Una de las promesas de campaña del actual presidente Bukele fue la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Las gestiones para su implementación han sido al menos a nivel discursivo encomendadas a la vicepresidencia de la República, siendo Félix Ulloa quien ha vertido declaraciones sobre las gestiones y ha sostenido reuniones con autoridades de la ONU y la OEA, organizaciones que “patrocinan” o lideran la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respectivamente.
En principio, contar con una CICIES es una oportunidad valiosa para impulsar cambios en la administración pública, impunidad, probidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción en general. Aunque no puede omitirse el hecho de que en El Salvador existen más de 15 instituciones de carácter nacional para enfrentar temas como la corrupción, por lo que no es la falta de estas el principal problema, sino la forma en que ejercen sus atribuciones y facultades.
A la fecha, aún no hay suficiente información de dominio público que permita establecer cuáles serían los objetivos y las metas que una CICIES se plantearía, ni tampoco sobre la amplitud de sus facultades y la temporalidad de su mandato. Sin embargo, es posible establecer ciertos retos e interrogantes a partir de las experiencias de los países vecinos del Triángulo Norte, en lo que se refiere al abordaje del fenómeno de la corrupción. El primero de los retos es comprender la necesidad de transformar los elementos culturales que convergen para enfrentar el fenómeno de la corrupción, partiendo de la premisa de que en una sociedad sin sólidos valores morales y ética, no hay legislación ni institución anticorrupción que pueda ser exitosa.
Elementos culturales como la tolerancia estatal o ciudadana de la corrupción, las conductas ilegales o antiéticas para alcanzar un statu quo que termina por ser aplaudido públicamente o la obtención de un rápido éxito financiero o personal a costa del Estado, sólo pueden ser superados con un cambio de paradigma que vaya más allá de la acción penal, la cual ha tenido resultados nada alentadores y que, hasta la fecha, parece ser la estrategia principal de las Comisiones contra la impunidad, dejando un impacto positivo e inmediato pero limitado y sin profundidad a largo plazo.
Una vía lenta pero que profundiza la posibilidad de obtener resultados es la ética, entendida como un código en el intercambio de las relaciones humanas, incluyendo la política. Este código solo puede permear en la ciudadanía mediante la educación, lo que implica que la ética debería abordarse desde la infancia en las escuelas hasta los jóvenes en las universidades, entendiéndose como un código necesario para ser buen profesional, juez, sindicalista, diputado, obrero, empleado público, doctor, entre otros.
Una de las máximas exponentes de esta idea es la filósofa española Adela Cortina, quien presenta un discurso esperanzador ante la corrupción en España generada por los partidos políticos en las últimas décadas y quien agrega la participación como elemento central de tal código: “Se tratará de ser ciudadanos que nos resistamos a ser ‘idiotas públicos’. Se tratará de ser ciudadanos dispuestos a participar para que no sean unos pocos los que acaparan todos los puestos, los que se distribuyen las prebendas, los que prostituyen las instituciones, los que construyen nuestro mundo a la fuerza...” Si bien, en el caso de Guatemala la participación no salvó finalmente a la Comisión, si logró estimular en los ciudadanos una postura de intolerancia hacia la corrupción, que derivó en las renuncias del presidente Peréz y la vicepresidenta Baldetti en 2015.
Un segundo reto es comprender la necesidad de una CICIES autónoma, es decir, rechazar su concepción como una instancia pasiva que carece de intereses y propósitos. La Comisión contra la impunidad en Guatemala reinterpretó su papel –originalmente no contemplaba abordar la corrupción- y en ese sentido tomó decisiones con base en sus propios intereses de sobrevivencia y generó significados y patrones de acción que no estaban contemplados o no fueron solicitados por sus creadores, desatando finalmente el malestar en la clase política, pero desarrollando legitimidad ante la ciudadanía. La autonomía también implica poseer los recursos suficientes, tanto financieros como humanos.
Por ejemplo, organizaciones grandes, complejas y maduras podrían tener mayor autonomía, pero son más difíciles y costosas de implementar. Por el contrario, las organizaciones pequeñas tendrán menos posibilidad de efectuar acciones autónomas. Bajo dicha lógica, ¿son el Ejecutivo y el Legislativo, conscientes de que sin autonomía y financiamiento una CICIES no tendría el impacto que se ha idealizado en la ciudadanía? El Ejecutivo debe ser totalmente claro en cuanto al mandato que tendría la Comisión al adaptarse al contexto salvadoreño y debe estar preparado para hacer frente a un proceso largo y posiblemente engorroso para llegar a un acuerdo que permita la creación de la organización.
La CICIES tendría autonomía bajo el desarrollo de los siguientes supuestos: i)si posee la capacidad de tomar decisiones de manera endógena o interna, atendiendo sus intereses, reglas y procedimientos sin intervención directa de los Estados que la crearon o “contrataron”, como el caso de los donantes que la sostienen; y ii) cuando tenga la capacidad de definir nuevos conceptos, actores y significados de la realidad social, ampliando sus tareas y márgenes de acción, tal y como sucedió en Guatemala.
Por último, no puede olvidarse que, por regla general, una Comisión de este tipo necesitaría de la ratificación de la Asamblea Legislativa, por lo que el apoyo debe ir más allá de una estrategia electoral para obtener rédito. El reto acá es que los diputados comprendan que deberán brindar apoyo a las posibles condenas que resulten de las investigaciones y que eso podría tocar a grupos de interés afines, cúpulas partidarias y hasta los mismos partidos políticos en general, incluyendo al partido al que está inscrito el presidente, que es GANA. En el caso hondureño, por ejemplo, las Cortes y el Congreso impidieron condenas, haciendo difícil el trabajo de la MACCIH hasta la fecha. ¿Existe en El Salvador una verdadera disposición para aceptar las reglas de este juego?
Como ya se mencionó, la CICIES plantea una gran oportunidad, pero también representaría una amenaza misma al sistema como actualmente se concibe, a menos que a nivel político se esté consciente de sus implicaciones y del nivel de apoyo que necesitará de cada órgano de poder. Caso contrario, la implementación podría terminar implicando inestabilidad para el mismo gobierno “contratante” y la población en general, que ahora mismo guarda una alta expectativa, positiva y esperanzadora, sobre el impacto que supondría la puesta en marcha de este organismo internacional.
Sin consenso, el futuro mismo de la Comisión estaría en riesgo. Está por verse si el Ejecutivo ejercerá un papel inteligente que sostenga a una posible CICIES más allá de la agenda actual de gobierno. Las señales actuales de su disposición a escuchar a la sociedad civil, experiencias de países vecinos y otras entidades para asegurar el mayor impacto posible son, por ahora, escasas; pero corregir el rumbo es aún posible.
