a familiares y vecinos de la embarazada, quienes reiteraron que la detención ocurrió en la calle Santa Rosa de Cuscatancingo a las 11:25 de la mañana, dos horas y media antes de la entrega controlada del dinero. Ante las evidentes contradicciones, el 16 de mayo de 2017, Asuntos Internos pidió a la Fiscalía que investigue a los detectives del caso.
“Al señor jefe de la Unidad de Control, con el debido respeto, se recomienda (…) remita copia de la presente resolución a la oficina de la Fiscalía de Mejicanos, para que dentro de sus atribuciones, establezca si inicia o no investigación penal en el presente caso”. El jefe de la Unidad de Control, Daniel Martínez, remitió el caso a la Fiscalía y a la Inspectoría de la Policía “para que dicha institución determine si ordena o no dar seguimiento a lo que la Fiscalía resuelva” (Lea el documento). Cuando la Policía advirtió que sus detectives no fueron certeros en la investigación, las dos mujeres tenían un año de estar encarceladas; de hecho, Rosa Yamileth parió en el período de su encierro.
Los documentos del detective Horis Artemio dicen que el operativo comenzó a las dos de la tarde y culminó una hora después con el arresto de las mujeres. Sin embargo, en el libro de personas detenidas de la Unidad de Investigación del Delito de Extorsión, la PDDH descubrió que el registro de la detención de las jóvenes fue fechado el 12 de mayo de 2016, pero que la hora en ese registro no se corresponde con la versión que dio el detective Horis Artemio. Según el acta de registro, las jóvenes fueron detenidas a las 7:30 de la mañana; es decir, una hora después de que se interpuso la denuncia... o siete horas y media antes de la captura que describió el detective Horis Artemio. “Los hechos descritos, aluden a una presunta violación del derecho a la libertad personal, por detención arbitraria”, dice una resolución preliminar del 15 de junio de 2017 (Lea el documento). Un año después de la investigación y la captura relámpago, Asuntos Internos y la PDDH contradijeron al detective Horis Artemio.
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Los meses pausados y angustiosos de mayo de 2016 a enero de 2018, han pasado a la memoria de Rosa Yamileth como una pesadilla que se resiste a terminar. Ella pasó 14 meses en prisión. El caso parecía que había llegado a su fin el 12 de junio de 2017, cuando un tribunal capitalino sentenció que la investigación por extorsión tenía muchas inconsistencias y dudas. Los jueces recriminaron que los policías trastocaron “la confiabilidad” de las pruebas.
Los papeles que firmó el detective Horis Artemio consignan que el policía Pedro Antonio Díaz Palacios utilizó una cámara fotográfica para captar la entrega del dinero. Los abogados de la mujeres pidieron un peritaje a la cámara fotográfica para determinar la fecha y la hora en que tomaron las fotografías. Entonces, un día antes del juicio, el 11 de junio de 2017, los policías redactaron un acta y dijeron que no usaron tal cámara “por no contar la institución policial con ellas”.
El acta rectifica que el agente Díaz Palacios y su compañero José Walter Ábrego Acevedo usaron sus teléfonos celulares para captar la entrega del dinero. Las fotografías fueron agregadas como prueba al expediente, pero los policías decidieron borrarlas de su móvil. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador consideró que al borrar las fotos de sus teléfonos, los policías rompieron “la confiabilidad de la evidencia”.
Los jueces citaron otras dudas. La víctima dice que llegó a las seis de la mañana a la Policía; el detective Horis Artemio tomó la denuncia media hora después, pero en el libro de entrada de personal aparece que el detective comenzó a trabajar a las 8:00 de la mañana. Si la víctima llegó tan temprano, ¿por qué esa denuncia está reportada como la tercera en el libro de novedades de la División Antiextorsiones? ¿Por qué otras dos denuncias que se recibieron a las nueve de la mañana fueron consignadas primero? “La hipótesis fiscal tiene muchas inconsistencias y genera duda (…) No se ha podido determinar la participación delincuencial de las acusadas, pues la prueba analizada arroja incertidumbre, duda, en cuanto a determinar si efectivamente las acusadas participaron libre y voluntariamente”. El tribunal las declaró inocentes.
Pero aquella sentencia no fue el punto final del caso. A petición de la Fiscalía, una Cámara ordenó que se repita el juicio porque los jueces no fundamentaron suficientemente su decisión.
