Una investigación periodística publicada este domingo 15 de septiembre revela audios grabados por Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, en reuniones con funcionarios de esa administración. En uno de los audios, que según la investigación fue grabado en agosto de 2020, se escucha un acuerdo entre Muyshondt y el entonces secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro. El acuerdo es montar una operación de espionaje contra periodistas y medios de comunicación, así como también políticos opositores. Entre los medios que mencionan, están El Faro, Revista Factum, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. En un momento de la conversación, como un reconocimiento de que este tipo de operaciones ocurrirían al margen de los procedimientos de ley, Muyshondt explica a Castro que tiene toda la información a resguardo para que la Fiscalía no encuentre nada en caso de una redada a sus oficinas.
La publicación, firmada por el periodista Héctor Silva Ávalos y disponible en el medio Prensa Comunitaria de Guatemala, menciona que tuvo acceso a ocho horas de grabación de Muyshondt y distintos funcionarios, aunque en la nota solo se detallan partes de dos conversaciones entre el exasesor y Castro. Las reuniones tuvieron lugar con una semana de diferencia en agosto de 2020, según la nota.
Castro es, desde el 1 de mayo de 2021, presidente de la Asamblea Legislativa donde el partido Nuevas Ideas, el partido de Bukele, tiene mayoría absoluta. Sus reuniones con Muyshondt ocurrieron cuando trabajaba en Casa Presidencial, antes siquiera de ser candidato a diputado, cuando era el responsable, entre otras cosas, de supervisar y administrar los gastos reservados de la Presidencia, los fondos públicos que cada Gobierno gasta bajo su entera discreción sin rendición de cuentas. Muyshondt, de 47 años, mostró simpatías por Bukele desde que este era alcalde de San Salvador y fue nombrado como asesor de seguridad desde junio de 2019. Cobró notoriedad en 2013 cuando intentó capturar sin éxito a unos ladrones de celulares en Centro Histórico, armado con un AK-47, una pistola 9 milímetros, una máscara de paintball y una cámara GoPro. Para ese momento, además, lanzaba en redes sociales críticas mordaces contra funcionarios de Arena y el FMLN. En agosto de 2023, cuando fue capturado por la Policía, el presidente Bukele lo acusó de filtrar información confidencial al expresidente Mauricio Funes.
Para determinar la autenticidad de los audios, según la publicación, se contrastaron las voces que ahí aparecen con la voz de funcionarios en intervenciones públicas y se hicieron corroboraciones con al menos diez personas que conocían a los involucrados. También, según el artículo, se cruzaron los audios con mensajes de chat que Muyshondt tuvo con algunos de sus allegados y que también obtuvo el periodista Silva. La nota menciona que se buscaron reacciones de las personas involucradas, pero no hubo respuesta.
En uno de los audios, de casi una hora de duración y al que El Faro tuvo acceso, Castro y Muyshondt hablan de una operación de espionaje contra periodistas y políticos y discuten la necesidad de tecnología de seguridad.
En otra de las reuniones, Muyshondt y el ahora presidente de la Asamblea hablan de la corrupción en Centros Penales, donde estaba involucrado el director de la institución y viceministro de Seguridad, Osiris Luna. Según la publicación, Muyshondt se refiere al robo de dinero de las tiendas penitenciarias que supuestamente ocurrió a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio). “En Asocambio hay un gran desvergue (desorden), tigre. Hueveyo de a galán (robo descontrolado), y en la Fiscalía están armando un expediente de esa mierda. La mamá de Osiris (Luna) empezó a ensamblar ciertos grupos de proveedores y siempre hay una comisión (de dinero) de por medio”. Muyshondt luego menciona que el tema puede provocar una disminución en las simpatías electorales de cara a las elecciones de 2021.
Luego el asesor señala que está preocupado por la relación de Bukele con el exdiputado Guillermo Gallegos, por el ruido que ocasionaba ante el Gobierno de Estados Unidos, debido a sus señalamientos por corrupción.
Una de las conversaciones que tuvo lugar en agosto de 2020 y donde discuten la operación de espionaje empieza con Muyshondt pidiendo a Castro solo entenderse directamente con él o con el presidente Bukele. Luego pide permiso para hacer pasar a la sala a dos de sus colaboradores. Entra una mujer a quien presenta como “Iris” y un hombre a quien Muyshondt presenta como “ingeniero en sistemas” y luego él mismo se presenta como Raúl Torres.
Para introducir mejor a Raúl, Muyshondt dice a Castro que “cuando Factum nos empezó a volar verga, Raúl nos echó la mano y fue que tumbamos a Factum por casi tres semanas. No podían hacer nada. Se mudaron de servidor a servidor a servidor y les ocasionamos aproximadamente como entre 10,000 y 15,000 bolas (dólares) de daños, menos la publicidad que reciben”.
