Ahí vamos de nuevo: mientras caliento motores para escribir esta columna, los diputados oficialistas se aprestan a prorrogar por sexto mes consecutivo el Régimen de Excepción, que se ha convertido ya en nuestro régimen regular, y al que el Gobierno atribuye ser mano de santo para curar la epidemia de pandillas que –dicen– ya está curada, pero necesita un refuerzo mensual para que esté curada-curada.
En vísperas del cumpleaños de la patria, el Gobierno no ha escatimado en la semiótica de lo que nos espera: el recuento de los logros nos los pronuncia un general vestido de orgulloso verdeolivo; la representación de la libertad es -en serio- un policía con el rostro cubierto, enteramente blindado, apuntando a lontananza con un lanzagranadas; justo un día antes de la fiesta de independencia, las autoridades anuncian un pliego de leyes que incluyen más libertad para intervenir las telecomunicaciones y, desde luego, la prórroga del Régimen de Excepción.
Este 15 de septiembre, me atrevo a vaticinar que, como parte de las cosas que el presidente Nayib Bukele nos invitará a celebrar, además de su llegada al poder después de aguantar más de 200 años sin él, será que nos ha suprimido derechos fundamentales y que lo seguirá haciendo. Y que la corona libertaria de El Salvador estará hecha de fusiles y prohibiciones. Todo por nuestro bien. Y el pueblo, que es una de las tantas formas de llamar a la mayoría, recibirá esos frutos con agradecimiento. Y con aplausos. Muchos, muchos aplausos.
Pero a ese paisaje le faltan piezas. Tantas piezas. Algunas quizá nunca lleguen a aparecer, pero es mi intención pronunciar al menos su ausencia. Ese será hoy mi homenaje a la patria: un ramillete surtido de preguntas.
Como por ejemplo, quiero preguntar ¿cuáles fueron todos los acuerdos que el Gobierno sostuvo con las pandillas durante dos años y medio? Me da curiosidad saber si el presidente Bukele, en persona, llegó a tener algún tipo de comunicación, aunque sea telefónica, con los pandilleros. O cómo operaba el mecanismo de diálogo en el día a día: ¿Habían involucrados policías, como en la Tregua? ¿De qué partida se financiaba ese proceso? ¿Quiénes en el Gobierno estaban al tanto de esas negociaciones? ¿Hubo entre ellos quien, incluso con voz trémula, se opuso al pacto? ¿Todo lo operativo estaba a cargo de Carlos Marroquín? ¿Cada cuánto y con cuánto detalle se informaba al presidente del devenir del pacto con los criminales? ¿Todas las pandillas accedieron a los mismos beneficios o los obtenían según su capacidad de dar a cambio? ¿Con qué garantías actuó Carlos Marroquín y los demás operadores asociados a la secretaría de Reconstrucción del Tejido Social? ¿Qué pidieron ellos a cambio de sus servicios? ¿Hubo personas u organizaciones fuera del Gobierno -nacionales o extranjeras- al tanto del proceso?
Y cómo olvidar al viceministro de Seguridad Pública y director general del Sistema Penitenciario, Osiris Luna Meza: ¿Él actuaba como un simple mayordomo que abría y cerraba puertas para que entraran encapuchados a las prisiones de máxima seguridad, o tenía algún otro rol? Me pregunto si es precisamente por su lealtad, obediencia y silencio alrededor de este arreglo, que se le ha garantizado inmunidad ante el feroz robo de alimentos –en plena pandemia– que organizó junto a su madre; o inmunidad ante la creación de plazas fantasmas cuyos fantasmas sí cobraban el sueldo. O si definitivamente él goza de barra libre. Me encantaría saber cómo funcionan estos pactos corruptos: o sea, si en una reunión se le informa que en gratitud por su envilecimiento, se le permitirá apropiarse de bienes públicos; o si simplemente comienza robándose algo pequeño y al ver el ojo guiñado pasa a algo más grande y así…
Quisiera saber si en la presidencial decisión de descalabrar por la fuerza la Sala de lo Constitucional e instalar ahí las sombras que hoy la ocupan, ¿medió la necesidad de no deportar a los líderes de la Mara Salvatrucha-13 a los que solicitaba Estados Unidos bajo cargos de terrorismo? Y si es así, ¿cuánto peso tuvo la necesidad de proteger a los líderes de esta pandilla en la ruptura del Estado de Derecho? ¿La MS-13 llegó a amenazar con romper el pacto si se deportaba a sus líderes? ¿Fue más bien el Gobierno el que temió que la pandilla se levantara de la mesa? ¿Se consideró en el Gobierno el riesgo de estar entregando potenciales testigos del pacto a las autoridades estadounidenses? ¿Fue una mezcla de todo esto?
