El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2022, El Faro Fri, 12 Aug 2022 12:26:32 +0100 El Faro Una familia que no debe nada huye del Régimen de Excepción http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037779.JPG http://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26296/Una-familia-que-no-debe-nada-huye-del-Régimen-de-Excepción.htm Desde que El Salvador entró en Régimen de Excepción, una madre, su hija e hijo van de casa en casa, de un hotel a otro, porque tienen miedo de terminar en la cárcel. Se esconden de un sistema de justicia que en 2017 les acusó de organizaciones terroristas y que, aunque les absolvió, les obligó a renunciar a sus vidas y a escapar de la misma manera que lo hacen hoy. Temen, pero no deben nada. Pese a que ya demostraron su inocencia, y pese a que esa antigua acusación les dejó traumas documentados por Medicina Legal, el mismo sistema les vuelve a perseguir. Lorena amaneció con un dedo de la mano derecha despellejado tras morderse las uñas toda la noche. Descargó en él la ansiedad que acumula ahora que huye de la Policía, mientras se desplaza de un lugar a otro por el miedo a ser detenida. Es sábado 25 de mayo de 2022, el día número 61 de una huida que emprendió con su familia el 31 de marzo, cuatro días después de que El Salvador entrara en un Régimen de Excepción que ya ha sido prorrogado cuatro veces. “Jamás pensé en volver a repetir lo mismo que hace cinco años”, dice con un llanto incontenible esta joven veinteañera desde un cuarto de hotel. En 2017, también huyó con su familia luego de que les acusaron de organizaciones terroristas, un delito del que fueron declarados inocentes. 

Norma, su madre, una mujer de poco más de 50 años, está a su lado. Es incapaz de interrumpir el sollozo de Lorena porque sabe que solo así maneja el trauma que arrastra al sentirse perseguida. En una esquina del cuarto está su hijo, Gustavo, un par de años mayor que Lorena. Él observa a ambas en silencio mientras se refugia en su celular, en la última fotografía que tomó a su bebé días antes de huir. Tampoco sabe qué hacer para calmar el dolor de su hermana cuando cuenta esta historia, una historia que por temor piden que no se publique con sus nombres reales.

Lorena apoya su mano sobre la toalla del baño que los tres integrantes comparten en uno de los cuartos donde se refugian de no ser detenidos por el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Lorena apoya su mano sobre la toalla del baño que los tres integrantes comparten en uno de los cuartos donde se refugian de no ser detenidos por el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Mientras hablamos, Lorena saca de una bolsa plástica los más de 250 folios del expediente que da validez a su testimonio. Lo pone sobre la cama y comienza a compartirme hoja por hoja. Describe a detalle lo ocurrido a la vez que lee cada pieza del expediente. No hay indicio alguno de falsedad en sus palabras. No hay manera de desvirtuar lo que dicen cuando tengo en mis manos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), peritajes psicológicos y psiquiátricos del Instituto de Medicina Legal (IML), la sentencia del juzgado que les declaró inocentes, recetas médicas donde se lee que están medicados con antidepresivos y muchos otros más que por su seguridad omitiremos, como también se hará con otros detalles de sus relatos. Los documentos describen que son una familia que fue acusada de organizaciones terroristas en el pasado y cuyo proceso penal culminó cuando un juez declaró el sobreseimiento definitivo porque nunca hubo pruebas que les incriminaran. Ese juez les declaró inocentes y eso quedó plasmado en papel. Pero aún así, han tomado la decisión de huir de nuevo. 

¿Por qué huir cuando no se debe nada?, se preguntarán muchos. “El que nada debe nada teme”, escribió en Twitter el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, el 14 de abril de 2022. Esta familia ya fue juzgada y absuelta, pero aún así teme y por eso se desplaza, porque teme que, bajo el Régimen de Excepción, su absolución no sea suficiente para demostrar ante un juzgado que no deben nada.  

 

***

 

Norma, Lorena y Gustavo tuvieron que huir cuando comenzó el Régimen de Excepción. Lo hicieron porque escucharon que en la zona rural donde viven empezaron a detener a todo aquel que hubiese tenido un proceso penal. “Ustedes son los siguientes”, les amenazaron unos policías. A los minutos, huyeron. Salieron solo con $5 en la bolsa, sin ropa y sin un lugar seguro donde llegar.  

“Yo le decía a mi mamá: ‘¡vámonos, vámonos! Nos van a involucrar en algo’”, recuerda Lorena sobre el punto de quiebre que vivieron: o decidían quedarse y correr riesgos o huir. Es un hecho que cientos de capturados están en prisión por tener una ficha policial. El tiempo demostraría que no era descabellado el temor de Lorena. 

Norma y Lorena permanecen en el patio, cerca de la habitación en la que ambas se refugian para no ser capturadas durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Norma y Lorena permanecen en el patio, cerca de la habitación en la que ambas se refugian para no ser capturadas durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Su temor parte de que en el Régimen de Excepción no existen garantías para nadie: si una persona es detenida, con suerte saldrá libre en los seis primeros meses que dura la fase de instrucción. Incluso Amnistía Internacional insistió en su más reciente informe en que se está frente a un procesamiento penal “sin las debidas garantías judiciales” y ninguna de las miles de detenciones que han ocurrido sería posible “si las instancias de justicia cumplieran su mandato”. Los llamados han sido enviados al Gobierno de Nayib Bukele en reiteradas ocasiones por el organismo internacional. Ante la falta de respuesta en el sistema de justicia, donde un tercio de los jueces fueron removidos por la Asamblea Legislativa para imponer otros cercanos al bukelismo, la gente recurre con habeas corpus a la Sala de lo Constitucional, que ya acumula 1,090 denuncias. Ninguna ha sido admitida hasta ahora por la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados también fueron impuestos por el bukelismo. Por eso pocos se atreven a contradecir y quien lo haga puede ser removido de su cargo, como ocurrió con el juez especializado Godofredo Salazar, que fue trasladado a un juzgado de primera instancia de Ilobasco, Cabañas, porque al presidente, según tuiteó, no le pareció una resolución que el juez emitió en el pasado. La independencia de poderes en El Salvador es ahora mismo una construcción vacía.

“Dos de esos (habitantes del pueblo que como ellos fueron sobreseídos tiempo atrás) están presos ahora, los detuvieron con el Régimen”, dice Norma. “¿Y qué nos garantiza a nosotros que vamos a poder demostrar nuestra inocencia?”, cuestiona. Norma aprendió de leyes. Nunca las estudió en la universidad, porque no tuvo dinero para ello, pero los dos años de proceso que vivió tiempo atrás —por el que hipotecaron el único patrimonio que tienen, su casa, para pagar defensa con un préstamo de $7,000 que sigue vigente— le dio suficiente criterio para tomar decisiones como la actual.  

Lo que Norma sostiene no dista de lo denunciado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y organizaciones sociales: no hay manera de garantizar una efectiva defensa y menos de demostrar inocencia durante el Régimen de Excepción. Ante esto, funcionarios como el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, han respondido con desidia, minimizando las capturas arbitrarias: “Aquel que no es, no se preocupe, esa persona va a salir (de prisión)”. Primero capturar, luego investigar, parece ser la lógica en ocasiones. En una entrevista televisiva del 26 de julio, Luna dijo que capturan “de manera técnica” y usando bases de “grupos de inteligencia” tanto de la Policía como de Centros Penales. Con eso perfilan las detenciones. Sin embargo, las denuncias de detenciones arbitrarias —y algunas catalogadas como ilegales por organizaciones— son el pan de cada día en El Salvador. Esto provocó que el pasado 19 de julio una multitud de familiares de personas detenidas salieran a las calles con mensajes como “cambio mi libertad por la de mi hijo con problemas mentales”, “mi papá es el sostén de la casa, no tenemos qué comer”. La primera protesta masiva de este tipo. Esa escena de familiares desesperados por demostrar la inocencia de sus detenidos se repitió el martes 26 de julio frente a uno de los portones de la Asamblea Legislativa. Ese es El Salvador bajo Régimen de Excepción, que hasta ese día registró 47,789 “terroristas capturados”. De nuevo, una marcha más recorrió parte de la capital el 9 de agosto. 

El llanto de Lorena cesa de a poco, queda ahí, retenido, trémulo. Sus ojos, tristes y chiquitos, cada vez están más enrojecidos por el desvelo. “Yo ya lo he vivido y lo estoy viviendo de nuevo, y no quiero llegar a ningún lugar injustamente”, repite una y otra vez desde su habitación. Ese lugar del que habla es la cárcel, donde ya estuvo hasta que un juez le concedió medidas sustitutivas previas al sobreseimiento definitivo. De esto hablamos una y otra vez con Lorena, Norma y Gustavo, de lo que nunca pensaron que volverían a repetir. Esta familia me permitió acompañarles durante su desplazamiento en dos de los lugares donde se ocultaron durante mes y medio previo a entrar en un esquema de seguridad que hoy por hoy me impide contactarles.  

Norma: el anhelo de una vida que no fue

Cada vez que llego al hotel, Norma se echa a dormir. A veces son cinco minutos, a veces diez o media hora. “Perdone que me duerma, pero cuando usted está aquí, me siento segura”, me dice desde su cama. Es la cuarta vez que les visito y siempre ocurre. Siempre. Se lanza la cobija encima y nos olvidamos de que ella está ahí.

Este hotel es el cuarto lugar en el que se refugian. Pasan sus días metidos en una habitación pequeña, de tres camas, con una ventana grande y luminosa con la que logran ubicarse en el tiempo y saber si el sol se ha ocultado, si llueve o no. Tienen acceso a un baño que les sirve de tendedero de unas cuantas prendas. No lavan ropa, porque no hay manera de hacerlo. Lo que visten ha estado sin lavarse desde que salieron, por eso tratan de no ensuciarse. Por la pieza pagan unos $30 por persona, con posibilidad de tener algunos tiempos de comida. Sienten que esa comida les cae pesada y les provoca indigestión. 

Pagan la habitación gracias a amigos que se han hecho cargo de apoyarles, que les hacen llegar el dinero para que sigan en huida. Si no fuera por ello, no tendrían cómo hacerlo. Siempre han tenido poco, pero ahora tienen mucho menos. Si pierden la casa, lo perderían todo. El préstamo que utilizaron para pagar el proceso penal de hace unos años los dejó con una deuda que crece. Ahora no tienen para abonar a ella. “Ya con perderla, nos estarían arruinando la vida por completo”, dice Norma.

Norma no trabaja desde 2017. El proceso judicial en su contra la dejó a ella, una mujer de más de 50 años, sin posibilidades de encontrar un trabajo. Cuando habla, recuerda con añoro la época en la que trabajaba en un lugar donde ganaba $500 mensuales, suficiente dinero para dar una vida digna a Lorena y Gustavo. Tenía acceso a seguro social y un trabajo que le gustaba. Pero a su edad nunca más volvió a conseguir algo que se asemejara y menos cuando tenía un proceso penal encima. En esa búsqueda estaba cuando llegó el Régimen de Excepción y nuevamente tuvo que olvidarse de trabajar. 

“Si me hubiera ido a Estados Unidos, otra quizá sería la historia”, dice Norma sobre una oportunidad que cree que desaprovechó. “No estaríamos en esto”, lamenta. 

Esta ha sido su historia: pedir ayuda a cercanos para que les colaboren con los costos que implica vivir como desplazados dentro de su país. Cuando huyeron en marzo, solo tenían dinero para tomar un bus. Así llegaron a casa de un amigo. Estuvieron ahí sin ropa, porque hasta entonces no habían logrado que de su pueblo les mandaran un par de prendas. Mientras tanto, el amigo les prestaba lo que tenía a mano. 

A mediados de abril, las noticias que vieron por televisión destacaron que en el Régimen de Excepción serían detenidas todas aquellas personas que estuvieran “ayudando a criminales”. El miedo penetró en el amigo, no porque dudara de ellos, sino por el riesgo de estar en una zona populosa al norte de San Salvador donde las posibilidades de un operativo eran altas. El amigo les pidió que se fueran. Al día siguiente, la familia huyó de nuevo. 

Comenzaron a moverse de hotel en hotel. Pasaron por uno, luego otro y llegaron a un tercero, que es este donde nos encontramos hoy, uno modesto, de pocas habitaciones, donde al menos sienten que las probabilidades de que llegue la Policía a buscarles se reducen. Pero aún así, viven inseguros. Por eso Norma no duerme, por eso ella actúa como un sereno, como quien vela para que la gente a su alrededor esté segura. 

Una noche de estas noches Norma no durmió nada. Una fiesta en el hotel la mantuvo alerta y no por las cumbias que sonaban al fondo. Al lado de la ventana, dos personas peleaban a gritos. Norma se asomó, pero solo escuchó acercarse la voz del vigilante del hotel. “¡Voy a llamar a la Policía!”, fue todo lo que entendió. Norma levantó a Lorena y Gustavo. “Si viene la Policía, nos vamos”, les dijo. Arreglaron cada uno su mochila por si había que huir de nuevo.  

Esta es la segunda vez que esta familia huye por miedo a una detención. Lo mismo ocurrió en 2017 cuando fueron procesados por organizaciones terroristas, un delito del que demostraron su inocencia. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Esta es la segunda vez que esta familia huye por miedo a una detención. Lo mismo ocurrió en 2017 cuando fueron procesados por organizaciones terroristas, un delito del que demostraron su inocencia. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Cristosal, organización de derechos humanos que desde mucho antes del Régimen de Excepción se dedicaba a recibir denuncias por desplazamiento forzado, ha registrado casos de víctimas que están en la misma situación que esta familia. Según la organización, entre el 26 de marzo y el 15 de junio de 2022, 85 personas han tenido que desplazarse debido al Régimen de Excepción, por miedo a una detención arbitraria o porque las amenazas y amedrentamiento de pandillas persisten y se suman al de agentes del Estado, policías o miembros del Ejército. “Lamentablemente, hemos visto que el Régimen de Excepción ha sido instrumentalizado por algunos grupos específicos para desplazar a personas”, opina Rina Monti, directora de investigación de Cristosal. 

Respecto a las pandillas, agrega la especialista en desplazamiento forzado, han detectado casos que tienen que ver con familias amenazadas por no haber permitido que pandilleros se ocultaran de la Policía. Si alguno de estos fue capturado, tiempo después no faltaron las amenazas exigiendo la casa o anunciando asesinatos por “traición”. Otros casos se deben a que los arrendatarios han pedido las casas ante la captura de un miembro de la familia —aunque esto haya ocurrido sin pruebas—. “Hay familias que tienen que vivir con el prejuicio de que son pandilleros”. Esas familias, según Monti, “tienen que irse”. No tienen opción. 

Gustavo: la familia que se rompió

Encerrado en el cuarto de hotel del que no sale a menos de que sea para buscar comida o medicamento, Gustavo celebra el cumpleaños de su bebé sin estar a su lado. Hace una videollamada con su familia, a la que tiene 90 días sin ver en persona. Es una mañana de junio. “Todo pasará en algún momento”, dice a su esposa. Sonríe, es difícil creer que el gesto refleje su estado de ánimo. Gustavo habla poco. Si algo debe aprender a diario es a lidiar con la distancia de no poder estar con su bebé. Gustavo cuelga la videollamada. “¿Y usted cree que van a seguir prorrogando el Régimen?”, me pregunta. Mi respuesta no ayuda a calmar su angustia. 

Vuelvo a leer los más de 250 folios de su proceso judicial, del que fueron absueltos, y reafirmo que la familia fue acusada y capturada sin que hubiese prueba de su vinculación con estructuras pandilleras. No dudan de que todo lo que viven es causa de un caso que policías construyeron por antiguas rencillas, una venganza de parte de ciertos agentes, de la que es imposible contar detalles en este texto sin exponerles más de lo que ya están. En Régimen de Excepción también es necesario esconder algunas palabras a la hora de hablar de casos como este.

El desplazamiento forzado interno es un fenómeno que durante los últimos diez años ha aumentado de forma exponencial. Según un informe de la ACNUR publicado en 2021, antes del Régimen, en El Salvador se registraron 71,500 casos de desplazamiento forzado interno en la década. Solo entre enero y octubre de 2021, la Procuraduría General de la República (PGR) atendió a 1,170 personas desplazadas

El Faro solicitó a través de comunicaciones de la PGR una entrevista para conocer si la Unidad de Desplazamiento Interno ha recibido denuncias de personas o familias que por el Régimen de Excepción hayan tenido que abandonar sus viviendas, pero no hubo respuesta, como es habitual con cualquier institución pública en la actualidad.

El 21 de junio pasado, la Asamblea Legislativa prorrogó por tercera vez el Régimen de Excepción. Ese día encontré a Gustavo pendiente de la plenaria desde su celular. Veía con atención el argumento con el que los legisladores pretendían justificar su extensión. “El Régimen ha bajado los homicidios y la gente se siente más segura”, decían como han dicho desde que lo crearon. Pero Gustavo se clavó en una frase: “El que nada debe, nada teme”, se leía entre los comentarios que algunos usuarios dejaban durante la transmisión. “¿El que nada debe, nada teme?”, cuestionó largo rato. 

Ese día fue el primero en el que Gustavo me compartió su sentir. Fue como un vómito de dolor: “Uno no debe nada, pero vea dónde andamos, cómo estamos. Uno dejando de trabajar, dejando a la familia, todo por lo que uno ha luchado. Y yo no tengo miedo, porque uno sabe que si no es delincuente no debe temer. Yo salgo a comprar cosas y le digo a mi mamá ‘no hay que tener miedo, hay que actuar natural, porque no somos delincuentes’. ¡Pero como ellos son los que nos convierten en delincuentes!”. Tras la frase, Gustavo volvió a perderse en su celular.  Guardó silencio y no volvió a pronunciar nada más esa tarde.

A Gustavo lo acusaron de delincuente en 2017. Fue a él a quien inicialmente vincularon con pandillas. Cuando su madre intentó bloquear el amedrentamiento que Gustavo recibía de parte de policías, llegó la acusación formal por organizaciones terroristas tanto en contra de ella como de Lorena.

Gustavo afirma sin titubeos que son una familia que ha sido perseguida dos veces por un sistema. 

En el Régimen de Excepción no hay manera de garantizar un debido proceso o una defensa, y esta familia lo sabe. Lo confirman también con cada tuit de la Policía cuando se jacta de arrestar personas solo por tener antecedentes penales o tras haber cumplido una pena. “Capturamos a 2 peligrosos pandilleros que este día quedarían en libertad, luego de pagar una condena en Izalco”, escribió la Policía el 4 de junio. “Volverán a su celda, en esta ocasión por el delito de agrupaciones ilícitas, por el cual podrían pasar hasta 30 años de cárcel”, añadió en un segundo. 

¿Qué garantiza que no sean detenidos por un mismo hecho que ya fue juzgado?, una nueva pregunta que se hace esta familia. ¿Estaríamos frente a un caso de doble juzgamiento, algo que está expresamente prohibido en la Constitución? 

Si algo es un hecho es que “cuando una persona ha sido enjuiciada previamente y su situación jurídica se ha resuelto, ya sea con un sobreseimiento o una condena, y en el caso de esta última ya fue cumplida, es jurídicamente inadmisible que vuelva a enjuiciarse por los mismos hechos alegados en el juicio previo”, dice la abogada penalista Marcela Galeas. Ella ve una serie de problemas que se configuran cada vez más en el Régimen de Excepción: la opacidad, la falta de motivación en las capturas y la nula información para los criterios de detención. Esto es peligroso, recalca.

 “Se están dando casos donde capturan a las personas únicamente por tener antecedentes penales, no por una comisión delictiva individualizada y diferente al caso por el cual fueron acusados previamente. ¿Entonces qué pueden hacer? Nada”, cuestiona la abogada. Lo que Galeas plantea es justamente lo que hace a esta familia huir.

Lorena: el trauma instalado

No hay forma de que sigan pagando por el cuarto de hotel. El dinero que les donaron sus amigos se acaba. Han pasado un poco más de 100 días desde que iniciaron la huida. Lorena rastrea por internet la posibilidad de alquilar un cuarto en alguna casa: revisa anuncios en Facebook, los que le aparecen cuando busca en Google, pero no encuentra nada. Todo se sale del presupuesto. Está desesperada. “Yo necesito que estemos en un lugar seguro. No importa dormir en el suelo, donde sea, pero quiero estar segura. Ya no quiero dormir en hoteles porque es peligroso”, dice. 

En una ocasión, a través de un audio, me dejó claro que si no encontraban un lugar para moverse, estaban valorando entregarse. Entregarse sin saber por qué, pero terminar con la huida, entregarse al sinsentido. No entendí a detalle lo que me decía porque el llanto ahogaba sus palabras. “No tenemos dónde ir. Nos vamos a entregar, mejor”, alcancé a escuchar al final del mensaje. Lorena es la más afectada por todo lo que viven. Cuando habla, se quiebra con facilidad. En ella, el trauma es evidente. Está medicada en medio de esta situación que revive su pasado.

En los documentos del peritaje psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal se lee que toda la familia sufre de traumas, pero Lorena presenta un “cuadro psicológico severo”.  El examen le fue realizado durante o después del juicio al que fue sometida, y a petición de un juez. Ella “sufre de sueños angustiosos y recurrentes”. A veces sueña que van por ella, que irrumpen policías y los detienen. Las pesadillas de Lorena están repletas de policías. Una de estas noches, Lorena seguía despierta a las 4 de la madrugada. Escuchaba ruidos confusos a lo lejos, de puertas que se abrían y cerraban, gente murmurando fuera de su habitación y carros parquearse al lado de su ventana. Por un momento, pensó que era uno más de sus sueños. Cuando supo que no era así, se aferró a su madre. Lo primero que pensó es que era un operativo policial, como el de aquella noche de 2017 cuando fue detenida.

La familia mantiene sus maletas en el rincón de la pequeña habitación que comparten mientras se refugian en una vivienda. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
La familia mantiene sus maletas en el rincón de la pequeña habitación que comparten mientras se refugian en una vivienda. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

“No hemos dormido nada. Entran y salen personas del lugar donde estamos. Nos da miedo que lleguen los señores (Policías)”, me escribió en un mensaje de texto a la mañana siguiente.

Según Medicina Legal, sufre de un trauma provocado por la detención que vivió en el pasado: no solo piensa a diario que se la llevan presa, sino que también ha creado enemigos permanentes, gente que le quiere hacer daño allá donde esté. Estos papeles, que pude ver, son otra prueba de que su historia es cierta. 

En una vida paralela, Lorena estaría estudiando en la universidad, porque a eso aspira. Pero no es la vida la que se ensaña, dice ella, sino todo un sistema que les quiere hacer pagar por delitos que no han cometido. “Ellos han esperado el momento para volvernos a involucrar en algo”, dice refiriéndose a la Policía. “¡Me arruinaron mi vida! ¡Mi récord! Las personas no te vuelven a ver de la misma manera cuando te exponen como un delincuente”, dice Lorena. 

***

Norma, Lorena y Gustavo consiguieron un nuevo lugar para quedarse. A inicios de julio se movieron a una casa, el sexto lugar al que se desplazan en estos 21,000 kilómetros cuadrados que son El Salvador. El quinto fue una pieza pequeña que alquilaron por unos días. No puedo saber exactamente dónde están ahora. Por seguridad, se lo guardan. Han logrado, cada vez más, lo que buscaban: desaparecer dentro de su país, uno que se encuentra desde hace más de cuatro meses bajo Régimen de Excepción. 




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El Salvador Thu, 11 Aug 2022 17:33:49 +0100 http://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26296/Una-familia-que-no-debe-nada-huye-del-Régimen-de-Excepción.htm
Una oportunidad para no ceder ante el pánico de las nuevas pandemias http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037854.jpeg http://elfaro.net/es/202208/columnas/26315/Una-oportunidad-para-no-ceder-ante-el-pánico-de-las-nuevas-pandemias.htm Abordar las enfermedades infecciosas emergentes requiere una transformación radical de las opresiones sistémicas que siguen condicionando nuestra forma de trabajar juntos. La covid-19, la viruela del mono, el dengue… Los titulares de hoy no dejan lugar a dudas de que seguirán apareciendo nuevas enfermedades víricas que amenacen nuestra salud. Las enfermedades infecciosas están surgiendo a un ritmo nunca antes visto, como resultado de los cambios globales del último siglo que favorecen la transmisión, además de mejores adelantos tecnológicos para diagnosticar y detectar las afecciones. Los cambios socioecológicos mundiales incluyen, por su parte, la deforestación desenfrenada en regiones tropicales de gran biodiversidad, el calentamiento de las temperaturas y la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, así como el rápido movimiento global de personas y virus.

Esta situación es ideal para la aparición de enfermedades, ya que el creciente contacto entre las personas, los animales y los virus aumenta la probabilidad de que nuevos y viejos virus se transmitan de los animales a la gente y viceversa.

De este modo, el cambio climático y la deforestación (cambio del uso del suelo) están modificando la distribución geográfica de individuos, animales, virus y vectores de enfermedades, como los mosquitos. Ahora estamos asistiendo a brotes de dengue en lugares que antes eran demasiado fríos para la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos, como las zonas de altitud media de los Andes tropicales o las ciudades del Cono Sur de Sudamérica, de clima templado, como Córdoba (Argentina). A medida que las especies migran y se trasladan a nuevas ubicaciones geográficas, entran en contacto con muchas más especies.

Un estudio reciente estableció que estos desplazamientos geográficos darían lugar a más de 300 000 “primeros encuentros” entre especies de mamíferos, lo que duplicaría la tasa actual de encuentros. A medida que nuevos mamíferos entran en contacto, es más probable que los virus puedan saltar entre especies, incluidas las personas. Así, los autores determinaron que es más probable que estos nuevos encuentros se den en regiones tropicales montañosas con gran biodiversidad y alta densidad de población humana. También descubrieron que los murciélagos son una de las especies de mamíferos más críticas para la propagación de nuevas enfermedades víricas, debido a su capacidad única de volar largas distancias.

En particular, la carga actual y futura de las enfermedades víricas endémicas y emergentes no se reparte por igual entre los países ricos y los menos ricos. El llamado sur global es el más afectado por los brotes de enfermedades y carece de un acceso equitativo a las vacunas y a otras soluciones de salud pública, tal como quedó dolorosamente demostrado durante la pandemia de la covid-19. Los legados coloniales han dejado una pobreza profundamente arraigada, desigualdades sociales y una débil gobernanza, lo que ha aumentado la población de personas sumamente vulnerables. Sin embargo, las prioridades de investigación y financiación en materia de salud mundial siguen siendo impulsadas por el norte global.

Ahora los médicos, las enfermeras y los profesionales de la salud pública de primera línea se enfrentan a la respuesta a esta situación de salud pública que es cada vez más compleja. El modelo biomédico tradicional (es decir, revisar al paciente, identificar los síntomas físicos y recomendar un tratamiento médico) ya no es suficiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros entes de la salud mundial han propuesto enfoques integrados como el de “Una sola salud”, que reúne la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, y el de “Salud planetaria”, que se centra en “abordar los impactos de las alteraciones humanas en los sistemas naturales de la Tierra sobre la salud humana y toda la vida en la Tierra”.

Estos enfoques conciben la salud como el resultado de sistemas sociales y ecológicos interconectados entre sí. Sin embargo, la mayoría de las Facultades de Medicina y los programas de salud pública no preparan a su personal para dar este salto de paradigma.

Las soluciones clínicas y de salud pública a las enfermedades infecciosas emergentes deben abordarse en el contexto de unos sistemas sociales y ecológicos interconectados que cambian rápidamente. Un primer paso esencial es desarrollar la capacidad del sector sanitario para entender y responder a estos cambios. A fin de responder a esta necesidad, el Consorcio Mundial de Educación sobre el Clima y la Salud (GCCHE, por sus siglas en inglés) ha establecido una red mundial de rápido crecimiento de escuelas de profesiones, sociedades y organizaciones regionales de salud con el objetivo de “crear un sector de la salud mundial preparado para el clima, preparado para movilizar y liderar la promoción, y la respuesta de la salud en la era del cambio climático, al tiempo que restaura la salud del planeta”.

En abril de 2022, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), la Organización Panamericana de la Salud y el GCCHE se asociaron a fin de hacer un curso virtual titulado “Respondedores del clima y la salud para América Latina”. La respuesta fue abrumadoramente positiva. A lo largo de cinco semanas, más de 1.500 personas de todo el continente americano y de otros continentes participaron en sesiones en directo con expertos de Latinoamérica. Se realizaron cursos similares en Norteamérica y el Caribe, y con esto llegaron a miles de profesionales de todo el continente americano.