Para agosto de 2020, Raúl Torres, según la revista Factum, era empleado de Casa Presidencial, donde fungía como asesor informático. El ataque a Factum al que se refieren ocurrió en octubre de 2019 y estuvo motivado por la publicación de un artículo en el que revelaban que Bukele y su círculo cercano habían recibido 1.9 millones de dólares de Alba Petróleos, una empresa investigada por lavado de dinero.
En la reunión, Muyshondt describe las posibilidades que tienen: “Lo hicimos con poco recurso, pero lo mismo se puede hacer con El Faro, con quien putas sea. Periódicos grandes como Elsalvador.com (El Diario de Hoy) o La Prensa Gráfica requieren más recursos”, explica el exasesor presidencial.
Luego de hablar sobre posibilidades de phishing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para robar información de terceros, Muyshondt hace un énfasis a Castro sobre su forma de operar y el temor a una redada: “En la oficina, toda la información está en la nube, por si cae la FGR (Fiscalía General de la República, toda la información se va a la mierda… Se llevarían computadoras sin nada”. Muyshondt habla de esta operación de eliminar información como “protocolo Hiroshima”, en alusión a una de las ciudades donde estalló una de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial.
En 2020, la Fiscalía todavía no estaba controlada por Bukele, y el entonces fiscal general Raúl Melara aún tenía activo el Grupo Antimafia, que investigaba al Gobierno por pactos con pandillas y actos de corrupción. En su primera sesión legislativa tras ganar las elecciones, los diputados controlados por Bukele destituyeron al fiscal Melara en mayo de 2021 y nombraron al actual fiscal, Rodolfo Delgado, que ha demostrado lealtad al presidente. Los fiscales del Grupo Antimafia están en el exilio después de que el nuevo fiscal Delgado abriera una investigación contra ese equipo.
“Si querés, presentale el proyecto. Jalate esa silla, si querés”, dice Muyshondt a Raúl Torres.
Durante algunos minutos, y evidentemente manipulando aparatos, Torres explica a Castro cómo intervenir con phishing y cómo hacer que “la víctima” pinche un enlace: “podemos fingir que somos Gmail, que somos Hotmail… Se le llaman campañas de ataque, es el término correcto”.
Luego Torres describe algunos de “los objetivos” del proyecto que proponen a Castro: “cortar ataques”. “¿Qué tipo de ataques?”, pregunta Castro. “El gran problema que tienen ahorita es que se filtran los documentos”, responde Torres.
Durante la pandemia de 2020 y sus efectos en 2021, el periodismo salvadoreño reveló decenas de casos de corrupción del Gobierno de Bukele. En algunos casos, esas investigaciones partían de documentos filtrados desde dentro de las instituciones públicas.
“Saber cuándo se está armando, por ejemplo, un reportaje. No lo sacan en un mes, es un periodo de dos o tres meses de investigación. Poder ver cómo va esa investigación”, continúa Torres describiendo lo que él considera “ataques”, en una clara referencia a intervenir procesos periodísticos mientras están en curso.
Es entonces cuando Castro replica: “Nos vale verga hackear a El Diario de Hoy. Nosotros lo que queremos es intervenir a Beltrán Luna, que es completamente diferente, o a un periodista que esté así… Sí, bajar El Faro, pero esas son como picardías: jodamos a estos y los tenemos como una semana, yo que sé… Lo interesante es intervenir a Carlos Dada, a esos como para ver qué…”.
Luna es un reportero de investigación de El Diario de Hoy que ha publicado varios casos de corrupción del actual Gobierno. Dada es fundador y actual director de El Faro.
“Eso está fácil. Intervenir periodistas está fácil. De ahí, mediante phishing, le podemos tirar a todos los diputados y ver cuáles caen en eso”, responde Muyshondt. Torres interviene y dice que este tipo de ataques los pueden lanzar no solo en redes sociales sino también al correo legislativo de los diputados de interés. “¿Y al WhatsApp?”, pregunta Castro. “También se puede”, responde Muyshondt.
Cuando ocurrió esa conversación, en agosto de 2020, varios periodistas, activistas y políticos tenían dos meses de haber comenzado a ser intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group. En el caso de El Faro, y gracias a un proceso liderado por organizaciones internacionales especialistas en detectar las intervenciones, se pudo determinar que 22 de sus miembros estuvieron bajo vigilancia de Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021. En total, ocurrieron 226 eventos de intervención que afectaron a todas las áreas del periódico, principalmente la redacción, pero también administración y ventas. Entre esos meses, Dada tuvo 12 intervenciones que sumaron un tiempo de espionaje de alrededor de 167 días.
Finalmente, tras discutir esas posibilidades, Castro da el aval: “Hagámoslo, pues. Veamos ya los detalles de eso”. Muyshondt explica a Castro que hasta ese día la iniciativa había sido bautizada como “proyecto X”, pero pide que en adelante se le conozca como “C815”.