Qué curiosidad, qué ganas de saber cuándo fue que Bukele decidió que había que pegarle, sin muchos miramientos, un tiro a una de sus más repetidas promesas de campaña, la CICIES: ¿Qué le hizo temerle a una institución que parecía tan mansa, tan bien amaestrada? O qué fue exactamente lo que más le asustó entre las investigaciones que llevaba a cabo el grupo especial antimafia de la Fiscalía: ¿los hallazgos sobre la corrupción de su Gobierno o las evidencias de sus acuerdos con las pandillas? ¿Cuando impusieron a Rodolfo Delgado como fiscal, él sabía de antemano que una de las condiciones era desmantelar ese grupo o lo supo una vez que estaba en el puesto?
Y sobre Elmer Canales –cuyos alias lo nombran como “La Perra”, o “El Ladrón” o el estelar “Crook” – se podrían escribir varias columnas atiborradas de preguntas: ¿Cuándo el Gobierno decidió dejarlo libre? ¿Por qué se decidió liberarlo siendo él uno de los líderes más notables de la Mara Salvatrucha-13? ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Quiénes intervinieron en ella? ¿Fue la pandilla quien propuso el nombre, o fue el Gobierno? ¿Hubo un juez involucrado en esa operación? ¿Qué pidió el Gobierno a cambio? O ¿Con qué amenazó la pandilla? ¿Quién pagó el apartamento, los celulares y la ropa que compró Crook una vez salió de prisión? Una vez libre, ¿el Gobierno monitoreó sus movimientos? Si es así, ¿quién lo hizo? ¿Se reunió Crook con otros pandilleros? ¿Por qué fue Carlos Marroquín en persona quien lo condujo hasta Guatemala? ¿Esa fue una exigencia de la MS-13 o un ofrecimiento del funcionario? ¿Sabía el Gobierno de Guatemala que al menos un funcionario salvadoreño llevaría a su territorio a un líder de la MS-13? ¿El presidente Bukele autorizó esa operación o la hizo Marroquín a sus espaldas? ¿De verdad creyeron que pasaría desapercibida su liberación? A Viejo Santos, otro líder pandillero requerido por EE.UU ¿También lo llevó a Guatemala Carlos Marroquín? ¿Pensaron desde un principio en los costos diplomáticos que pagarían ante Estados Unidos? ¿Qué consideraciones hicieron al respecto? ¿Ellos fueron los únicos líderes de la MS-13 liberados? ¿Liberaron líderes de las otras dos pandillas? ¿Quiénes en el Gobierno sabían que Crook sería liberado? De nuevo: ¿Alguien en el Gobierno mostró algún sonrojo por dejar libre a un mando nacional de la MS-13 condenado por secuestro, extorsión y asesinato? Una vez que el periodismo destapó su liberación, ¿hubo una especie de cuarto de crisis para diseñar la estrategia de silencio sobre el tema? ¿Algún funcionario hizo alguna pregunta al respecto? ¿Dentro del Gobierno, al menos con los de más confianza, o con los más confianzudos, se dio alguna explicación, falsa o verdadera, al respecto?
La liberación de, al menos, Crook y Viejo Santos me hace pensar que el Gobierno creía que el acuerdo iba viento en popa y que sus contrapartes criminales también lo habrán creído, puesto que una dádiva similar jamás se había visto ni durante la Tregua, ni durante los acuerdos mafiosos con el FMLN y ARENA. ¿Quiénes eran los pandilleros detenidos en marzo para que la MS-13 rompiera un pacto tan generoso? ¿Cuál era su nivel de importancia? ¿Cuántos eran? ¿Dónde fueron detenidos? ¿Qué iban a hacer, qué estaban haciendo, o qué venían de hacer cuando fueron detenidos? ¿Por qué estaban conducidos por un vehículo oficial con chofer pagado por el Estado? ¿Esos pandilleros estaban libres o salieron de una cárcel? Escuchamos de su viva voz a Carlos Marroquín reclamar a un líder pandillero por haber arreglado esa vuelta con Osiris Luna Meza, y asegurarle a ese mismo líder que si la operación se hubiera hecho con él, nada les habría pasado, porque, dijo Marroquín, el ministro de Seguridad a él no lo hubiera embestido. ¿Por qué no lo hicieron con Marroquín? ¿Por qué Marroquín, interlocutor oficial de parte del Gobierno, ni siquiera sabía de ese operativo? ¿Por qué la pandilla lo hizo con Osiris Luna Meza? Vistos los antecedentes de don Osiris, ¿qué sacó él de haber coordinado ese viaje? ¿Esa operación fue un “porfuerazo” de Osiris que no estaba contemplado en el acuerdo? Aparte de andar paseando mareros en un vehículo oficial, ¿en esa operación el objetivo era cometer algún ilícito? ¿La decisión de detener a esos pandilleros la tomó el ministro Gustavo Villatoro o el presidente Bukele? ¿Inteligencia del Estado estaba monitoreando esos movimientos? Una vez que detuvieron el vehículo oficial con pandilleros dentro, ¿cómo fue la cadena de averiguaciones? ¿Qué explicaciones dio Osiris? ¿El vehículo y el chofer eran de Centros Penales o de otra dependencia oficial? ¿Qué fue del chofer que conducía a los pandilleros? ¿Por qué no se sancionó a Osiris y en cambio se le ha permitido ser un vocero de la estrategia contra las pandillas?