La tarde calurosa y burocrática del 18 de enero de 2018, Rosa Yamileth regresó a un tribunal, enfundada en un vestido negro y renuente a explayarse sobre su caso con un periodista desconocido. Aquella tarde de enero, el abogado Nicolás Vásquez Pérez pidió que se agregara una nueva prueba al juicio: un vídeo grabado por la cámara exterior del banco Davivienda de Mejicanos. Él dice que los policías pasaron al banco y obligaron a bajar a las mujeres. Las imágenes demostrarían que las mujeres fueron capturadas horas antes de lo que dice la versión oficial. El nuevo tribunal del caso analiza qué responder ante esa solicitud.
Mientras las mujeres esperan por un nuevo juicio, el paso del tiempo ha sido una corriente de agua que ha desenterrado otras inconsistencias. El Faro siguió la pista de otras investigaciones a cargo del detective Horis Artemio y encontró otras actas en las que se contradice. En el caso de la embarazada, él asegura que la víctima clave Golfo le entregó un celular, marca Amgoo, color negro con franjas amarillas, línea 72240666, a las 7:30 de la mañana del 12 de mayo de 2016, para negociar con los extorsionistas. Pero ese mismo detective firmó otra acta, el 25 de abril de 2016, en la que asegura que recibió un teléfono marca Amgoo, color azul con negro, línea 72240666, de manos del agente Pablo Antonio Orellana Hernández. En un lapso de dos semanas, Horis Artemio asegura haber recibido dos aparatos telefónicos con la misma línea (72240666) y la misma marca (Amgoo) pero con diferentes colores.
La historia del aparato recibido en abril no termina ahí. El acta que confirma su recepción forma parte de una investigación contra pandilleros de la facción Revolucionaria del Barrio 18, que operaban en Soyapango, San Martín y Apopa. Seis víctimas, entre ellas clave Golfo, denunciaron el 25 de enero de 2016. Las actas que firmó el detective Horis Artemio para ese otro caso contradicen al detective Horis Artemio. En un acta dice que Golfo denunció la extorsión a las 6:30 de la mañana del 12 de mayo de 2016, pero él también firmó otros documentos en los que investigaba el caso de Golfo desde cuatro meses antes. En un acta consignó que la víctima le entregó el teléfono para negociar con los extorsionistas a las 7:30 de la mañana del 12 de mayo de 2016 —investigación que acabó con el arresto de la embarazada—, pero también firmó otra acta en la que aseguraba que ese teléfono lo recibió de otro policía dos semanas antes por un caso investigado desde enero de 2016...
II
El detective Horis Artemio Ramírez Beltrán tiene 24 años haciendo lo mismo —persiguiendo delincuentes, se entiende—. Él juramentó como policía el 15 de marzo de 1994. Y desde hace muchos años, la misma institución que lo ha destacado en un cuerpo élite de detectives sabe que a él le gusta tomar atajos en sus investigaciones.
El 14 de octubre de 1997, recibió una amonestación por regresar tarde a su trabajo después de una licencia. El caso es nimio en comparación con la siguiente sanción que le impuso el Tribunal Disciplinario: el 16 de mayo de 2000, lo castigaron por una detención arbitraria. Los documentos del Departamento de Registro e Historial Policial son escuetos al detallar la falta muy grave: “El agente le atribuyó falsamente a su víctima la posesión de objetos ilícitos varios”. La administración de Mauricio Sandoval lo castigó con 180 días sin goce de sueldo.
Luego de los seis meses de castigo, el detective Horis Artemio volvió a enfundarse el uniforme policial. En octubre del 2002, llegó a la Región Paracentral de Investigaciones, donde sumó una amonestación escrita por no reportar un faltante de cinco cartuchos calibre 9mm, y por no reportar los daños a una antena de la radio policial. Al año siguiente, en el 2003, lo trasladaron a la delegación de Cuscatlán, oficina de la que se ausentó durante tres días laborales “sin permiso o causa justificada”. La Policía lo castigó con cuatro días de suspensión.
Más de una década de su último castigo, el detective Horis Artemio pasó a una unidad élite de la Policía, la División Antiextorsiones. En el 2016, el detective dirigió la investigación contra Rosa Yamileth, en Cuscatancingo. Por ese caso, la Fiscalía y la Policía investiga a los detectives por fraude procesal y simulación de delito.
Ocho meses después de capturar a Rosa Yamileth, el detective Horis Artemio, dirigió una investigación en la ciudad de Ahuachapán. La Policía capturó a un motociclista y a un menor de edad por extorsión, pero el caso —de nuevo— se derrumbó en un tribunal por inconsistencias y contradicciones en la forma de cómo sucedieron los hechos. Los detectives vieron a una víctima en un lugar donde la víctima nunca estuvo.
