Todos esperábamos que hubiera cambios una vez entrara en funciones la nueva Asamblea. Algunos esperábamos con recelo, otros con entusiamo. Lo acontecido el 1 de mayo, sin embargo, rebasó las expectativas. La bancada de Nuevas Ideas, Gana y unos cuantos cooptados ya tenían un guion montado y lo siguieron al pie de la letra. En lugar de proponer medidas para enfrentar los graves problemas que afectan el país se fueron directamente contra la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. ¿Por qué atacar tan frontal y descaradamente estas instituciones? La pregunta puede parecer retórica, pero no. Responderla develaría las características primordiales del actual Gobierno y ayudaría a definir posiciones a tomar.
Bukele es impulsivo, megalómano, ambicioso y rencoroso, pero políticamente es muy astuto. Sabe perfectamente que estas acciones tendrán un alto costo político, pero está dispuesto a pagarlo ahora, cuando todavía tiene un alto grado de aceptación popular y la oposición aún no se repone de su última derrota. El mayor obstáculo para los objetivos del presidente es el Estado de derecho. Ataca a la Sala de lo constitucional porque ha frenado, o al menos obstaculizado, algunas de sus medidas que atentaban contra lo establecido en la Constitución. Atenta contra la Fiscalía porque podría estorbar acciones futuras, por ejemplo la persecusión de exfuncionarios. O al contrario, podría iniciar procesos adicionales en contra de funcionarios del actual Gobierno. Es decir, pretende anular y poner a su servicio dos instancias claves del Estado de derecho.
No puede negarse que Bukele y sus diputados han actuado con audacia y tomaron a la oposición desprevenida y desarmada. Si no hubiera forma de revertir esas acciones, el Gobierno no tendría que preocuparse por la legalidad de ninguna de sus acciones futuras; es decir, el beneficio justificaría el costo político. Pero esa audacia, conlleva un grave riesgo. Bukele se quitó la máscara; en algún momento iba a hacerlo, pero quizá lo hizo demasiado pronto. Ha dejado en claro que no tienen vocación democrática ni republicana. Quiere el poder absoluto, sin cortapisas de ninguna clase. En adelante, deberá enfrentar no solo a la oposición política, lo cual no le preocupa, sino las crecientes críticas de la sociedad civil e incluso arriesga aislamiento y sanciones internacionales.
La manera como se procedió en la Asamblea Legislativa revela varias cosas: en primer lugar, que las medidas trascendentales no se discutirán ahí. Es imposible que una bancada de novatos haya concebido y realizado en tan poco tiempo una acción como la esa. Esas iniciativas surgieron en Casa Presidencial y los diputados de Nuevas Ideas solo las avalaron. Esto solo confirma lo que ya sabíamos. Ese modo de actuar, saltándose los debidos procesos y con nula deliberación, solo reproduce vicios ya conocidos. Políticamente, no hay nada nuevo en Bukele ni en su partido.
Esto último puede ser justamente lo positivo del caso. Ya anteriormente hemos visto situaciones parecidas. Durante su primer período en el gobierno, un FMLN ensoberbecido y obnubilado por el poder, y a veces acompañado por Arena, atacó a la Sala de lo Constitucional. El conflicto inició con el funesto decreto 743 (2011) y se prolongó hasta nombrar magistrados de forma inconstitucional. El argumento de la opereta era muy parecido al de hoy día. Y ciertamente hubo una grave crisis, pero la institucionalidad prevaleció. ¿Por qué fue eso posible? Porque buena parte de la población, pero sobre todo de la sociedad civil, entendió la magnitud de lo que estaba en juego y se abocó decididamente en defensa, no de los magistrados, sino de lo que ellos representan.
La oposición política ya se pronunció; se opusieron como debían oponerse, pero la aritmética legislativa está en su contra. Por su parte, la sociedad civil, las universidades, las ONG, la comunidad internacional y la ciudadanía consciente denuncian el flagrante atentado contra el ordenamiento constitucional. Es muy temprano para preveer un desenlace y seguramente la lucha será larga y en condiciones desventajosas, pero es una lucha necesaria e ineludible.
Bukele, sus adláteres y corifeos pretenden el poder abosuluto y lo justifican en un mandato popular, el trillado argumento populista. Esa pretensión, contrario a lo que propagan, nada tiene que ver proyectos en beneficio de la población; es simple y vulgar búsqueda de poder absoluto. Es la negación más flagrante del sistema republicano consignado en la Constitución. Bukele se ha quitado la máscara; hoy las cosas están claras. Toca obrar en consecuencia.
*Carlos Gregorio López Bernal es docente-investigador de la Licenciatura en Historia, de la Universidad de El Salvador y Doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica. Investiga sobre historia política y cultural de El Salvador, siglos XIX y XX.
