El domingo 4 de septiembre Chile celebró la elección más importante desde la transición a la democracia, o tal vez, la más relevante de toda su historia. Esta elección tuvo el propósito de permitir a chilenos y chilenas aprobar o rechazar, a través de un plebiscito ratificatorio, la nueva Constitución redactada por una Convención Constituyente paritaria conformada por 155 integrantes electos directamente por la ciudadanía. El triunfo del “rechazo”, sin embargo, estuvo dentro de lo esperado, al menos si tomamos en consideración que prácticamente todos los sondeos de opinión realizados durante las semanas previas vaticinaban este resultado. Las causas de este categórico resultado son probablemente diversas y requerirá algún tiempo lograr desentrañar sus raíces.
La decisión de darle al electorado la oportunidad de manifestar su acuerdo o no con redactar una nueva Constitución y elegir el mecanismo para hacerlo se materializó el 15 de noviembre de 2019 a través de un pacto suscrito por los principales partidos políticos con representación parlamentaria. El llamado Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución fue la respuesta desesperada de una clase política que se vio completamente desbordada por una crisis de legitimidad de proporciones bíblicas.
Esta crisis alcanzó su clímax durante el estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019 cuando miles de chilenas y chilenos salieron masivamente a las calles, durante varias semanas, a manifestar su descontento y demandar cambios. Un año después, casi el 80 % de las y los votantes que participaron del llamado plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, estuvo de acuerdo con la redacción de una nueva carta magna por una Convención Constituyente electa por la ciudadanía. Este contundente apoyo a una nueva Constitución contrastó fuertemente con el resultado de la elección celebrada el domingo 4 de septiembre. En efecto, 62% de quienes asistieron a las urnas durante la jornada rechazó la Constitución propuesta. En términos prácticos, esto significa que la Constitución vigente, escrita (a pesar de los ajustes que ha experimentado desde entonces) durante la dictadura militar presidida por Augusto Pinochet, sigue siendo válida.
El desenlace de esta elección fue, sin dudas, sorprendente al menos en tres sentidos. Primero, nadie anticipó que el “rechazo” se impondría con tanta holgura, superando al “apruebo” por 24 puntos. Segundo, en 97 % de las comunas y en todas las regiones del país (incluyendo la Región Metropolitana de Santiago), el electorado rechazó el texto constitucional propuesto. Tercero, aun considerando que en esta elección se instauró el voto obligatorio con inscripción automática, el nivel de participación fue inusitadamente alto para Chile. En un país en el que la participación electoral venía cayendo desde la transición, para alcanzar una meseta en torno al 50 %, no deja de sorprender que en el plebiscito de salida haya alcanzado al 85 % del padrón. En consecuencia, el triunfo del “rechazo” fue, sin lugar a duda, tan contundente como transversal.
Se pueden especular algunas explicaciones preliminares. Por un lado, la Convención Constitucional experimentó una caída de los niveles de confianza y no ha estado exenta de los mismos problemas de legitimidad que han afectado a la elite política. De acuerdo con la Encuesta Pulso Ciudadano, en julio de 2021, 73 % de las y los encuestados manifestaba niveles altos o intermedios de confianza en la Convención, pero esa cifra cayó progresivamente hasta alcanzar un 39 % en junio de 2022.
Muy probablemente la desconfianza en las y los convencionales se haya traducido en un rechazo al texto que produjeron. En segundo lugar, la composición de la Convención resultó ser problemática. Buena parte de los convencionales, que se presentaron como independientes, carecía de experiencia política previa, lo que probablemente dificultó las negociaciones y favoreció una mirada centrada en objetivos particularistas y maximalistas. Tercero, el texto constitucional propuesto enfatizó aspectos que probablemente no reflejaron ni las preferencias ni las prioridades de la ciudadanía. Por último, algunos aspectos clave de la Constitución propuesta no fueron comunicados de manera clara y fueron presentados apelando a un discurso que generó altos niveles de suspicacia e incertidumbre dentro de una ciudadanía que ha estado en vilo desde hace tres años. Muy probablemente, los relativamente bajos niveles de aprobación a la gestión de este gobierno por parte de la ciudadanía no hayan contribuido a cimentar el apoyo por la nueva Constitución.
Más allá de las posibles causas de este desenlace, la interpretación obvia de los resultados electorales contrastantes del plebiscito de entrada y el de salida es que la ciudadanía quiere que las cosas cambien, pero no en la dirección que trazó la Constitución propuesta. Como resultado, lo que probablemente debería venir en un futuro cercano es un nuevo proceso de cambios constitucionales que apunte a capturar los corazones y las mentes de la ciudadanía.
En lo inmediato, esta nueva etapa requerirá de un cambio de gabinete, que refuerce la presencia de actores políticos con amplia experiencia, que sean capaces tanto de entablar un diálogo fluido con la oposición como de establecer acuerdos amplios e inclusivos. El Congreso tendrá un papel crucial para enfrentar los desafíos políticos que trae consigo este resultado electoral y el gobierno del presidente Gabriel Boric tendrá que trabajar arduamente para promover mayores niveles de cohesión dentro de una izquierda altamente fragmentada. La oposición deberá cumplir el compromiso que contrajo ante la ciudadanía de “rechazar para reformar” evitando la tentación de optar por cambios cosméticos que no se hagan cargo del profundo descontento que llevó al estallido social.
Promover una agenda de cambios constitucionales en un país polarizado y desencantado no será fácil y requerirá que los partidos y líderes políticos estén dispuestos a negociar, ceder y tomar decisiones difíciles sobre temas complejos. Un importante desafío por sortear es que ninguna fuerza política cuenta con mayorías en el Congreso. Por esta razón, será imperioso que los partidos y actores políticos de lado y lado estén dispuestos a construir una coalición amplia, promover la disciplina al interior del Congreso y a comportarse con un nivel significativo de responsabilidad y generosidad.
*Rossana Castiglioni es decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Univ. Diego Portales (Chile). Doctora en Ciencia Política por la Univ. de Notre Dame (E.U.A.). Ha sido profesora visitante de las universidades de Harvard, Leiden y Oxford y del Kellogg Institute for International Studies.
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