Este curso puso de manifiesto la gran demanda de formación en materia de clima y salud por parte de diferentes sectores, como los ministerios, el mundo académico y la sociedad civil. Algunos ministerios de Salud informaron que este curso les permitió abordar sus necesidades de formación como parte de su compromiso con el acuerdo internacional sobre el cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Para seguir apoyando este esfuerzo, en septiembre de 2022 se pondrá en marcha una comunidad de práctica regional (América). Una plataforma virtual reunirá a profesionales de la política, investigadores y sociedad civil para compartir conocimientos y mejores prácticas con el objetivo de combatir las enfermedades infecciosas emergentes y otros problemas de salud afectados por el clima y el medio ambiente.

Las asociaciones transdisciplinarias equitativas son la clave.

Fundamentalmente, el enfoque de “Una Salud” o “Salud Planetaria” requiere un cambio en la forma en la que los científicos, los profesionales de la salud y la sociedad civil trabajan juntos. Así, son esenciales las colaboraciones equitativas y las asociaciones de confianza construidas por socios apegados a un proceso de compromiso a largo plazo. Los profesionales de la salud, la sociedad civil y las partes interesadas de otros sectores clave deben identificar las prioridades y soluciones de sus comunidades. Los profesionales y científicos de diversas disciplinas pueden trabajar con estos socios con el propósito de crear conjuntamente soluciones basadas en la evidencia para sus comunidades. Este enfoque transdisciplinario es una buena práctica para desarrollar herramientas e información que puedan ser utilizadas por el sector sanitario con el objetivo de tomar decisiones (con base en la información) sobre cómo, cuándo y dónde intervenir para prevenir una epidemia.

Las soluciones incluyen la mejora de los sistemas de vigilancia para detectar amenazas de enfermedades emergentes, nuevas vacunas y terapias, innovaciones para controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos y sistemas de alerta temprana para predecir los brotes de enfermedades. Esto requiere un compromiso de financiación a largo plazo por parte de los financiadores más importantes de la salud mundial, como Wellcome Trust y la Fundación Gates, a fin de apoyar a los equipos de One Health dirigidos por investigadores del sur global.

También es necesario formar a los investigadores y profesionales que empiezan su carrera en habilidades de liderazgo colaborativo como la escucha, la facilitación, la diplomacia, la comunicación y la reflexión personal. Abordar las enfermedades infecciosas emergentes requiere una transformación radical de las opresiones sistémicas (colonialismo, racismo, sexismo, clasismo) que siguen condicionando nuestra forma de trabajar juntos y la salud de nuestras generaciones actuales y futuras.


Anna Stewart Ibarra es directora Científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Doctora en ecología de la Facultad de Ciencias Medioambientales y Forestales de SUNY (E.U.A.). Profesora adjunta en el Departamento de Medicina de la SUNY.

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Columnas Thu, 11 Aug 2022 12:16:45 +0100 http://elfaro.net/es/202208/columnas/26315/Una-oportunidad-para-no-ceder-ante-el-pánico-de-las-nuevas-pandemias.htm
Guatemala detiene a su periodista más prominente - Por Carlos Dada http://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://elfaro.net/es/202208/360grados/26322/Guatemala-detiene-a-su-periodista-más-prominente---Por-Carlos-Dada.htm 360 grados Wed, 10 Aug 2022 11:32:19 +0100 http://elfaro.net/es/202208/360grados/26322/Guatemala-detiene-a-su-periodista-más-prominente---Por-Carlos-Dada.htm ¿Son democráticas las mayorías? http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2904_1935/images%7Ccms-image-000037885.jpg http://elfaro.net/es/202208/columnas/26314/¿Son-democráticas-las-mayorías.htm No es lo mismo acceder al ejercicio del gobierno por la vía de elecciones libres y auténticas que gobernar democráticamente. La democracia no es el gobierno de las mayorías. Con frecuencia algunas personas afirman lo contrario. Sostienen que las mayorías tienen el derecho a decidir arbitrariamente sobre los asuntos públicos. Bajo esa concepción, quienes triunfan en las urnas ostentan el monopolio en la determinación de la dirección social. Por ende, bajo esa visión, las minorías carecen del legítimo derecho de participar en el destino de la comunidad de la que forman parte.

La tiranía de la mayoría, como las describió el profesor Michelangelo Bovero, es en realidad una grave desviación del modelo democrático para gobernar. No es lo mismo acceder al ejercicio del gobierno por la vía de elecciones libres y auténticas que gobernar democráticamente. El hecho de que una coalición obtenga el poder político vía elecciones democráticas, no significa que en automático su método de gobierno sea democrático también. Una cosa es cumplir con las reglas de acceso al poder y otra, muy distinta, ejercer ese poder en clave democrática. Esto significa que, de un proceso electivo auténticamente democrático, pueden emerger tiranías.

Si se asume que una coalición con la mayoría de los sufragios adquiere el legítimo derecho subjetivo de gobernar, entonces valdría preguntarnos: ¿quién o quiénes son los sujetos obligados por ese derecho subjetivo? ¿Quién o quiénes deben colmar esa pretensión o expectativa futura y justificada en una norma jurídica? ¿Corresponde al conjunto de actores políticos, principalmente de oposición a esa coalición mayoritaria?

Se podría pensar que quien obtiene el triunfo electoral tiene el derecho de determinar la dirección social y a reclamar de la oposición la conformidad con las decisiones que se tomen por quienes obtuvieron la mayoría obtenida en las urnas. Bajo esta lógica, quien o quienes perdieron la elección deben ceder el terreno a la visión del triunfador. Por lo tanto, en este modelo el rol de las mayorías es gobernar, no bajo el paradigma de los derechos fundamentales ni del estado de derecho, sino con la voluntad de las mayorías políticas. 

En una sociedad plural que ha elegido a la democracia como el régimen bajo el cual el poder político se distribuye y se ejerce, no son coherentes las visiones únicas y excluyentes de las minorías de cualquier tipo (étnicas, religiosas, por color de piel, lengua, identidad sexogenérica o, desde luego, por preferencias políticas). Las minorías y la oposición política no pueden ser invisibilizadas ni exterminadas: deben ser protegidas. ¿Quién debe protegerlas?  Deben protegerse a sí mismas, pero también deben ser garantizados sus derechos por quienes ejercen el poder político: las mayorías. Propongo, a continuación, tres ideas clave sobre el papel que las mayorías deben cumplir en régimen democrático.

Las mayorías políticas deben articular el interés público. Los gobiernos emanados de la mayoría tienen doble responsabilidad. Por un lado, gobernar atendiendo a la visión de la ciudadanía que procuró su triunfo en las urnas; al mismo tiempo, deben velar por el interés público, el cual incluye el interés y los derechos de las minorías, no sólo por mandato de derecho internacional en materia de derechos humanos, sino también por que la democracia asume que toda minoría tiene capacidad de ser mayoría en elecciones futuras. 

En su calidad de autoridades o representantes políticos, los cuerpos mayoritarios son expresión de la fuerza del Estado y, como tal, garantes y promotores del conjunto de derechos indisponibles para las mayorías, para el Estado o para el mercado; hablamos de los derechos fundamentales. En Derechos débiles, democracias frágiles, el profesor Bovero explicó que nuestra era, la moderna, está marcada por los derechos fundamentales. La Declaración Universal de 1948 puede considerarse un hito que posibilitó la expansión de las democracias en el mundo. No fue casualidad que al iniciar el nuevo milenio, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración del Milenio, estableciera que la democracia es el entorno más propicio, en los ámbitos social y político, para la salvaguarda, protección y ejercicio y protección de los derechos humanos.

Por ello es importante enfatizar que en el canon democrático el triunfo en las urnas no es un endoso para que las mayorías determinen el rumbo social en ausencia de las minorías. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una cláusula categórica: toda persona está obligada a respetar la ley y el orden público en una sociedad democrática, pues en democracia las personas, siendo todas libres e iguales, sólo pueden someterse a la autoridad de otras si participan en la elaboración de las normas constitucionales. Así, los derechos fundamentales no están a disposición del mercado, pero tampoco del Estado. Su extinción se encuentra más allá del alcance de los poderes políticos, sea cual  fuere el origen de éstos (elecciones o golpe de Estado), sea cual fuere el régimen (democracias o dictadura), o sea cual fuere la forma de gobierno (presidencial o parlamentaria). 

Las coaliciones mayoritarias deben promover la cohesión narrativa sobre la unidad nacional basada en la pluralidad. Cuando una mayoría se asume como la única identidad o ideología legítima para dirigir el rumbo de la comunidad, desconoce y atenta contra el principio de unidad nacional. Este principio reconoce en la multiculturalidad y la diversidad una fortaleza para delinear la identidad de una comunidad política. Por lo tanto, la narrativa que se apropia de la legitimidad basada en la diferencia de raza, religión, origen partidario, creencias o ideologías políticas, se aparta de la aspiración democrática. De esta forma, en realidad, desconoce los derechos fundamentales, específicamente en materia política de las minorías, al crear y difundir un discurso supremacista.

Las mayorías, vistas bajo la lente democrática, deben evitar basar sus decisiones en ideologías políticas excluyentes.  Para decirlo en términos de Sir Bernard Crick, el pensamiento ideológico es contrario al pensamiento político.

 


 

* Roberto Heycher Cardiel Soto es Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del Instituto Nacional Electoral; Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como del Comité Editorial del Instituto; y forma parte del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes seguirlo en @robertheychermx y en @ReformasLATAM

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Columnas Tue, 09 Aug 2022 16:39:45 +0100 http://elfaro.net/es/202208/columnas/26314/¿Son-democráticas-las-mayorías.htm
Las 22 capturas en El Espíritu Santo, la isla sin pandillas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037876.jpg http://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26319/Las-22-capturas-en-El-Espíritu-Santo-la-isla-sin-pandillas.htm Policías y soldados arrestaron a 22 hombres en el marco del Régimen de Excepción en una isla en la que no hay, y no ha habido, presencia de pandillas. Las autoridades se han llevado a lancheros, curileros, trabajadores agrícolas, pescadores, a un ingeniero recién graduado y a un exseleccionado nacional de fútbol playa. Una fuente policial asegura que todos los detenidos fueron denunciados por sus vecinos por ser colaboradores de la pandilla, aunque para él son "víctimas". 2008. Marsella, Francia. Mundial de Fútbol Playa. Saúl Blanco entró de cambio cuando el partido estaba empatado a uno. Apareció como un trueno, imprevisible. Aquel muchacho de 23 años era él solo un tropel. Casi sin ángulo, mientras derrapaba por la arena para librarse de la arremetida del defensa portugués, Saúl pateó un bombazo y la pelota entró en el arco luso para inflamarle la red. Gol. Gol, por dios, que se dice fácil, pero en El Salvador son contados los que han conseguido rimar gol con mundial, y Saúl era uno.

Corrió a la banda y, de rodillas, se persignó, antes de ser atropellado por sus compañeros que llegaron a festejarlo. Durante unos minutos El Salvador aventajó a Portugal 2 a 1. Era la primera vez que la Selección de playa asistía a un mundial e inauguró su participación contra uno de los equipos favoritos. Aquel gol sería el último que la Selecta anotaría en su debut. El Salvador perdería 8 a 2. Portugal quedaría en tercer lugar del torneo. Pero qué más daba, los salvadoreños estaban en un mundial de fútbol. Y como si eso fuera poco, al año siguiente aquellos chicos quedaron campeones regionales y disputaron otro mundial en Dubai. Y la leyenda de los futbolistas descalzos nació. Los hijos de las islas de la Bahía de Jiquilisco, pescadores de cordel y atarraya, le lavaban la cara al deporte que tantas vergüenzas le ha dado al país. Los salvadoreños los celebraron, les llamaron “cangrejitos”, les llamaron “héroes” y habitan, desde entonces, entre los mitos dulces, entre los pocos mitos dulces, que en este país nos pertenecen a todos.

Actualmente, Saúl Blanco, ya de 37 años, guarda prisión en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, sin que nadie sepa exactamente por qué. El 31 de mayo de 2022, Saúl dejó de ir a trabajar al corral de vacas en el que estaba empleado, aquejado por una fiebre persistente. A las 3 de la tarde un grupo de policías y soldados se presentaron en su casa, en la isla El Espíritu Santo, y se lo llevaron sin que mediaran muchas explicaciones, amparados en el Régimen de Excepción que está vigente en el país desde el 27 de marzo.

La Comunidad El Jobal es parte de la isla Espíritu Santo de la Bahía de Jiquilisco, Usulután. Allí funciona una cooperativa de producción de derivados del coco. Según los líderes comunitarios, allí viven aproximadamente 1,400 personas. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La Comunidad El Jobal es parte de la isla Espíritu Santo de la Bahía de Jiquilisco, Usulután. Allí funciona una cooperativa de producción de derivados del coco. Según los líderes comunitarios, allí viven aproximadamente 1,400 personas. Foto de El Faro: Carlos Barrera

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El Espíritu Santo forma parte de un conjunto de islas en la Bahía de Jiquilisco, dentro del municipio de Puerto El Triunfo, Usulután. Algunas de esas islas cuentan con hermosas playas y suelen ser parte de los recorridos turísticos, pero El Espíritu Santo no es una de esas: se trata de una extensión de tierra muy plana, con la forma de un pulmón –por compararla con algo– sembrada casi por completo de cocoteros, ordenados en hileras hasta donde alcanza la vista. Por toda la isla flota un inevitable olor al aceite de coco, que da la bienvenida al visitante desde que pone un pie en el único muelle de entrada. La actividad económica está organizada por dos cooperativas que poseen y administran la tierra y cultivan y procesan el coco. La mayoría de las 1,300 personas que habitan la isla vive de la producción de las cooperativas. Los que no viven del coco, se las arreglan para transportar gente y productos en lancha –los lancheros–, o de transportar lo mismo por tierra, usando una suerte de moto-taxis a los que la gente llama coches. Al oficio del cochero, se le llama “cochar”. Y finalmente, a la base de la pirámide económica, están los pescadores, y por debajo de ellos, los curileros, que le hurgan las raíces a los bosques de mangle, para capturar conchas y venderlas a precio de hambre.

En el municipio de Puerto el Triunfo hay una fuerte presencia de pandillas, particularmente del Barrio 18 Sureños y en mucha menor medida, de la MS-13. Las pandillas habían labrado raíces profundas en el sector y habían conseguido construir –a base de intimidación o de ofertas lucrativas– una considerable base social entre los habitantes del municipio. La expansión pandillera ha permeado también algunas de las islas de la Bahía de Jiquilisco, pero El Espíritu Santo tampoco es una de esas: desde la década de los 80, en plena guerra civil, la comunidad montó un puesto de vigilancia, financiado por la más añeja cooperativa cocotera, y desde entonces todo foráneo que visita la isla debe reportar a quién visita y dejar su documento de identificación. El permiso de entrada es de tres días, pero si el visitante pretende quedarse más tiempo, la familia a la que visita debe gestionar la extensión y ofrecer una justificación convincente. Las familias de El Espíritu Santo se jactan de ello y como prueba presentan hechos: “Mire esas bicicletas –dice un señor–, ahí en la calle quedan y ahí amanecen”, y señala unas bicicletas que amanecieron ahí. “¿Usted cree –dice una señora– que si aquí hubiera de eso los soldados pasarían chateando abajó del ceibón, en camiseta, sin chalecos antibala?”. No hay muros, no hay alambres de púas, no hay placazos pandilleros y nadie recuerda la última vez que una persona fue asesinada en la isla. Hay un puesto policial, pobre y espartano, donde rotan cada tres días, tres agentes, que patrullan en bicicleta, a cara pelada, y en mangas de camisa las calles de tierra.

José Iraheta de 58 años de edad es el vigilante de la entrada de la comunidad EL Jobal. Él es pagado por la cooperativa del lugar y desde 1982 trabaja en el mismo lugar. Allí los visitantes deben dejar su identificación y un foráneo no puede permanecer más de tres días en la Isla si los asociados no lo justifican. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
José Iraheta de 58 años de edad es el vigilante de la entrada de la comunidad EL Jobal. Él es pagado por la cooperativa del lugar y desde 1982 trabaja en el mismo lugar. Allí los visitantes deben dejar su identificación y un foráneo no puede permanecer más de tres días en la Isla si los asociados no lo justifican. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Pero aún así, desde que se instaló el Régimen de Excepción, hace cuatro meses, 22 hombres han sido capturados en distintas incursiones de policías y soldados: trabajadores agrícolas, lancheros, cocheros, pescadores, curileros. La mayoría capturados de noche, sin ninguna explicación.

La primera incursión fue el 13 de mayo, cuando las autoridades arrestaron a cinco lancheros.

Carlos Herrera trabajaba de transportar pasajeros desde El Espíritu Santo hacia Puerto el Triunfo. Ese día, acababa de desembarcar en el muelle de la isla, con un grupo de pasajeros, mientras su padre compraba combustible y esperaba a sus propios pasajeros en tierra firme, a bordo de otra lancha. Los testigos aseguran que un grupo de militares y policías se acercaron a Carlos y le exigieron que los llevara de regreso a Puerto el Triunfo –gratis, se entiende– y el muchacho de 21 años se negó, argumentando que no tenía combustible. “Los soldados le dijeron que por mentiroso se lo iban a llevar y sólo por eso se lo llevaron”, relata un testigo. Pero la patrulla aún tenía un problema: ¿cómo regresar con el capturado?, así que le exigieron a otro lanchero llamado Manuel de Jesús, de 44 años, que los llevara en su lancha, y de paso que les entregara su teléfono. Manuel accedió a llevarlos, pero antes tuvo que ir a su casa a recoger el celular para mostrárselo a las autoridades. Él los transportó a Puerto el Triunfo. Al llegar al muelle también lo arrestaron a él. Sin saber lo que ocurría en la isla, el padre de Carlos Herrera, Salvador Herrera, de 48 años, había comprado ya sus bidones de combustible y se había subido ya a la lancha para acercarla a la orilla y facilitar la subida de sus pasajeros. Entonces llegaron los soldados y lo arrestaron, así, sin más. Otro lanchero, Néstor Hernández, de 43 años, acababa de descargar las piezas de cielo falso que había ido a comprar ese día hasta Usulután, y las estaba subiendo a su lancha, cuando lo arrestaron. Otro lanchero más, llamado Samuel Pérez, de 58 años,  se atravesó por la escena  y terminó siendo parte de ella: “Llegó don Samuel con un coco pelado y lo arrestaron a él y a Néstor también, yo vide cuando los agarraron. Estaban agarrando a todos, lancheros y cocheros que estaban en el muelle de Puerto el Triunfo”. Con todo, al menos a Carlos le explicaron por qué se lo llevaban: “por mentiroso”. Los demás no tuvieron ni esa suerte.

Una de las familiares de los detenidos se animó a pedir explicaciones: “Cuando le fui a preguntar al oficial por qué le habían quitado sus pertenencias, los zapatos, el reloj… me dijo que se lo iban a llevar 15 días de investigación y que de ahí los iban a soltar, pero es mentira porque ya van a tener tres meses. Me dijeron que ellos no podían dar más información”.

Y así, cinco familias se quedaron habitando el desconcierto y el terror, sin que al día de hoy nadie –nadie, nadie– les haya ofrecido absolutamente ninguna razón.

Las lanchas decomisadas tampoco han sido devueltas. Ni los motores, que necesitan mantenimiento para no echarse a perder. La policía argumenta a las familias que están –las lanchas– en vías de investigación.

Buscando en listados, sus esposas o sus madres descubrieron que la mayoría de ellos guarda prisión en el sector cinco de Mariona.

Sin embargo, una fuente de la policía del departamento de Usulután, con acceso a las investigaciones que condujeron a las capturas hechas en El Espíritu Santo, contradice las versiones de las familias y de los testigos de los arrestos. Esta fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a brindar información a la prensa, coincide en que dentro de la isla no operan las pandillas, pero que estas habrían forzado a algunos habitantes a colaborar: “El fenómeno es que están obligando a la comunidad a colaborar con ellos. Hay un grupo armado que les ha obligado a colaborarles con comida o con información. Hay gente que los ha visto llevándoles comida a sus escondites en los manglares. Hay lancheros que han sido utilizados, no se sabe si son voluntarios y obligados”.

En la versión de esta persona, las capturas en la isla se explican por la estrategia de las autoridades en la que buscan desmontar las redes de apoyo con las que cuentan los pandilleros, independientemente de si sus colaboradores lo hacían voluntariamente u obligados, y asegura que los lancheros detenidos -en particular Salvador Herrera y su hijo Carlos- fueron denunciados por otros lancheros que los señalaron como encargados de cobrarles la cuota de extorsión establecida por los Sureños del Barrio 18.

Las lanchas, dice la fuente, sólo se devolverán si los acusados son absueltos en juicio: “Si el medio para cometer el delito es un teléfono, se va el teléfono; si es un vehículo, se va el vehículo; y si es una lancha, pues se va la lancha”. Asegura además, que tras cada arresto, los agentes han explicado cuidadosamente a los familiares y a los detenidos las razones que los han llevado a ello. Los habitantes de la isla niegan rotundamente esa versión.

La comunidad El Jobal está bajo constante patrullaje de la PNC y la Fuerza Naval de El Salvador. En el lugar no hay pandillas, pero desde el inicio del Régimen de Excepción las intervenciones de los cuerpos de seguridad se hicieron constantes hasta el punto de acumular 22 detenciones de hombres que trabajaban de lancheros o curileros. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La comunidad El Jobal está bajo constante patrullaje de la PNC y la Fuerza Naval de El Salvador. En el lugar no hay pandillas, pero desde el inicio del Régimen de Excepción las intervenciones de los cuerpos de seguridad se hicieron constantes hasta el punto de acumular 22 detenciones de hombres que trabajaban de lancheros o curileros. Foto de El Faro: Carlos Barrera

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El 31 de mayo, un operativo de policías y soldados se hizo presente en la isla.

José Campos, de 24 años, vivía en medio de una pobreza medieval, junto a su madre y a su hermana menor: su casa es una choza, construida a base de troncos y de varas de hoja de palmera. La champa, por no tener no tiene puertas ni ventanas, ya no se diga ridiculeces como una cama en condiciones, luz eléctrica o servicio de agua. La única edificación de concreto es una letrina elevada. Y nada más. Para ganarse la vida, madre e hijo se aventuraban al manglar, rodeados de nubes de feroces mosquitos y jejenes que custodian aquellas aguas pantanosas. Al manglar sólo se entra con la marea baja, y dependiendo del día del mes eso puede ocurrir entre las cuatro y las cinco de la mañana, y de nuevo,  entre dos y tres de la tarde.

Se explica sencillo: las personas van, con camisas manga larga para soportar el embate de los bichos, y entierran medio cuerpo para tantear entre las raíces del mangle la presencia de los curiles. Al agarrar 60 curiles se tiene un canasto. El canasto de curil macho se vende a 5 dólares y el de curil hembra, a uno. Así que la vida depende de cuantos haya y de cuantos se agarren. Si se atrapan muchos animalitos de estos, se come más, si se atrapan menos, menos. Si no se atrapa nada, pues no se come nada. Lo dicho, José Campos vivía en medio de una pobreza medieval.

Aquel día, José y su madre acababan de salir del manglar, entregaron lo recolectado a los compradores y regresaron a casa. José se adelantó y al llegar a su choza lo arrestaron unos soldados. Hay bien poco que decir sobre el acto de agarrarlo, esposarlo y llevárselo. Antes de que los militares lo metieran a la lancha, su madre llegó buscando explicaciones: “Los agentes me dijeron que era por el presidente Nayib Bukeli que los iban a investigar seis meses y que ellos no tenían la culpa”. De nuevo: así, sin más.

Ahora en su parcela languidece una milpa rala, cuyas matas mueren echando de menos los cuidos de José.

Vivienda de Antonio Campos Pineda, que se dedicaba a extraer conchas de los manglares que rodean a la comunidad El Jobal y fue detenido en mayo de 2022. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Vivienda de Antonio Campos Pineda, que se dedicaba a extraer conchas de los manglares que rodean a la comunidad El Jobal y fue detenido en mayo de 2022. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Ese día también se llevaron a Santos Cristian, de 23 años, que decidió no estudiar el bachillerato en Puerto El Triunfo por temor a las pandillas y que había adoptado el oficio de cochero. A su madre un soldado le dijo que si lloraba, la arrestarían a ella también. Y ya. La pareja de Santos espera un niño. Su padre, al mirar la choza de varas que él mismo le construyó al muchacho para que la habitara con su pareja, se lleva las manos a la cabeza y llora como un niño humillado: “Es que desde que se lo llevaron, no tenemos vida. Nosotros estamos acostumbrados a estar todos juntos”.

Ese día –segunda jornada de cacería– las autoridades se llevaron al ex atleta mundialista Saúl Blanco.

“Mire, por más que me pregunte, lo mismo le voy a decir: él aquí pasaba, todos los días, yo lo miraba, yo doy fe de eso”, me responde don Pedro, el jefe del corral en el que trabajaba Saúl. Curaba, inyectaba y capaba al ganado y le dedicaba gran parte de su tiempo a consentir a un enorme toro rejero, cuyo propósito en esta vida consiste en preñar vacas.

A Saúl lo agarraron enfermo, en la hamaca de su casa, frente a la pared en la que cuelgan sus medallas y los carnés que lo certificaban como representante de El Salvador.

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Dos banderines de las selecciones de Portugal y Estados Unidos, un reconocimiento emitido por la Asamblea Legislativa, un gafete de identificación del mundial de fútbol playa Dubai 2009 y la fotografía de la selección mundialista cuelgan de una pared de la casa del exseleccionado Saúl Antonio Blanco, quien fue detenido durante el Régimen de Excepción en la comunidad El Jobal. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Dos banderines de las selecciones de Portugal y Estados Unidos, un reconocimiento emitido por la Asamblea Legislativa, un gafete de identificación del mundial de fútbol playa Dubai 2009 y la fotografía de la selección mundialista cuelgan de una pared de la casa del exseleccionado Saúl Antonio Blanco, quien fue detenido durante el Régimen de Excepción en la comunidad El Jobal. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Y así volvieron el 4 de junio y se llevaron a Ronie Zavala, que trabajaba con los cocos,y un mes después, el 3 de julio, se llevaron a seis más: a Edwin Hernández, de 17 años, mesero del único restaurante del lugar y futbolista confiado, que se palmeaba la pierna izquierda cuando le prometía a su madre: “Con esta pierna la voy a sacar adelante”.

Y a Donelly Díaz, de 28 años, que ganaba 200 dólares al mes cuidando unos cerdos y unas vacas, y que intentó migrar a Estados Unidos. Sus padres hipotecaron su casa para pagar al coyote. Donelly fue atrapado ya en territorio gringo y deportado. Entonces sus padres perdieron su vivienda y por eso se apretujan en la pequeña casa de Donelly, compartiendo el terreno con los cerdos. Cuando se lo llevaron, los policías también amenazaron a sus padres con arrestarlos si seguían cometiendo el agravio de hacer preguntas.

Y a José Revelo, de 33 años, que también era lanchero y trabajaba para una de las cooperativas. Y a Carlos Orantes, de 58 años, y a Víctor Cortéz, ambos curileros de oficio. También a Cristian Ruiz, de 41 años, empleado de la cooperativa, cuya esposa fue corregida por otra mujer cuando explicaba que en ausencia de su marido ahora le toca trabajar en casas ajenas por falta de un trabajo “digno”, y la otra le reconvino: “usted quiere decir trabajo fijo, fi-jo”.

La fuente de la Policía ofrece alguna pista de la forma en la que se han elegido las personas capturadas: “Es la misma comunidad la que lo dice. Es la misma comunidad que los ha denunciado. La gente los miraba. La fuente humana nos informa y tenemos que actuar”. En resumen explica que los isleños fueron detenidos porque otros habitantes de El Espíritu Santo los han señalado como colaboradores de la pandilla. En particular, dice que sus propias fuentes los han visto llevando comida a escondites de los pandilleros en medio de los manglares, aunque matiza: “No los podemos poner como pandilleros activos, porque si lo hacemos, ya no salen. La idea de nosotros es que salgan, porque son víctimas”, asegura.

 

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Luego de 15 días de estar detenidos, todas las personas de las que se ha hablado hasta hoy, vieron por primera vez a un juez, y escucharon por primera vez, en boca de un fiscal al que nunca habían visto, las acusaciones que el Estado tiene en su contra. Ninguno tuvo el privilegio de tener un abogado privado y, como todas las capturas hechas bajo el Régimen de Excepción gozan de reserva total, al día de hoy sus familiares no tienen idea de qué se les imputó. Desde luego todos fueron enviados a prisión por jueces que los juzgaron por decenas, cuando no por cientos. A todos se les recetó seis meses de prisión preventiva y todos viven hoy en cárceles.

