1. El paquete de reformas a la seguridad social ya oficializado a través de un decreto por el presidente Ortega, ha establecido un parteaguas en las relaciones entre la dictadura orteguista y la sociedad nicaragüense. Por sus inevitables repercusiones económicas, sociales, y políticas, se perfila claramente un antes y después del “paquetazo” del INSS, cuyo desenlace en estos momentos resulta impredecible.
Por un lado, aunque las bases de apoyo al régimen lucen monolíticas e inexpugnables, a sus tradicionales puntos vulnerables –corrupción, represión, centralismo y nepotismo familiar– se sumará el descontento económico y la ira popular por el robo del INSS. Por el otro, los sectores políticos que propugnan por un cambio democrático carecen de fuerza, estrategia y liderazgo, y sus demandas de reforma electoral para 2021, han estado desconectadas de las luchas sociales de la población y el surgimiento de nuevos liderazgos. La crisis del INSS los coloca en la disyuntiva de cambiar o morir.
2. Lo primero que salta a la vista es el estado de zozobra e incertidumbre en que se encuentra la clase empresarial, al romperse el vínculo de su alianza económica, el llamado proceso de “diálogo y consenso” que le ha brindado legitimidad política al régimen y oportunidades de negocios a los inversionistas. Al liquidarlo de forma unilateral, advierten, el gobierno amenaza la estabilidad económica. Sabían que algún día llegaría ese momento, al agotársele a Ortega el uso discrecional de los fondos de la cooperación venezolana, pero no están preparados para proponer una alternativa. Lo único claro es que el esquema corporativista de oportunidades económicas a corto plazo, a costa de democracia y transparencia, ya no es sostenible y está a punto de naufragar con todo y el actual liderazgo del Cosep. Para los grandes empresarios, entonces, se abre la encrucijada de someterse al régimen para preservar sus intereses económicos, con el riesgo de ser arrastrados a una crisis mayor a mediano plazo; o apostar ahora por la democracia y la transparencia, y empezar a ponerle límites al ejercicio del poder autoritario, que practica la represión, promueve la corrupción, y diseña nuevas represalias económicas.
3. El golpe económico que representa la reforma recaudatoria al INSS afecta en primera instancia a los trabajadores, a los jubilados, y a las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la capacidad de absorción de las grandes empresas formales. Decenas de miles de personas, entre ellas los partidarios del régimen, serán perjudicados por el desempleo y la informalidad. Es cierto que existe el antecedente de otras crisis en que el régimen logró imponerse, a pesar de las protestas de la población y cooptó el descontento, pero esta es la primera vez en que la arbitrariedad y el abuso de poder, vienen acompañadas de un golpe directo a los bolsillos de la gente.
Primero se robaron los votos en las elecciones de 2008 y 2011, para encumbrar a Ortega por la vía del fraude electoral y la relección inconstitucional. Después asaltaron y sometieron a todas las instituciones del Estado –Poder Electoral, judicial, Asamblea Nacional, Contraloría, Fiscalía, Ejército y Policía– imponiendo un régimen de impunidad total. Cometieron el acto de corrupción más descarado de la historia nacional al desviar a canales privados más de 4,000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana. Y, finalmente, recurrieron a la represión para sofocar la protesta social de los campesinos y estudiantes, y las demandas de democracia y elecciones libres.
La diferencia con el atraco a la Seguridad Social, es que la corrupción política y el desgobierno en el manejo de las inversiones y los fondos del INSS, están ahora directamente vinculados con el asalto a la economía popular de las familias. Y si agregamos la reducción del subsidio eléctrico y el impacto de la crisis cafetalera en el norte del país, se puede concluir que el orteguismo se enfrentará con un panorama inédito de conflictividad social.
4. La brutal represión desatada por las fuerzas de choque del gobierno protegidas por la Policía para sofocar la primera protesta pacífica contra las reformas del INSS, evidencia el miedo del régimen a la protesta social. Agredieron a decenas de manifestantes pacíficos y atacaron y asaltaron a periodistas independientes. A mayores niveles de protesta social, aumentan las amenazas contra los pocos espacios de libertad de prensa que aún sobreviven en el país. En una dictadura, el siguiente en la lista de víctimas puede ser el derecho a la empresa privada.
Por ello, es imperativo restituir del derecho a la protesta pacífica como una demanda de toda la sociedad. Los llamados a la paz y en contra de la violencia que promueven las iglesias y las cámaras empresariales, serán inútiles si no exigen el cese de la represión paramilitar y policial. Y para despejar el camino hacia una urgente reforma de la institución policial, hay que exigir la renuncia inmediata o separación de sus cargos de la primera comisionada Aminta Granera y el director de facto de la Policía, comisionado general Francisco Díaz.
No existe una salida fácil o fórmula sencilla para enfrentar la crisis económica de la seguridad social. Pero el primer paso para esbozar una solución consiste en anular el decreto presidencial del INSS, no para restablecer una negociación a puertas cerradas entre el Gobierno y el Cosep, sino para devolverle el derecho a todos los actores de la sociedad a participar en un debate nacional sobre una reforma integral, y reivindicar la autonomía del INSS.
El tiempo de los comunicados para que “el gobierno entre en razón”, o la invocación de soluciones y sanciones externas, se agotó y nunca ha representado una solución viable a la crisis del país. Ahora hay que darle una oportunidad a la presión y la movilización popular, y a las distintas formas de incidencia nacional. Es la única salida, pacífica y democrática, para demandar cambios hoy, como la reforma electoral, que permitan exigir mañana el fin de la dictadura.
La versión original de este artículo fue publicada en Confidencial.com.ni