III
El Salvador es un país donde muchos pagan para trabajar. Los empresarios, principalmente, le pagan a los extorsionistas. Hay quienes asumen ese pago con tanta normalidad como si se tratara de respirar. Es un gasto que determina sus vidas financieras —y sus vidas, a secas—, aunque esto no aparezca en la contabilidad formal. “Vaya a los bancos que prestan al sector transporte, si usted tiene menos de tres unidades no le prestan. Y entre el cuestionario que le hacen para el análisis crediticio le preguntan cuánto está pagando de extorsión”, dice Genaro Ramírez, un conocido empresario del transporte público. Además de la cuota semanal o mensual, hay otros pagos que dependerán de las situaciones familiares de los chantajistas. “Aquí han pedido para pagar los abogados de los que están presos; piden buses para excursiones de la familia; piden dinero para comprar el cajón si les matan a alguien”, remacha el transportista.
Hay otros empresarios que cierran sus negocios y huyen. Ernesto Vilanova es el presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa, una organización con unos ocho mil socios. Vilanova cuenta que durante el año pasado, 450 de sus afiliados, víctimas de “la renta”, huyeron del país, en especial, hacia los Estados Unidos. “La pequeña empresa es el motor de la economía, pero estamos viviendo un terrorismo: las extorsiones”, dice ese empresario hotelero.
Según la Policía, las denuncias por extorsión se dispararon en el 2006. Durante el segundo año de gobierno de Antonio Saca, en el apogeo de la Súper Mano Dura, la cifra aumentó de 599 a 2,525 casos anuales. En los años siguientes llegaron nuevas leyes para proteger a las víctimas, crearon nuevos tribunales para el combate del crimen organizado y aumentaron el castigo para los chantajistas, pero los casos de extorsión se siguieron contando por más de mil. Durante los últimos once años, la cifra más baja de denuncias en la Policía ocurrió en el 2017: 1,588 casos.
Pero en el 2017 hubo más de 1,588 víctimas, según las estadísticas de la Fiscalía. A diferencia de los homicidios, la Policía y la Fiscalía no homologan las estadísticas de extorsiones. Según la Fiscalía, en 2017 hubo 2,232 denuncias. Un año antes, en 2016, los fiscales recibieron 3,457 denuncias; es decir, 288 denuncias cada mes; nueve denuncias cada día. De acuerdo a las cifras hubo una reducción en los últimos dos años (1,225 casos menos). Esa baja no es una mejora ante el problema porque existe una “cifra negra”: las víctimas que no denuncian por miedo. Después de los homicidios, las extorsiones son el delito que más aqueja a la seguridad pública, tanto que las autoridades mantienen una campaña para incentivar las denuncias: “yo no pago, yo denuncio”.
Si tomamos en cuenta a las 1,588 personas que denunciaron su caso en la Policía, 63 de ellas eran de Ahuachapán. Una de esas 63 víctimas era un hombre que tenía su negocio en esa ciudad. La Policía identificó a ese negociante con la clave 3376. El cinco de enero de 2017, el clave 3376 estaba fastidiado de los chantajistas, dos pandilleros que llegaban a su local a bordo de una motocicleta y le exigían cinco mil dólares. Uno de los delincuentes tenía como 20 años de edad, era un hombre moreno, delgado, cabello negro; el otro, también moreno, de unos 30 años, era fornido. El empresario rememoró ante los investigadores cómo lo extorsionaban los pandilleros:
—Qué ondas maitro, ¿ya sabés por qué estamos aquí?
—No —respondió clave 3376.
—Vos nos hiciste una culerada, nos echaste a la jura y tenemos un loco tabiando.
—No sé de qué estás hablando.
—¡Hacete el pendejo! Te conviene. La intención que teníamos era reventarte por culero, pero mejor nos vas a dar cinco mil dólares en efectivo, para este mismo día.