El 29 de julio tuvo lugar la audiencia para los isleños capturados en la última redada, ocurrida el 18 de julio. Aquel atarrayazo fue el más numeroso: dejó a siete personas capturadas.

La mañana del 29 de julio de 2022, siete mujeres viajaron de la comunidad El Jobal hasta San Miguel para esperar noticias durante la audiencia que se realizaría a sus familiares detenidos durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La mañana del 29 de julio de 2022, siete mujeres viajaron de la comunidad El Jobal hasta San Miguel para esperar noticias durante la audiencia que se realizaría a sus familiares detenidos durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Se los llevaron bajo exactamente el mismo procedimiento y ofreciendo, según sus familiares, las mismas explicaciones, o sea, ninguna. Se llevaron a Andrés Guzmán, de 27 años, que se había graduado hacía dos meses de ingeniero en sistemas por la Universidad Tecnológica de San Salvador. Sus padres le costearon la universidad trajinando en una de las tiendas más surtidas de la isla y Andrés era el orgullo de su madre, que lo exhibe con toga y birrete en una foto que lleva en el celular. Entre los pocos casos particulares que la fuente policial recuerda está el de Andrés. Sin especificar más, dice: “El muchacho ingeniero fue utilizado por las pandillas. La gente piensa que nadie los mira, pero siempre hay alguien que se da cuenta”, dice.

También a Uziel Pineda, que sufría desde muy niño de una insuficiencia renal tan perversa, que los médicos públicos de Usulután lo dieron por desahuciado. Pero a su madre no le valieron de nada los pronósticos fatales y se deslomó para costearle al muchacho unos médicos privados y unos tratamientos que lo tienen lo suficientemente vivo para soportar la celda que habita en la delegación policial de Usulután. 

Y a Fabricio Fuentes, de 22 años, que trabajaba con los cocos y a cuyo padre un soldado le dijo: “Vaya a echarse si no quiere que nos lo llevamos a usted también”; y a Josué Escoto, de 21, cuya pareja es una chica delgada y tímida que habla casi en susurros: “Sólo llegaron a traerlo y se lo llevaron. Solo se los llevan y dicen que si no tienen nada ya van a salir”. Tienen un bebé de un año y ocho meses.  Y al curilero José Trejo, que padece retraso mental; y a los agricultores Kevin Chávez y Santos Chicas.

Las madres de esta última hornada de capturados estaban ya más duchas en los plazos y en los términos legales y contaron con la asesoría de un abogado privado, financiado por una ONG que estimula proyectos de educación y desarrollo en la isla. Así que el día de la audiencia siete familiares de los siete detenidos abrieron los ojos antes que el sol y se fueron juntos al juzgado migueleño, listas para acompañar a sus muchachos en su primera audiencia. El primer chasco fue enterarse que no las dejarían entrar… porque el juicio tiene reserva. De todas maneras, el segundo chasco aliviaba un poco al primero: sus familiares no estarían ahí. La audiencia sería virtual y los capturados asistirían desde una cámara instalada en la cárcel.

Silvia Argueta junto a otras mujeres de la comunidad El Jobal esperaron todo el día, frente a los Juzgados Especializados de Instrucción de San Miguel para recibir noticias de sus hijos detenidos durante el Régimen de Excepción. Al final del día, solo uno de los detenidos consiguió la libertad debido al padecimiento de una enfermedad crónica. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Silvia Argueta junto a otras mujeres de la comunidad El Jobal esperaron todo el día, frente a los Juzgados Especializados de Instrucción de San Miguel para recibir noticias de sus hijos detenidos durante el Régimen de Excepción. Al final del día, solo uno de los detenidos consiguió la libertad debido al padecimiento de una enfermedad crónica. Foto de El Faro: Carlos Barrera

El tercer chasco –hubo varios chascos ese día– es que la audiencia no sería a las 8:30 como creían, sino que a las 9:30, y luego se enteraron que sería al mediodía y luego que comenzaría a las dos de la tarde. Así que les tocó jornada de acera y sol. Se habían mandado a imprimir carteles con fotografías de sus muchachos: al principio los llevaban en ristre, y los mostraban a los viandantes. Horas después los carteles dormitaban junto a las mujeres que los llevaban, bajo el calor tremendo de San Miguel. Pero no se movieron.

Al mediodía salió del juzgado un acalorado abogado de oficio, que venía de otra audiencia, donde defendía, él solito, a 52 detenidos de otras partes del departamento de Usulután. Salió del juzgado, se arrancó el saco y se aflojó la corbata, y ahí, parado en la acera, rodeado de madres preguntando por sus hijos y de esposas por sus esposos, ese hombre de bigotito ralo, dictó una cátedra de derecho en tiempos de Régimen de Excepción.

“Todos van para dentro. Todos. 45 minutos estuve alegando por un señor que vivió en Estados Unidos desde los 80, y que tenía un montón de elementos de arraigo: casa, carro, negocio. Ahí va para dentro. También alegué por una mujer con embarazo de alto riesgo. Ahí va para dentro”. Y el tumulto de mujeres que lo rodeaban se deshizo en preguntas: “No madre, mire, es que en Régimen de Excepción, póngale que el juez anda con el corazón blando y los deja ir, si en el camino lo ve un policía, ahí mismo lo puede volver a agarrar, o llegando a la casa. En Régimen todo lo que haga la policía es legal”. Él venía saliendo de la parte de la audiencia donde se presentan los alegatos. El juez decretó un receso para comer y luego la audiencia seguiría con la parte en la que el juez expresa su decisión sobre si los imputados seguirían su proceso en libertad o en la cárcel. Pero el abogado no le vio sentido a participar de ese tramo de la audiencia: “Yo me retiro ahorita, ya sé que no me van a dar a nadie. En diez audiencias he estado y ninguno ha salido”. Y se dirigió con paso franco hacia el carro de la Procuraduría General en el que había llegado. Aquella ni siquiera era la audiencia en la que a más personas tuvo que defender, ese record la tiene un proceso en el que, él solito, defendió –o al menos, lo intentó– a 237 personas. “Para qué voy a estar perdiendo el tiempo”, me dijo, desde la ventanilla del vehículo, y se largó.

Como es de suponer, las mujeres de El Espíritu Santo leyeron aquello correctamente: como un pésimo presagio. Acera y sol. Hasta que dieron las cuatro de la tarde.

En la comunidad El Jobal de la Isla El Espíritu Santo los niños juegan de pescar, imitan a sus hermanos mayores y a sus padres, ya que en el lugar la mayoría de familias se sostiene económicamente de la producción de derivados del coco y de la pesca artesanal. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
En la comunidad El Jobal de la Isla El Espíritu Santo los niños juegan de pescar, imitan a sus hermanos mayores y a sus padres, ya que en el lugar la mayoría de familias se sostiene económicamente de la producción de derivados del coco y de la pesca artesanal. Foto de El Faro: Carlos Barrera

“Si se determina que han sido obligados van a quedar en libertad. Muchos van a salir. No podemos decir que todos han sido colaboradores voluntarios. Hay víctimas en esto. Es difícil tener que decirle a la gente: ‘Ey, discúlpenme, es parte de la investigación’. Sus familiares al final de la investigación van a salir. Confío en el sistema, confío en que si fueron obligados, esa gente va a salir”, promete la fuente policial.

Al final de la jornada salieron los abogados privados contratados por la ONG, con el triunfo en la cara: Fabricio, Adrés, Josué, Santos, Kevin y José… se quedan en prisión preventiva por al menos seis meses. Pero el juez accedió a entregarles a Uziel debido a los graves padecimientos renales que sufre desde niño. No es que saliera en ese momento. El juez le dio cinco días hábiles a la fiscalía para que apele la decisión. La noticia alcanzó incluso para que las otras madres y esposas –las que volverían a la isla con las manos vacías– se contentaran un poco y celebraran aquella cosa que al menos no tenía el sabor de la derrota absoluta. Y regresaron a su isla con forma de pulmón y olor a coco.

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El Salvador Tue, 09 Aug 2022 08:44:14 +0100 http://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26319/Las-22-capturas-en-El-Espíritu-Santo-la-isla-sin-pandillas.htm
Los expedientes ocultos del Régimen: cientos de arrestos por “nerviosismo” y “ficha policial” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037857.JPG http://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26318/Los-expedientes-ocultos-del-Régimen-cientos-de-arrestos-por-“nerviosismo”-y-“ficha-policial”.htm El Faro sistematizó 1,251 páginas de expedientes judiciales que tienen a 690 personas en prisión bajo el Régimen de Excepción. Esta información, como todos los procesos del Régimen, está bajo reserva total porque la Fiscalía considera que la prensa va a tergiversar los datos y “provocar pánico en la población”. Lo que hay tras ese velo fiscal son documentos sustentados con poca o nula investigación y capturas justificadas por “apariencia” sospechosa o nerviosa. El Movimiento de Trabajadores de la Policía asegura que ha documentado 50 casos donde los agentes se negaron a realizar capturas por considerarlas arbitrarias. Read in English

Melvin Reyes fue capturado el primer día del Régimen de Excepción, el domingo 27 de marzo de 2022, acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha-13 (MS-13). Tras 20 días, un juez ordenó su libertad, pero minutos después de esa resolución, la Policía lo capturó de nuevo porque en su sistema aparecía “perfilado” como pandillero. Melvin regresó a la cárcel el 16 de abril. Esta es una de las más de 48,000 detenciones hechas durante los cuatro meses del Régimen de Excepción, una medida que ha permitido a la Policía utilizar a su antojo y como principal prueba una “ficha policial” para capturar a miles de ciudadanos; o para aplicar criterios ambiguos durante los patrullajes, como acusar por agrupaciones ilícitas a personas por su “apariencia sospechosa” o “nerviosa”, según cientos de folios oficiales que las autoridades manejan de espaldas a la población.

El Faro tuvo acceso a cuatro solicitudes de imposición de medidas (requerimientos fiscales) que la Fiscalía General de la República presentó ante los Juzgados Especializados de San Salvador, y a una acusación en el Juzgado de Menores de Santa Ana. Este periódico revisó 1,251 folios judiciales por los cuales 690 personas fueron detenidas en los departamentos de San Vicente, La Paz, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad y Santa Ana, entre el 27 de marzo y el 19 de abril de 2022. En gran parte de los casos, los documentos revelan una débil investigación para relacionar a los detenidos con una pandilla. La razón por la que cientos están en la cárcel sin saber cuánto tiempo más pasarán ahí es un párrafo que ha sido copiado y repetido en las páginas: “Al momento de realizar patrullaje preventivo observaron a un sujeto, por lo que proceden a intervenirlo; quien al ser consultado a la base de Inteligencia Policial posee ficha como miembro activo de la MS-13”. Policías y fiscales no cambiaron ni una letra de este párrafo: en los cuatro documentos se encuentra repetido aún cuando incluye la captura de mujeres.

Según los expedientes, 518 de las 690 personas procesadas tienen fichas como pandilleros o colaboradores. Es imposible determinar con qué metodología de investigación se les incluyó en esas fichas, cuándo fueron construidas, qué sustento tienen e incluso qué policía las elaboró. Otras 172 personas no estaban registradas por el Departamento de Inteligencia Policial, pero la Policía usó criterios amplios y ambiguos para determinar que son pandilleros: en unos casos, dicen, fue gracias a la información que obtuvieron de “la voz pública”, de redes sociales y denuncias anónimas. Además, durante los patrullajes, los policías arrestaron a personas aplicando criterios como: “apariencia sospechosa”, “nervioso” y “sospechoso”. La Fiscalía, con esos mismos criterios, los presentó ante jueces que los enviaron a prisión.

Through August 2, authorities registered more than 48,000 arrests during the state of exception. Many report that their relatives were arbitrarily detained for having tattoos not even alluding to gangs. Photo: Carlos Barrera/El Faro
 
Through August 2, authorities registered more than 48,000 arrests during the state of exception. Many report that their relatives were arbitrarily detained for having tattoos not even alluding to gangs. Photo: Carlos Barrera/El Faro

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que el Régimen de Excepción les ha servido para golpear a las pandillas por los delitos que cometen. “¿Cuál es el corazón de las pandillas? Nosotros técnicamente le llamamos HEAT: Homicidios, Extorsiones, Armas, Tráfico: personas y droga. Ese es el corazón y esa es la identidad multi crimen que debe enfrentarse desde un solo cuerpo. No podemos llegar 12 unidades (de investigación policial y fiscal) por tipo de delito a enfrentar un fenómeno”, dijo durante el programa de televisión Diálogo con Ernesto López, el 19 de julio, el día que la Asamblea Legislativa prorrogó por cuarta vez el Régimen de Excepción.

Esta política de seguridad comenzó porque la MS-13 masacró a 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, la jornada más violenta de El Salvador, y la que finalmente rompió las negociaciones secretas entre el Gobierno y las tres pandillas. El primer Régimen de Excepción fue aprobado ese mismo fin de semana, cuando la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Bukele, admitió la suspensión de varias garantías constitucionales. Organismos de derechos humanos y la comunidad internacional han condenado las medidas adoptadas por el Gobierno para resolver un problema que nació desde la Guerra Civil, pues este mecanismo ha dejado como resultado detenciones arbitrarias, torturas y, al menos, 63 muertos en centros penales, algunos de ellos con señales de tortura, según un informe de Cristosal. Casa Presidencial publicó en su cuenta de Twitter que entre el 27 de marzo y el 1 de agosto han capturado a 48,494 por el Régimen de Excepción; es decir, un promedio de 385 capturas diarias, 16 arrestos cada hora. 

Aunque Villatoro dice que están enfocados en combatir el HEAT de las pandillas, los documentos secretos revisados por El Faro revelan que de los 690 capturados, solo diez fueron acusados de posesión y tenencia de algunos gramos de marihuana o cocaína; dos, por posesión o tenencia de un arma de fuego. A un tercer capturado se le acusó de ambos delitos. Y el decomiso de fusiles tampoco ha sido significativo. InSight Crime reveló que la Policía ha decomisado 134 fusiles entre enero y junio,  mientras que durante el mismo período del año pasado el decomiso fue de 117. Esto significa que con la aplicación del Régimen de Excepción apenas hubo un aumento de 17 fusiles incautados.

A la luz de los números, el éxito del Régimen de Excepción descansa en acusar a las personas del delito de agrupaciones ilícitas, de pertenecer a alguna pandilla. Y la prueba reina utilizada por la Fiscalía para acusar por ese delito son las fichas policiales elaboradas por la Inteligencia Policial o rescatadas del archivo. Luego, para demostrar ante un juez ese delito, los fiscales anexan las entrevistas a los policías captores y los asientos de los documentos de identidad de los detenidos. No hay más pruebas. “La Fiscalía no está individualizando los casos. La parte más delicada es que han capturado a personas porque parecen sospechosas. Los policías están aplicando el Régimen de Excepción a su antojo”, dijo una de las fuentes que proporcionó parte de los documentos.

En los cuatro expedientes fiscales aparece mencionado que el fiscal general, Rodolfo Delgado, envió un informe a sus subalternos donde señala a una pandilla como la responsable de los asesinatos del sangriento fin de semana de marzo: “Este ataque sistemático fue generado por parte de la organización terrorista denominada Mara Salvatrucha hacia las bases para cometer homicidios a nivel nacional”. La Fiscalía no detalla las causas por las que la MS-13 ordenó la masacre. Sin embargo, este periódico reveló el 14 de mayo que la pandilla lo hizo porque el Gobierno de Nayib Bukele rompió la negociación que tenía con ellos desde 2020.

Ninguna de las 690 personas de los documentos analizados ha sido acusada por homicidio, complicidad o conspiración en alguna de las muertes que ocurrieron durante la jornada más violenta del siglo. En cambio, los fiscales han dedicado más de 25 páginas para explicar a un juez el origen de la Mara Salvatrucha-13 y qué significa la jerga que utilizan los pandilleros. Han determinado, por ejemplo, en qué lugares operan las clicas en el territorio. “Los lugares donde realiza las operaciones delictivas la clica Park View Locos Salvatruchos son Guacotecti, Sensuntepeque, Ciudad Victoria, Ilobasco y sectores aledaños (...) para poder subsistir económicamente comete diferentes acciones, entre las que están extorsiones, tráfico de droga, tráfico de arma de fuego, etc”. La Policía capturó a 84 supuestos miembros de esta clica, el 12.1% de los detenidos cuyos casos fueron analizados en este reportaje, pero ninguno fue acusado por los delitos antes mencionados.

 

Nerviosos y sospechosos

Toda esta información fue declarada reservada por los jueces y a petición de la Fiscalía. Ese candado busca evitar que cualquier persona ajena al proceso conozca las interioridades de este. Bajo ese secreto judicial han sido procesados más de 48,000 salvadoreños en poco más de cuatro meses. La Fiscalía ha expuesto en los documentos tres razones por las cuales deben ser manejadas con discrecionalidad.

La primera es que han utilizado información captada en intervención telefónica para explicar cómo opera la MS-13, aunque en realidad no son datos nuevos sino información que ya es de dominio público, como la historia de las pandillas o su jerga. La segunda razón para ocultar los expedientes argumenta que pandilleros pueden atentar contra la vida de policías y militares. En este material, El Faro no revela el nombre de ningún miembro de los cuerpos de seguridad. Y, la tercera razón: la Fiscalía considera que los medios de comunicación “podrían tener acceso al expediente judicial, lo cual permitiría divulgar información y tergiversar la misma a fin de provocar pánico en la población”.

Hay poca o nula información sobre las razones de por qué han detenido a miles de personas. Los familiares de esos capturados desconocen incluso dónde guardan detención algunos de ellos, pues las autoridades no brindan información al respecto. Lo único que les queda es esperar afuera de las cárceles para intentar obtener un dato que les ayude a saber si están con vida. Los habeas corpus presentados a la Corte Suprema de Justicia se han disparado como nunca desde el fin de la Guerra Civil. Las redes sociales se han hecho vitales para denunciar detenciones arbitrarias y también para pedir a funcionarios públicos que ayuden a ubicar a sus parientes.

In the first days of the state of exception, the jail known as El Penalito remained full due to the exponential growth in arrests. From there detainees were transferred to Izalco or Mariona Prison. Photo: Carlos Barrera/El Faro
 
In the first days of the state of exception, the jail known as El Penalito remained full due to the exponential growth in arrests. From there detainees were transferred to Izalco or Mariona Prison. Photo: Carlos Barrera/El Faro

El Faro sistematizó la información para obtener patrones de captura y se crearon 13 categorías a partir de la relación de los hechos que los fiscales consignaron en los documentos. Los motivos de detención que se repitieron son los siguientes: Apariencia sospechosa de pandillero, tiene ficha policial de pandillero, ficha policial de colaborador con la pandilla, agresión contra policías, intento de fuga, nervioso, denuncia en redes sociales, antecedentes penales, denuncia anónima, confeso, reconocido pandillero y detenido por tener tatuajes.

Este periódico ordenó estas categorías para determinar cuáles permitían a los policías realizar detenciones con amplia discreción. Un total de 60 personas fueron detenidas por criterios tan ambiguos como su “apariencia sospechosa”, por “nervioso” o por tener tatuajes, sin especificar de qué tipo. Las autoridades señalan en otros casos que obtuvieron la información de los imputados por redes sociales o denuncias anónimas. No hay más información ni documentos, ni siquiera fichas policiales, que los vinculen a una pandilla. 

De los documentos, además, se extrajeron datos personales de los detenidos, nombre de clicas a las que supuestamente pertenecían, lugar, fecha y hora de captura, nombre y apellido del agente captor, y los delitos. De la muestra analizada se determina que la mayor cantidad de personas fue detenida en el Caserío Catarina, en el cantón Paratao, en el municipio de Victoria, Cabañas, un lugar controlado por la clica Park View Locos Salvatruchos, fundada, entre otros por Efraín Cortez, alias El Tigre, uno de los líderes pandilleros solicitados en extradición por Estados Unidos, solicitud que está entrampada en la Corte controlada por el oficialismo. Los datos indican, además, que la mayoría de capturas ocurrió en la zona rural: un total de 421, que representa el 61.01 % del total.

 

Durante la sistematización se detectó que 13 personas de los departamentos de La Paz y La Libertad, están en la lista de capturados por agrupaciones ilícitas, pero en los requerimientos fiscales no aparece ni siquiera una línea explicando al juez por qué fueron detenidas. Únicamente figuran sus datos personales. Sin embargo, guardan prisión en el penal de Izalco. El Faro buscó el viernes 29 de julio a la unidad de Comunicaciones de la Fiscalía para conocer si hubo un error al momento de elaborar el requerimiento fiscal y la respuesta de la encargada fue que iba a consultar. También se pidió una postura de los jueces especializados que resolvieron estos casos, pero hasta el cierre de esta nota, la oficina de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez no respondió. De igual forma este periódico consultó a la Procuraduría General de la República y no hubo respuesta.

El problema de las fichas policiales

Según los documentos analizados por El Faro, las acusaciones que la Fiscalía presentó durante las primeras semanas del Régimen de Excepción se caracterizan por incluir a cientos de personas a las que acusan de formar parte de la MS-13, aunque sus capturas hayan ocurrido en lugares distintos y sin pruebas precisas de cómo operaban. Por ejemplo, en un requerimiento contra 300 personas, el documento los señala de pertenecer a la misma estructura delincuencial, pese a que fueron capturados en ciudades distintas y no hay testigos o comunicación entre ellos que demuestren el contubernio para delinquir.

El documento etiqueta como parte de la organización a alguien que haya sido capturado en el cantón Tempisque de Guacotecti o que haya sido arrestado en la zona urbana de San Vicente, aunque no hayan establecido ninguna relación entre ellos y esas zonas estén a 39 kilómetros de distancia y controlados por clicas distintas del grupo criminal. Además, pone en el mismo nivel de jerarquía a personas que se presentaron voluntariamente a puestos policiales a preguntar por qué su nombre aparece en fichas de inteligencia policial, como en el caso de una mujer de 42 años de apellido González, que viajó desde el cantón El Cerro hasta el puesto policial de El Rosario, en La Paz, donde fue capturada a pesar de haber llegado voluntariamente.

 

El factor común de estas detenciones son las fichas de Inteligencia policial. Hay dos tipos de documentos que la Policía ha usado para justificar estos arrestos: las fichas elaboradas por la Oficina Local de Fichajes (OLF) y las fichas elaboradas por la Sección de Tratamiento de la Información (SATI). Un agente destacado en la División de Investigaciones de la Policía, quien habló con condición de anonimato por temor a perder su trabajo, explicó que las fichas OLF son las que elaboran las delegaciones cada vez que una persona es detenida; mientras las SATI se refieren a documentos elaborados por un investigador que ha perfilado una estructura criminal, generalmente con información de testigos criteriados.

“El problema que tenemos ahorita es que quien elabora los perfiles delincuenciales de los detenidos no aparece en ningún documento, bajo la figura de que son Inteligencia Policial. Algunas personas jamás habían sido fichados como pandilleros, pero ellos han elaborado que sí y ahí han aplicado el decreto (Régimen de Excepción). En un futuro, en una investigación, los procesados serán los agentes captores que aparecen firmando el acta (y no quienes elaboraron el perfil delictivo)”, dijo la fuente, durante una de varias entrevistas realizadas entre mayo y junio.

Los testimonios recogidos por este periodico apuntan a que hay cientos de personas que primero son detenidas y luego investigadas, pese a que la Constitución ordena lo contrario. “En el momento (de la captura) hacen una ficha perfil delincuencial y ya aparecen que son colaboradores de la pandilla”, cuenta el investigador. Esta información es confirmada por Marvin Reyes, uno de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP): “Hemos tenido conocimiento de personas que no tenían ninguna vinculación con pandillas y les han creado las fichas inmediatamente, les han puesto alias y todo. Y esto ha generado fricciones entre los agentes”.

Lo que Reyes llama “fricciones” son, en realidad, denuncias de policías que se han negado a ejecutar capturas solicitadas por sus superiores porque las consideran arbitrarias. “Hemos documentado alrededor de 50 casos. Ellos (los policías) dijeron: no procedo a detener a esa persona porque no hay cómo comprobar de que tenga vinculaciones con pandillas”, dice el dirigente del MTP. La mayoría de agentes que no cumplieron con las órdenes de sus superiores por considerarlas arbitrarias fueron amenazados con ser trasladados a lugares recónditos del país o a cumplir duras jornadas de trabajo. En la mayoría de los casos, los policías solo han sufrido hostigamiento laboral por no acatar las órdenes que consideraban anómalas y, según el MTP, solo tres policías han sido procesados por incumplimiento de deberes tras negarse a remitir como pandillero a una persona con discapacidad que fue capturada por militares en Soyapango.

Capturar y luego investigar no es una lógica que solo menciona el investigador policial y el dirigente del MTP. Osiris Luna, director de Centros Penales pese a que se han publicado múltiples casos de corrupción que lo involucran, aseguró que unas 485 personas están en prisión pese a que no hay pruebas contra ellas porque aún son investigadas. “El 1% de arrestados, que no son parte de las estructuras de pandillas, es indagado por grupos de inteligencia e investigación y, si se determina que es inocente, quedará libre”, dijo el 26 de julio pasado, durante el programa de televisión Diálogo con Ernesto López.

Soldiers carry out a customary stop and search of residents of Distrito Italia in the municipality of Tonacatepeque. Police and the Armed forces blocked entry to the community amid multiple operations during the state of exception. Photo: Víctor Peña/El Faro
 
Soldiers carry out a customary stop and search of residents of Distrito Italia in the municipality of Tonacatepeque. Police and the Armed forces blocked entry to the community amid multiple operations during the state of exception. Photo: Víctor Peña/El Faro

El investigador cuenta que en fichas policiales elaboradas por la Inteligencia de la institución durante el Régimen no es posible siquiera saber quién creó el documento del supuesto pandillero, que puede derivar en que una persona pase hasta 35 años en una prisión. Y la amplia discrecionalidad con la que se pueden utilizar ha comenzado a tocar a la misma Policía. “Tenemos ocho casos de familiares de policías que se han llevado al hermano, al hijo, al sobrino, al cuñado. El Régimen de Excepción se ha prestado para algún tipo de vendettas (entre policías), les inventan que son colaboradores de pandillas”, dijo Reyes.

El 29 de julio de 2022, El Faro llamó al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y contactó a la unidad de Comunicaciones para obtener una entrevista sobre las investigaciones durante el Régimen de Excepción, pero no se obtuvo respuesta. Ese mismo día se hizo la misma gestión con el Ministerio de Seguridad y el resultado fue el mismo.

Otras capturas consignadas en los casos analizados fueron realizadas gracias a fichas rescatadas del archivo y las han usado para capturar, incluso, a personas que estaban trabajando activamente en el Régimen de Excepción.

Un sargento de la Fuerza Armada, de apellido Pérez, trabajó 22 días para el Régimen de Excepción. El 18 de abril de 2022 recibió un descanso de 24 horas y, cuando estaba en su casa en el cantón Las Lomas del municipio de San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán, fue capturado, según consigna uno de los documentos fiscales. Eran las 4:50 de la tarde cuando cinco policías lo esposaron por el siguiente motivo: “Observaron a un sujeto, a quien intervinieron, quien al ser consultado en el Departamento de Inteligencia Policial, dicho señor cuenta con ficha policial como miembro activo de la MS 13 de la clica Perulos Locos Salvatruchos, del programa Proyecto, por lo que se le imputa el delito de agrupaciones ilícitas (sic)”, consigna el requerimiento que la Fiscalía presentó ante un Juzgado Especializado de San Salvador.

La acusación que ahora mismo pesa sobre el sargento, que está en el penal de Mariona, no tiene más de tres líneas. Todo se reduce a la información de Inteligencia Policial. No hay más detalles en los documentos oficiales. El Faro obtuvo esa ficha policial y determinó que la supuesta relación del militar con la pandilla es, en realidad, una conexión forzada por medio de un vínculo familiar. Según los policías, el sargento ayudaba a su primo pandillero.

El sargento es primo de Noé Pérez, un hombre de 25 años, acusado de dirigir una clica de la MS-13. La Fiscalía tenía un testigo con criterio de oportunidad, el Clave 25, que señalaba a Noé como pandillero y a su primo, el sargento Pérez, como proveedor de uniformes militares y municiones al grupo criminal. En julio de 2021, casi un año antes del Régimen de Excepción, la Policía capturó a Noé por homicidio y organizaciones terroristas; mientras que al sargento, por colaborar con la pandilla.

