El exfiscal Juan Francisco Sandoval está próximo a cumplir un mes de vivir en Washington. Se le sumó a Gloria Porras, la magistrada de la Corte de Constitucionalidad que viajó a esta ciudad en abril porque varios amparos le impidieron tomar posesión. El último fue otorgado a pedido del grupo Fundaterror, cuyos directivos han sido sancionados por Estados Unidos a través de la Lista Engel por obstruir la justicia. Estos dos funcionarios judiciales sostenían los vestigios de la lucha contra la impunidad que quedó tras la cruzada por la justicia de 2015 a 2019, cuando fue expulsada la CICIG, el principal motor de más de cien casos contra políticos y empresarios que se mantienen abiertos. Antes que ellos, la jueza Claudia Escobar y los exfiscales Thelma Aldana y Andrei González también partieron hacia la capital estadounidense para exiliarse. Pelear por la justicia guatemalteca significa arriesgarse a perder el hogar.
Sandoval es alguien con una energía muy particular. Este carismático hombre, proveniente de Jutiapa, departamento fronterizo con El Salvador, no ha ejercido otro oficio más que el de fiscal, pues arrancó de pasante a los 20 años en el Ministerio Público en 2003. Lo conocí hace diez años, mientras litigaba el caso contra el expresidente Alfonso Portillo, y desde entonces era amigable cuando le requeríamos entrevistas; ahora se sabe los nombres de todos los reporteros.
Su salida del país ocurrió, por supuesto, rodeado de periodistas en una de las conferencias de prensa que más recordará la historia de Guatemala. Sandoval habló de todo lo que había callado al denunciar las ilegalidades de la fiscal general Consuelo Porras. Dijo que ella protegía a “sus amigos”, refiriéndose a prácticamente todos los poderosos; denunció que cambió sin justificación a fiscales metiendo excusas para no judicializar varios casos, que ordenó tratar con cuidado al presidente, entre otras acciones cuestionadas. El fiscal más reconocido del país, premiado en febrero por Estados Unidos como Campeón Anticorrupción, dejó ensartadas dudas y líneas de investigación: dinero ruso recibido por el presidente Alejandro Giammattei, acallamiento a testigos protegidos que revelarían tramas que alcanzaban a las altas esferas, filtración de información y cobros desde el despacho de la misma fiscal general.
La información que proporcionó ha ido publicándose en la prensa acompañada de documentos, lo que han puesto en jaque a Consuelo Porras. Los estudiantes de la universidad pública la abuchearon y le pidieron la renuncia en una clase virtual, lo que causó que decidiera no continuar con su cátedra. Salió a luz que plagió su doctorado, título del que ella se cuelga honrosamente colocándolo en todas las invitaciones y pidiéndole a sus subordinados que le llamen así.
Pero las pérdidas de Porras no han sido solo a nivel profesional. A partir de la salida de Sandoval, Estados Unidos le retiró los fondos al Ministerio Público a la vez que anunciaron que habían perdido la confianza en Porras. Su credibilidad está peor que nunca y, por lo tanto, se aferra a sus aliados, al pacto de corruptos de siempre: las instituciones del Estado cooptadas y el Cacif, la poderosa patronal que no goza el prestigio de antes, pero que logra moderar a influyentes medios, inyecta fondos a la presidencia para amortiguar la crisis sanitaria, propone diálogos para bajar la espuma e intenta contener las movilizaciones sociales.
La destitución de Sandoval violó la ley al ignorar el procedimiento administrativo al que debe someterse a cada fiscal de carrera cuando se busca su remoción. Una tormenta de emociones se desató en la población cuando se supo de su inminente salida de la Fiscalía. Sandoval era el último salvavidas en medio de un mar de podredumbre que se chupa al país hacia un mundo subterráneo donde el crimen campea y se avizora la persecución a opositores, protección a delincuentes y asegurar que cada cambio institucional profundice la cooptación.
El próximo año toca elegir fiscal general (Porras pretende reelegirse) y cambia también el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, el único baluarte independiente que queda fuera del mundo judicial. En 2023 serán las elecciones generales para elegir presidente, diputados y alcaldías. Pero con un tribunal electoral y cortes controladas, el único escenario posible se parece mucho a Nicaragua, solo que de una manera disimulada. En Guatemala no nos gobierna un solo partido, al contrario, son tantos que han conformado una macro red que domina todo el sistema político, por lo que los candidatos permitidos que correrán serán parte de esta estructura.
El académico Marco Fonseca, quien descubrió el plagio de la fiscal general, comparó la situación diciendo que Guatemala “está sufriendo su propia noche de los cuchillos largos” en alusión al momento en el que Hitler combatió a todos sus rivales en 1934, asesinando a más de 80 personas. En este caso, no hay un asesinato como tal, pero sí la eliminación de la participación civil, montaje de casos, desprestigio y destituciones de forma descarada, que además han contado con el apoyo y el beneplácito de prácticamente todas las entidades públicas.