Según la denuncia, el empresario alegó que no tenía dinero, pero los extorsionistas le lanzaron más amenazas. “Te vamos a reventar a vos y a tus hijos”. Aquellos delincuentes prometieron regresar al siguiente día por los cinco mil dólares, mientras que el empresario decidió buscar la ayuda de la Policía y ahí apareció el detective Horis Artemio, dispuesto a resolver el caso…
***
Los policías antiextorsión son fanáticos de un método “especial” de investigación al que llaman “entrega controlada bajo cobertura policial”. Un investigador se hace pasar como la víctima, acuerda un lugar para la entrega del dinero y cuando los extorsionistas se retiran alegremente del lugar… ¡Zas! ¡Otros policías los capturan! Este fue el método que ocupó —de nuevo— el detective Horis Artemio para resolver el caso de la víctima 3376, pero —de nuevo— no todas las piezas de esa investigación policial encajaron en su lugar.
Los policías antiextorsiones recibieron la denuncia el cinco de enero de 2017, pero la víctima les entregó el celular un mes antes, según un acta. Eso significaría que los policías conocían de la denuncia antes de que la extorsión sucediera y comenzaron a negociar con los delincuentes antes de que la víctima señalara a los chantajistas. Lo que se podría atribuir a una virtud de la clarividencia es, en términos legales, un problema. Si la versión del acta del tres de diciembre de 2016 es la verdadera, los policías investigaron un delito sin orden de la Fiscalía. En El Salvador, ese tipo de investigación es ilegal.
Lejos de ese detalle, el cinco de enero de 2017, la Policía formó tres equipos para aplicar su método especial de investigación. El detective Horis Artemio, vestido de civil, era el equipo uno, encargado de fotografiar el momento de la entrega del dinero y de informar a sus compañeros quién o quiénes recibían el paquete de dinero. Los policías Fausto Ernesto Bonilla Quezada, Pedro Arnoldo Díaz Palacios y Ana Jeisel Díaz, también vestidos de civil y a bordo de un vehículo particular, polarizado, se encargarían de las capturas. El equipo tres, la Brigada Anticriminal, se mantendría en los alrededores para ayudar “únicamente si les fuera solicitado”.
A las cinco de la tarde, el detective Horis Artemio informó por la radio que una motocicleta Yamaha color ocre con franjas, llegó hasta la calle D, en la ciudad de Ahuchapán, donde se encontraba la víctima 3376. El detective notó que dos extorsionistas mostraban una conducta sospechosa. Estaban inquietos, nerviosos. Miraron hacia todos lados y luego vieron “detenidamente a la víctima”. ¿Qué más prueba de una grave conducta criminal?
Sin embargo, el detective Horis Artemio esperó para tirar el atarrayazo. El muchacho de unos 18 años, piel trigueña, recibió de la víctima 3376 el paquete de dinero. Luego, él entregó el dinero al conductor de una motocicleta, un hombre fornido, moreno, de unos 36 años. El motociclista escondió el paquete debajo de su camisa. “Informó el equipo uno (Horis Artemio) que había observado el momento cuando la víctima se encontraba platicando con los sujetos en referencia y después la víctima les entregó el paquete”, reza un acta. La Policía identificó al conductor de la motocicleta como Osmín Oswaldo Esquivel Chinchilla y su acompañante como Wilver F., un menor de edad. “Miembros activos de la Mara Salvatrucha”.
Pero el conductor de la motocicleta no era pandillero y no era extorsionista. Eso lo demostró en un juicio. Ese hombre de 36 años de edad, licenciado en administración de empresas por la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), era empleado del Banco Procredit de Ahuachapán. Estaba a cargo de la cartera inmobiliaria y, a bordo de su motocicleta, visitaba a los clientes que habían caído en mora con sus créditos para negociar una solución. No tenía el trabajo acorde a la carrera que había estudiado, pero en un buen mes podía ganar hasta dos mil dólares en comisiones.
Ese empleo lo perdió aquel cinco de enero de 2017, cuando la investigación del detective Horis Artemio lo envió a la cárcel. El conductor de la motocicleta estuvo encerrado durante siete meses en el penal de Apanteos. Un día, el 23 de agosto de 2017, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán lo llamó a juicio. El menor de edad fue procesado con una ley especial que limita conocer los detalles del proceso en su contra.
Durante el juicio, la víctima clave 3376 reiteró ante el tribunal que a principios de enero de 2017 recibió la visita de dos pandilleros, confirmó que le exigían cinco mil dólares y aclaró que la denuncia la interpuso en una oficina en San Salvador. Una investigadora a la que solo conoció por el nombre de Hazel le pidió un billete de cinco dólares y le explicó que realizarían una entrega controlada de dinero. Clave 3376 nunca participó en la entrega y no sabía cómo, dónde, cuándo o quién entregó el dinero, ni quién recibió el paquete. Entonces, ¿Por qué el detective Horis Artemio asegura que observó cuando la víctima entregó el dinero al conductor de la motocicleta y su acompañante? ¿Por qué el acta dice que los extorsionistas veían “detenidamente a la víctima”?
