El exdiputado Raúl Mijango, principal mediador en la tregua entre pandillas promovida por el gobierno de Mauricio Funes en 2012, está acusado junto a otras 20 personas de haber cometido delitos en el marco de aquel proceso que permitió reducir los homicidios a menos de la mitad. En su más reciente comunicado las pandillas advierten a soldados y policías que, tal como ha ocurrido con los operadores de la tregua, en eventuales procesos por graves abusos cometidos ahora por militares y agentes policiales, la justicia no llegará a tocar a los superiores.