La ficha policial data del 30 de mayo de 2020. Es decir, la Policía utilizó un documento elaborado dos años antes del Régimen de Excepción para capturar al sargento. No es el único detalle que policías y fiscales omitieron consignar en el caso que presentaron ante el juez. La ficha policial ya había sido utilizada como prueba en un proceso judicial que la Fiscalía perdió —y que el sargento ganó— el año pasado.

El sargento enfrentó dos investigaciones por la ficha policial y por el dicho del testigo Clave 25. Un proceso en el Juzgado de Instrucción de Cojutepeque y un proceso disciplinario de la Fuerza Armada. El sargento ganó ambos casos. El juzgado consideró que las pruebas fiscales eran insuficientes y lo benefició con un sobreseimiento; la Fuerza Armada cerró el caso y él siguió ocupando su cargo en el Destacamento Militar. Tanto así que para este 2022 estaba en servicio ejecutando labores para el Régimen de Excepción que al final terminó por capturarlo a él.

El sargento Pérez fue fichado en mayo de 2020. Dos años después, la Policía usó el mismo documento  para capturarlo durante el Régimen de Excepción.
 
El sargento Pérez fue fichado en mayo de 2020. Dos años después, la Policía usó el mismo documento  para capturarlo durante el Régimen de Excepción.
 

Hay otras personas que fueron capturadas por el instinto de un policía y luego resultó que tenían ficha policial. Como el caso de Moisés López, capturado por cuatro policías cuando estaba acostado en una hamaca colgada en un predio baldío en el cantón Dulce Nombre de María, en San Pedro Masahuat, La Paz. Según la breve relación de los hechos, la detención ocurrió porque se encontraba en una zona conocida “porque se reúnen pandilleros” y luego revisaron en el sistema policial y apareció que es miembro activo de la MS-13. El Faro no pudo corroborar cuándo fue elaborada la ficha policial.

Cuatro días después de que entró en vigencia el primer Estado de Excepción, la Asamblea aprobó de manera exprés la reforma al artículo 73-A del Código Procesal Penal, y su publicación el mismo día en el Diario Oficial, para habilitar la figura del "juez sin rostro", cuya identidad no será revelada durante el proceso penal. Es decir que, en algunos casos, los imputados no conocen el nombre ni apellido del funcionario que ha ordenado su detención, como tampoco el del agente que en algún año elaboró su ficha policial acusándolos de pandilleros. Otro de los cambios que ocurrieron es que ningún juez pueda otorgar medidas sustitutivas a la detención a los pandilleros que están siendo procesados por "cualquier delito". Una ficha policial elaborada en cualquier momento basta para que un ciudadano pierda todos esos derechos. 

El “delito” de tener antecedentes penales

La Policía ha usado el Régimen de Excepción para convertir en delito los antecedentes penales. Es decir, ha arrestado a personas porque fueron capturadas y juzgadas en el pasado, sin importar el resultado de los procesos judiciales. Hay quienes fueron exonerados por un juez, pero ahora están detenidos de nuevo por ese antecedente penal; hay quienes fueron condenados, cumplieron su condena y hoy están en la cárcel, otra vez, por un delito similar al que pagaron años atrás: pertenecer a una pandilla.

Ninguna ley salvadoreña califica como delito tener antecedentes penales. Sin embargo, ese es el motivo por el cual la Policía capturó a 88 personas durante el Régimen de Excepción, según los casos analizados por El Faro. Por ejemplo, un conductor de UBER de apellido Mendoza fue juzgado y exonerado del delito de extorsión hace 13 años por el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador. El primero de abril de 2022, agentes de la Policía en Cojutepeque le pidieron ir a la delegación a revisar una “cuestión de rutina” y ahí fue arrestado por agrupaciones ilícitas. El único antecedente que tiene es el caso cerrado el 23 de diciembre de 2009; es decir, el único antecedente que tiene es el de haber sido declarado inocente de una acusación de extorsión.

Otros detenidos durante el Régimen de Excepción fueron condenados en el pasado y estaban cumpliendo una pena bajo supervisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero la Policía los capturó de nuevo. La Constitución de la República, en su artículo 11, prohíbe lo siguiente: nadie “puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa”.

 

Las capturas de Edgar Antonio Ayala Alfaro y José Jonathan Cruz Cruz ayudan a ejemplificar esta arbitrariedad. Ellos son dos pandilleros que confesaron ante un juez de Cojutepeque pertenecer a la MS-13 y por eso fueron condenados por el delito de organizaciones terroristas. El juez les impuso trabajos de utilidad pública (limpieza y recolección de basura), castigo que cumplían en las alcaldías de San Sebastián y Cojutepeque, en Cuscatlán, lugares gobernados por Nuevas Ideas.

Edgar Antonio y José Jonathan fueron capturados durante el Régimen de Excepción por agrupaciones ilícitas. Técnicamente, la Policía los arrestó por un delito distinto, pero en el fondo el hecho que les reprochan es el mismo: pertenecer a la pandilla.

Edgar Antonio fue capturado a las 11:00 a.m del 28 de marzo de 2022, cuando barría el mercado de San Sebastián, bajo la supervisión de un empleado municipal. Es decir, mientras cumplía con la orden de un juez. Hay un documento oficial que dice que el convicto no estaba delinquiendo al momento de su captura. “Este día se le asignó como tarea a partir de las 8:00 a.m. ir al mercado municipal a colaborar con la limpieza como se había hecho costumbre los días que el joven antes mencionado venía a cumplir sus jornadas; pues resulta que estando él cumpliendo con su jornada, a las 11 a.m. lo intervino la policía y procedió a esposar y se lo llevaron (sic)”, consigna una carta firmada por Walter Henríquez, encargado de trabajos de utilidad pública de esa Alcaldía.

Un documento de la alcaldía de San Sebastián consigna que Edgar Antonio Alfaro Ayala fue capturado cuando barría el mercado, bajo supervisión municipal. Él cumplía una condena por pertenecer a una pandilla y la Policía lo capturó durante el Régimen de Excepción por el mismo delito.
 
Un documento de la alcaldía de San Sebastián consigna que Edgar Antonio Alfaro Ayala fue capturado cuando barría el mercado, bajo supervisión municipal. Él cumplía una condena por pertenecer a una pandilla y la Policía lo capturó durante el Régimen de Excepción por el mismo delito.

José Jonathan, por su parte, fue arrestado el cinco de abril de 2022. Trabajaba recolectando basura para la Alcaldía de Cojutepeque, en cumplimiento también a lo ordenado por un juez. La Policía lo capturó durante el Régimen de Excepción por agrupaciones ilícitas, acusándolo de pertenecer a la Big Criminal Locos Salvatruchos.

Las pruebas que han llevado a la cárcel a cientos de personas no son suficientes para imputar el delito de agrupaciones ilícitas, según un juez experto en crimen organizado que habló bajo anonimato por su seguridad. “Es un error y nos insertamos en un régimen que persigue no con pruebas, sino por antecedentes policiales o judiciales, porque analiza antecedentes y no conductas actuales”. El funcionario explicó que la Fiscalía debe detallar qué evidencia tienen de que la persona pertenece a una estructura, como la declaración de un testigo criteriado, que es muy frecuente en las causas judiciales de pandillas, o un extracto de una intervención telefónica que indique que es miembro activo.

Pero el criterio o la decisión que tome un juez sobre la libertad o encarcelamiento de un ciudadano es algo que parece no importarle al Ejecutivo. “Ningún pandillero va a volver a salir de la cárcel”, dijo Osiris Luna el 26 de julio de 2022, durante el programa televisivo Diálogo con Ernesto López. El presentador preguntó si eso incluía a personas que ya habían cumplido una condena: “Correcto. Está cometiendo delito durante… por qué… no más pisa un pie fuera de la cárcel… que si ya, obviamente, estamos haciendo la orden de libertad, pero ahí mismo es capturado y llevado detenido como pandillero activo dentro del Régimen”, dijo.

 

En la lógica de Luna, el hecho de que un pandillero salga de un penal constituye delito, aún sin haber comprobado si seguía participando en las actividades criminales de la pandilla. Este criterio no es nuevo, las autoridades lo están aplicando desde el inicio del Régimen de Excepción. A las 10:30 de la mañana del 16 de abril de 2022, por ejemplo, un equipo de policías llegó hasta el portón principal del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a capturar a Marco Antonio Osorio Ordoñez, de 46 años, alias “Niño Malo”. Él es un pandillero que cumplió diez años de cárcel por homicidio, pero que tras cumplir su pena fue capturado a la salida del penal por agrupaciones ilícitas.

De mientras, entre “nerviosos”, “sospechosos”, cientos de personas cuyo requerimiento no explica nada o tienen vagas fichas policiales o antecedentes, el Régimen ya ha refundido en prisión a más de 48,000 personas. Al menos 63 de ellas han muerto bajo custodia del Estado sin haber sido condenadas por ningún delito durante este periodo.

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El Salvador Sun, 07 Aug 2022 17:52:06 +0100 http://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26318/Los-expedientes-ocultos-del-Régimen-cientos-de-arrestos-por-“nerviosismo”-y-“ficha-policial”.htm
Guatemala detiene a su periodista más prominente http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037852.jpg http://elfaro.net/es/202208/columnas/26313/Guatemala-detiene-a-su-periodista-más-prominente.htm El gobierno de Giammattei ha quedado pintado como lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a saquear al Estado Read in English.

La detención de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico de Guatemala y uno de los periodistas más reconocidos de América Latina, ocurrió el viernes pasado en su vivienda, mientras fiscales y policías allanaban también las oficinas del diario. Declarado bajo reserva el caso, las autoridades no dijeron ni en un lugar ni en el otro qué buscaban ni bajo qué cargos se llevaban a Zamora. Ante la protesta internacional, el Fiscal Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, se vio obligado a aclarar: “La aprehensión no tiene ninguna relación con su calidad de periodista sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario”. 

¿Qué esperaban que dijera? ¿Que lo detienen por el periodismo de su medio que denuncia la corrupción, que tanto incomoda a funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al presidente Alejandro Giammattei y su gabinete, a la jefa del Ministerio Público Consuelo Porras y al mismo Curruchiche? ¿Que Zamora es una de las principales voces críticas contra la toma del Estado perpetrada por los mismos oscuros poderes que sacaron a la CICIG, que han montado casos contra jueces, magistrados y fiscales, incluyendo a Claudia Paz y Paz y al ex fiscal especial Juan Francisco Sandoval? ¿Que por eso lo han detenido? No. Lo acusan de lavar dinero. 

Las legislaciones centroamericanas tienen, palabras más o menos, la misma definición para el delito de lavado de dinero: es el acto de administrar, invertir o tener dinero sabiendo que proviene de la comisión de otro delito. En otras palabras, es el intento de legalizar dinero de origen ilegal, llámese narcotráfico o corrupción o extorsión. Con otro agravante: el delito es tan grave que la persona acusada no puede defenderse en libertad. El juicio debe enfrentarse encarcelado. 

Acusar a Zamora de este delito es establecer públicamente, desde el Estado, la imagen de alguien que trabaja para el crimen organizado. Deslegitimarlo. Igual que hoy a él, la dictadura nicaragüense acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro de lavado de dinero y embargó sus oficinas. A mí también el presidente salvadoreño Nayib Bukele me acusó, en cadena nacional de televisión, de lavar dinero, mostrando imágenes mías.  

Hace unos meses, José Rubén Zamora me llamó para solidarizarse conmigo y El Faro, el periódico que dirijo, por las múltiples auditorías amañadas en nuestra contra, ordenadas por el ministerio de Hacienda de Bukele en su intento por construir en contra nuestra casos de lavado de dinero o de evasión de impuestos. Sus largas décadas de experiencia en un país como Guatemala, donde no termina de aclarar cuando ya oscurece de nuevo, han expuesto a José Rubén y elPeriódico a varias auditorías de este tipo. Es el modo en que operan aquellos que quieren silenciarnos. No me dio muchos consejos ni grandes consuelos, pero me ofreció su casa y me dijo que al final aquellos que nos acusan para tapar sus propios delitos terminarán en la cárcel. Paradójicamente, es él quien está hoy preso.  

Él, quien desde hace años denuncia a políticos y militares de su país de apropiarse indebidamente de dinero, de obtenerlo de manera ilícita y luego legalizarlo; es decir, de lavado de dinero. Pero no son aquellos los presos, sino él.

Centroamérica vive hoy un gravísimo retroceso democrático en el que los gobernantes concentran cada vez más poder a costa de los derechos constitucionales de sus ciudadanos. El mayor ejemplo es la dictadura de Ortega en Nicaragua, seguida por el autoritarismo millenial de Bukele en El Salvador; y Giammattei y los grupos narcopolíticos, empresariales y militares en Guatemala. En los tres países el retroceso institucional va de la mano con la corrupción escandalosa y la falta de contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. En estas condiciones, el periodismo se convierte en el último dique para contener el atropello impune, a través de la investigación, la denuncia y el cuestionamiento crítico al ejercicio del poder. 

Tanto la fiscal al frente del Ministerio Público, Consuelo Porras, como Curruchiche, el fiscal que ordenó la detención de Zamora, han sido señalados por actos de corrupción, plagio u obstaculización de investigaciones contra la corrupción, no solo en Guatemala sino internacionalmente. Ambos fueron incluidos en la lista Engel y no han ocultado su intención de vengarse contra todos los operadores del sistema judicial que durante los años de la CICIG intentaron limpiar la corrupción en Guatemala. El mismo día de la detención de Zamora ordenaron y ejecutaron también la captura de la auxiliar del Ministerio Público, Samari Gómez, sobreviviente de la Fiscalía Especial que dirigía Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio. Hay 24 exoperadores del sistema de justicia (exfiscales y jueces) exiliados por la persecución de Giammattei, Porras y Curruchiche, y cinco procesados en Guatemala. Es la venganza del viejo sistema contra quienes estorbaban, o aún estorban, la toma total del sistema de justicia en manos de Porras y Curruchiche. Que sean ellos, los señalados por corrupción, los que encabecen la persecución contra Zamora, ya da muchas luces sobre este proceso. 

El de José Rubén Zamora no es, lamentablemente, un caso aislado en la región. En Guatemala, ya el año pasado denunciábamos la persecución judicial contra otras y otros periodistas: Carlos Choc, Anastasia Mejía, Juan Luis Font, Sonny Figueroa, Marvin del Cid, Claudia Méndez y el propio Zamora, a quien le estaban reabriendo viejas causas judiciales ya agotadas. 

En Nicaragua, hay dos periodistas y seis personas más vinculadas a medios de comunicación presas en las cárceles de Ortega. Uno de ellos, Miguel Mora, lleva cuarenta días en huelga de hambre en protesta contra la tortura de que son objeto los presos políticos. Una gran cantidad de periodistas, incluyendo a Chamorro, tuvieron que partir al exilio. Nicaragua es hoy un país sin periódicos impresos, tras el cierre de La Prensa por embargo del papel y la captura de su gerente; y justo esta semana la policía orteguista cerró siete radioemisoras católicas, porque criticaban a la dictadura. 

En El Salvador, son ya docenas de colegas espiados, perseguidos, acosados y difamados por Bukele y sus voceros. Solo en El Faro, CitizenLab encontró que 22 de nosotros teníamos los teléfonos infectados con Pegasus, un sistema de espionaje que permite activar en vivo cámara y micrófonos y extraer toda la información del aparato. Hemos sufrido seguimientos, campañas de deslegitimación apadrinadas por el propio Bukele, espionaje con drones en nuestras casas (uno de esos aparatitos, después de un par de visitas a unos metros de distancia, entró muy campante la tercera vez por el ventanal de mi estudio y flotó, con toda impunidad, durante unos momentos frente a mi), linchamientos en redes, amenazas… Tras nuestras investigaciones que revelaron las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y las pandillas, la bancada del partido oficial aprobó una ley mordaza, que prevé penas de hasta 15 años para periodistas y representantes de medios que publiquemos cualquier cosa sobre pandillas que se salga del discurso oficial.  

La intención de las autoridades en nuestros países es la misma: desprestigiarnos y silenciarnos para que no sigamos investigando ni publicando actos de corrupción. 

No es casual que, el lunes siguiente a la captura de José Rubén, la oficina del fiscal Curruchiche haya ordenado congelar las cuentas bancarias del periódico. Sin dinero no podrán comprar papel ni pagar a sus empleados. Sin dinero, el medio más importante de la historia reciente de Guatemala morirá, con su fundador en la cárcel.

Las autoridades guatemaltecas podrán pensar que con ello se han quitado ya un problema de encima, pero en realidad han causado otro mayor: han despertado una protesta internacional de periodistas, de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de gobiernos de varios países. Porque nadie cree que José Rubén sea lavador de dinero y tampoco nadie cree que el sistema de justicia guatemalteco sea hoy capaz de brindarle las mínimas garantías para su defensa. El gobierno de Giammattei ha quedado pintado como lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a saquear al Estado y por tanto necesita deshacerse de sus críticos. Hoy el grupo que gobierna Guatemala tiene a un prominente preso político, ante los ojos del mundo. Y a un periodismo centroamericano harto ya de que los corruptos intenten silenciarnos. Mi solidaridad con la familia Zamora, y con los colegas de toda la región.

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Columnas Tue, 02 Aug 2022 14:40:58 +0100 http://elfaro.net/es/202208/columnas/26313/Guatemala-detiene-a-su-periodista-más-prominente.htm
América Latina sigue excluyendo a las mujeres afrodescendientes - Por John Antón Sánchez http://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://elfaro.net/es/202207/360grados/26312/América-Latina-sigue-excluyendo-a-las-mujeres-afrodescendientes---Por-John-Antón-Sánchez.htm 360 grados Mon, 01 Aug 2022 08:53:24 +0100 http://elfaro.net/es/202207/360grados/26312/América-Latina-sigue-excluyendo-a-las-mujeres-afrodescendientes---Por-John-Antón-Sánchez.htm La Prensa también abandona Nicaragua - Por Carlos Fernando Chamorro http://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://elfaro.net/es/202207/360grados/26311/La-Prensa-también-abandona-Nicaragua---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm 360 grados Mon, 01 Aug 2022 08:40:46 +0100 http://elfaro.net/es/202207/360grados/26311/La-Prensa-también-abandona-Nicaragua---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm El estallido social en Panamá no encuentra una salida política - Por Enrique Gomáriz Moraga http://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://elfaro.net/es/202207/360grados/26310/El-estallido-social-en-Panamá-no-encuentra-una-salida-política---Por-Enrique-Gomáriz-Moraga.htm 360 grados Mon, 01 Aug 2022 08:39:04 +0100 http://elfaro.net/es/202207/360grados/26310/El-estallido-social-en-Panamá-no-encuentra-una-salida-política---Por-Enrique-Gomáriz-Moraga.htm Chachahuate: Una favela en el paraíso http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037800.jpg http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26039/Chachahuate-Una-favela-en-el-paraíso.htm El archipiélago Cayos Cochinos, la joya turística del Caribe hondureño, esconde una realidad desconocida para la mayoría de los visitantes: el único cayo enteramente habitado por una comunidad es una favela cuyos habitantes viven con un sinfín de carencias y en una batalla permanente contra el mar, tratados como un estorbo para el desarrollo y olvidados por el Estado. English edition

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Centroamérica Sun, 31 Jul 2022 18:16:09 +0100 http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26039/Chachahuate-Una-favela-en-el-paraíso.htm
ESPECIAL: Los supervivientes de los Cayos Cochinos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037799.jpg http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26036/ESPECIAL-Los-supervivientes-de-los-Cayos-Cochinos.htm En medio de unas islas paradisíacas del Caribe hondureño, comunidades de pescadores garífunas viven en la miseria y en permanente conflicto con las autoridades que les prohíben pescar. Los Cayos Cochinos son un reflejo del istmo: un edén para los turistas y una mina de oro para grandes empresarios, a costa de la sobrevivencia de los pobladores locales. English edition Centroamérica Sun, 31 Jul 2022 18:16:08 +0100 http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26036/ESPECIAL-Los-supervivientes-de-los-Cayos-Cochinos.htm Los supervivientes de los Cayos Cochinos Carlos Martínez* http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000037240.jpg http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26037/Los-supervivientes-de-los-Cayos-Cochinos.htm En medio de un paraíso caribeño se libra una batalla: por un lado, un pueblo de indígenas garífunas que reclaman el derecho de sobrevivir en los territorios que habitaron sus ancestros durante más de dos siglos. Por otro lado, grandes conglomerados empresariales, el ejército y un reality Show europeo, que buscan lucrarse de la belleza natural del archipiélago Cayos Cochinos en el litoral Atlántico de Honduras. English edition  1. La batalla de cayo Palomo

El 22 de febrero de 2019 estalló un conflicto en medio de unas islitas paradisíacas en el Caribe hondureño. 

Aquel día, los pescadores garífunas de la comunidad Nueva Armenia se hicieron a la mar en pie de guerra, a bordo de cayucos de madera y lanchas con motores fuera de borda, usados normalmente para pasear turistas. Reunieron un arsenal de tambores y esencias para prender sahumerios y se fueron a presentar batalla para recuperar el territorio que consideran suyo. Tomaron por asalto el cayo Palomo antes de que la lancha de guardacostas consiguiera impedirlo. Se apoderaron de la playa y tocaron en los tambores los ritmos secretos de sus abuelos guerreros. Entonces, salieron los italianos a bailar. 

Eran  participantes del célebre show “Supervivientes”, que se rueda dos veces al año en los Cayos Cochinos. Se trata de un concurso en el que –a veces unos españoles, a veces unos italianos– juegan a sobrevivir en lo que parecen ser unas islas “desiertas”: pasan pruebas, se enamoran y se odian, hacen alianzas y viven las más apasionadas intrigas para deleite de las audiencias europeas. 

Al parecer, los competidores italianos pensaron que aquel desembarco garífuna era parte del juego y salieron a su encuentro  con sus bikinis diminutos y sus músculos y sus abdómenes a menearse como mejor supieron, mientras  camarógrafos y  sonidistas los orbitaban sin saber qué hacer.  

Carolina Castillo tiene 68 años de edad, nació y creció en Nueva Armenia. Cayoya, como la conocen en la comunidad, hace memoria de su juventud e infancia en los cayos, recuerda la libertad con la que los garífunas podían subsistir de la tierra y la compara con la actualidad, ''Tenía años de no venir aquí a Cayo Bolaños, antes cuando mis padres pescaban por aquí hacíamos pausa y después íbamos a Cayo Chachahuate, eso cambió cuando la guardia naval se puso violenta y ya no dejó que nos acercáramos, hoy tengo que venir como turista entre el resto de turistas que viene a este lugar'', dijo mientras caminaba por el cayo rodeada de turistas de toda honduras y de extranjeros.
 
Carolina Castillo tiene 68 años de edad, nació y creció en Nueva Armenia. Cayoya, como la conocen en la comunidad, hace memoria de su juventud e infancia en los cayos, recuerda la libertad con la que los garífunas podían subsistir de la tierra y la compara con la actualidad, ''Tenía años de no venir aquí a Cayo Bolaños, antes cuando mis padres pescaban por aquí hacíamos pausa y después íbamos a Cayo Chachahuate, eso cambió cuando la guardia naval se puso violenta y ya no dejó que nos acercáramos, hoy tengo que venir como turista entre el resto de turistas que viene a este lugar'', dijo mientras caminaba por el cayo rodeada de turistas de toda honduras y de extranjeros.

Una de las garífunas que participó en aquel desembarco grabó el encuentro con su teléfono y a simple vista es imposible deducir lo que está ocurriendo: decenas de pescadores negros con  ropas humildes, los tambores sonando, los italianos dándolo todo; una líder de la comunidad, de rodillas en la arena, gritando al mar sus demandas con un megáfono; un grupo de militares con sus fusiles que miran todo desde la lancha de guardacostas, sin tener idea de qué se hace en estos casos, y una productora que camina por la playa con el susto de quien sabe que aquello no es parte del show. 

Cuando al fin alguien puso en orden aquel zafarrancho, los pescadores garífunas y los italianos ya se habían mezclado, y  unos enseñaban a  otros a mover las caderas y todos se aplaudían al final de cada danza.

“¡Ey, paren el tambor un poquito!”

En el video se escucha la voz de Eduard, el líder de la asociación de pescadores de Nueva Armenia, y de Ana Mabel, que encabeza el comité de defensa de la tierra: dos jóvenes garífunas, motores de la organización comunal, dotados de un discurso bien articulado y de una rabia fermentada durante años. 

Dos azoradas productoras se acercaron a los muchachos buscando sacar algo en limpio. “Se les dijo que el problema no era con ellos, sino con la Fundación, que había una serie de agresiones de la Fundación contra la comunidad y que la comunidad no recibía absolutamente nada del dinero que ellos pagaban por alquilar los cayos”, recuerda Ana Mabel.  

De la Fundación hablaremos después. Por lo pronto diremos que es la organización que administra el archipiélago de los Cayos Cochinos y diremos además que los garífunas consideran aquellas islas como parte de su territorio ancestral, donde pescaron sus abuelos por dos siglos, y por ello les resulta insoportable que durante el rodaje de “Supervivientes”, la guardia costera, acompañada siempre de soldados, les impida pescar cerca de los cayos, para no contaminar las tomas ni la atmósfera de isla desierta y virgen que los europeos venden a su público. 

En nombre de la pureza de las imágenes del show televisivo, algún fusil ha sido disparado, algunos pescadores han estado a punto de morir ahogados y una larga lista de humillaciones han podrido desde el inicio la relación entre las comunidades locales y los foráneos. 

Aquel día el rodaje se detuvo. La producción evacuó de Cayo Palomo a los alegres italianos y reclamó por la interrupción a la Fundación, que les había rentado los cayos sin advertirles de la posibilidad del desembarco súbito de aquel grupo de pescadores negros y pobres. 

Los garífunas aprovecharon a tirar sus chinchorros al mar –redes de pesca artesanales– y terminaron la jornada con una comida colectiva de pescado frito. Durante unas horas Cayo Palomo fue enteramente suyo. Recogieron sus tambores y sus redes y volvieron a Nueva Armenia. 

Los Garífunas se abrazan de su historia, tratan de mantener sus principios, el amor por la tierra y el respeto de la vida, de allí que los líderes comunitarios como los de Nueva Armenia se inspiran para ser resilientes, ''Nosotros los garífunas tenemos un espíritu de libertad'', es la frese Garífuna que desde los comités de defensa de la tierra se transmite a toda la nación ancestral. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Los Garífunas se abrazan de su historia, tratan de mantener sus principios, el amor por la tierra y el respeto de la vida, de allí que los líderes comunitarios como los de Nueva Armenia se inspiran para ser resilientes, ''Nosotros los garífunas tenemos un espíritu de libertad'', es la frese Garífuna que desde los comités de defensa de la tierra se transmite a toda la nación ancestral. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Alrededor de dos semanas después, el 10 de marzo de 2019, Eduard, Ana Mabel y otros líderes garífunas fueron convocados para “tratar asuntos de trabajo”. Pero la carta de convocatoria no venía firmada por la producción de Supervivientes, ni por los dueños de los cayos, sino por el Capitán de fragata Henry Geovany Matamoros, comandante del primer batallón de Infantería de Marina de Honduras, quien, luego de saludarles “de la manera más atenta y cordial… deseando que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones”, les citaba para el día siguiente en la sede de la guarnición militar, en el municipio de Ceiba. 

Y ahí la historia deja de ser pintoresca. 

2. Cuando “mío” llegó al paraíso

Octubre de 2021.

Mientras flotamos sobre el mar Caribe en este cayuco de madera, Pepito mira hacia la costa unos segundos, verifica la altura del Sol, mira la orilla, mira unos árboles, mete el remo al agua un par de veces más para alinearse con quién sabe qué y ordena a Lala saltar: “Si yo le digo que hay piedra, hay piedra; si le digo que se tire, tiene que tirarse”. Y sin rechistar, Lala se lanza al agua, recoge los ganchos que utiliza para atrapar langostas, se asegura a la espalda un tanque de oxígeno y desaparece en lo profundo. 

Pepito es un veterano pescador garífuna, de 56 años, que domina las artes de pescar con cordel y que cuando está sobrio es uno de los mejores “marcadores” de Nueva Armenia y por tanto un compañero muy codiciado en la búsqueda de langostas. Jamás ha buceado, pero heredó de su padre un talento extraordinario: Pepito es una brújula humana, conoce el punto exacto de las piedras submarinas donde se pasean las langostas, piedras que él jamás ha visto, pero que conoce hasta de nombre. “Aquí abajo está Corozo”, me dice, “Es una piedra grande. A veces Corozo es tacaño, pero cuando da, da”. 