La crisis que derivó de la salida de Sandoval despertó al gigante dormido: las movilizaciones. Ese mismo día, el 23 de julio, afuera de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el exfiscal dio una conferencia memorable rodeado de cientos de personas despidiéndose de él y él, siempre afable, salió al balcón a saludar. Abrigaba el ambiente una tristeza que se fue convirtiendo en rabia. En los próximos días se dieron protestas en la capital y en varios puntos de Guatemala. El 29 de julio ocurrió el primer paro nacional convocado por las autoridades indígenas y ancestrales, movimientos campesinos y estudiantes universitarios. Se movilizaron en todo el país 200 mil personas bloqueando más de 100 puntos en carreteras. Los estudiantes y colectivos urbanos se sumaron a detener el tráfico en Vista Hermosa, una de las vías más acomodadas de la ciudad de Guatemala, lo que molestó a la clase media y alta, pero provocó el aplauso de otros conductores. La exigencia fue la renuncia del presidente y la fiscal general.
Las autoridades indígenas y ancestrales le llevaron una carta a Giammattei y a Consuelo Porras en la que les daban plazo hasta el 18 de agosto para renunciar, de lo contrario se tomarían medidas para presionar por su salida. Por supuesto ninguno de los dos renunció, es por eso que se prevén acciones –bloqueos y paros–para las siguientes semanas. La destitución de Sandoval ha acelerado la organización entre grupos rurales y urbanos y ha posicionado a los departamentos –y no a la capital–como epicentro de la toma de decisiones.
La salida de la fiscal general Consuelo Porras permitiría recuperar el Ministerio Público para contener la arremetida que está destruyendo los casos y desplegando una criminalización dirigida. En reemplazo de Sandoval, ha nombrado a Rafael Curruchiche, un fiscal conocido por favorecer a empresarios financistas de campañas ilegales y quien montó en junio pasado un caso contra los exfiscales Juan Francisco Solórzano y Aníbal Argüello. Una persona independiente en el cargo los próximos meses puede evitarse que el crimen organizado vuelva a estar a cargo de la persecución penal para la elección del próximo año.
De cualquier manera, los problemas no parecen tener una solución sencilla. Existe una agenda de reformas que se ha impulsado durante los últimos años, pero en lugar de avanzar, se han planteado cambios regresivos: ataques a las ONG, amnistías a crímenes de guerra y al delito de financiamiento ilícito, exenciones fiscales, una ley electoral en favor de los políticos y sus financistas. El Congreso es un nido cerrado que no escucha a la comunidad internacional ni a la población. Los diputados están inmunizados ante las críticas y le apuestan al desgaste ciudadano. Ante esta pared infranqueable, los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales le apuestan a promover un Asamblea Plurinacional Constituyente, lo que implicaría consolidar un nuevo pacto social que incluya a las poblaciones indígenas, que han sido excluidas de las decisiones por demasiado tiempo.
La lección aprendida de las protestas de 2015, cuando se forzó la renuncia de Otto Pérez para que ganara fuerza Jimmy Morales, es cómo evitar, luego de una renuncia presidencial, que el aparato que regenera la corrupción continúe intacto. Ante ello, las autoridades indígenas piensan en la instalación de un consejo diverso que pueda comandar una transición hacia una democracia más representativa. Para esto, claro está, se necesitaría muchísima fuerza social que arrincone al statu quo. Esta demanda gana adeptos citadinos ante la imposibilidad de cualquier de reforma. Los estudiantes, actores importantes en estas protestas, se han sumado a este planteamiento que causa mucho temor en las élites económicas.
Si se diera la salida de Giammattei, siguiendo el proceso legal, se abriría una puerta para que el vicepresidente Guillermo Castillo –quien ha se ha opuesto a la mayoría de las arbitrariedades de Giammattei e incluso respaldó al fiscal Sandoval– asumiera la presidencia y concerte un gobierno plural y democrático, que actúe eficazmente contra la crisis de covid-19 y que impulse reformas, como propone el excanciller Edgar Gutiérrez.
Es lamentable pedir una vez más que un presidente se marche, pero nos demuestra que desde que en 2015 se evidenció el sistema podrido no se ha resuelto la crisis, solamente aumenta con cada nueva autoridad que sigue siendo parte de las mismas redes clientelares.
Los retos recaen hoy, más que nunca, en las organizaciones sociales y autoridades indígenas, quienes tienen la legitimidad y la fuerza para pelear contra un Estado con una gestión desastrosa. Como siempre, estamos cuesta arriba, pero la salida del fiscal Sandoval al menos ha dejado una explosión social que, me parece, no se apagará fácilmente.