Los policías dicen que la víctima entregó el paquete de dinero, mientras que la víctima dice que nunca se enteró ni participó en la entrega. “No fue posible tener acreditada formalmente la tesis acusatoria. Dichos órgano de prueba no fueron idóneos para destruir el principio de inocencia”. Así, el tribunal declaró inocente al conductor de la motocicleta. El Faro lo buscó durante varias semanas, pero no fue posible contactarlo. Su abogado, Ricardo Martínez, dice: “¿A qué grado ha llegado el sistema judicial nuestro? ¡A plegarse! Los policías no tienen miedo de hacer este tipo de cosas. ¡Hágalo en el sistema anglo! ¿Por qué esos Estados no se atreven a hacer algo así? Porque las indemnizaciones que tendrían que pagarle a la gente son de millones”.
IV
Si la historia de Heriberto tuviera que resumirse en un refrán, ese, sin duda, sería el siguiente: tras corneado, apaleado. Durante cinco años, él fue una víctima de la extorsión de las pandillas, pero ese problema terminó el 24 de mayo de 2017. No es que la Policía haya capturado a los extorsionistas que lo acosaban, lo que sucedió es que ese día capturaron a Heriberto por el delito de extorsión agravada ¿Cómo pasó de ser víctima a victimario?
Todo comenzó el 24 de febrero de 2017, cuando la víctima clave Turquía, un empresario que dijo dedicarse a las encomiendas, denunció que unos extorsionistas le exigían 40 dólares semanales a cambio de no atentar contra su vida. Estaba al borde la quiebra por culpa de esa cuota, dijo. Ese día, Turquía tenía que pagar la renta y los policías Miguel Ángel Caishpal Jacobo, Carlos Enrique Morales Martínez, Milton Ely Martínez, Máximo Antonio Ruiz Tejada, Héctor Oswaldo Lico y Wilfredo Melgar Hernández decidieron vigilar y seguir a quiénes recibieran el dinero.
Los seis policías pertenecen al equipo local antiextorsiones de Ahuachapán, la entidad donde también está destacado Horis Artemio, el detective que investigó el caso de la embarazada y el caso del motociclista. Trabajan bajo un mismo techo, una casa particular de dos plantas, cerca del Instituto Alejandro de Humbolt, en Ahuachapán.
El mismo día de la denuncia de Turquía, el 24 de febrero de 2017, los seis policías montaron un operativo para descubrir a los extorsionistas. A las 4:15 de la tarde observaron que a los alrededores de la Universidad Panamericana llegó un hombre de unos cuarenta años de edad, estatura regular, fornido. Vestía una playera gris y un pantalón de lona desteñido. Ese hombre se reunió con la víctima y los policías documentaron así aquel encuentro: “cruzan unas palabras, luego la víctima procede a sacar de su billetera los 40 dólares previamente seriados y se los entrega al sujeto”. El hombre se retiró en un automóvil blanco con rayas negras y días después fue identificado como Heriberto Herrera Santillana, aunque aún no era tiempo para su captura.
Dos meses después, el 27 de abril de 2017, la víctima entregó más dinero a los extorsionistas y la Policía vigiló en secreto. “De forma amenazante se ve que le exige el dinero de la extorsión. Turquía procede a sacarlo y lo entrega”. Aquel hombre fornido, de barba corta, que vestía una camisa morada, un pantalón de lona gris y una gorra blanca fue identificado como Andrei Landaverde Castaneda, aunque aún no era tiempo para su captura.
***
Heriberto se dedicaba al transporte desde hace unos 20 años porque su padre era transportista. Un día incursionó en el transporte escolar y se unió a la Asociación de Transportistas Escolares (ATES). El trabajo parecía sencillo: las unidades llevaban a los estudiantes desde Ahuachapán hacia el campus de la Universidad de El Salvador, en Santa Ana; y viceversa. Pero bajo la dermis de aquel negocio había intrigas de las que pocas personas daban cuenta.