Una vez que la Mara Salvatrucha-13 inició su abyecta jornada de asesinatos, Carlos Marroquín –lo dijo él mismo al pandillero– se reunió con Bukele. ¿Cuándo ocurrió esa reunión? ¿Marroquín llegó a plantear las exigencias de la pandilla o a intentar aplacarlo? ¿Hablaron de la operación conducida por Osiris Luna Meza? ¿El presidente contempló hacer la vista gorda y seguir adelante con el pacto? ¿Quiénes en el Gobierno sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Había –hay– una disputa palaciega alrededor del trono entre Marroquín, Osiris Luna Meza y el ministro Villatoro? Si es así, ¿quién salió ganando y quién salió perdiendo? ¿Hay bandos incluso dentro de la bancada alrededor de este tema, digo, considerando que hay al menos un diputado (Dennis Salinas) y un diputado suplente (Víctor Martínez) que estuvieron involucrados en las negociaciones?
Esto me carcome la curiosidad: Marroquín le envió al líder pandillero unas capturas de pantalla de su conversación con el presidente Bukele: ¿Qué había en esas conversaciones? ¿Qué opinó el presidente cuando escuchó a Marroquín confesar eso, o sea, cómo se puso al escucharlo? ¿No hay un delito en enviarle conversaciones privadas con el mandatario a un líder de una organización criminal? ¿Cómo lo justificó Marroquín si es que tuvo que hacerlo? ¿Por qué Marroquín no fue sancionado?
Ese fin de semana Bukele ordenó a sus diputados que aprobaran el Régimen de Excepción y, antes de su aprobación, se les informó a policías y soldados que tenían vía libre para hacer capturas a mansalva. ¿Ese era un plan B diseñado paralelamente al plan A (negociar con los pandilleros)? ¿Ese plan iba a ser ocupado sólo si alguna pandilla rompía el pacto o desde el principio el Gobierno tenía planeado traicionar a las pandillas? ¿El ministro Villatoro hizo capturar a los pandilleros que iban en el vehículo oficial a sabiendas que eso daba al traste con el arreglo criminal?
A todo esto: ¿Cuál era el punto de llegada de las negociaciones? ¿Había uno?
Luego de que se hicieran públicos los audios de las conversaciones de Marroquín con las pandillas y las razones de la masacre de marzo, hubo un silencio sepulcral que se extiende hasta el día de hoy. Por no hablar no ladraron ni los más iracundos troles, ni los más rastreros insultadores de oficio. ¿Cómo se diseñan estos silencios? ¿Cómo se comunica la estrategia? ¿Quién la comunica? ¿Ningún diputadillo o ministro hizo ninguna, ninguna-ninguna, pregunta?
¿Con qué criterios decidirán que el Régimen de Excepción ha dado ya sus resultados totales? ¿Con qué criterios van a establecer que las pandillas han sido derrotadas? ¿Toda comunicación con las pandillas está rota?
En fin… que ya se me alargó la columna. Sin embargo, no puedo despedirme sin preguntar directamente a tres personas cuyos malabarismos discursivos me resultan inauditos: El primero es el diputado Guillermo Gallegos, firme defensor de la pena de muerte para los pandilleros, e incansable aplaudidor de todo lo que lleve soldados y policías. A finales de 2015, siendo aún Bukele alcalde de San Salvador, dos de sus empleados municipales: Carlos Marroquín y el actual alcalde de la capital, Mario Durán, se encontraron con “Renuente”, un pandillero que estaba, en esas mismas fechas, planeando matarlo a usted. En El Faro publicamos la fotografía de esa reunión y el audio de “Renuente” planificando un atentado en su contra. ¿Le dieron alguna explicación a usted o no lo consideraron necesario? Cuando Marroquín y Durán dijeron en tono socarrón que estaban en esa reunión comiendo palitroques, ¿a usted le resultó graciosa la broma? ¿Cuándo escuchó a Marroquín hablar con los pandilleros no tuvo usted siquiera el prurito, el más ligero cosquilleo de duda, sobre si estaba usted asociado con la gente correcta, según las convicciones que dice tener?
Al vicepresidente Félix Ulloa, que es el único representante del Gobierno que se ha dignado referirse al pacto con las pandillas: ¿A parte de solicitar que se actúe en contra mía por haber revelado las conversaciones de Marroquín con las pandillas, ha pedido usted que se actúe contra alguien más? ¿Ha hecho usted al presidente alguna de las preguntas que planteo aquí?
Al fiscal general Rodolfo Delgado: ¿Cómo se ha imaginado usted salir bien librado cuando todas estas preguntas estén respondidas? Porque –ahí viene la promesa que menciono en el titular– el periodismo libre no dejará de hacerse esas y otras preguntas hasta responderlas, yo no dejaré de hacerme esas y otras preguntas hasta responderlas. Lo prometo.
*Carlos Martínez es periodista de El Faro y ha estado involucrado en todas las publicaciones que han demostrado pactos entre Gobiernos, partidos políticos y pandillas desde 2012.
