Un informe conjunto de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal concluye que El Salvador se encuentra actualmente bajo violaciones masivas a derechos humanos debido al Régimen de Excepción. Según Juan Pappier, director asociado en funciones de HRW, la existencia de violaciones masivas a derechos humanos es uno de los principales hallazgos de una investigación en la que realizaron 1,200 entrevistas a víctimas de abusos, familiares de personas detenidas y a expertos forenses. El estudio, publicado este miércoles 7 de diciembre, documenta detenciones de personas que no tienen ninguna relación con pandillas y una política de arrestos con el fin de cumplir cuotas.
El documento titulado 'Podemos detener a quienes queramos' también incluye un llamado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que suspenda los préstamos que existen con entidades de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele y que están directamente involucradas en violaciones de derechos humanos bajo el Régimen de Excepción.
De acuerdo con Pappier, ni la Policía Nacional Civil (PNC), ni el Ministerio de Defensa, ni la Dirección General de Centros Penales (DGCP), ni la Fiscalía General de la República (FGR) deberían obtener fondos cuando existen “violaciones masivas a derechos humanos”. “Lo mínimo que podría hacer el Banco es suspender estos préstamos y establecer condiciones claras de derechos humanos que limiten estos préstamos siempre que no hayan mejoras en el país. No tiene sentido estar dándole dinero para financiar cárceles cuando hay una política del Gobierno de hacinar las cárceles adrede y de someter a los detenidos a malos tratos y torturas”, dice a El Faro.
Algunos de estos préstamos, según Pappier, se estarían reformulando, como los fondos destinados al Plan Control Territorial, una medida de la que no existe información alguna y que recientemente fue anunciada en su fase 5, con un cerco militar en Soyapango. Uno de los préstamos, que sobrepasa los $100 millones, es el que sirvió de excusa a Bukele para irrumpir con el ejército en el Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Este préstamo contempla más presencia militar en espacios donde debería de ser destinados para Policía Nacional Civil.
El llamado de Pappier también incluye a la comunidad internacional. “Todos deben condicionar su financiamiento. No deben haber préstamos a las entidades involucradas en violaciones de derechos humanos”, dice.
El inicio de una “política de cuotas”
Tanto para HRW y Cristosal el Régimen de Excepción no solo es insostenible, “sino que puede generar nuevos tipos de violencia”. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, explicó que las detenciones realizadas están afectando a ciudadanos “que están tratando de salir adelante”. Goebertus insistió en que han logrado documentar cientos de casos donde las personas no tienen ninguna relación con pandillas, sin embargo, su detención se debe a que existe una política de arrestar con el objetivo de llegar a una cifra.“Lo que estamos documentando en El Salvador es el inicio de una política de cuotas”, dice. Según HRW, esta medida ha sido temporalmente suspendida desde septiembre, pero no descartan que vuelva a darse una orden de este tipo.
La información documentada por las organizaciones refleja que han existido detenciones sin evidencia que compruebe que una persona tiene vínculos con pandillas, además de casos de desaparición forzada de hasta seis meses en los que una persona no sabe dónde se encuentra detenido su pariente, como casos concretos de tortura dentro de centros penales. A esto suma el abuso sistemático por parte de fuerzas de seguridad como la violación al debido proceso al restringir acceso a abogados de confianza.
Las organizaciones expusieron que el Régimen ha generado un colapso en el sistema judicial y una “desprotección absoluta” de las personas que han sido detenidas. Solo respecto a desapariciones, las organizaciones dijeron que han logrado documentar 106 casos. Agregaron que van 90 muertes ocurridas bajo custodia desde marzo. En agosto, el Estado salvadoreño admitió ante las Naciones Unidas que estas muertes se encuentran bajo investigación.
HRW y Cristosal comenzaron a trabajar en este informe desde marzo pasado, cuando la Asamblea Legislativa aprobó un Régimen de Excepción luego de un fin de semana con más de 90 asesinatos producto del rompimiento de negociaciones entre la MS-13 y el Gobierno de Bukele. Las entrevistas, realizadas hasta noviembre, evidenciaron un alto nivel de abuso contra jóvenes, en su mayoría hombres, que viven en comunidades pobres, explicó Pappier. Entre estos casos documentados, agregó, hay cerca de 1,000 jóvenes que tienen entre los 12 y 17 años.
Las denuncias que ambas organizaciones han hecho sobre violaciones de derechos humanos en el régimen de excepción han llevado a que el mismo presidente se ensañe contra ella y les acuse de defender a las pandillas. “Homeboys Rights Watch”, escribió Bukele en Twitter el 1 de abril de 2022 -un juego de palabras para referirse a Human Rights Watch-, a la vez que compartía un tuit de Juan Pappier en el que denunciaba intimidaciones contra jueces en caso de no favorecer las medidas del Gobierno.
Para elaborar el informe, la organizaciones dijeron haber solicitado información sobre personas detenidas a la Policía, Fuerza Armada, Fiscalía, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y la Dirección General de Centros Penales. Todas las instituciones, sin embargo, declararon bajo reserva o inexistente la información. “Es una opacidad absoluta”, dijo Pappier a El Faro. También solicitaron una reunión con el presidente Bukele para presentarle el informe. Hasta este miércoles, seguían esperando una respuesta.