Donde yo veo agua y más agua, Pepito ve ángulos y alineaciones de cosas que me son enteramente invisibles. Desde el cayuco decreta que estamos navegando sobre El Cañal, La Cubera o Ariola, sin más instrumento que sus ojos y el conocimiento que acumuló su padre y su abuelo y el padre de su abuelo antes que él. Eso y el hambre, que es sin duda un instrumento poderoso, sobre todo cuando, para aplacarla, no queda otra que saber hablar con el mar. 

Luis Martínez de 19 años, durante un día de trabajo en la pesca artesanal en el caribe hondureño. La pesca es el principal sostén económico para la comunidad Garífuna de Nueva Armenia. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Luis Martínez de 19 años, durante un día de trabajo en la pesca artesanal en el caribe hondureño. La pesca es el principal sostén económico para la comunidad Garífuna de Nueva Armenia. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Mientras Lala corretea langostas a unos 15 metros de profundidad, la misión del marcador es seguir las burbujas que el respirador del buzo manda a la superficie, de manera que, cuando el buzo salga, el cayuco esté cerca. Si el rastro de las burbujas se mueve mucho, Pepito dice –se dice a sí mismo en una voz tan baja que podría ser un pensamiento– “está buscando”. Pero cuando las burbujas se detienen en un único punto, él masculla: “está matando, Lala está matando”. 

Tira un cordel con anzuelo y mientras espera que algo pique, saca de su bolsillo una botellita de salvaje Tatascán, el guaro más pirata y más cáustico de estas costas, que toma a grandes tragos, aturrando la cara. Mientras besuquea el Tatascán, recuerda sus años de marinero de barco grande, cuando navegó el Atlántico y pisó tierra firme en varias islas del Caribe, comprobando que su lengua materna, el garífuna, se hablaba más allá de Honduras. 

“Mire el mar, está clarito, qué calma”, y vuelve a la botella y luego a quejarse de que su suegra habla dormida y que por eso él no consigue pegar ojo por las noches. Hasta que se da cuenta que ha perdido el rastro de las burbujas. No hay señales de Lala. Que un buzo deje de generar burbujas es un signo muy malo. Pepito aguza la vista para intentar encontrar unas burbujas en medio del mar, pero no hay rastro. Mete el remo al agua y vuelve a ubicar la posición desde la que el buzo se sumergió. Nada. No hay burbujas. “No me gusta, no me gusta”, ronronea y mira con desesperación el agua que se mueve como una criatura viva y le da con desesperación al remo. Desde el cayuco, el vaivén del mar hace desaparecer a ratos la línea de costa y Pepito se llena de malos augurios. 

A lo lejos, entre espumas, aparece finalmente Lala, que maldijo al salir y no encontrar el cayuco cerca. Pepito rema a todo trapo para acercarse y Lala sube a la embarcación con una única langosta, que será toda la pesca de la jornada. Bien es sabido que, a veces, Corozo es tacaño. 

* * *

Lala –36 años, alto, fibroso, el pelo largo liado en rastas– ha pescado desde los 12. Decidió no entrarle al negocio de su padre, que ya murió y que trabajaba en un rubro en el que también hay que salir al mar, pero no para traer pescado sino “otras cosas”, dice, otras cosas que dejan bastante más dinero que las langostas. Intentó entrarle también al fútbol profesional, pero aquello tampoco resultó bien y hoy tiene en mente “jalar para el norte”. 

Lala durante la preparación de un cayuco para pescar. Pepito el guía marino espera sentado aún bajo los efectos de alcohol de la noche anterior. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Lala durante la preparación de un cayuco para pescar. Pepito el guía marino espera sentado aún bajo los efectos de alcohol de la noche anterior. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Su negocio es sencillo, o se explica de forma sencilla: Lala no tiene su propio cayuco, sino que utiliza el de su patrón, quien también financia los tanques de oxígeno. A cambio, Lala debe venderle a él –y sólo a él– todas las langostas que pesque, a un precio bastante más bajo del que pagarían otros compradores: unos 11 dólares la libra de carnosa cola de langosta caribeña, que luego el patrón vende a los resorts y restaurantes para turistas. 

El cayuco es una estrechísima vaina de madera, labrada de forma artesanal, impulsado por unos artesanales remos de madera y una vela hecha de nylon sujetado a un mástil artesanal. 

Así se gana la vida Lala, pero  estas aguas son merodeadas por otros predadores. Sentado frente a la tienda de su madre, acompañado de otros dos veteranos pescadores, Lala narra sus encuentros con peces más grandes, mientras los otros dos asienten y agregan detalles a sus historias.  

Por ejemplo: en 2019, en pleno rodaje de Supervivientes, Lala buceaba a pulmón cerca de Cayo Bolaño, cuando la lancha de guardacostas lo vio y le dijeron que tenía que entregarles su equipo. “Si me quitás mi equipo es como que me quitaras las manos, ¿cómo le voy a dar de comer a mi familia?”, rogó. Pero los militares se mostraron inconmovibles. Así que antes que entregarles sus instrumentos de trabajo, Lala los destruyó: contra su cayuco partió en dos su careta y con el cuchillo rajó sus aletas. Tampoco quiso entregarles el fruto de su trabajo: así que tiró al mar las diez langostas vivas que había atrapado y las 12 libras de caracol. Esa vez lo dejaron ir, pero regresó a casa, luego de todo un día en el mar, sin nada. 

“Me dijeron que ahí era prohibido pescar, pero cuando es el reality y vienen los españoles y los italianos, ellos pueden barrer con lo que se les ponga por delante. Yo los he visto. Incluso se comen los erizos y las culebras”. Aprieta los dientes y su cara se vuelve angulosa. Algo peligroso le ensombrece el rostro mientras recuerda sus encuentros con la patrulla guardacostas, a la que todo mundo se refiere como “la lancha de la Fundación”. 

El archipiélago Cayos Cochinos está formado por 16 islotes en la caribe hondureño, los cayos es territorio que ha sido ocupado ancestralmente por los Garífunas. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
El archipiélago Cayos Cochinos está formado por 16 islotes en la caribe hondureño, los cayos es territorio que ha sido ocupado ancestralmente por los Garífunas. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En 2018, cuenta Lala, uno de sus compañeros había comprado un pequeño motor, que le permitiría internarse más profundo en el mar y decidieron probarlo. Esa vez atraparon 16 langostas y cuatro peces chancho. En el camino de regreso a Nueva Armenia, fueron interceptados de nuevo por la lancha de la Fundación. Esta vez les ordenaron subir a la patrulla. Lala hizo una propuesta a uno de los soldados: “¿Por qué no me dejás llegar a la orilla y ahí vemos quién es quién?”, a lo que el soldado replicó “¿No te vas a subir entonces, negro? ¿Así que vos andás murmurando, negro?”, y fue más de lo que Lala pudo soportar: se lanzó al agua y desde ahí repitió la oferta al soldado: “Tirate pues y vemos quién sale del agua”. El militar se quitó las botas, se quitó los calcetines, se desabotonó la camisa… y sabiamente se quedó en la lancha, cavilando, supongo, sobre la pésima idea que es pelear en el agua contra un buzo garífuna como Lala. Entonces lo abandonaron en el mar, aproximadamente a dos kilómetros de la costa y remolcaron el cayuco junto a su compañero y las presas del día. Un pescador lo encontró mientras Lala nadaba hacia tierra. El motor recién comprado fue lanzado al mar por los soldados, el cayuco decomisado jamás fue devuelto. Aquella vez también estaban rodando el reality. 

Dos años antes, en 2016, la patrulla los encontró descansando en Cayo Culebra: después de un día de pesca, se habían detenido en el islote para recibir un poco de sombra y prepararse algo de comer. Esa vez los soldados los obligaron a tenderse boca abajo en la arena y los encañonaron con sus fusiles. A los dos compañeros de Lala los atizaron a patadas. A uno le obligaron a quitarse los aretes que llevaba en la oreja y los lanzaron al monte. Lala se salvó de ser apalizado por el respeto que inspiraba su padre, quien entonces vivía y cuya reputación era bien conocida en la zona. Esa vez le robaron sus aletas y su careta. Los otros dos pescadores pasaron semanas con dolor en las costillas. 

Unas semanas después, los soldados tiraron al mar 80 langostas que había atrapado junto con otros tres buzos. Los obligaron a ver cómo las lanzaban al agua, una por una, hasta llegar a 80. 

Otra vez los atraparon con un saco de langostas y uno de los soldados le dijo que se las entregaría a gente necesitada. “¿Y vos creés que yo andaría buceando si no tuviera necesidad?”, replicó Lala. No importó. Los presentaron ante las autoridades en el municipio de La Ceiba. Por falta de juez disponible tuvieron que dormir en las bartolinas policiales. Al día siguiente los dejaron ir. Cuando fueron a firmar su liberación, vieron el saco en el que llevaban las langostas. Vacío. 

* * *

En uno de los rincones de Nueva Armenia, dentro de una diminuta champa de madera y techo de lámina, vive un viejo solitario. Dentro de aquella casucha reina la oscuridad incluso de día: uno de los dos espacios interiores está ocupado por un humilde catre de madera, un revoltijo de ropas y un radio de pilas negro. El otro espacio está coronado por un ataúd, que aquel viejo atesora para sí mismo y que, mientras llega el momento de partir, hace las veces de baúl de los recuerdos: el interior del cofre está lleno de papeles que alguna vez escribió o leyó, todos protegidos por bolsas de plástico. El viejo se llama José. 

José, de 83 años, es uno de los ancianos de Nueva Armenia, vive solo en una pequeña casa, y así como sus ancestros también fue pescador hasta donde la vida se lo permitió. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
José, de 83 años, es uno de los ancianos de Nueva Armenia, vive solo en una pequeña casa, y así como sus ancestros también fue pescador hasta donde la vida se lo permitió. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Fue pescador toda su vida, como su padre y como su abuelo. Y lo fue hasta hace unos cuantos años, cuando la salud lo sacó del mar: José se ha quedado ciego. Una fina membrana blanca cubre sus ojos, convirtiendo el mundo en un lugar habitado por siluetas. Es una afección común entre los pescadores que lidian durante años con la sal y el reflejo del sol en el agua. 

Pero José suele volver al mar con el pensamiento, para navegarlo y respirar su fragancia y su luz. En su rostro de anciano sonríe un niño cuando vuelve a su balsa o cuando siente el tirón de un pez en el anzuelo y regresa luego a descansar en las arenas de su cayo, y aquellas estrellas vienen a poblar para él el cielo nocturno. Entonces, unos vientos arrastran el tiempo hacia atrás: 

“El año 1952… iba a pescar a los cayos con unos viejitos que se llamaban Isabel Ávila y Elías Martínez y un indio, que se llamaba Trino Tejedo… Salíamos a pescar mar adentro, a pura vela. Si soplaba viento bajo, nos dirigíamos a cualquiera de los cayitos y ahí nos quedábamos hasta que pasara el mal tiempo. Siempre andábamos en las embarcaciones”.

Los Cayos Cochinos eran refugio y descanso para los pescadores, tenían una belleza virgen y eran de todos. Estaban deshabitados la mayor parte del tiempo, salvo tres meses al año, cuando los garífunas construían refugios estacionales para la temporada de mayor demanda de pescado: la Cuaresma. Los primeros asentamientos garífunas alrededor de los Cayos Cochinos comenzaron a echar raíces desde 1797 y desde entonces aquellas tierras y aquel mar corren por la sangre de esa gente.

Para José y para sus vecinos de Nueva Armenia, hay un cayo en particular que está atado a la historia de la comunidad y a sus ancestros fundadores. Desde el fondo de sus 83 años, José recuerda el día en que lo vio por primera vez, siendo apenas un adolescente, y una risa se le escapa: lo vio desde el cayuco, rodeado de unas aguas tan transparentes y puras que pensó que el fondo marino estaba a un palmo de profundidad, así que en un arrebato saltó al agua y se hundió completamente hasta tocar con los pies la arena suave del fondo. Emergió en la playa y ante él se revelaba, blanca y desnuda, la belleza del cayo Chachahuate. 

Cayo Menor es uno de los islotes más grandes del archipiélago Cayos Cochinos, allí está la sede de la fundación Cayos Cochinos que con el discurso de la preservación del territorio ha intentado despojar a la comunidad Garífuna de su tierra. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Cayo Menor es uno de los islotes más grandes del archipiélago Cayos Cochinos, allí está la sede de la fundación Cayos Cochinos que con el discurso de la preservación del territorio ha intentado despojar a la comunidad Garífuna de su tierra. Foto de El Faro: Carlos Barrera

 “Si usted hubiera conocido los cayos en ese tiempo creo que también hubiera quedado encantado. Los cayos para mí han sido el paraíso que Dios le dejó al hombre. Eso creo que lo voy a llevar hasta mi tumba. Si tuviera la vista, no me estuviera haciendo la entrevista aquí, me la estuviera haciendo en los Cayos Cochinos. Los extraño bastante, bastante. Si el Padre me escucha, mi mayor deseo es que me restaure la vista para volver”, suplica. Pero quizá es el destino de los paraísos vírgenes vivir sólo en el recuerdo de los viejos que ya no pueden verlos más. 

Un día apareció alguien que llamó a aquellas islas “mías”. En la historia oral, que los garífunas se cuentan de generación en generación, Tiburcio Carías Andino –el cruel dictador que gobernó Honduras durante 17 años, entre 1932 y 1949– entregó los Cayos Cochinos a un leal sirviente llamado David Griffith, que los pasó en herencia a su hijo Jano Griffith: “Hombre que no habrá otro igual a él de bondadoso y muy servicial”, asegura José.

Pero Jano montaba en cólera por el insoportable robo de “sus” cocos. Y les impuso a los garífunas dos normas: la primera es que no le “molestaran” sus cocoteros, que no robaran ni sus frutos ni sus hojas. La segunda norma fue que, si bien les autorizaba a construir chozas temporales durante la mejor temporada de pesca, éstas debían ser destruidas pasada la Semana Santa. Así pasaron tres años, al final de la década de los 60, construyendo y destruyendo sus propias champas. Hasta que se cansaron de esa faena y un buen día dejaron de destruirlas. Entonces Jano se las mandó quemar. 

Quizá don Jano no había calado bien a aquellas gentes y no tenía claridad de con quién se estaba metiendo: desde sus orígenes, el pueblo garífuna no ha dejado de romper grilletes y la historia enseña que no es una nación muy dada a doblar la rodilla. José y otros pescadores hicieron algo que, por obvio, fue sorpresivo, al menos para Jano, que no habrá visto lío en darle fuego a las chozas de aquellos indígenas negros: ellos acudieron a un juez. Y el juez les dio la razón: envió una nota a Jano, haciéndole ver que no estaba bien eso de quemarles las chozas a los pescadores. Así que Jano reculó, y de sus dos exigencias originales, sólo mantuvo la de los cocos. 

Propiedad privada en Cayo Mayor. Según comentan en la comunidad Garífuna, algunos cayos tiene propietarios, empresarios multimillonarios que ven en los cayos un paraíso para sus vacaciones. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Propiedad privada en Cayo Mayor. Según comentan en la comunidad Garífuna, algunos cayos tiene propietarios, empresarios multimillonarios que ven en los cayos un paraíso para sus vacaciones. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Entre 1967 y 1969 el Cayo Chachahuate –una medialuna delgada y larga, con algunas decenas de palmeras, que se recorre de punta a punta en 5 minutos– se comenzó a poblar de chozas y algunos pescadores, como José, se instalaron ahí de forma permanente. José se convirtió en el coordinador de la cooperativa de pescadores, cuando la libra de pescado se vendía a 15 centavos de lempira “De toda aquella gente, sólo yo quedo”, dice José, descalzo, sin camisa, flaco como un remo, con un pantalón que parece tan viejo como él, sentado una tarde frente a su champa de Nueva Armenia. 

Chachahuate y Nueva Armenia son, desde entonces, una sola comunidad dividida por 19 kilómetros de mar. Cuando a alguien se le pregunta en tierra firme por las familias que viven en el cayo, suelen zanjar la pregunta con un breve: “Somos los mismos”. 

Los garífunas solían partir su tiempo entre la pesca y la agricultura, sembrando las tierras aledañas a la comunidad, nutridas por el delgado río Papaloteca: “Sólo lo que no se sembraba en ella no daba fruto”, dice José. Pero en 1953, el Estado hondureño entregó las tierras ancestrales de los garífunas a la Standard Fruit Company, una multinacional gringa que llenó aquella zona de banano y dejó a la comunidad sin tierra para la agricultura, lo que los empujó a una mayor dependencia  del mar. La compañía frutera explotó esas parcelas, y cuando se retiró las devolvió al Estado, que jamás las reintegró a la comunidad garífuna. Al día de hoy esos territorios están sembrados del nuevo banano, el oro tropical del momento: la palma africana. 

En fin: Jano comenzó a concesionar “sus” cayos, normalmente a extranjeros que podían permitirse el lujo de comprar o arrendar una isla caribeña para ellos solos. Así, aquellos puntitos blancos sobre el Caribe comenzaron a tener el tufo de la propiedad privada. 

“El concepto que yo tengo es que los cayos son de los hondureños, de los negros, de los pescadores. Yo nunca les ocupé un muelle a ellos si no me daban autorización, porque yo les decía a ellos que era lo único que yo les respetaba: sus muelles. Una vez me tocó ir a sacar una madera, unas yaguas para poder embarrar mi casa en Nueva Armenia y me salió un gringo que de ahí no podía sacarla, ‘¿y por qué?’, le pregunté. Y me dice: ‘¡porque esto es mío!’ Y yo le respondí: ‘¿Desde cuándo tenés derecho más que yo, si yo aquí nací?’”. En ese diálogo final, sin saberlo, José resumió los conflictos y las acechanzas que estaban por venir. 

Anualmente, miles de turistas visitan el archipiélago Cayos Cochinos en el caribe hondureña. En uno de los cayos, Cayo Menor, funciona una fundación encargada del cobro de acceso a los turistas. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Anualmente, miles de turistas visitan el archipiélago Cayos Cochinos en el caribe hondureña. En uno de los cayos, Cayo Menor, funciona una fundación encargada del cobro de acceso a los turistas. Foto de El Faro: Carlos Barrera

3. La Fundación

En 1993, tres embarcaciones llegaron por sorpresa al Cayo Chachahuate. De una de ellas –seguido por un séquito de funcionarios y empresarios– bajó el mismísimo presidente de Honduras: don Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), que recorrió asombrado aquella islita y departió con sus habitantes, más asombrados aún, por haber recibido la gracia de semejante presencia. 

“Le ofrecimos la hospitalidad que estuvo a nuestro alcance”, recuerda José, y durante una hora los pescadores garífunas atendieron al mandatario, quien, generoso, les prometió regalarles unas mochilas para los niños. Al irse, recuerda José, se despidió diciendo: “compatriotas, yo los envidio por tener un cayo tan bello”. Y se fue. 

Nunca más el presidente Callejas visitaría los Cayos Cochinos. Moriría 23 años después en Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por fraude electrónico y conspiración.

Las mochilas no llegaron, pero en mayo de 1994, en los estertores de la presidencia del señor Callejas, lo que sí llegó fue un intento de desalojo. Al parecer la permanencia de los pescadores garífunas interfería con algún plan y el Estado hondureño se propuso echar a esa gente del archipiélago de Cayos Cochinos. Entonces comenzaron los problemas en serio. 

Una de las primeras disposiciones fue que –en nombre de la conservación de la flora y fauna– se prohibía la pesca con anzuelo y luego se prohibiría la pesca con chinchorro, que dicho en cristiano equivalía a prohibirles a los garífunas pescar. También se les prohibió recoger madera de los dos cayos más grandes, dificultándoles la construcción de sus chozas y también recoger leña, o capturar los cangrejos con los que se habían alimentado durante generaciones. 

Ana Mabel, la joven líder garífuna del comité de defensa de la tierra, resume el sentimiento entre los suyos: “Cuando has estado por más de 200 años conservando tu casa, ¿creés que es justo que yo te diga que tu casa podría estar mejor si yo la cuido? Hemos pescado por más de 200 años y ahora nos dicen que eso que hacemos es malo”.  

Lejos del Caribe, en la ciudad industrial de San Pedro Sula, un grupo de grandes empresarios hondureños inscribió justo ese mismo año, el 4 de marzo de 1994, una nueva empresa: Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC), cuyo giro comercial aparece descrito así en el registro mercantil hondureño: “La finalidad principal de la sociedad será la adquisición, manejo, utilización, conservación y protección de zonas de valor ecológico; promoción de giras turísticas, eventos, conferencias, seminarios, servicios de guías, prestación de servicios de alimentación, hospedaje, facilidades logísticas, arrendamiento de equipos de buceo y submarino, servicios de transporte acuático, terrestre y aéreo; todo tipo de actividad derivada de operaciones ecoturísticas; realización de planes de manejo de zonas naturales protegidas…”. 

Mediante un acuerdo entre SIEC y el Estado hondureño se decidió que el archipiélago de los Cayos Cochinos debía declararse área natural protegida. 

O sea, a la vez que el Gobierno hondureño declaró los Cayos Cochinos como área natural protegida, apareció, con un gran sentido de la oportunidad, una empresa que se dedicaría a administrar y explotar, precisamente, áreas naturales protegidas. 

SIEC compró cuatro cayos –incluyendo el segundo más grande– y una hectárea del más grande de todos, que no por gusto lleva por nombre Cayo Mayor. Y ese mismo año se crea la Fundación, cuyo nombre legal es HCRF, o sea la Fundación Hondureña para los Arrecifes Coralinos, por sus siglas en inglés –tiene siglas en inglés–, cuya función sería establecer los lineamientos con los que se decidiría cómo usar y cómo cuidar los 15 cayos que forman el archipiélago, incluyendo Chachahuate. Se estableció además que el presidente de SIEC sería el presidente de la Fundación. 

Siempre en 1994, el Estado hondureño y la Fundación firmaron un acuerdo con el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales para instalar una “estación científica” en uno de los cayos de SIEC. Una de las primeras recomendaciones del instituto fue la “relocalización” de los habitantes garífunas de los cayos. 

Un año después, en 1995, se inauguró la estación científica y a la vez se inauguró la base de los guardarecursos y los soldados de la Fuerza Naval en otra de las propiedades de SIEC. Esos guardarecursos y esos soldados son los que patrullan, desde entonces, aquellas aguas a bordo de “la lancha de la Fundación”, impidiendo que los garífunas pesquen donde la Fundación ha establecido que es prohibido y correteando sus canoas y sus lanchas cuando se acercan a los cayos de SIEC, sobre todo cuando están alquilados para el rodaje de los realitys de los españoles y los italianos. 

 4. Hombres tragados por el mar

El 15 de enero de 1995, un hombre desapareció. Domitilio Calix Arzú salió en su canoa a pescar cerca de los cayos y no volvió más. Unos militares reportaron haber encontrado su cayuco a la deriva, pero a sus familiares les pareció raro que la balsa estuviera seca, con todos los instrumentos de pesca a bordo y un anzuelo con una carnada que todavía estaba viva. Apenas un mes después, los soldados de la Fuerza Naval detuvieron a Silvino Córdova y a Mariano Lino, dos pescadores garífunas de Nueva Armenia, y remolcaron su cayuco, dejándolos varados en el mar a unos 9 kilómetros de tierra firme. 

Silvinio hoy tiene 60 años y sigue yendo al mar a buscarse la vida. Sentado junto a otros tres veteranos pescadores garífunas, va pronunciando a cucharadas lo que le ocurrió: 

“Ese día salí con mis compañeros en Nueva Armenia hacia los Cayos Cochinos. Cuando la justicia llegó yo estaba buceando sin tanque y se acercaron a mi cayuquero. Cuando salgo del agua, los soldados quieren que me monte a su embarcación. Yo no me podía montar, porque yo ando buscando comida para mis hijos, langostas o caracoles, cualquier cosa. No les había hecho ningún daño a ellos. Como me opuse a montarme, vinieron, amarraron mi cayuco y lo arrastraron y se lo llevaron. Cuando mi compañero vio que yo estaba nadando se tiró y quedamos abandonados en altamar. No sé por qué me hicieron eso”. 

Otros pecadores los rescataron y los llevaron hasta Chachahuate. De no haber sido rescatados, es posible que Silvinio y Mariano hubieran desaparecido en el mar, como desapareció Domitilio Caliz Arzú. Silvino jamás recuperó su cayuco, y ese es un golpe fatal para un pescador que vive de la pesca diaria: un cayuco cuesta unos enormes y lejanos 800 dólares.  

Desde entonces, han desaparecido en el mar, sin dejar ningún rastro, “Changai” Gutiérrez, Jacinto García, Alejandro Arzú, Julio “Apiacocos” Flores, Malaquía Zúñiga, “Tututú” y Julio “Boa” Arzú, sin que sus restos hayan sido encontrados jamás. 

El más joven de los cuatro pescadores que relata sus andanzas en el mar es Javier Marín, de 55 años.  Como a otros pescadores, los soldados le decomisaron sus instrumentos de pesca y se los quemaron. Sin que mediara la orden de un juez, ni acta de decomiso alguno y, desde luego, sin que ningún procedimiento ampare legalmente quemarle sus herramientas de trabajo a nadie. 

A Jesús Flores –ahora de 63 años– en 2001, le inutilizaron una mano de un balazo de fusil: “Llegaron los soldados donde nosotros y nos agarran dos tanques y preguntamos: ‘pero hay otros buceadores que no les has dicho nada”. Entonces sonaron dos balazos. “Vino el sangrerío, la canoa se llenó de sangre. Como era alta y gruesa, la canoa desvió el balazo y me pegó en el brazo. Mi brazo botaba sangre que daba gusto. No sabía yo que el cuerpo humano tenía tanta sangre. Hasta la vez me quedó así y cuando hace frío ¡ja! Quisiera cortármelo”. Muestra su brazo, todavía con metralla dentro, paralizado como una garra. Hoy, Jesús ya no pesca más. Para ganarse la vida talla gruesos troncos de madera para convertirlos en unos morteros gigantes, donde los garífunas aplastan el plátano macho para crear unas sabrosas bolas amarillas a las que llaman machuca. 

Los dedos de Jesús Flores quedaron inmóviles luego de que recibiera un disparo de la Guardia Naval de Honduras, mientras pescaba en la zona donde sus ancestros lo hicieron desde hace décadas. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Los dedos de Jesús Flores quedaron inmóviles luego de que recibiera un disparo de la Guardia Naval de Honduras, mientras pescaba en la zona donde sus ancestros lo hicieron desde hace décadas. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Unos días después de haber sido herido de bala, Jesús Flores presentó una denuncia ante la sede fiscal de Ceiba, con la ayuda de una institución que representa los intereses de la comunidad garífuna: la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Un mes después volvieron para darle seguimiento a la denuncia, pero se les informó que el expediente se había “extraviado”. Insistieron un año más y luego otro con los mismos resultados, o sea, ninguno. Entonces, en 2003, OFRANEH recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando no solo la agresión contra Jesús Flores, sino también el abandono en alta mar de Silvinio y Mariano, la desaparición de Domitilio, el acoso a los pescadores de parte de la Fundación con el respaldo de militares y las restricciones de pesca, alegando que estas ahogaban las posibilidades de supervivencia de los garífunas. 

Al respecto, el Estado de Honduras, respondió que efectivamente los soldados Julio Chavez, Henry Aarhus y Samuel Mejía habían disparado contra Jesús Flores, pero le pedía a la Comisión Interamericana que no aceptara el caso, puesto que no se habían agotado las instancias locales. En 2003 la fiscalía giró orden de captura contra los tres soldados y solicitó al comandante de la guarnición militar de Ceiba que entregara las armas que portaban el día que le dispararon a Jesús. Cuatro años después, en 2007, la Comisión Interamericana preguntó al Estado Hondureño por los avances del caso. No había. Ninguno de los soldados había sido capturado. Ninguna de las armas había sido entregada. 

Sobre las otras denuncias, dice la Comisión en su informe, Honduras simplemente no dijo nada. 

Siempre en 2007, SIEC comenzó a alquilar sus cayos para la realización del reality show “Supervivientes” –Su-per-vi-vien-tes– y desde ese momento, la patrulla marina cuida la limpieza de los planos del show, correteando las molestas barquitas garífunas. 

Los habitantes de las aldeas costeras Nueva Armenia, Sambo Creek y Río Esteban enviaron una carta a la Fundación, pidiendo dos cosas: ser informados del acuerdo económico que el alquiler de los cayos reporta y ser tomados en cuenta a la hora de decidir cómo van a funcionar estas cosas. El representante de la Fundación en la reunión, el señor Adrián Oviedo, respondió –palabras más, palabras menos– que no a ambas peticiones. 