Hace cinco años, por ejemplo, las pandillas comenzaron a extorsionar a esos empresarios a cambio de seguridad para el negocio. Una pandilla en Ahuachapán exigía el pago mensual de 25 dólares, mientras que otra pandilla en Santa Ana les cobraba 15 dólares. “Esto es bien complejo. ¿Qué hace uno? El sector transporte es el más asediado. Uno considera que denunciar es atentar más contra la vida de uno. Lo que uno hace es mejor negociar con ellos, llevar la fiesta en paz y tratar de trabajar, de ganarse la vida”, dice Heriberto.
Los socios de Heriberto llegaron a un acuerdo: pagar la renta. Evitar problemas. Pagar para trabajar. Hicieron, además, otro pacto de caballeros: cada semana, uno de los socios se encargaría de recoger la cuota del resto para, luego, pagarle a las pandillas. Fue un acuerdo verbal. “Juntábamos el dinero para cancelarlo a las estructuras. Ellos nos habían otorgado un teléfono y nos decían el día y el lugar de la entrega”. Una vez cada semana, una de las víctimas tenía la odiosa misión de colectar el tributo y entregarlo a los criminales.
El 20 de febrero de 2017, las pandillas le dijeron a Heriberto que debía pagar la renta en el transcurso de los siguientes cinco días. Él, como siempre lo había hecho, llamó al socio que le correspondía el pago de la renta y, la tarde del 24 de febrero de 2017, recibió el dinero en las cercanías de la Universidad Panamericana. En ese mismo lugar, en esa misma fecha, la Policía fotografió por primera vez a los pandilleros extorsionistas que Turquía había denunciado. Heriberto conocería en detalle esa denuncia hasta tres meses después, cuando fue capturado...
***
Dos pick ups Mitsubishi, vidrios oscuros, llegaron hasta el punto del transporte escolar, en el parqueo sur de la gasolinera Uno, sobre la carretera Panamericana, Ahuachapán, el 24 de mayo de 2017. Ahí, los policías antiextorsión capturaron a Heriberto Herrera Santillana y a su empleado Andrei Landaverde Castaneda por el delito de extorsión agravada.
—Usted está detenido— le dijeron.
—¿Por qué? Soy una persona trabajadora de toda la vida, esto debe ser una broma —alegó Heriberto.
—Acompáñenos. Esto no es una broma —le respondieron.
La leve esperanza de que aquello fuera una broma se esfumó cuando los grilletes le apretujaron las muñecas. Luego, fue remitido a una bartolina conocida como la IVU, en Ahuachapán, lugar donde permaneció seis días. “Es una experiencia que no tiene nombre. Es una pesadilla. En una habitación, en una jaula de tres metros de ancho por tres metros de largo estábamos 50 personas”.
Aquel lugar tenía piso de concreto y olía a sudor rancio. En la bartolina había un líder que decidía sobre el descanso o sobre el tormento del resto. El líder seleccionaba a los 20 hombres que cada noche podían dormir con las piernas entrelazadas, o abrazados de espalda, o espalda contra espalda. “El privilegio de dormir es por antigüedad. Primero duermen 20, luego a la medianoche van otros 20. Con la bartolina saturada, había personas que no dormíamos y pasábamos parados todo el día o toda la noche. Es una experiencia que no se la deseo a nadie”. A las seis de la mañana y a las cuatro de la tarde, Heriberto salía esposado hacia una pocilga, un baño “asqueroso”, donde hacía sus necesidades, al lado de su compañero de turno.
Mientras esperaba su primera cita ante un juez, Heriberto se enteró por medio de su abogado que la Policía le fotografió recibiendo el dinero de una extorsión la tarde del 24 de febrero de 2017, en las cercanías de la Universidad Panamericana. Él estaba a un paso de pasar a un penal, tal como el detective Horis Artemio lo logró con el caso de Rosa Yamileth y el motociclista. En la bartolina, Heriberto ató cabos y comprendió que Turquía no era el empresario de encomiendas que describían las actas policiales sino uno de sus socios —al igual que él, víctima de las pandillas—, pero por alguna extraña razón decidió contar media verdad para hundir solo a Heriberto y su empleado en el fango de la cárcel.
Dice Heriberto que el socio que le entregó su parte de la renta en las cercanías de la universidad fue Marvin Rodríguez Chanico, director del centro de readaptación de menores El Espino y, en aquel momento, también empresario del transporte escolar. “Era una rutina que no era la primera vez y no la había hecho solo yo, la habíamos hecho la mayoría de socios. Era un acuerdo cancelar la renta y no podía solamente una persona estar chineando la entrega, teníamos que arriesgarnos todos”. El Faro buscó la versión de Rodríguez Chanico, quien se limitó a decir: “Yo no he presentado denuncia contra nadie”.
