Marcelo Mayorga López se defendió con una resortera. La cargó varias veces con chibolas, redondas, que a duras penas podían hacer daño a sus enemigos. Ellos, los oficiales y paramilitares, lo atacaron con balas de plomo. Le dispararon sin piedad, lo mataron y lo arrastraron hacia un lado de la calle del barrio San Jerónimo, Masaya, porque les bloqueaba la pasada de sus camionetas.
Su mujer, Auxiliadora Cardoze, y su madre, fueron las únicas que se acercaron a su cuerpo. Sus compañeros de la resistencia no lo hicieron porque temían que los antimotines los mataran igual que a su amigo. “Ayúdenme, ayúdenme”, repitió la esposa. “Ayúdenme, que no es un perro al que mataron”, les reclamó a los oficiales que estaban cerca del cuerpo de su compañero. Algunos de esos oficiales, al escucharla, le dieron la espalda.
El video de Auxiliadora pidiendo ayuda con desesperación circuló por las redes sociales y la edición digital de La Prensa lo retomó.
Ningún oficial se acercó para ayudar. Ni uno se conmovió de aquella escena. No se inmutaron ante el llanto de la esposa adolorida que había perdido a su pareja. Marcelo Mayorga terminó siendo auxiliado por los vecinos, pero luego de que todos los armados se fueron del sitio. Marcelo fue uno de los seis muertos que reportó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) este martes en Masaya, tras el feroz ataque de los antimotines y paramilitares asociados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Dayner Useda, Marvin López y Moisés Campos Guevara, son los otros tres ciudadanos que fueron asesinados por antimotines y paramilitares. “A los otros dos no los tenemos identificados todavía, pero este ataque es confirmado que cobró seis vidas”, afirmó Álvaro Leiva, secretario de la ANPDH.
Esta matanza llega pocos días después que se firmaron unos acuerdos en la mesa de diálogo que instituyeron la Alianza Cívica y el gobierno nicaragüense, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Uno de los compromisos que adquirió la representación del Gobierno fue invitar a los organismos que vigilan los derechos humanos, desde las Naciones Unidas, la Unión Europea y desde la Organización de Estados Americanos (OEA).
El lunes, Silvio José Báez, uno de los mediadiores y entre las voces más conocidas desde que comenzó la masacre, indicó que los religiosos habían decidido detener el diálogo porque no había señales de que la presidencia tuviera la intención de enviar las cartas. La alianza opositora también aseguró que tenían la disposición de retirarse si la situación continuaba igual.
Durante los encuentros, el gobierno ha exigido el levantamiento de los bloqueos de vías (o tranques) y la Alianza Cívica pide un adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas en el poder judicial.
En las noticias que publicaron los sitios de La Prensa, la BBC y El Vaticano News, la Conferencia Episcopal culpó al gobierno de la pausa.
Pero este mismo miércoles enviaron las cuatro cartas, confirmó La Prensa con información de los voceros de la Alianza Cívica. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirmó vía Twitter que habían recibido la invitación del Gobierno. José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica y vinculado a las gremiales patronales, confirmó en su cuenta personal de Twitter que la Unión Europea aseguró que recibió la misiva. Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó por la misma red social que también se habían comunicado con las autoridades y que estaban listos para enviar a un equipo técnico y colaborar con la investigación. De hecho, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió el mismo miércoles al Consejo Permanente de la OEA y al director de la organización, Luis Almagro, que ayuden al país centroamericano.
El ataque en Masaya y luego en Jinotepe
La Policía llegó a Masaya para sacar de ahí al comisionado Ramón Avellán. Este es el mismo que ha sido acusado por la población de participar en agresiones a manifestantes no armados.
El Confidencial relató que en una caravana de unas 15 camionetas, transportando más de 70 efectivos fuertemente armados con fusiles de guerra, los oficiales de las tropas antimotines de la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares llegaron hasta Masaya, después de derribar los tranques de Ticuantepe. Las fuerzas represoras tumbaron las barricadas ubicadas en la entrada y dispararon a mansalva contra los pobladores, hasta que lograron controlar los principales barrios de la ciudad.
Los ciudadanos afirmaron que al menos 20 mujeres salieron al encuentro de los grupos armados, sonando sus cazuelas, para tratar de que los oficiales y paramilitares frenaran el ataque. Sin embargo, fueron secuestradas y montadas a las camionetas. “Las subieron y las iban golpeando”, afirmó una testigo. Las mujeres fueron liberadas esa misma tarde.
Un voluntario de los puestos médicos denunció que había varios heridos y que estaban atrapados en las casas de los barrios que estaban siendo atacados. “No podíamos sacarlos porque los policías y las turbas andaban disparando”, afirmó.
Los masayas que estaban en las barricadas cercanas a la entrada al pueblo, se defendieron con morteros y piedras. Trataron de resistir pero el armamento de los paramilitares y oficiales era más letal que el suyo. Decidieron replegarse cuando varios de sus compañeros resultaron heridos por impactos de balas. Se replegaron en las casas de los barrios y cedieron el control de tres calles de la ciudad.
Con las tres personas que murieron en Masaya, más una que falleció en Estelí, sube a 187 el número de víctimas fatales desde que el 18 de abril estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El miércoles se escuchaban disparos en distintos puntos de la localidad, mientras que pobladores reportaron balaceras y ataques de hombres fuertemente armados en las ciudades de Jinotepe, León, Matagalpa, Diriamba y, de nuevo, Estelí. Periodistas de varios medios también advirtieron que había enfrentamientos.
'Son situaciones de extrema violencia que ya están sobrepasando los límites, y la verdad es que nos encontramos en una indefensión total', dijo a la AFP la directora ejecutiva del Cenidh, Marlin Sierra.
*La versión original de este texto fue publicada por Confidencial.