En 2013, la Comisión Interamericana, volvió a elaborar otro informe de seguimiento, en el que notificaba que en el caso de Jesús Flores no había ocurrido nada: Honduras seguía pidiendo que no se admitiera la denuncia porque aún seguía investigando el caso, pero los militares seguían sin ser capturados y las armas sin ser entregadas. Ni una palabra tampoco sobre la desaparición de Domitilio ni sobre el abandono de Silvino y Mariano. Pero OFRANEH incluyó más casos en su denuncia: el de un pescador que fue aporreado a patadas por soldados; el de otro al que hirieron de bala en un pie después que un soldado le metiera dos tiros al motor de su lancha; los decomisos ilegales de cayucos e instrumentos de pesca, entre otras. Todos estos abusos fueron denunciados ante las autoridades hondureñas, que hicieron lo mismo que en el caso de Jesús Flores. Por cierto, entre las nuevas denuncias ante la Comisión Interamericana, destaca una amenaza de muerte de otros soldados contra… Jesús Flores. 

A José, el viejo pescador, no le entra en la cabeza el asunto de Supervivientes: “Los realities supuestamente es un grupo de artistas, diría yo, no sé cómo puedo decirlo, que se aventuran a vivir a su propio esfuerzo. Es como un concurso, pero es un negocio, porque terminaron alquilando los cayos. Incluso ya nos prohibieron a nosotros agarrar fray (pequeños pescaditos que sirven como carnada) porque dicen que están fotografiando ahí”. 

Y por lo visto, José ha ensayado en su cabeza la única respuesta que se le antoja correcta en estos casos: “Les digo yo, díganle al director de los realities que, si no quiere ver monos pescando en los cayos, que ponga la cámara para otro lado, porque estoy consiguiendo mis pescaditos ahorita”. Y se le queda la cara con una sonrisa justiciera. 

Las actividades de los niños en Cayo Chachahuate van de jugar a que son pescadores y buzos, a diario practican buceo en las cristalinas aguas del caribe hondureño. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Las actividades de los niños en Cayo Chachahuate van de jugar a que son pescadores y buzos, a diario practican buceo en las cristalinas aguas del caribe hondureño. Foto de El Faro: Carlos Barrera

* * *

Los cayos que viven en la memoria de José no existen más. Las islitas blancas con sus palmeras y el color turquesa del agua siguen ahí. Y bajo el agua, las langostas siguen merodeando las grandes rocas submarinas, como Corozo. Las noches son profundas y en su cielo aparece el mismo mapa de estrellas que el viejo pescador admiraba en su juventud. Pero a la vez, algo distinto cubre todas las cosas.

Son las 9 de la mañana de un día de octubre de 2021. Hay unos 90 turistas en Cayo Bolaño, que han llegado aquí en diez lanchas de motor. Algunos de los visitantes han conseguido emborracharse ya y otros están en ello. Van con hieleras atiborradas de cerveza y unos llevan un parlante de medio metro de altura, que emite luces cuando suena su música electrónica. Todos buscan un rincón donde fotografiarse lejos de la basura. 

En la arena de Bolaño, junto a unos enormes caracoles rosados y los restos de coral, se junta una flora peligrosa: botellas de agua, de alcohol, kétchup, chile, Gatorade, jugo, gotas para los ojos, champú y aceite; latas de cerveza, mascarillas, vasos desechables, bolsas ziploc, un zapato de niño… y los turistas que sacan la lengua para la foto y hacen sonar en el parlante, a todo lo que da, “Mamita rica y apretadita”. 

Cada lancha de turistas está obligada a pasar por las oficinas de la Fundación, en Cayo Menor, desembarcar a sus clientes para que paguen el canon que les da derecho a seguir con el tour, que es de 13 dólares para extranjeros y de seis para los hondureños. El monto recaudado anualmente es un secreto, o al menos lo es para los habitantes de las aldeas garífunas. 

Algunos de esos turistas irán a almorzar a Chachahuate y ahí comerán pescado frito o sopa, preparados por las mujeres de la isla. De hecho, en su página web, la Fundación ofrece, entre otros entretenimientos: “Como actividad alternativa y con un costo adicional se podrá organizar una visita a la comunidad de Chachahuate para conocer la cultura garífuna”. 

Cada fin de semana, decenas de lanchas atracan en la playa de arena blanca de Cayo Chachahuate, es la aúltima parada del tour para los turistas que llegan para almorzar y hacer fotografías del lugar. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Cada fin de semana, decenas de lanchas atracan en la playa de arena blanca de Cayo Chachahuate, es la aúltima parada del tour para los turistas que llegan para almorzar y hacer fotografías del lugar. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Chachahuate vive sumida en un letargo, una especie de semisueño permanente: todo es lento –quizá porque no hay mucho sitio a dónde ir con prisa–, mientras no están pescando, los hombres se sientan o se hamacan frente a sus chozas, o se entregan al Tatascán desde temprano; las mujeres rallan cocos para hacer pan o dulces, o fríen algo en las cocinas de leña; los niños recorren la isla en pequeñas turbas, entran y salen del mar hasta que sus madres los llaman o los amenazan siempre a gritos y todos lidian con la presencia permanente e inevitable de las moscas, nubes de moscas a las que nadie presta mucha atención. 

El ritmo sólo se altera cuando se avizora una lancha de turistas acercándose al cayo. Todo se activa en un parpadear: por la playa corretean hombres y mujeres arreglando mesas, lavando platos, prendiendo fuegos, colocando velitas para espantar las moscas, y los turistas bajarán de las lanchas y se sentarán en las mesas frente al mar para comer y tomar cervezas. Los niños locales orbitarán a los visitantes esperando que les compren golosinas o que les regalen alguna moneda y finalmente las lanchas se irán por donde vinieron y entonces todo volverá a apagarse, a funcionar bajo un ritmo vaporoso. 

Los turistas no notarán que en realidad han estado en una favela: donde no hay agua potable, ni tampoco un servicio de aguas residuales, ni electricidad, ni unidad de salud, ni una escuela. Todos los pisos de todas las casas son de arena, salvo el de la iglesia evangélica, que se usa poco porque tampoco hay un pastor que oficie cultos. Casi toda la comunidad usa dos letrinas deplorables rodeadas de basura, donde se apilan montones y montones de papeles usados: el reino absoluto de las moscas. Solía haber un kínder, pero ahora es un lugar desolado en el que parece haber ocurrido una pelea campal contra un huracán: pupitres esqueléticos, sin silla y sin mesa; libros infantiles regados por los rincones, descuadernados, arrugados, rotos. Ya no hay quien de clases ahí y el salón permanece cerrado con candado. Solía haber una lancha que recogía a los niños mayores para llevarlos a la escuela que está en Cayo Mayor: los recogía muy temprano por la mañana y los devolvía al mediodía. Durante la pandemia, la escuela cerró y la lancha dejó de llegar. Dos años después el kínder sigue sin funcionar y la lancha escolar sin llegar. Pero además Chachahuate está siendo devorado por el mar: cada año la islita pierde tamaño y el agua le arrebata un pedazo a alguna casa. De la derrama económica que deja el turismo o los realities aquí se sabe poco, o nada. Hay quien asegura que alguna vez han regalado algún techo o unos barriles para recoger el agua lluvia. 

La agencias lancheras ofrecen un tour por todos los cayos, la primera estación es en Cayo Bolaños que durante años funcionó como lugar de descanso para los pescadores Garífunas. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La agencias lancheras ofrecen un tour por todos los cayos, la primera estación es en Cayo Bolaños que durante años funcionó como lugar de descanso para los pescadores Garífunas. Foto de El Faro: Carlos Barrera

***

El 11 de marzo de 2019, los líderes garífunas que abanderaron el boicot a la filmación del reality de italianos en Cayo Palomo, asistieron a la amabilísima invitación que les hizo el comandante del Primer Batallón de Infantería Marina para discutir el asunto. Desde luego, la invitación tuvo lugar en la guarnición militar de Ceiba. 

Al evento asistió Dina, presidenta del patronato de Nueva Armenia; Ana Mabel, presidenta del comité de protección de la tierra y Eduard, líder de la asociación de pescadores. Y en el cuartel los esperaba el capitán de fragata, Henry Geovanny Matamoros, que hacía las veces de anfitrión y dos señores que asistieron en representación de la Fundación. 

Uno de esos señores es Enrique Morales Alegría, miembro de la elite económica hondureña, con inversiones en el sector energético, hotelero y de construcción. Es inversionista en dos empresas generadoras de electricidad: Compañía Hidroeléctrica Cuyamel y Energía y Vapor. Está relacionado con otras empresas inmobiliarias y hoteleras como Desarrollos Cholomeños, Inmobiliaria Novoa, Nueva Sociedad Hotelera e Inversiones Paraíso.

La comunidad Garífuna de los Cayos Cochinos está asentada en Chachahuate, en el lugar los niños juegan todo el día debido al abandono de la escuela por parte del estado hondureño. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La comunidad Garífuna de los Cayos Cochinos está asentada en Chachahuate, en el lugar los niños juegan todo el día debido al abandono de la escuela por parte del estado hondureño. Foto de El Faro: Carlos Barrera

El otro señor es Vicente de Jesús Carrión Amaya, quien es el representante legal de la sociedad mercantil Tiendas Carrión. La empresa está catalogada por la Administración de Renta de Honduras como una de las grandes contribuyentes de San Pedro Sula. Es también inversionista en el negocio de bienes raíces con la Inmobiliaria Francis. 

Según el registro de comercio, ambos son directivos de SIEC: Morales Alegría es el presidente de la empresa –y por tanto presidente de la Fundación– y Carrión Amaya, el cuarto vocal. Sin embargo, ambos están lejos de ser los principales accionistas de SIEC, cuyo valor es de 90 millones de lempiras (3.7 millones de dólares). Ambos tienen acciones por valor de 700,000 lempiras cada uno (unos 28,500 dólares). Pero en SIEC también participan otras corporaciones, como el Banco Davivienda, la Compañía Azucarera Hondureña, pero sobre todo, Fundación Azteca, la entidad benéfica creada con el capital de Grupo Salinas, propiedad del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, que en Honduras posee Banco Azteca, las tiendas Elektra; la marca de motocicletas Itálika y TV Azteca. El consorcio de origen mexicano es el dueño del 85.7% de las acciones de SIEC, que representan los más de 77 millones de lempiras invertidos (3.1 millones de dólares). 

Frente a ellos, Dina, que vende pescado y cultiva la tierra; Ana Mabel, una ex inspectora de la Policía hondureña, que renunció a la corporación cuando sospechó que sus jefes tenían acuerdos mafiosos con la Mara Salvatrucha-13 y que ahora sobrevive gracias a una pequeña tienda de inciensos, esencias aromáticas y polvos mágicos. Y Eduard, un pescador que regresó a Honduras en 2018, luego de intentar migrar hacia los Estados Unidos sin papeles. 

Una de las exigencias de Eduard, como líder de pescadores, era que si al filmar los realities se impedía pescar, que se indemnizara a los pescadores con 300 lempiras diarios (12 dólares) mientras durara el rodaje. “En la reunión me dijeron que lo que estaba cometiendo yo era un delito de extorsión y que podía ir preso por eso”, recuerda Eduard. 

De entrada, a la comisión garífuna le quedó claro que aquella no era una reunión para negociar nada: “Don Enrique dijo que éramos unos niños tontos y malcriados. Él nos dijo que él desde joven está dispuesto a romper las rocas que se le pongan delante, que si a él una roca le obstaculiza el camino, él la dinamita. Luego se puso a hablar del secuestro de un familiar y que él mató a los secuestradores y a la familia de los secuestradores. Enfrente de los militares lo dijo, enfrente de todos. Luego Vicente Carrión empezó a hablar de cómo fue que se empezaron a hacer dueños de las islas. Dijo que eran de don Roberto Griffith y que empezaron a ser amigos y que él le llevaba botellas de vino, de ron y de tequila caros y que así, por la amistad, se las iba vendiendo a precio de gallo muerto. Fue bien feo. Los militares estaban ahí a la par de la Fundación”, recuerda Eduard.

Al salir de la reunión, Ana Mabel y él, los dos más jóvenes de la delegación, hicieron análisis de lo ocurrido: “Le dije a Mabel: si nos echamos para atrás van a saber que tenemos miedo y que el juego de intimidación les está resultando”, recuerda Eduard y cerró con una frase que Mabel y él repiten como un mantra: “Para morir nacemos”. Al día siguiente encabezaron otra protesta pública contra la Fundación. 

Eduard solía vivir en Nueva Armenia al lado de uno de los brazos del río Papaloteca, cuya corriente aprovechan los pescadores garífunas para llegar al mar. Cerca de cuatro meses después de la reunión en la guarnición militar de Ceiba, una lancha entró a Nueva Armenia de noche, río arriba, y de ella bajaron tres hombres vestidos de negro. Para aquel pueblo de pescadores, las 10:30 de la noche es ya noche cerrada: “Cuando miro que se bajan tres personas yo me agacho y salgo de la casa, no esperé a que preguntaran por mí. Pude ver que andaban de negro y andaban algo en las manos, como fusiles”.

Cuando Eduard regresó a su casa en la mañana, la puerta había sido forzada.

Decidió no hacer escándalo para no espantar a su madre, que vivía con padecimientos del corazón y rogando a su hijo que abandonara la lucha, pues ella entendía cómo funciona el mundo y qué es lo que suele pasar a los muchachos pobres, indígenas y negros, cuando miran a los ojos a poderes que exceden su tamaño. Pero Eduard era joven e inamovible. 

Tiempo después, Ana Mabel y él observaron que desde el Cayo Menor –sede de la Fundación– se elevaba una columna de humo. Las mismas normas impuestas por la Fundación para la conservación del archipiélago prohíben cualquier quema de árboles o maleza. Así que se embarcaron y se dirigieron al cayo, para descubrir que se le había prendido fuego a una parcela, incumpliendo las mismas normas por las que los nativos son sancionados. Filmaron videos y los subieron a internet. Desde luego, se presentaron los militares, blandiendo sus uniformes y acusándolos de estar invadiendo propiedad privada.  

Y Eduard siguió haciendo preguntas incómodas: “Yo pregunté ¿por qué tienen a los militares cuidando un área privada? Si es privada deberían tener sus propios guardias privados”. 

Ana Mabel y él interpusieron una demanda contra la Fundación ante la Fiscalía y se pasearon por las televisoras locales denunciando la destrucción del medio ambiente y exponiendo al público los videos grabados. 

Entonces volvieron los hombres de negro a visitar su casa. Pero para entonces algo había cambiado: la pareja de Eduard estaba en avanzado estado de embarazo. 

“Esta vez eran ya cinco hombres. Se había ido la luz en la comunidad y cuando eso pasa se pierde la señal de teléfono. Teníamos mucha calor y cuando abro la puerta veo la sombra de la lancha y regreso y le digo a mi mujer, ‘no hagás ruidos, hay una lancha con personas y esta gente viene por mí’. Salimos agachados, fuimos donde un amigo que nos brindó ayuda. Llamé a Mabel. Cuando llegamos, mi casa estaba abierta, la habían roto de nuevo”.

El 8 de septiembre de 2021, Eduard Onasis García Arzú, a sus 29 años, y su compañera embarazada dejaron su aldea en el Caribe hondureño, dejaron su casa y su laguna, su mar y sus cayos blancos. Su país. Y huyeron hacia el norte. 

Intenté contactar al presidente de la Fundación, don Enrique Morales Alegría, hasta que finalmente di con una amable secretaria, en las oficinas de Inversiones Paraíso, que me aseguró que había dejado una nota en el escritorio del empresario y que seguramente él me contactaría. No ocurrió. Lo mismo pasó con Fundación Azteca Honduras y Fundación Azteca México, a quienes se escribieron correos comentando la situación. También me puse en contacto con el teniente José Coello, vocero del ejército hondureño, quien respondió que “con mucho gusto”, concedería una entrevista. Esa fue la última vez que respondió un mensaje o una llamada. 

A finales de octubre de 2021, Eduard, el líder guerrero de los pescadores de Nueva Armenia, mendigaba en el parque central de una ciudad mexicana –cuyo nombre no será escrito en esta historia– para juntar los pesos necesarios y pagar una habitación en una cuartería. Su mujer pasaba ya los ocho meses de embarazo. Cuando conseguían el dinero necesario, dormían en una cama y lavaban su ropa en un baño. Cuando no, dormían en las gradas del parque, alertas, espantando el frío, pensando en una remota aldea de pescadores frente al mar Caribe. 

Su hijo nació un mes después. 

5. “Para morir nacemos”

Escribí al productor ejecutivo de Supervivientes, Héctor Gutiérrez, a Bulldog TV, la casa productora del reality y a Telecinco, el canal español que lo transmite, explicando los conflictos que suscitan sus rodajes. El señor Guitiérrez contestó un correo diciendo que tenía que hacer unas consultas, puesto que no estaba autorizado a brindar entrevistas que no fueran para “la promoción de nuestro reality show”. Sin embargo, aseguró que él lidera la producción de Supervivientes desde 2007 y que de primera mano puede dar fe de que existe una comunicación “muy estrecha” con las comunidades locales “buscando siempre mejorar su hábitat y su calidad de vida”. Dijo desconocer los señalamientos que han hecho los líderes garífunas ante la CIDH y que en todo caso, era la Fundación quien debía responder por ellos y se ofreció a ponerme en contacto directo con los representantes de esa institución. Envié un correo pidiendo sus oficios para contactar a don Enrique Morales Alegría y anexando un cuestionario con 5 preguntas. Varios meses después sigue sin llegar ninguna respuesta.  

Ana Mabel teme que la Fundación instale un hotel y un restaurante en el Cayo Menor: “Si ponen un restaurante nos quiebran, ya nadie vendría a comer a Chachahuate. A veces llegarían turistas para ver a los negros bailando punta… y lo peor es que vamos a tener que bailar. Por hambre”, dice, resignada. 

Mabel Robledo lidera el comité de defensa de la tierra, se encarga de organizar a la comunidad de Nueva Armenia en actividades para el desarrollo de la comunidad. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Mabel Robledo lidera el comité de defensa de la tierra, se encarga de organizar a la comunidad de Nueva Armenia en actividades para el desarrollo de la comunidad. Foto de El Faro: Carlos Barrera

A finales del año pasado, su hija tuvo un sueño: vio a dos hombres en la habitación de su madre y cuando la niña les preguntó por Mabel los hombres le decían que su mamá estaba muerta. 

La última amenaza a Ana Mabel, llegó de parte de una familia, los Sevilla: personajes con una extendida reputación de gente de cuidado. Ana Mabel ha denunciado la extracción de arena del río Papaloteca, que atraviesa Nueva Armenia. Como al río le están robando su cuenca, suele desbordarse con las lluvias y entre más se extrae arena, son peores los efectos para la gente de la comunidad. Los Sevilla tienen intereses en las tierras que circundan el río Papaloteca.  

“Mira negra, segi jodiendo con mi hermano andoni Sevilla, ya sabemos k vos andas moviendo lo de nuestras tierras de armenia. Yevátela suave con nosotros. Ya te tenemos chekiada, negra culera deja de andar moviendo ese caso de la tierra ya le mandaron un papel a jose armando no jodas con nosotros sabes k onda con la familia Sevilla… segui jodiendo con nosotros y te bamos a mandar a pelar (Sic)”. Escribió por mensaje de Facebook un señor llamado Olvin Sevilla. 

Ana Mabel cada vez atiende menos su puesto de esencias y sigue batallando para graduarse como abogada, luchando contra una decena de materias que la separan de su título en leyes. Sueña con ser la abogada de su comunidad. 

En febrero de 2022 Nueva Armenia la eligió como su presidenta, su jefa guerrera. 

Acaba de recibir también una oferta de asilo desde un país que no será mencionado. Y Ana Mabel se debate dolorosamente entre los caminos que tiene frente a ella. Normalmente, cuando se le hace ver el riesgo real que corre, echa mano del mismo triste mantra que alguna vez utilizó Eduard: “Para morir nacemos”.  

*Con información de Jimmy Alvarado

 

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Centroamérica Sun, 31 Jul 2022 18:16:08 +0100 http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26037/Los-supervivientes-de-los-Cayos-Cochinos.htm
La comunidad de pescadores y defensores de la tierra http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037826.jpg http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26040/La-comunidad-de-pescadores-y-defensores-de-la-tierra.htm La nación Garífuna se divide en 65 comunidades repartidas en las costas caribeñas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Honduras con 52 comunidades articula la mayor cantidad, abarcan gran parte del territorio costeño entre ellas Nueva Armenia. La mayoría de las comunidades se dedican a la pesca artesanal y a la agricultura, principalmente al cultivo de plátano y coco. English edition La nación garífuna se divide en 65 comunidades repartidas en las costas caribeñas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Honduras con 52 comunidades articula la mayor cantidad, abarcan gran parte del territorio costeño entre ellas Nueva Armenia. La mayoría de las comunidades se dedican a la pesca artesanal y a la agricultura, principalmente al cultivo de plátano y coco.

Para los garífunas la tierra y el mar componen las principales fuentes de sustento para sus comunidades, y la lucha por la defensa de la tierra se ha convertido en una de las principales causas llegando hasta los tribunales internacionales por el despojo de tierras por parte del Estado hondureño a favor de empresas privadas para el desarrollo turístico de la zona costera y la explotación de la tierra para el cultivo de palma africana.

De todas las comunidades, ubicadas a lo largo de la costa hondureña, hay una que encierra los principales problemas que sufre la nación garífuna en Honduras. Nueva Armenia es una aldea del municipio de Jutiapa que a su vez pertenece al departamento de Atlántida en Honduras. Está constituida por familias que se dedican esencialmente a la pesca. El territorio está rodeado por cultivo de palma africana, el delta de río Papaloteca y frente a las cristalinas aguas del mar Caribe. Su nombre se lo debe al antiguo asentamiento llamado Armenia, se ubicaba en el mismo municipio desde principios de 1900 y según los ancianos la comunidad fue desplazada hasta el delta del río debido a la ocupación de terrenos por la Standard Fruit Company, terrenos que ancestralmente pertenecían a la nación garífuna.

El territorio ancestral garífuna de Nueva Armenia mide 1,600 hectáreas, de las cuales la mayoría están en manos de palmeros y foráneos, según los líderes del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad. Al despojo de la tierra también se le suman los estragos por el cambio climático, desempleo, la extracción minera y las prohibiciones de pesca cerca de los Cayos Cochinos por parte de la Guardia Naval hacia los pescadores garífunas y a favor de la Fundación Cayos Cochinos que con la excusa de la preservación limita a la milenaria comunidad que habita esa tierra, a eso se le suma la persecución y hostigamiento hacia los líderes que tratan por luchar lo que ancestralmente les pertenece, la tierra.

 

 

La comunidad Nueva Armenia pertenece al municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida en Honduras. Está rodeada por hectáreas de plantación de palma africana, el mar Caribe y por el río Papaloteca que, durante el huracán Mitch de 1998, amplió su delta e hizo desaparecer por completo a la comunidad. Nueva Armenia es una comunidad garífuna rodeada por asentamientos de personas a los que los garífunas llaman ''ladinos''. La gente de la comunidad sobrevive de lo que sus pescadores y buzos pescan todos los días, otra actividad económica es la agricultura, pero debido al cambio climático es un trabajo que pocos frutos da a los garífunas del lugar.
 
La comunidad Nueva Armenia pertenece al municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida en Honduras. Está rodeada por hectáreas de plantación de palma africana, el mar Caribe y por el río Papaloteca que, durante el huracán Mitch de 1998, amplió su delta e hizo desaparecer por completo a la comunidad. Nueva Armenia es una comunidad garífuna rodeada por asentamientos de personas a los que los garífunas llaman ''ladinos''. La gente de la comunidad sobrevive de lo que sus pescadores y buzos pescan todos los días, otra actividad económica es la agricultura, pero debido al cambio climático es un trabajo que pocos frutos da a los garífunas del lugar.

 

La comunidad está encabezada por el Comité de Defensa de la Tierra, quienes dirigen las actividades que benefician a Nueva Armenia. El Comité se encarga de repartir los terrenos recuperaros que ancestralmente han pertenecido a la comunidad, luego le ponen nombre al lugar y dan a cada habitante un espacio para construir chozas habitables, también construyen Casas Comunales de la Salud y se tratan con medicina ancestral debido al abandono del estado. El Comité maneja la idea que, ''La tierra no es de nadie, es de todos'' y también resuelven las riñas por terrenos entre vecinos Garífunas.
 
La comunidad está encabezada por el Comité de Defensa de la Tierra, quienes dirigen las actividades que benefician a Nueva Armenia. El Comité se encarga de repartir los terrenos recuperaros que ancestralmente han pertenecido a la comunidad, luego le ponen nombre al lugar y dan a cada habitante un espacio para construir chozas habitables, también construyen Casas Comunales de la Salud y se tratan con medicina ancestral debido al abandono del estado. El Comité maneja la idea que, ''La tierra no es de nadie, es de todos'' y también resuelven las riñas por terrenos entre vecinos Garífunas.

Clenny David de 34 años se abre paso en el terreno pantanoso del lugar llamado África del territorio ancestral garífuna. Allí la comunidad de Nueva Armenia de abastece de los árboles caídos para aprovechar la madera y construir Casas Ancestrales de Salud, actividad en la que participan hombres y mujeres por igual. Durante el proceso, inmersos en el clima húmedo, los hombres cortaban y las mujeres cargaban los troncos hasta la costa para luego ser transportados en lancha hasta la comunidad.
 
Clenny David de 34 años se abre paso en el terreno pantanoso del lugar llamado África del territorio ancestral garífuna. Allí la comunidad de Nueva Armenia de abastece de los árboles caídos para aprovechar la madera y construir Casas Ancestrales de Salud, actividad en la que participan hombres y mujeres por igual. Durante el proceso, inmersos en el clima húmedo, los hombres cortaban y las mujeres cargaban los troncos hasta la costa para luego ser transportados en lancha hasta la comunidad.

Santos Yanes es trabajador de la palma africana, se encarga de la recolección del fruto en los terrenos que rodean a Nueva Armenia. A Santos no le gusta su trabajo y no es porque sea totalmente físico, es porque conoce el daño que la palma africana le causa a la tierra dejándola estéril, '' Yo tengo una familia que mantener, todo lo que tenía lo perdí durante los huracanes del año pasado y no me queda más que servirle a los palmeros para ganarme el sustento para mis hijos'', dijo.
 
Santos Yanes es trabajador de la palma africana, se encarga de la recolección del fruto en los terrenos que rodean a Nueva Armenia. A Santos no le gusta su trabajo y no es porque sea totalmente físico, es porque conoce el daño que la palma africana le causa a la tierra dejándola estéril, '' Yo tengo una familia que mantener, todo lo que tenía lo perdí durante los huracanes del año pasado y no me queda más que servirle a los palmeros para ganarme el sustento para mis hijos'', dijo.

Justa Robledo, al centro, María Robledo y Víctor Sacasa toman un descanso en la playa de África, Nueva Armenia, durante una mañana de trabajo comunal de recolección de madera para la construcción de Casas Ancestrales de la Salud. Para los garífunas el trabajo comunal es importante, en Nueva Armenia por ejemplo la unidad comunal le ha servido para recuperar los territorios de los que en los 90 habían sido despojados, ''La lucha por medio de la unidad la mantenemos porque aún nos falta territorio por recuperar'', comentó Justa.
 
Justa Robledo, al centro, María Robledo y Víctor Sacasa toman un descanso en la playa de África, Nueva Armenia, durante una mañana de trabajo comunal de recolección de madera para la construcción de Casas Ancestrales de la Salud. Para los garífunas el trabajo comunal es importante, en Nueva Armenia por ejemplo la unidad comunal le ha servido para recuperar los territorios de los que en los 90 habían sido despojados, ''La lucha por medio de la unidad la mantenemos porque aún nos falta territorio por recuperar'', comentó Justa.

Martina Martínez de 94 años, Calixta Martínez de 85 y Teófila Martínez de 92, las tres pertenecen a la misma familia, son primas. Las tres nacieron y crecieron en Nueva Armenia, recuerdan los tiempos de la United Fruit Company, tiempos que los describe como similares a los de hoy. ''En esa época estábamos viviendo en pobreza por los corruptos que nos gobernaban al igual que hoy, mire ese Juan Orlando narco salió'', dijo Martina quien también habla inglés debido a que en su juventud trabajó en el servicio doméstico para una familia estadounidense asentada en Honduras. Las tres mantienen su lengua de origen, hablan garífuna y español.
 