Después de seis días en la bartolina, Heriberto enfrentó su primera audiencia y contó al juez los detalles que Turquía ocultó en su denuncia y las circunstancias que la Policía no investigó a fondo. Alegó que no era miembro de la Mara Salvatrucha como lo retrataban los documentos policiales y quedó en libertad condicional hasta el 28 de noviembre del 2017, el día que fue declarado inocente del delito de extorsión por un tribunal de Ahuachapán.
El día del juicio, la víctima Turquía no se presentó a declarar. Y los policías a cargo de la investigación reconocieron que Turquía no se dedicaba a las encomiendas sino que era transportista. Alegaron que maquillaron la denuncia para proteger a la víctima. Los policías escribieron en las actas que a Turquía lo extorsionaban “unos desconocidos”, miembros de la Mara Salvatrucha; pero en el juicio, los policías dijeron que víctima y victimario se conocían porque ambos eran transportistas de la misma cooperativa. “La víctima desempeñaba su trabajo en el mismo lugar donde estaban los acusados, pero no me pareció sospechoso”, se excusó uno de los policías, Máximo Antonio Ruiz Tejada.
Heriberto, por su parte, se jugó la misma carta. “Hay una serie de fotografías que la realidad es cierto (que estaba recogiendo el dinero), pero lo que es mentira es que yo estaba extorsionando. Recibí el dinero porque los muchachos de las estructuras habían llamado porque teníamos que cancelarles la renta. No era la primera vez que lo hacíamos. ¿Por qué no procesaron a otros socios que recogían la cuota que le cobraban a Turquía?”.
El 28 de noviembre de 2017, Heriberto y su empleado fueron declarados inocentes porque “eran víctimas de esa acción ilícita”. Además, el tribunal ordenó investigar a Turquía. “No fue posible determinar el nombre de Turquía, por no haber acudido dicha persona a juicio, no es posible concluir si se trata en efecto de algunas de las personas extorsionadas que refirieron los testigos de descargo y los acusados, más habiendo ciertos elementos que podrían llevar a determinar si esa información es verdadera y considerando a su vez que de serlo podríamos estar ante una conducta ilícita de su parte, la representación fiscal deberá iniciar las investigaciones correspondientes”, reza la sentencia.
Después de los seis días aterradores en la bartolina, Heriberto vendió sus dos microbuses para enfrentar los gastos de los siete meses que tardó el sistema para declararlo inocente. Y prepara un contragolpe: Una denuncia contra Turquía y contra los seis policías.
Heriberto pidió a SERTRACEN los documentos del traspaso de un microbús que vendió a un familiar de Turquía. Eso demuestra, según él, que Turquía estuvo en el círculo de personas con las que realizó negocios. Al tener las certificaciones del traspaso pedirá a los fiscales que se coteje con la identidad de Turquía, la cual está en un sobre al que solo la Fiscalía tiene acceso. Eso también demostraría, dice Heriberto, que era mentira la versión policial: aquella que decía que unos desconocidos, miembros de la Mara Salvatrucha, extorsionaban a Turquía.
Al tener ese documento pedirá a la Fiscalía que investigue a Turquía por fraude procesal y simulación de delito. Además, a la Fiscalía y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía solicitará que investigue a los seis policías por los mismos delitos. “Vivo con psicosis, voy a buscar un psicólogo porque lo que siento no es normal. No puedo ni ver a la autoridad porque la Policía actuó mal en esta investigación. Creo que tenían que haber profundizado más para darse cuenta de que yo no era ningún delincuente”.
V
Concepción de Ataco es un municipio de Ahuachapán, parte de la ruta turística de las flores. Tiene un parque, cafetales, calles polvosas y empedradas, coloridos murales, pequeños locales que venden artesanías. Tiene restaurantes y vendedores ambulantes de frutas o golosinas. Ese es el lado bonito de Ataco. Ese municipio turístico también tiene un lado incómodo para algunos empresarios: la Mara Salvatrucha, la pandilla que exigía 40 dólares semanales a una comerciante de esa ciudad.
La dueña del negocio se quejó ante la División Antiextorsiones el 10 de julio de 2017. Los policías bautizaron a la víctima con la clave Australia y planificaron entregas controladas de dinero. Entre julio y agosto realizaron cuatro entregas y, al final, capturaron a ocho supuestos extorsionistas. La investigación judicial contra ellos está en apogeo y a finales de febrero sabrán si enfrentan un juicio o si son liberados.
