Durante décadas, los científicos han depositado sus esperanzas en que la evidencia ayudaría a los políticos a tomar decisiones que reduzcan la vulnerabilidad social y los conflictos ambientales. Cada vez se oye con más frecuencia a los “tomadores de decisiones” del sector público y privado hablando de cambio ambiental y sustentabilidad. Pero, a medida que se multiplican las conferencias internacionales sobre el cambio climático, aumenta de forma exponencial el número de personas que abandonan las zonas rurales, desplazadas por la destrucción de la naturaleza y sus medios de vida. Y es que la desconexión entre los foros internacionales en los que se buscan las soluciones y tanto los territorios como sus pobladores es evidente.
Las comunidades indígenas y campesinas que habitan el bosque tropical de Montes de María, en el municipio de María La Baja en el Caribe colombiano, por ejemplo, han sido testigos durante las últimas décadas de los cambios en sus diversos cultivos que han pasado a ser monocultivos de palma africana y arroz, la disminución de las aguas que fluyen de la montaña, la desaparición de plantas medicinales y la creciente irregularidad de las lluvias. Los desbordamientos cada vez más frecuentes de los ríos causan inundaciones que traen consigo un sinfín de enfermedades, mientras los incendios no sólo arrasan los cultivos de pancoger —cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada—, sino también el bosque tropical que, además, facilita a los habitantes el acceso al agua.
Pero no todo está perdido. En la actualidad, están surgiendo nuevas formas de vincular a la ciencia con los territorios y los centros de toma de decisiones. Y es que si los científicos realmente quieren contribuir a buscar soluciones a los problemas ambientales, deben comenzar a tener en cuenta la voz de los habitantes de esas zonas y abrirse a sus conocimientos.
La producción conjunta, o “coproducción”, entre habitantes, científicos, tomadores de decisiones y otros actores sociales vinculados al territorio es una forma de reconectar esos mundos distantes y distintos, de generar espacios para el diálogo de saberes y generar espacios de negociación entre las partes.
Además, si los datos que se vienen generando en los centros de investigaciones se adaptaran a lenguajes comprensibles para las comunidades, se podría dar un giro de 180º a los procesos de toma de decisiones que afectan a estos territorios y sus moradores. Esto facilitaría los procesos de restauración y conservación de los corredores biológicos, algo cada vez más urgente, ya que de ellos depende la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades.
En este marco, tanto los habitantes de la comunidad colombiana de María La Baja como los del pequeño poblado de Sachayoj (“señor del bosque”, en quichua) en el Chaco argentino ―que ha pasado de ser una de las mayores regiones boscosas del continente a una de las fronteras de deforestación más grandes del planeta en sólo 30 años― han participado en un proyecto científico que tuvo resultados promisorios de “coproducción” de conocimientos y capacidades.
El proyecto Resiliencia socioecológica ante el cambio ambiental global en territorios heterogéneos reunió a pobladores, productores, científicos y otros actores sociales para identificar conjuntamente las principales amenazas y oportunidades para el desarrollo local. En Sachayoj, debido a la demanda de los actores del territorio, se está implementando un plan de monitoreo de indicadores ambientales para corregir malas prácticas y evitar mayores riesgos y vulnerabilidades. El monitoreo de polinizadores, por ejemplo, está reduciendo el uso de agroquímicos y favoreciendo la polinización biológica.
En María La Baja, por otro lado, la comunidad local y los científicos codiseñaron piezas comunicativas sobre la vida y diversidad en el territorio, memoria y alimento, y acciones de bienestar y revitalización del territorio en el contexto de conservación del bosque seco tropical. El proyecto además ha impulsado y fortalecido las dinámicas socioecológicas sobre monitoreo de fauna, flora y producción agrícola, para superar las vulnerabilidades de la región.
Estos avances en dos comunidades marginadas de América Latina confirman que realizar procesos de coproducción, cocreación y hacer llamados al trabajo comunitario al hacer investigaciones medioambientales en territorios concretos es de suma importancia. Los logros alcanzados a través del mayor acercamiento y participación entre los investigadores, los miembros de las comunidades y los centros de investigación ayudan, además, a poner en medio de la discusión el futuro de los recursos naturales, algo muy importante al tomar decisiones que tengan que ver con políticas que afecten a los espacios de relevancia biológica.
Y es que mientras en el centro de las grandes ciudades y en los países más poderosos del mundo las personas buscan temporalmente “aislarse” de los conflictos ambientales, las familias y comunidades rurales de Latinoamérica y el Caribe viven permanentemente expuestas a sus consecuencias. Por ello, según Duvan, “los habitantes de las comunidades necesitan con urgencia que sus prácticas ancestrales de conservación, cuidado de la naturaleza y de entender la naturaleza sean avaladas y tenidas en cuenta a la hora de generar información sobre el territorio”.
Es hora de consolidar el cambio. Mientras los científicos hemos apostado por una estrategia ineficaz e ingenua para contribuir a la solución de los problemas ambientales, los pobladores rurales en las fronteras del extractivismo en América Latina y el Caribe sufren desproporcionadamente las consecuencias de la destrucción de la naturaleza.
Estamos a tiempo de cambiar esta situación. Pero, en lugar de seguir depositando nuestras esperanzas en influir en los tomadores de decisión, debemos comprometernos a trabajar de igual a igual con todos los actores sociales que habitan y actúan sobre el territorio. Para hacer frente a la crisis ambiental, que se manifiesta cada vez con mayor fuerza sobre las regiones más empobrecidas, hace falta llevar adelante procesos más democráticos en los que se tengan en cuenta las diferentes formas de conocimiento.
*Duvan A. Caro es comunicador de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, investigador en temas de conservación y medioambiente en territorios rurales en Colombia.
Olga Lucía Hernández-Manrique es bióloga e investigadora con doctorado en biodiversidad: conservación y gestión de especies y sus hábitats, de la Universidad de Alicante, España.
Matías Mastrangelo es biólogo e investigador con doctorado en Estudios Ambientales, de la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda.
Diana C. Moreno es investigadora adjunta del Instituto Humboldt en Colombia. Zootecnista y doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
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