Martina Martínez de 94 años, Calixta Martínez de 85 y Teófila Martínez de 92, las tres pertenecen a la misma familia, son primas. Las tres nacieron y crecieron en Nueva Armenia, recuerdan los tiempos de la United Fruit Company, tiempos que los describe como similares a los de hoy. ''En esa época estábamos viviendo en pobreza por los corruptos que nos gobernaban al igual que hoy, mire ese Juan Orlando narco salió'', dijo Martina quien también habla inglés debido a que en su juventud trabajó en el servicio doméstico para una familia estadounidense asentada en Honduras. Las tres mantienen su lengua de origen, hablan garífuna y español.

Jesús Flores tiene 63 años de edad. Como la mayoría de hombres garífunas, toda la vida de Flores está ligada a la pesca artesanal y al buceo para la extracción de langosta. Hace 21 años, el 27 de enero de 2001, Jesús se encontraba pescando en mar abierto y cerca de los Cayos Cochinos cuando fue interceptado por una lancha con tres soldados de la fuerza naval hondureña, sin hacer preguntas y desde algunos metros de distancia los militares dispararon contra Jesús, una bala lo alcanzó en uno de sus brazos, ''Aún recuerdo el sonido del impacto en la madera de mi cayuco, después solo sentí caliente y vi los chorros de sangre'', dijo mientras sus ojos se ponían vidriosos al recordar la escena. Desde ese día Jesús tiene una discapacidad en sus dedos que le impide utilizar su mano en totalidad. Los culpables nunca fueron capturados.
 
Jesús Flores tiene 63 años de edad. Como la mayoría de hombres garífunas, toda la vida de Flores está ligada a la pesca artesanal y al buceo para la extracción de langosta. Hace 21 años, el 27 de enero de 2001, Jesús se encontraba pescando en mar abierto y cerca de los Cayos Cochinos cuando fue interceptado por una lancha con tres soldados de la fuerza naval hondureña, sin hacer preguntas y desde algunos metros de distancia los militares dispararon contra Jesús, una bala lo alcanzó en uno de sus brazos, ''Aún recuerdo el sonido del impacto en la madera de mi cayuco, después solo sentí caliente y vi los chorros de sangre'', dijo mientras sus ojos se ponían vidriosos al recordar la escena. Desde ese día Jesús tiene una discapacidad en sus dedos que le impide utilizar su mano en totalidad. Los culpables nunca fueron capturados.

Desde Cayo Chachahuate a tierra firme en Nueva Armenia hay 15 kilómetros de distancia. Los pescadores recorren esa distancia y otras mayores en busca de la langosta que es uno de los principales productos de soporte económico para las comunidades garífunas. Muchas ocasiones el trabajo se hace de noche, la razón es porque la langosta tiene más actividad nocturna, según comentan, y también logran evitar el hostigamiento de la guardia naval. Los cayos también cumplen un papel importante como refugio durante las tormentas que alcanzan a los pescadores mientras realizan su trabajo en el caribe hondureño. El cayo más utilizado como descanso y refugio se llama Cayo Bolaños, pero en muchas ocasiones el acoso militar impide que los pescadores puedan reposar en el lugar.
 
Desde Cayo Chachahuate a tierra firme en Nueva Armenia hay 15 kilómetros de distancia. Los pescadores recorren esa distancia y otras mayores en busca de la langosta que es uno de los principales productos de soporte económico para las comunidades garífunas. Muchas ocasiones el trabajo se hace de noche, la razón es porque la langosta tiene más actividad nocturna, según comentan, y también logran evitar el hostigamiento de la guardia naval. Los cayos también cumplen un papel importante como refugio durante las tormentas que alcanzan a los pescadores mientras realizan su trabajo en el caribe hondureño. El cayo más utilizado como descanso y refugio se llama Cayo Bolaños, pero en muchas ocasiones el acoso militar impide que los pescadores puedan reposar en el lugar.

Luis Martínez tiene 19 años.En tres ocasiones ha intentado migrar hacia Estados Unidos y las tres veces fue deportado. Vive de ser ayudante de los buzos y durante horas tiene que esperar hasta que sus compañeros emergan. En ocasiones toma siestas bajo el sol de mediodía. Le costó adaptarse a vaivén del mar: al principio los mareos y vómitos eran constantes. Comentó que en Honduras no tiene más oportunidades que esa. ''La última vez que me deportaron estaba por Monterrey, pero para alguien como yo es imposible no ser visto en otro país. La verdad no me gusta este trabajo, pero es lo único que me queda porque aquí oportunidades no tenemos'', dijo.
 
Luis Martínez tiene 19 años.En tres ocasiones ha intentado migrar hacia Estados Unidos y las tres veces fue deportado. Vive de ser ayudante de los buzos y durante horas tiene que esperar hasta que sus compañeros emergan. En ocasiones toma siestas bajo el sol de mediodía. Le costó adaptarse a vaivén del mar: al principio los mareos y vómitos eran constantes. Comentó que en Honduras no tiene más oportunidades que esa. ''La última vez que me deportaron estaba por Monterrey, pero para alguien como yo es imposible no ser visto en otro país. La verdad no me gusta este trabajo, pero es lo único que me queda porque aquí oportunidades no tenemos'', dijo.

Teófilo Alexis Martínez Arzú tiene 36 años, sus conocidos le llaman Lala, es pescador desde los 12 años y buzo desde los 27. La pesca es su medio de subsistencia, en múltiples ocasiones ha librado encuentros con la guardia naval que, obedeciendo a la Fundación Cayos Cochinos, impiden la pesca a los garífunas en las aguas en las que sus ancestros han pescado durante siglos. De esos encuentros Lala recuerda tres, mientras lo hace sus ojos se ponen vidriosos y su semblante cambia, en una ocasión la guardia naval intentó quitarle el producto y el equipo de pesca él, en cambio, decidió tirar las cosas al mar para no entregarlas, era la pesca de todo el día. En otra ocasión Lala terminó preso en La Ceiba por pescar cerca de los cayos y en la última tuvo que ver como los militares golpeaban a dos de sus compañeros mientras descansaban en Cayo Culebra.
 
Teófilo Alexis Martínez Arzú tiene 36 años, sus conocidos le llaman Lala, es pescador desde los 12 años y buzo desde los 27. La pesca es su medio de subsistencia, en múltiples ocasiones ha librado encuentros con la guardia naval que, obedeciendo a la Fundación Cayos Cochinos, impiden la pesca a los garífunas en las aguas en las que sus ancestros han pescado durante siglos. De esos encuentros Lala recuerda tres, mientras lo hace sus ojos se ponen vidriosos y su semblante cambia, en una ocasión la guardia naval intentó quitarle el producto y el equipo de pesca él, en cambio, decidió tirar las cosas al mar para no entregarlas, era la pesca de todo el día. En otra ocasión Lala terminó preso en La Ceiba por pescar cerca de los cayos y en la última tuvo que ver como los militares golpeaban a dos de sus compañeros mientras descansaban en Cayo Culebra.

Todas las tarde los pescadores y buzos se reúnen cerca del muelle de la comunidad para entretenerse con juegos de mesa mientras llega su turno de salir a pescar, la mayoría prefiere salir por las mañanas, pero cuando hay un mal día tiene que hacer doble jornada para poder hacer algo de dinero. Los que salen por las tardes a eso de las 6:00 pm regresan hasta el amanecer del siguiente día.
 
Todas las tarde los pescadores y buzos se reúnen cerca del muelle de la comunidad para entretenerse con juegos de mesa mientras llega su turno de salir a pescar, la mayoría prefiere salir por las mañanas, pero cuando hay un mal día tiene que hacer doble jornada para poder hacer algo de dinero. Los que salen por las tardes a eso de las 6:00 pm regresan hasta el amanecer del siguiente día.

En 1998 el huracán Mitch cambió totalmente la topografía de Nueva Armenia, partes de la comunidad quedaron separadas por afluentes del río Papaloteca que hasta esta fecha durante el invierno sigue padeciendo los estragos que quedaron desde hace más de 20 años. En algunos puntos el agua del delta del río es el patio de las viviendas haciéndolas susceptibles a las inundaciones.
 
En 1998 el huracán Mitch cambió totalmente la topografía de Nueva Armenia, partes de la comunidad quedaron separadas por afluentes del río Papaloteca que hasta esta fecha durante el invierno sigue padeciendo los estragos que quedaron desde hace más de 20 años. En algunos puntos el agua del delta del río es el patio de las viviendas haciéndolas susceptibles a las inundaciones.

De derecha a izquierda, Joel, Elvin, Nixon, Jaicol, David y Dylan, los seis viven en Nueva Armenia estudian en Centro Básico Visitación Padilla que funciona a media capacidad debido a la pandemia de la covid-19. También pertenecen el Club Deportivo Garinagu Wagia, Nosotros los Garífunas, es un equipo de fútbol conformado por niños y adolescentes garífunas de Nueva Armenia, la iniciativa surgió cuando el profesor Iván Figueroa se enteró del ocio que pasaban los niños por el cierre de la escuela. El Club trata de resguardar las tradiciones como el lenguaje, la música y la disciplina de respeto en los niños garífunas.
 
De derecha a izquierda, Joel, Elvin, Nixon, Jaicol, David y Dylan, los seis viven en Nueva Armenia estudian en Centro Básico Visitación Padilla que funciona a media capacidad debido a la pandemia de la covid-19. También pertenecen el Club Deportivo Garinagu Wagia, Nosotros los Garífunas, es un equipo de fútbol conformado por niños y adolescentes garífunas de Nueva Armenia, la iniciativa surgió cuando el profesor Iván Figueroa se enteró del ocio que pasaban los niños por el cierre de la escuela. El Club trata de resguardar las tradiciones como el lenguaje, la música y la disciplina de respeto en los niños garífunas.

Daisy y Janira son hermanas, estudiaban en el Centro Básico Visitación Padilla de Nueva Armenia, debido a la pandemia dejaron de estudiar y se dedicaron a ayudar a su madre en la venta de Casabe, tortilla de yuca tradicional en la cultura Garífuna. Según el Fondo Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, durante la pandemia de la covid-19 el 40 % de los niños y jóvenes abandonaron sus estudios. En las comunidades garífunas el acceso a educación es precario, como el resto de Honduras, también muchos niños abandonaron y no regresaron a clases semi presenciales debido a las dificultades económicas de sus familias.
 
Daisy y Janira son hermanas, estudiaban en el Centro Básico Visitación Padilla de Nueva Armenia, debido a la pandemia dejaron de estudiar y se dedicaron a ayudar a su madre en la venta de Casabe, tortilla de yuca tradicional en la cultura Garífuna. Según el Fondo Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, durante la pandemia de la covid-19 el 40 % de los niños y jóvenes abandonaron sus estudios. En las comunidades garífunas el acceso a educación es precario, como el resto de Honduras, también muchos niños abandonaron y no regresaron a clases semi presenciales debido a las dificultades económicas de sus familias.

El río Papaloteca recorre el municipio de Jutiapa hasta desembocar en el atlántico hondureño, específicamente en Nueva Armenia. El río, así como Nueva Armenia, están rodeados de palma africana, el cauce sirve de abastecimiento de agua dulce para la comunidad, pero también es explotado por empresas del sector privado para extraer arena y piedra para la construcción y comercio. Durante el invierno el río se desborda debido a la extracción de piedra y arena lo que provoca inundaciones que afectan los pequeños cultivos de plátano y yuca de las comunidades Garífunas, el último desastre ocurrió en noviembre del 2020 cuando los huracanes Eta y Iota golpearon la costa hondureña, desde entonces muchas familias no pudieron recuperar los cultivos.
 
El río Papaloteca recorre el municipio de Jutiapa hasta desembocar en el atlántico hondureño, específicamente en Nueva Armenia. El río, así como Nueva Armenia, están rodeados de palma africana, el cauce sirve de abastecimiento de agua dulce para la comunidad, pero también es explotado por empresas del sector privado para extraer arena y piedra para la construcción y comercio. Durante el invierno el río se desborda debido a la extracción de piedra y arena lo que provoca inundaciones que afectan los pequeños cultivos de plátano y yuca de las comunidades Garífunas, el último desastre ocurrió en noviembre del 2020 cuando los huracanes Eta y Iota golpearon la costa hondureña, desde entonces muchas familias no pudieron recuperar los cultivos.

Mabel Robledo de 34 años es la líder del Comité de Defensa de la Tierra de Nueva Armenia. Ella se encarga de organizar a la comunidad en actividades que van desde la construcción de casas ancestrales de la salud hasta defender la tierra del despojo de los palmeros y detener destrucción por minería de extracción en los ríos que atraviesan la comunidad. Mabel perteneció a la Policía Nacional de Honduras, pero, debido al acoso por parte de la policía por su activismo en defensa de la tierra, renunció para cuidar su integridad física. Ahora se dedica a atender su negocio de productos de santería, estudia derecho y la mayor parte del tiempo lo dedica a defender los intereses de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, ''Aquí nos toca defender la tierra que tenemos y que amamos, la lucha que hicieron nuestros ancestros la estamos replicando, muchos de ellos pagaron con su vida y si nos toca ni modo, pero no vamos a bajar los brazos para que sigan los atropellos contra la comunidad Garífuna'', dijo.
 
Mabel Robledo de 34 años es la líder del Comité de Defensa de la Tierra de Nueva Armenia. Ella se encarga de organizar a la comunidad en actividades que van desde la construcción de casas ancestrales de la salud hasta defender la tierra del despojo de los palmeros y detener destrucción por minería de extracción en los ríos que atraviesan la comunidad. Mabel perteneció a la Policía Nacional de Honduras, pero, debido al acoso por parte de la policía por su activismo en defensa de la tierra, renunció para cuidar su integridad física. Ahora se dedica a atender su negocio de productos de santería, estudia derecho y la mayor parte del tiempo lo dedica a defender los intereses de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, ''Aquí nos toca defender la tierra que tenemos y que amamos, la lucha que hicieron nuestros ancestros la estamos replicando, muchos de ellos pagaron con su vida y si nos toca ni modo, pero no vamos a bajar los brazos para que sigan los atropellos contra la comunidad Garífuna'', dijo.

 

 

Según los líderes del Comité de Defensa de la Tierra, la empresa palmera Atlántida posee más de 110 hectáreas de cultivo de palma africana que rodean a Nueva Armenia y en algunos casos las plantaciones están en terrenos que pertenecen a los Garífunas, también los líderes se quejan de lo voraz del cultivo de palma que elimina todos los nutrientes de la tierra sin dejar la posibilidad de realizar otro tipo de cultivos en la zona.
 
Según los líderes del Comité de Defensa de la Tierra, la empresa palmera Atlántida posee más de 110 hectáreas de cultivo de palma africana que rodean a Nueva Armenia y en algunos casos las plantaciones están en terrenos que pertenecen a los Garífunas, también los líderes se quejan de lo voraz del cultivo de palma que elimina todos los nutrientes de la tierra sin dejar la posibilidad de realizar otro tipo de cultivos en la zona.

 

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Centroamérica Sun, 31 Jul 2022 18:16:08 +0100 http://elfaro.net/es/202203/centroamerica/26040/La-comunidad-de-pescadores-y-defensores-de-la-tierra.htm
Una Fiscalía acusada de corrupción captura a presidente de El Periódico de Guatemala Julie López / Ciudad de Guatemala http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_986_6016_4997/images%7Ccms-image-000037794.jpg http://elfaro.net/es/202207/centroamerica/26308/Una-Fiscalía-acusada-de-corrupción-captura-a-presidente-de-El-Periódico-de-Guatemala.htm Las autoridades guatemaltecas capturaron hoy a José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, acusado de lavado de dinero, aunque el diario asegura que estos hechos obedecen a las constantes denuncias de corrupción que ha publicado. La Fiscalía detrás del caso es la misma que ha promovido la criminalización de al menos una docena de fiscales que investigaban casos de corrupción del actual Gobierno, y ahora están despedidos, detenidos o en el exilio. La captura de José Rubén Zamora Marroquín, presidente del El Periódico, que dirige un diario guatemalteco crítico con la actual administración, que ha develado varios casos de corrupción, ocurrió este 29 de julio. El hecho fue confirmado por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y uno de los funcionarios guatemaltecos incluidos en la lista Engel, acusado de boicotear investigaciones de corrupción contra el presidente Alejandro Giammattei. Los motivos de la captura de Zamora, según dijo Curruchiche, son lavado de dinero, proposición y conspiración para lavado de dinero, chantaje, y tráfico de influencias. El funcionario dijo a la prensa que también fue capturada la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, acusada de revelar información confidencial o reservada. 

El caso está bajo reserva. Sin embargo, el portavoz del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, señaló que “(la captura de Zamora) no es por su labor periodística, sino como empresario, por un posible caso de lavado”. En un pronunciamiento escrito, Curruchiche también dijo que “quería dejar muy claro que los hechos que le atribuyen a Zamora Marroquín no tienen ninguna relación con su calidad de periodista”. En un comunicado de prensa, el MP aseguró que montó un seguimiento policial a raíz de una denuncia y que decomisó una cantidad de dinero en efectivo a Zamora. No revelan qué cantidad de dinero ni ningún detalle de por qué esa cantidad no revelada representaba un delito. 

El MP es dirigido por Consuelo Porras, también acusada por Estados Unidos de proteger a redes de corrupción gubernamentales, y a quien algunos exfiscales en el exilio señalan por persecución y por pertenecer a las redes de protección del Gobierno. 

La captura ocurrió después de que decenas de policías llegaron aproximadamente a las 3 de la tarde a la casa de Zamora, en la Ciudad de Guatemala, donde catearon la propiedad. Las autoridades también catearon las oficinas administrativas de El Periódico, y mantuvieron a los empleados retenidos e incomunicados. Ninguno tuvo acceso a sus teléfonos. Estos hechos fueron reportados en la cuenta oficial de Twitter de El Periódico y por José Zamora, hijo del presidente de El Periódico.

Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según resaltó hoy Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, de la CIDH. Las medidas fueron dictadas por un allanamiento ilegal en la residencia de Zamora en 2003 por sujetos que se hicieron pasar por policías, y maltrataron físicamente a su familia, y por amenazas que recibió posteriormente, según información de la CIDH. 

Un vídeo compartido por personal de El Periódico muestra que varios de los vehículos en los que se transportaron los policías y fiscales que realizaron el cateo no tenían placas de circulación, algo prohibido por la ley, tanto para cualquier ciudadano como para funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad. La fiscal que dirigió el allanamiento es Cynthia Monterroso, quien fue denunciada en la FECI por abuso de autoridad. La exjueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, denunció en 2019 a Monterroso por filtración de información en casos de alto impacto, que es la misma razón por la que la FECI acusa ahora a la auxiliar fiscal Gómez. 

Las órdenes de captura y allanamiento fueron emitidas por el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Freddy Orellana, quien también emitió al menos una de las órdenes de captura contra Juan Francisco Sandoval, el antecesor de Curruchiche, y a quien la fiscal general Consuelo Porras despidió ilegalmente el 24 de julio de 2021.

Pese a lo expresado por Pantaleón, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la captura de Zamora y la atribuyen a las denuncias de corrupción que ha hecho desde El Periódico. La Coalición Pro Justicia dijo que “las diligencias son un ataque contra periodistas que luchan contra la impunidad”. La organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) señaló que la captura de Zamora es otro ataque al periodismo “que no solapa el crimen, la corrupción y la impunidad”. 

Los diputados de oposición Jairo Flores y Aldo Dávila se presentaron a la vivienda de Zamora, aunque no se les permitió entrar. “Empieza la persecución contra los medios de comunicación”, dijo Dávila, al ser preguntado por periodistas respecto al mensaje que envía la captura de Zamora. El todavía Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acudió a la Torre de Tribunales, a donde fue llevado Zamora después de su captura. Rodas deja el cargo en agosto, cuando acaba el período por el cual fue electo. 

Desde julio de 2021, al menos una docena de fiscales que trabajaban en la FECI, o investigaban casos de corrupción, han sido despedidos, capturados o han salido del país, a raíz de ser objeto de criminalización por parte del MP.

El año pasado, la FECI también inició un proceso contra el periodista Juan Luis Font, exfundador y exdirector de El Periódico, y conductor del programa radial Con Criterio. Font afirma que fue falsamente acusado de recibir sobornos en un caso de corrupción contra exfuncionarios del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015). En diciembre de 2021, Font denunció que era blanco de una “persecución política” y de “una venganza específica”. Para abril de 2022, el periodista anunció que ya no tenía ningún proceso pendiente de resolver con la justicia.

Casi tres horas después de la captura de Zamora, la prensa en el lugar reportó que más unidades del MP llegaron a su residencia, donde el allanamiento fue dirigido por la fiscal Monterroso.

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Centroamérica Fri, 29 Jul 2022 20:39:57 +0100 http://elfaro.net/es/202207/centroamerica/26308/Una-Fiscalía-acusada-de-corrupción-captura-a-presidente-de-El-Periódico-de-Guatemala.htm
América Latina sigue excluyendo a las mujeres afrodescendientes John Antón Sánchez http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037793.jpeg http://elfaro.net/es/202207/columnas/26302/América-Latina-sigue-excluyendo-a-las-mujeres-afrodescendientes.htm En los últimos 30 años se han alcanzado importantes reconocimientos para las mujeres afrolatinoamericanas, pero no se reflejan en logros sociales. Aunque la presencia de políticas como Epsy Campbell en Costa Rica y Francia Márquez en Colombia muestran el creciente protagonismo político de las mujeres afrolatinoamericanas, como han evidenciado diversos estudios de la REDMAAD, las condiciones de exclusión, desigualdad y déficit ciudadano de este grupo son múltiples. En los últimos 30 años se han alcanzado importantes reconocimientos, pero no se reflejan en logros sociales.

De acuerdo con Vicenta Camusso, militante afro uruguaya, los indicadores sobre la situación socioeconómica y de condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes no se alteran. Por un lado, existen avances políticos, pero por otro, hay pocos avances sociales e incluso retrocesos, sobre todo si pensamos en la radicalización de la discriminación racial antinegra.

El 25 de julio se celebró el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora. En esa fecha en 1992, en República Dominicana, un centenar de mujeres afrodescendientes de América Latina realizó su primer encuentro regional en protesta al movimiento feminista blanco que las excluía de sus eventos. Allí se conformó la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora (REDMAAD), que hoy cumple 30 años.

Se trata de un espacio de empoderamiento de las mujeres afrodescendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas equitativas, justas, multiculturales, libres de discriminación, sexismo y patriarcalismo.

Esta red es quizá la articulación más poderosa del movimiento social afrodescendiente de las Américas. Está compuesta por organizaciones en 22 países de la región, con núcleos en Estados Unidos, España y Francia. Además, opera como una organización transnacional, con una coordinadora general, seis comités subregionales y comités nacionales por país.

En estos 30 años de lucha, centrada en la mejora de las condiciones de vida de la población afrodescendiente, la red ha utilizado como estrategia develar las múltiples discriminaciones de que son objeto las mujeres, denunciando el entramado de relaciones de dominación y desigualdad que resultan de la intersección del género, raza, etnia y clases sociales.

La red, en la esfera pública y en el campo político, ha logrado posicionar repertorios que exigen una mirada interseccional de las problemáticas de las mujeres. La reivindicación de sus derechos demanda a los Estados la implementación de políticas públicas y programas eficaces para erradicar la exclusión social.

Para Camusso, la compleja realidad de las mujeres afrodescendientes puede sintetizarse en el limitado acceso a la educación, con brechas que no se reducen; la alta paridad reproductiva a edad temprana; el alto ingreso al mercado laboral, con entrada temprana y salida tardía; la alta participación en el servicio doméstico y la limpieza sin garantías laborales; la violencia física sobre ellas y sus hijos; el aumento del número de mujeres jóvenes en las cárceles.

Estos y otros problemas estructurales que padecen las mujeres afrodescendientes se resumen en la necesidad de comprender que el racismo, aun después de la esclavitud, es un poderoso indicador de disparidad.

En algunos países de la región la sociedad se resiste en admitir la existencia del racismo como factor de desigualdad junto al sexismo, el clasismo, el patriarcalismo y la colonialidad. Esto sucede, particularmente, en ambientes como el Caribe donde institucionalmente se niega la existencia del racismo, siendo una forma concreta de esta negación la no inclusión de la variable etnia/raza en los censos y en las encuestas de hogares.

De acuerdo con la CEPAL, en el Caribe, donde el porcentaje de población afrodescendiente es amplio, la falta de datos estadísticos cruzados por etnicidad/raza impide la comprensión de las realidades que viven las mujeres afrodescendientes, como las relacionadas con el desempleo, la falta de acceso al crédito, el escaso acceso a la tierra productiva, poca participación política; más presencia en la educación superior, pero menos participación en el empleo calificado y en puestos de decisión. Otras problemáticas que enfrentan estas mujeres tienen que ver con el feminicidio y el bajo acceso a la justicia. Destacan también la pérdida de los territorios ancestrales, la reducida esperanza de vida en relación con los promedios nacionales.

Para Claudia Mosquera, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, la violencia física, psicológica y moral que sufren miles de mujeres afrodescendientes en Colombia producto del conflicto armado interno demuestra que el cuerpo de la mujer afrodescendiente sigue siendo objeto de fuertes discriminaciones y dominaciones. En estas realidades, el cuerpo de la mujer se convierte en botín de guerra, dándole forma de esclavitud sexual por parte de los actores armados del conflicto.

Mosquera agrega que otro aspecto tiene que ver con la violencia racial que opera fuertemente contra las mujeres afrodescendientes y las excluye de los mercados laborales de altas posibilidades económicas, de dominio político y de prestigio. Esto sucede, por ejemplo, en Panamá según lo revelan las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas.

Por su parte, en Cali, estudios de la Universidad del Valle han demostrado la existencia de una relación perversa entre el servicio doméstico y los altos niveles de escolaridad de las empleadas domésticas afrodescendientes. Incluso se ha logrado demostrar que a las mujeres denominadas mulatas les va mejor que aquellas que poseen la piel más negra o se les denomina “mujeres negras”. Además, las mujeres afrodescendientes tienen más carga de personas dependientes, situación que les limita sus posibilidades de ahorro y crecimiento.

De acuerdo con Rocío Muñoz, activista del movimiento afroperuano, y estudios recientes de la consultora GRADE, las mujeres afroperuanas soportan también un escenario de opresión interseccional. Además, entre más oscuro es el tono de la piel, más aumenta el racismo sobre el cuerpo de la mujer afrodescendiente.

Por ejemplo, en Lima se ha podido constatar que la identidad por raza/etnia termina siendo una variable que profundiza las malas condiciones en que de por sí viven las mujeres en relación a su condición de clase, género y subalternidad. En este contexto, las mujeres identificadas como “negras” o “muy negras” poseen menos escolaridad, menos acceso a servicios de salud, más trabajos pesados y menos remuneración.

La realidad social, económica y política de las mujeres afrodescendientes debe interpretarse desde un plano de desigualdades entrecruzadas, tanto por etnicidad/raza, como por sexo y clase. Además, como defiende la REDMAAD, esta compleja realidad exige una atención institucional radical, que conlleve al establecimiento de políticas públicas de enfoque diferencial, comprendidas como acciones afirmativas y de reparación, que combatan el problema de forma esencial.

En este contexto, es cada vez más notoria la necesidad de políticas que aborden las problemáticas que se viven en los territorios rurales y urbanos, en los espacios de participación política, es decir, en todos los escenarios donde tiene lugar la reproducción del poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres afrodescendientes.


*John Antón Sánchez es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN (Ecuador). Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO-Equador. Sus áreas de investigación son plurinacionalidad, raza y etnia, discriminación y desigualdades.

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Columnas Fri, 29 Jul 2022 12:04:32 +0100 http://elfaro.net/es/202207/columnas/26302/América-Latina-sigue-excluyendo-a-las-mujeres-afrodescendientes.htm
La Prensa también abandona Nicaragua http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037726.jpeg http://elfaro.net/es/202207/columnas/26301/La-Prensa-también-abandona-Nicaragua.htm En las últimas dos semanas decenas de periodistas de La Prensa y de otros medios de comunicación tuvieron que escapar del país por puntos ciegos, para resguardar su integridad física. El diario La Prensa anunció la reorganización de su redacción en el exilio, para proteger a sus periodistas de la feroz persecución policial desatada por el régimen Ortega Murillo. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia del diario más antiguo del país, pero en el estado de total desprotección de la libertad de prensa que impera en Nicaragua, ya no queda otra alternativa que el exilio para  preservar la libertad y poder seguir ejerciendo el periodismo.