La familia y los abogados de dos de esos capturados cuestionan una de las pruebas fundamentales que tiene a esos hombres desde hace cinco meses en el penal de Apanteos: la fotografía que capta la entrega de dinero. El 12 de julio de 2012, un policía vestido de civil, Wilfredo Melgar Hernández, entregó cuarenta dólares a un vendedor de orquídeas, uno de los acusados de extorsionar a la víctima Australia.
Entre el vendedor de orquídeas y Australia no hay ninguna llamada telefónica, pero los investigadores no explican cómo es que primero sabía que debía pedirle el dinero al policía encubierto. Los investigadores se limitan a explicar en los documentos del caso que Élmer Edgardo Cáceres Linares, el vendedor de orquídeas, le dijo al investigador encubierto: “vengo a traer la feria”. Los policías, entonces, tomaron la fotografía de la 'entrega controlada'.
La fotografía es opaca. Las actas policiales describen al detalle la ropa del supuesto extorsionista (camisa tipo suéter, color gris, con rayas horizontales rojas, gris y azul, pantalón negro desteñido y zapatos grises), pero en la imagen solo se observa una silueta negra. Quien se distingue mejor es el policía: zapatos negros, pantalón celeste y camisa roja con rayas negras.
En la fotografía el policía tiene la mano izquierda extendida y el supuesto extorsionista la mano derecha. En sus manos tienen un objeto. Podría ser un arma. Tal vez un celular, tal vez droga. Quizás un peluche. La hermana del vendedor de orquídeas dice que es una orquídea. “Él andaba siempre una jaba negra con sus orquídeas. Las ponía en trocitos o canastitas. Él me dijo que le compraron una orquídea. ¡Qué injustos son! ¿Qué ganan con eso? Ahí no parece que sean billetes”.
Para la hermana del vendedor de orquídeas es una planta, para la Policía Antiextorsiones de Ahuachapán son dos billetes de 20 dólares, la cuota que Australia pagaba a la Mara Salvatrucha.
VI
El jueves primero de febrero de 2018, El Faro buscó al detective Horis Artemio en la oficina de Investigaciones de Ahuachapán para conocer su versión sobre los cuestionamientos que la PDDH, Asuntos Internos y dos tribunales salvadoreños —uno de San Salvador y otro de Ahuachapán— hacen a su trabajo. También se solicitó declaraciones del jefe de la Unidad Local Antiextorsiones de Ahuachapán para conocer los reproches de omisiones y negligencias en tres investigaciones que realizaron durante el 2017.
—Buenos días, ¿se encuentra el jefe de la Unidad Antiextorsiones?
—Ha salido —respondió el oficial de turno.
—¿A qué hora regresa?
—No sé. Los jefes solo salen y no dicen a qué hora van a regresar.
—¿Y puedo hablar con el cabo Ramírez Beltrán?
—¿Ramírez Beltrán? ¿Quién es Ramírez Beltrán, vos? —preguntó el oficial de turno a otro policía. El otro policía no sabía de quién hablábamos-. ¿Cuál es el nombre?
—Horis.
—¿Horis? Aquí no hay ningún Horis —respondió.
A principios de enero de 2018, este periódico presentó una solicitud de acceso a la información pública en la que se pedía, entre otras cosas, la copia del organigrama de las unidades antiextorsión para determinar cómo es la cadena de mando y quiénes son los oficiales superiores responsables de la eficacia de las investigaciones antiextorsión. El 30 de enero de 2018, la Unidad de Acceso a la Información de la Policía resolvió: “denegar por inexistencia en los archivos la información solicitada”.
A principios de febrero de 2018, El Faro llamó al jefe de comunicaciones de la Policía, Carlos Ramírez, para solicitarle una versión oficial. Tras varias llamadas no respondidas, el personal de comunicaciones dijo que Ramírez estaba incapacitado y recomendaron hacer la solicitud al coordinador, Luis Campos. Al mismo tiempo, este periódico escribió un mensaje directo al director de la Policía, Howard Cotto, por medio de su cuenta en Twitter. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta de la unidad de comunicaciones ni del director de la PNC.
Una semana después de la visita a la oficina de Ahuachapán, el ocho de febrero de 2018, El Faro llamó por teléfono a la Unidad Local Antiextorsiones para pedir, de nuevo, una versión oficial. Desde el otro lado de la línea, el oficial de turno respondió: 'Ahí no hay nadie. Han salido'.
