En diciembre del año pasado, los principales movimientos cívicos que surgieron de la Rebelión de Abril 2018 en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), anunciaron el “primer paso” para la conformación de la unidad nacional opositora. Sus voceros Juan Sebastián Chamorro, de la ACJD, y Félix Maradiaga, de la UNAB, definieron la nueva alianza como “el bloque fundacional” de un proyecto político no electorero, amplio y sin exclusiones, para brindarle gobernabilidad democrática al país después de desalojar del poder a la dictadura Ortega Murillo.
Dos meses después, al conmemorarse el 25 de febrero los 30 años de la derrota electoral del FSLN en 1990, convocaron a la creación de la Coalición Nacional con la participación de la Alianza, la Unidad Nacional, el Movimiento Campesino, y los partidos: Liberal Constitucionalista, Yatama, Restauración Democrática y Fuerza Democrática Nicaragüense, quedando fuera por autoexclusión el partido Ciudadanos por la Libertad.
El anuncio de la Coalición Nacional generó grandes expectativas, con marcadas reservas por la desconfianza natural de la ciudadanía en torno a los partidos políticos que en el pasado pactaron y compartieron el poder con el FSLN, en particular el PLC, que sigue bajo la sombra de Arnoldo Alemán. Sin embargo, hubo un voto de confianza y aún a regañadientes se mantuvo el respaldo al “núcleo fundacional”. El siguiente paso sería acordar las reglas del juego de la Coalición, diseñando un intrincado rompecabezas político que bautizaron pomposamente como la “arquitectura”.
Desde dentro y fuera del régimen, los poderes fácticos apostaron al fracaso de la naciente Coalición, en tanto resultaría imposible conciliar los intereses de organizaciones cívicas y partidos con orígenes disímiles, y sobre todo con niveles de representatividad social y un peso político tan disparejo, sin contar con un liderazgo unificador. Sin embargo, después de discutir durante cuatro meses, los representantes de los siete grupos, ya en plena pandemia de covid-19, contra todo pronóstico, acordaron un Estatuto para organizar y dirigir la Coalición.
La primera crisis, de muchas otras que seguramente vendrán, estalló públicamente el 19 de junio 2020, cuando la ACJD demandó un tiempo indefinido para ratificar los estatutos, esgrimiendo diferencias de fondo sobre el proceso acordado para tomar decisiones por mayoría calificada, si no se alcanzara el consenso, y la falta de democracia interna de una de las partes, el PLC. Esta institución que además sometió su litis interna ante el Consejo Supremo Electoral, controlado por la dictadura. El frenazo de la ACJD desencadenó el retiro del Movimiento Campesino y la sorpresiva renuncia del doctor José Pallais, representante del sector político, demandando, ambos, la firma inmediata del Estatuto de la Coalición.
Las diferencias sobre estos asuntos procedimentales reflejan diferentes concepciones sobre el poder y las posibles alianzas en el seno de la Coalición, pero, finalmente, las resolvieron con inusitada madurez de todas las partes, que se empeñaron en lograr una solución temporal –ganar-ganar– al negociar un artículo transitorio. Así se firmaron los Estatutos de la Coalición Nacional el 25 de junio por siete de los ocho actores fundacionales, quedando pendiente aún la integración plena del sector de jóvenes y estudiantes como una fuerza política autónoma.
El resultado de este acto simbólico conlleva un mensaje político contundente a la cúpula del régimen Ortega Murillo: la Rebelión de Abril, que nació autoconvocada en 2018, ha sentado las bases de su organización para promover la unidad nacional, que es lo único que puede terminar con la dictadura. Y aunque desde fuera de la Coalición existen otras opciones ideológicas que, para beneficio político de Ortega, apuestan a la división del bloque opositor en al menos dos bandos, por ahora la oposición se mantiene unida.
La Coalición apenas está dando sus primeros pasos y aún debe solucionar las diferencias que están en su acta de nacimiento. Pero lo que la gente está demandando es un plan de lucha y un liderazgo capaz de movilizar al país para enfrentar y prevenir la pandemia de covid-19, y llenar el vacío de poder que ha dejado el desgobierno de la dictadura. También esperan el banderazo de salida para organizar en los 153 municipios del país las estructuras unitarias de la Coalición, para demandar la suspensión del estado policial. De esta presión política dependerá, en última instancia, si la dictadura, con o sin Ortega, se verá obligada a ceder una reforma electoral y elecciones libres. Mientras tanto, no se puede poner la carreta delante de los bueyes, imponiendo discusiones sobre alianzas electorales, casillas y candidatos en torno a elecciones que, por ahora, solamente representan una aspiración nacional.
La segunda lección que deja este proceso de formación de la Coalición Nacional es que, después de la Rebelión de Abril, en Nicaragua se ha reducido la influencia del poder de los grandes empresarios para determinar los resultados de la política. Con la emergencia de una nueva mayoría política azul y blanco, ya no es posible, como antes, imponer partidos políticos para trazar el destino del país, o escoger de dedo candidatos presidenciales, y vetar a otros. El financiamiento privado de la política, bajo un régimen totalitario como el de Ortega, no solo es necesario, sino que será un factor crucial para promover una elección competitiva, cuando existan condiciones apropiadas.
Pero ante el imperativo de un proceso de unidad nacional, que demandará métodos transparentes de selección de liderazgos, los resultados no pueden ser predeterminados de antemano, sino que están sujetos a la regla democrática de la incertidumbre que nace de la competencia política. Esa es la esencia del nuevo orden democrático, el desafío que pugna por nacer en la Coalición Nacional, mientras el viejo orden de la dictadura, el del hombre fuerte y las “misas negras”, aún se resiste a morir.