Luego de eso, durante casi media hora, hablan sobre fondos para la “caja chica” de la oficina de Muyshondt. Bromean sobre que los equipos de espionaje estadounidenses estén escuchando esa conversación que están teniendo y hablan sobre una donación que Muyshondt dice haber conseguido para dar chalecos, una repetidora y radios a la Sección Táctica Operativa de la Policía. Muyshondt dice que la “donación” equivale a unos $60,000.
-Puta, que nos den un poquito de publicidad- suplica Muyshondt
-¿Y vos para qué putas querés publicidad? Es como si Peter (Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado) esté pidiendo publicidad -responde Castro.
-Como yo no tengo publicidad, la gente piensa que soy una maceta, cabrón -replica Muyshondt.
Finalmente, Castro le repite que no es conveniente.
Tras esa pequeña discusión, Castro reitera a Muyshondt lo que realmente le interesa:
-En lo personal, es porque al hacer esto podemos tener… cosas que el hombre necesita: ataques anticipados e información. A nosotros sí nos interesa saber si Rodolfo Parker, estoy inventando, obviamente, es culero (gay)… O si el amante… Si Rodolfo está chingando: ¿qué ondas, cómo hacemos?
Parker fue diputado y líder del Partido Demócrata Cristiano durante varios periodos. Durante sus últimos años como funcionario se mostró crítico al Gobierno de Bukele. Actualmente, el diputado propietario y su suplente del PDC son fieles a Bukele.
Muyshondt interrumpe y se da por enterado de las intenciones del entonces secretario privado de Bukele sobre qué hacer con la información sensible sobre las personas de interés.
-Se llama extorsión blanda, como: sería una lástima que llegara al internet, tranquilízate, cabrón.
-Exactamente -responde Castro.
Antes de cerrar la conversación, Muyshondt pregunta si el proyecto servirá para “contrainteligencia”, para ver si alguien dentro del Gobierno está siendo desleal. “Por supuesto”, responde Castro. “El target (objetivo) me lo pasan ustedes”, cierra Muyshondt, que moriría en una cárcel de esta administración en febrero de 2024, tres años y seis meses después de haber tenido esa conversación con Castro.
La nota de Silva también refleja que Muyshondt temía por su vida, pues así se lo hizo saber a través de mensajes de texto a sus colaboradores.
Gallegos y torturas
El artículo también menciona que Guillermo Gallegos, exdiputado de Gana, estaba siendo investigado por autoridades estadounidenses desde 2014. Gallegos es un exfiscal que en 2000 se convirtió en diputado del partido derechista Arena. En 2009, junto con otros exmilitantes y diputados de ese partido, fundó la Gran Alianza de la Unidad Nacional (GANA), que a partir de entonces se convirtió en un partido minoritario que ayudaba a los gobiernos de turno a obtener mayoría en la Asamblea. En 2019, GANA fue el partido que usó Bukele para competir por la Presidencia, debido a que Nuevas Ideas, el partido del bukelismo, estaba lejos de formalizarse.
Bukele y Gallegos parecen buenos amigos, y eso es lo que Muyshondt le dice a Castro que le preocupa. El secretario privado intenta minimizar la amistad. “Hay un caso que se está llevando en (Nueva York) donde Gallegos está muy metido… A mí Gallegos me pela (no me importa) … la cosa es que la que está encargada de la inteligencia aquí de los Estados Unidos está cuestionando el porqué de la amistad de N con Gallegos. Pregunta que por qué, si lo ha hecho socio o lo está encubriendo”, dice la nota.
Gallegos ha sido un personaje cuestionado por los viáticos que cobraba en la Asamblea sin justificación, por los parientes que tenía contratados en la institución, y por la investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que encontró un injustificado incremento patrimonial y que luego fue archivada.
El artículo de Silva también señala que Muyshondt fue una probable víctima de tortura a manos de un oficial de la Policía Nacional Civil. “Los agentes se llevaron a Muyshondt a una delegación policial cerca del Estadio Flor Blanca, en el sur de la ciudad capital. Lo trasladaron, de ahí, a la División de Fronteras. Hasta ahí llegó a visitarlo el subinspector de la PNC Roberto Hernández Herrera, alias Chirriplín, un hombre perfilado en la misma policía como espía y torturador”, dice la nota.
La tortura en cárceles ha sido documentada con testimonios y peritajes en diversos informes sobre violaciones a derechos humanos publicados de 2022 a la fecha. A la fecha, casi 300 muertes han sido reportadas por organizaciones de la sociedad civil. Algunos testimonios también llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),con sede en Washington, que hace unas semanas publicó un informe sobre los abusos cometidos por el Estado durante el régimen de excepción, entre ellos, las denuncias de tortura.