La persecución se agravó el pasado 6 de julio, a raíz de la cobertura que brindó La Prensa a la expulsión ejecutada por el régimen de las 18 misioneras de la caridad, de la orden de Madre Teresa de Calcuta. Con esta nueva forma de criminalización del ejercicio del periodismo, la dictadura pretendía prohibir la divulgación de una noticia de resonancia nacional y repercusión internacional, encarcelando a los periodistas para imponer el silencio. Por el presunto delito de hacer periodismo, ahora están arbitrariamente detenidos dos conductores de La Prensa, que se suman a otros seis periodistas y directivos de medios de comunicación que han sido condenados en la cárcel en juicios espurios, mientras las casas de varios periodistas y fotógrafos fueron allanadas por la Policía con la intención de detenerlos.

Como consecuencia de esta grave escalada, en las últimas dos semanas decenas de periodistas de La Prensa y de otros medios de comunicación tuvieron que escapar del país por puntos ciegos, para resguardar su integridad física.

Esa es la realidad que vive hoy el periodismo independiente en Nicaragua, obligado a escoger entre la autocensura o el exilio, para evitar la cárcel y seguir informando en libertad, como lo hemos venido haciendo, desde hace más de un año, Confidencial, 100% Noticias, Nicaragua Investiga, Despacho 505, Café con Voz, y otros medios de comunicación.

Reportear desde el exterior, sin acceso a fuentes públicas y bajo estado policial, demanda un esfuerzo extraordinario para preservar los estándares de calidad profesional para corroborar la información, sobre todo cuando las mismas fuentes informativas también son objeto de persecución. Sin embargo, a pesar de la censura de facto que se ha impuesto en Nicaragua, la resistencia de la prensa independiente está derrotando el monólogo oficial, la mentira y la desinformación del aparato de propaganda del régimen.

Sin la labor de la prensa independiente en el exilio, el público jamás conocería de la corrupción desenfrenada de la cúpula gobernante y las violaciones a los derechos humanos del régimen; la tragedia de la migración masiva de los nicaragüenses que se van porque no encuentran una salida en su país; la extorsión impuesta por la Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección General de Aduanas (DGA) y las alcaldías contra las empresas, y el empobrecimiento de la población ante la carestía de la vida y falta de fuentes de trabajo; la crisis de credibilidad del régimen ante los empleados públicos, y las fisuras en el Frente Sandinista; la cancelación de más de 1000 oenegés y la implacable persecución contra la Iglesia católica; y la demanda creciente de libertad de los presos políticos y de suspensión del estado policial, que rechaza la mayoría silenciosa de los nicaragüenses.

La defensa de la libertad de prensa, que es la última reserva de la democracia, demanda mantener viva la libertad de expresión que también está siendo criminalizada. Por ello, los periodistas en el exilio tenemos la sagrada obligación de proteger la identidad y la seguridad de nuestras fuentes. Gracias a la confianza de las audiencias y de nuestras fuentes en el periodismo independiente, y en particular de los servidores públicos, civiles y militares, podemos seguir fiscalizando el poder. Gracias a la confianza de los familiares de las víctimas de la represión, podemos seguir sembrando las semillas de la verdad, sobre las que mañana se impartirá la justicia.


*Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Fri, 29 Jul 2022 11:33:53 +0100 http://elfaro.net/es/202207/columnas/26301/La-Prensa-también-abandona-Nicaragua.htm
El estallido social en Panamá no encuentra una salida política http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037791.jpeg http://elfaro.net/es/202207/columnas/26299/El-estallido-social-en-Panamá-no-encuentra-una-salida-política.htm En este contexto aparecen escándalos de corrupción en un Gobierno que no adoptó medida alguna para paliar el brusco salto de la inflación, hasta que la protesta irrumpió explosivamente en las calles. El estallido social que afecta a la sociedad panameña es producto de tres factores acumulados que han interactuado para provocar una tormenta perfecta: elevación brusca del coste de la vida, evidencia descarnada de la desigualdad social y recorte de la credibilidad del gobierno en ejercicio, tanto por muestras de corrupción como por torpe manejo de la crisis.

Los sindicatos y las organizaciones sociales han sido el cauce de un malestar social provocado directamente por el elevado nivel de los combustibles y los productos básicos, que constituyeron el inicio de las reivindicaciones fundamentales de las protestas sociales. Desde el comienzo del año, los precios han ido aumentando, hasta que, por ejemplo, el galón de gasolina llegara en junio a $5.17. Puede que no parezca un precio tan alto en el panorama internacional, pero resulta un salto inasequible para buena parte de la población panameña.

El problema del brusco aumento del costo de la vida se agrava seriamente en medio de una desigualdad social rampante. Panamá sufre de la disociación de dos esferas de consumo. La procedente de los altos salarios que obtienen los profesionales de los dos enclaves económicos principales (el manejo del canal y los servicios bancarios internacionales) y la formada por los trabajadores que mantienen bajos los costos de esos servicios y del resto de la población rural y, sobre todo hacia el Darién, indígena. La ciudad de Panamá tiene los restaurantes más caros de la región, al lado de los carritos de comidas callejeras más humildes. Y esta desigualdad se extiende a la mayoría de los otros ramos del consumo del país. Con el agravante de que es el nivel superior de consumo el que exponen preferentemente los medios de comunicación.

En este contexto aparecen escándalos de corrupción en un Gobierno que no adoptó medida alguna para paliar el brusco salto de la inflación, hasta que la protesta irrumpió explosivamente en las calles. Ante la avalancha social, el presidente Laurentino Cortizo se avino a impulsar medidas de urgencia, comenzando por rebajar el precio de la gasolina de los $5.17 vigentes a los $3.95 el galón. Pero la protesta ya había adquirido una dimensión y una dinámica difíciles de contener.

De hecho, el acuerdo logrado entre el Gobierno y las coordinadoras sociales más relevantes, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, no ha conseguido detener las protestas. Representantes de ANADEPO se vieron forzados a deshacer el acuerdo alegando que “la gente en la calle no acepta lo acordado”. Mejor suerte ha corrido la negociación con la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que ha aceptado levantar el bloqueo de las autovías, mientras sesiona una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la atención prioritaria de las diversas demandas de los pueblos originarios del país, constituida a tal efecto.

Por el contrario, en ciudad de Panamá y otras capitales de provincia, varias organizaciones han mantenido las movilizaciones, incluyendo el poderoso sindicato de la construcción (SUNTRACS), que ha bloqueado las principales arterias de la capital del país.

El gobierno de Cortizo y otros sectores sociales y económicos han emprendido nuevas iniciativas de negociación, ahora empleando como mediadora la Iglesia católica y con el apoyo del Defensor del Pueblo. Pero las coordinadoras sociales son conscientes de que los segmentos más radicales de la protesta no desean una pronta negociación y que el inicio de los asaltos a los comercios pueden dar lugar a un enfrentamiento abierto con las fuerzas de seguridad, que ya se han empleado para despejar algunas calles principales.

En estas condiciones, todo indica que esta explosión social, que nació de forma bastante espontánea, difícilmente podrá tener cauces en el sistema político y que es altamente probable que su final producirá dolorosas rupturas en el tejido social panameño.


*Enrique Gomáriz Moraga es doctor en Sociología Política, Universidad de Leeds, Reino Unido, con la orientación de Ralph Miliband. Fue director de Tiempo de Paz y trabajó en FLACSO-Chile. Ha sido consultor de agencias como PNUD, FNUAP, IDRC. BID.

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Columnas Thu, 28 Jul 2022 16:34:10 +0100 http://elfaro.net/es/202207/columnas/26299/El-estallido-social-en-Panamá-no-encuentra-una-salida-política.htm
El bukelismo se ensaña con las mujeres periodistas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037790.jpg http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26294/El-bukelismo-se-ensaña-con-las-mujeres-periodistas.htm El presidente, sus funcionarios y voceros son a diario incitadores de acoso y mensajes estigmatizantes contra los periodistas, pero los dirigidos hacia mujeres han sido los de tono más agresivo. Este reportaje presenta la historia de cuatro mujeres periodistas que relatan los efectos que el ensañamiento gubernamental contra ellas ha tenido en sus vidas personales y profesionales. “En respuesta a los ataques, escogí la autocensura” 

 

 

El domingo 14 de marzo de 2021, minutos antes de finalizar la transmisión de Focos, Karen Fernández se despidió como conductora de su programa. Karen, que había dirigido la entrevista por cuatro años, anunciaba que dejaba el espacio de televisión para asumir un cargo atrás de las cámaras como codirectora. Aunque la decisión de dejar la pantalla la venía meditando desde hace algunos meses, dice que decidió hacerlo por un detonante muy particular: los cientos de insultos –incluso algunas amenazas– de seguidores del presidente y su partido a través de Twitter. Sus entrevistas eran un espacio en donde, excepcionalmente, se hacían preguntas incómodas en televisión a personeros políticos de todos los colores. Llegó a incomodar incluso al vicepresidente de la República. 

“La gente tiene derecho a opinar sobre nuestro trabajo, pero es muy distinto a que te digan ‘ojalá aparezcan violadas vos y tu mamá'', cuenta Karen a El Faro en referencia al tipo de mensajes que recibió cuando el presidente retituteó un cita de ella en un programa de televisión. A partir de entonces, el 28 de junio de 2019, dice que los ataques empezaron a llegar de manera sistemática.

Ese día Karen había participado como panelista en República, de Canal 33. En el programa, la periodista comparó los campos de concentración nazis con unas fotos de los pandilleros apilados uno tras de otro, como parte del anuncio del estado de emergencia decretado en las cárceles en abril de 2019.

Posterior a la entrevista, Karen se dirigió a su oficina y mientras se estacionaba recibió una llamada que la descolocó: “Me llamó un amigo para preguntarme cómo estaba y para decirme que se solidarizaba conmigo por los ataques. Yo no tenía idea de qué me estaba hablando”. Durante dos días recibió cientos de notificaciones en donde usuarios anónimos y otros con nombre y apellido respondían con copia a ella y al presidente, algunos manifestaron explícitamente su deseo por que la violaran para “ver si así sigue opinando lo mismo”.  

Para la noche de ese 28 de junio, el retuit del presidente tenía 838 comentarios, en su mayoría, burlas e insultos hacia la periodista.

Desde que Bukele asumió como presidente, Twitter ha sido la plataforma oficial tanto para comunicar sus decisiones como para lanzar críticas a sus detractores y opositores. A veces, como en el caso de Karen, ni siquiera ha tenido que hacer un comentario directo sobre lo que publica para que la multitud de seguidores, que a día de hoy suma 4.1 millones, responda con insultos o bullying a quien él elija como objetivo. No hay registro conocido que desde su cuenta ni de la de ninguno de sus funcionarios y aliados haya existido un llamado a que cese el acoso digital contra quienes él considera sus adversarios.

Las denuncias de ataques, acoso y bloqueo dirigido a periodistas se han multiplicado desde que inició la presidencia de Bukele en junio de 2019. En el primer año, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó que las denuncias aumentaron en 381.25 % (61 casos respecto a los 16 reportados en el último año de Sánchez Cerén). Si bien los mensajes estigmatizantes van dirigidos hacia hombres y mujeres, hacer la separación por género es importante, porque las características de los mensajes denigrantes e insultos dirigidos hacia mujeres son distintas en tono y agresividad. 

Un estudio publicado en marzo por la Fundación para el Debido Proceso recoge las experiencias de 17 periodistas mujeres que han sido agredidas por su condición de género, tanto por funcionarios públicos de la administración actual como las pasadas. El Faro conversó con cuatro periodistas mujeres que han sido blanco de acoso digital y en, algunos casos, persecución física por el ejercicio de su profesión y de fiscalización del poder en los últimos tres años. 

A los hombres se les cuestiona su ética, su forma de hablar o su manera de vestir, se les califica de pandilleros, violadores y reciben mensajes homofóbicos. Cuando se refieren a las mujeres, además de estos calificativos, las atacan también por su apariencia física, cuestionan sus habilidades para haber llegado a la posición que ocupan en sus lugares de trabajo y se les intenta aleccionar con amenazas de violación y muerte, para ellas y sus familiares mujeres. 

Las consecuencias, pues, no se miden de la misma manera. Según la Unesco, esto tiene que ver con que las amenazas que enfrentan las mujeres periodistas, a diferencia de sus colegas hombres, son altamente sexualizadas, centradas en sus características físicas, su origen étnico o cultural, más que en el contenido de su trabajo. Si la cárcel o el exilio son el destino final, las mujeres experimentan distintos tipos de violencia antes de llegar hasta esa última consecuencia.

Solo en 2021, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó 209 denuncias acumuladas, de las cuales, una tercera parte fueron realizadas por mujeres. 

Que la mayoría de los objetivos de los ataques contra periodistas sean periodistas hombres tampoco es irrelevante. La mayoría de puestos de toma de decisiones y poder en los medios y con mayor exposición mediática son hombres versus el número de mujeres que ejercen el periodismo. Las que han sido más visibles han perdido sus espacios o han optado por la autocensura para evitar la acumulación de mensajes condescendientes, machistas y estigmatizantes. Actualmente hay solo cinco mujeres al frente de medios de comunicación, tres de ellas de medios que no se presentan como feministas. Las tres forman parte de este reportaje.

El caso de Karen es apenas uno de los ataques en redes hacia periodistas mujeres que ha sido más visible y en el que el presidente fue protagonista o el origen. 

Karen Fernández es una periodista reconocida por su trabajo en radio y televisión desde hace 10 años. Es también profesora tiempo completo en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y educadora sobre argumentación, comunicación en público, entre otras, para empresas. Antes de dirigir la entrevista en Focos, también dirigió entrevistas en la radio Punto 105, canal TVX y El Faro Radio. Su rostro y su nombre han sido visibles en mupis y vallas publicitarias en San Salvador y en promocionales que salían en los medios impresos a nivel nacional.

El tsunami de notificaciones que inundaron a Karen en junio 2019, si bien fueron desconcertantes por su contenido, no fueron tan sorprendentes en cuanto a cantidad. La primera vez que recibió insultos y amenazas en redes sociales fue el 21 de agosto 2018, posterior a una entrevista con el entonces candidato a la vicepresidencia Félix Ulloa.

Karen y Saúl Hérnández, con quien entonces conducía la entrevista, fueron acusados por Ulloa en Twitter de tenderle una emboscada luego de que la grabación saliera al aire. “Ante preguntas sesgadas y malintencionadas sobre temas que no conozco lo correcto es decir NO SÉ. El político tradicional se inventa cualquier respuesta para salir del paso. Yo contestare y actuare (sic) con la honestidad de siempre”, escribió el hoy vicepresidente en su cuenta de Twitter.

De inmediato los seguidores de la fórmula presidencial empezaron a atacarlos a ambos, pero hubo un especial enfasis en Karen, a quien le hicieron calificativos denigrantes.

“Él ciertamente no puso ‘odio a Karen’ ni nada de eso, sino que simplemente dijo que lo habíamos emboscado. Y la respuesta fue particularmente contra mí, eran cosas como ‘cómo ladra esa perra’ o ‘calladita te ves más bonita’ o ‘niña malcriada’”, explica.

Las menciones hacia el otro conductor de la entrevista, en cambio, tenían que ver con la ética, no con su actitud ni con su lenguaje corporal durante la entrevista. Al igual que Bukele, Ulloa no dijo ni escribió nada para detener los comentarios de quienes, en su defensa, lanzaban improperios en contra de la periodista.

En un primer momento, Karen dice que prefirió no darle importancia a las amenazas aduciendo que se trataba de un ejército de troles, pero todo cambió cuando en uno de esos tuits en respuesta a sus entrevistas y análisis en redes sociales alguien escribió que conocía su lugar de residencia. “En ese momento fue claro para mí lo indefensa que yo era frente a esta gente que tiene información mía, pero sobre la que yo no sé nada”.

A la fecha, Karen no reporta seguimiento a sus movimientos. Pero su temor está lejos de ser producto de la paranoia. Una mañana de 2018, un empleado del Ministerio de Medio Ambiente que se presentó como alguien que quería invitarla a moderar un evento, la ubicó en su lugar de trabajo. Este empleado público le había mandado mensajes telefónicos a la radio y a El Faro, le mandó correos electrónicos. Karen dice que tenía bien claro que este no pretendía ubicarla para una invitación oficial, ya que su cargo no tenía nada que ver con comunicaciones, prensa o protocolo. “A mí esto nunca me había pasado y me loqueé. No quería salir ni nada. Ahí entendí el riesgo de la asimetría de información que la gente tiene sobre mí”.  

Este hombre burló a los guardias de seguridad de la oficina de Karen y logró infiltrarse en el lobby para esperarla a la hora que llegara. El incidente no pasó a más, pero quedó claro que él conocía el vehículo, el lugar de trabajo y el horario de Karen. Esa experiencia le hace ahora reflexionar sobre el peligro de la exposición pública, sobre todo en tiempos como los actuales en los que hay un ataque sistemático y dirigido contra algunos medios y periodistas.

Con el paso del tiempo, y mientras más se acumulaban los insultos y amenazas, Karen empezó a dudar de su capacidad como periodista. “De tanto leer que me trataban de tonta y de parcializada me convencí de que la que estaba haciendo mal las cosas era yo”, explica.

El trabajo principal de Karen es de catedrática universitaria, mientras que el trabajo que desempeñaba como periodista era uno que hacía en sus horas libres. Estos cuestionamientos a su capacidad multiplicaron sus horas de trabajo. “Me sentía superada por la presión que yo misma me había puesto como resultado de esos comentarios y no estaba satisfecha al 100 % con lo que estaba haciendo en ninguno de mis trabajos”, recuerda. Fue entonces que las recomendaciones de dejar su trabajo como periodista llegaron de parte de su familia e incluso de su psicóloga.

Karen dice que tenía claro que dejar la entrevista sería beneficioso para su salud mental, pero tomar la decisión no era algo sencillo. El periodismo, si bien es su segunda profesión, es una carrera que siempre quiso desempeñar desde que se graduó de bachiller. Previo a salir de la transmisión en televisión, convencida de que el problema era ella, se privó incluso de tener una opinión en redes sociales. Dice que optó, en su lugar, por tuitear análisis que ella pedía a sus fuentes para citarlos. 

Pero los insultos no cesaron, seguían multiplicándose sin importar lo que tuiteara. El hartazgo llegó a tal grado que, eventualmente, Karen dejó de tuitear por cuenta propia y se limitaba a dar retuits. “Es una forma de autocensura que yo he escogido como respuesta a

los dos últimos años. No era sano para mí estar leyendo constantemente tanto odio por hacer bien mi trabajo. Acoso que además es propiciado por el mismo Gobierno”.

Bukele y Ulloa han sido protagonistas por el peso de sus cargos, pero hay otros voceros del Gobierno en redes sociales que protagonizan ataques y desprestigios contra mujeres periodistas.   

“Me autoexilié por razones de seguridad”

 

 

Mariana Belloso tiene más de 20 años de experiencia como periodista de economía y en los últimos diez se desempeñó como editora de la sección de Economía de La Prensa Gráfica. Se ha ganado cierto reconocimiento en la red social Twitter por la manera en la que explica de manera más digerida temas relacionados a las finanzas, tanto públicas como las del salvadoreño de a pie. Esa popularidad que hace que sus mensajes lleguen a distintos públicos la hizo foco de atención para los seguidores del presidente. Al igual que en el caso de Karen, Bukele también fue el origen de cientos de mensajes de odio que recibió en su contra.

Además de Bukele y Ulloa, hay otros voceros de Nuevas Ideas que son promotores del acoso digital en contra de mujeres periodistas. Uno de ellos es Walter Araujo, un político que ha estado vinculado a la derecha partidaria desde los años 90. Ha militado en tres partidos: fue diputado y presidente de Arena y luego pasó a convertirse en magistrado del TSE durante 10 años. Ha estado aproximadamente 30 años en cargos públicos. En 2015 se lanzó como candidato a la alcaldía de San Salvador por Gana, y perdió ante el entonces efemelenista Nayib Bukele. En las elecciones 2021 trató de postularse como candidato de Nuevas Ideas, el partido creado en torno a la figura del ahora presidente Bukele. Bertha María Deleón, también candidata a diputada, impidió que compitiera. Lo demandó por expresiones de violencia en su contra. Hoy, Deleón está exiliada por persecución del bukelismo. 

Araujo, que además ha gozado del apoyo público de Bukele en distintas ocasiones en las que ha sido señalado de irregularidades, fue el principal promotor de una campaña en Twitter que incluía las fotos de Karen Fernández y Mariana Belloso (periodista entonces de La Prensa Gráfica) con un signo de eliminado en el rostro, junto a la palabra “malqueridas”. Este adjetivo, explica Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de ORMUSA, limita la expectativa de logro de las mujeres a las relaciones de pareja. Es decir, “Que no actuamos por una agenda propia, si no que todo gira alrededor de venganzas ante ese entorno sentimental. Es básicamente reducir cualquier capacidad de las mujeres de tomar decisiones o de participación política. Es regresarla al entorno doméstico”, explica. 

No es la primera vez que el término “malquerida” ha sido utilizado para atacar mujeres en un contexto político. En 2018, un grupo de diputadas de Arena denunciaron al diputado Juan José Martell (quien también se convirtió en aliado del bukelismo) por expresiones de violencia contra la mujer para referirse a ellas. 

Mariana salió del país el 26 de enero 2022 y es consciente de que su decisión fue un autoexilio. Así lo define. “Fue por motivos de seguridad mía y de mis hijas”, explica. Una serie de eventos previos la llevaron a tomar la decisión. 

El 30 de junio de 2019, como parte de las obligaciones de su turno, estaba dando cobertura a la conferencia de prensa de Bukele por medio de su cuenta de Twitter. En uno de esos trinos, que iba publicando a medida que el presidente hacía anuncios, escribió: “Presidente @nayibbukele pide a la población dejar de pagar renta a las pandillas. Siga la conferencia de prensa en Radio Nacional 96.9 fm”. Inicialmente las reacciones a este tuit eran de desconcierto ante tal declaración. Cinco horas más tarde, el presidente citó el tuit de Mariana para señalar que su tuit era “una verdad contada a medias” y para acusarla de desinformar. “Cada vez me convenzo más, qué (sic) hay periodistas que desean que nuestro plan de seguridad falle y que nuestra gente siga sufriendo”, sentenció.

A partir de ese momento las notificaciones en la cuenta de Mariana se multiplicaron por cientos en insultos y acusaciones a su labor periodística. Este evento fue para ella lo que marcó un antes y un después respecto a las interacciones en su cuenta de Twitter, pese al antecedente de 2017, cuando era parte del equipo que dio cobertura al caso del troll center, un caso en el que se reportó evidencia que vinculaba a Bukele con el ataque a La Prensa Gráfica. Los acusados fueron absueltos. “Nosotros no sabíamos cómo, porque las primeras entregas no las firmamos, pero ellos sabían quiénes habíamos estado trabajando esas notas y a mí me empezaron a atacar bastante”, recuerda. 

Minutos después del tuit del presidente, ella le dio la razón en un comentario en respuesta a su tuit, asegurando que la intención era que las personas siguieran la cadena nacional en directo, pero que nunca hubo mala intención de su parte. Los insultos no dejaron de llegar y el presidente no dijo nada tampoco al respecto. Esto ocurrió, además, apenas dos días después de que Bukele promoviera el ataque en esa misma red social contra Karen.

Los mensajes que empezaron a llegar a partir de entonces tenían un contenido violento y misógino: “a ese nivel de ataque nunca habían llegado, poniéndome fotos de mareros y diciendo ‘ojalá a esta y a sus hijas las embolsen’, unas cosas bien espantosas”, cuenta.

Pese a la disculpa pública de Mariana, Walter Araujo y Silvio Aquino –otro vocero del bukelismo– se sumaron como incitadores de los ataques al decir que no creían que su disculpa fuera honesta. Eso multiplicó los mensajes intimidatorios que tuvieron como consecuencia visible la suspensión de la cuenta de Mariana en Twitter por tres días. Esta primera etapa del acoso e intimidación en redes sociales se extendió tres meses. “Fue un período horroroso en el que llegué a considerar irme del país. Tuve que estar en terapia psicológica”, recuerda.

Walter Araujo ha mencionado al menos tres veces a Mariana en su programa de Youtube; la última vez que lo hizo fue en septiembre de 2021, luego de que se publicara el pódcast de la periodista en donde hablaba de las particularidades de la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.

Walter Araujo y toda la verdad es un programa que su autor define como “el programa de opinión político número 1 de El Salvador”. Cuenta, hasta la fecha de publicación de este reportaje, con 129 mil suscriptores, y cada vez que está en vivo alcanza un promedio de entre 2000 y 3000 espectadores, según el reporte de visualizaciones que él mismo hace al aire. Tiene dos anunciantes fijos: GQ Racing Sport y el hotel Lauriol Plaza (en Washington D.C.), pero también se ha trasmitido pauta gubernamental, como anuncios del Ministerio de Salud. El programa, ha asegurado Araujo en las transmisiones, es autogestionado y ha ido mejorando aspectos técnicos gracias a la donación de equipo de sus seguidores y por medio de donaciones vía la Chivo Wallet y la plataforma Strike.

En su programa número 38, del 2 de julio de 2019, Araujo se refirió a los mensajes estigmatizantes que recibió Mariana el 29 de junio. “Qué bueno que la chapió (sic) el pueblo salvadoreño. Aquí las disculpas no sirven de nada. [...] No me importa lo que dice Mariana Belloso. Lo que ellos digan ‘a la gaver, nos valen gaver’”, dijo.

En el programa siguiente, tres días después, y ante los señalamientos de hacer y promover comentarios misóginos en contra de Mariana, Araujo soslayó diciendo: “Ahora resulta que soy misógeno (sic) porque le digo a la periodista sus errores y sus verdades. Dejen esa pajita de las políticas de género. Aquí nadie ha venido a atacar mujeres”. Los ataques a periodistas son una constante en el programa de Araujo. Aunque no siempre dedica parte de su programa a insultar a periodistas con nombre y apellido o a medios específicos, Araujo usualmente hace al menos alguna mención despectiva al trabajo periodístico.

Para Mariana, las consecuencias de estos mensajes trascendieron a lo profesional. Bajo un Gobierno que ataca y castiga cualquier tipo de disidencia, las fuentes de Mariana, como han hecho las de muchos periodistas, prefirieron alejarse y cerrarle la puerta a alguien que tenía el reflector encima de manera tan negativa. “Hubo un montón de fuentes que me dijeron ‘Mire, yo prefiero ya no hablar con usted. Yo no quiero que la agarren así conmigo”. 

El acoso persiguió a Mariana de lo digital a lo físico. La periodista reportó a la Apes haber sido seguida en dos ocasiones, ambas después de estar reunida con fuentes, y de ser vigilada afuera de su casa. La primera vez fue en agosto de 2020, iba camino hacia su casa cuando se percató de que la iba siguiendo una camioneta polarizada con placas particulares. Mariana pensó que era su paranoia la que le estaba haciendo creer que estaba siendo perseguida. “Después de entrar a mi casa salí a ver qué se había hecho (el vehículo) y vi que había dado vuelta en U y venía de regreso hacia mi casa”. Mariana empezó a tomarle fotografías para tener registro y para alertar a quien estaba manejando de que ella se había dado por enterada del seguimiento. En la segunda ocasión, casi un año después, la periodista iba camino a recoger a su hija al colegio cuando notó que una camioneta polarizada y sin placas la estaba siguiendo. Esta vez decidió tomar tres rutas alternas para intentar perderlo, pero no lo logró. Fue entonces que decidió meterse en un centro comercial en donde permaneció al menos dos horas. “Tuve que llamar para avisar que iba a llegar tarde a recoger a la niña. Fue bien descarado porque agarré una ruta toda loca”.

A estos seguimientos se suma la vigilancia de una tercera camioneta afuera de su casa el 2 de diciembre de 2020, de la que se dio cuenta porque una vecina que necesitaba salir le preguntó si el vehículo era suyo. Mariana salió y acto seguido el vehículo se retiró; una vez que la vecina salió de la calle, la camioneta volvió para estacionarse afuera de la casa de la periodista. Ella salió a tomarle fotos y fue hasta entonces que la camioneta se fue. El Faro corroboró la existencia de estas fotos y la fecha en la que fueron tomadas.

El acoso e intimidación del que Mariana ha sido objetivo no encontró palabras de confort en su familia, que además vive en el exterior. “La reacción inicial de mi familia fue recomendarme no opinar sobre política”, recuerda. Su apoyo principal, explica, han sido sus dos hijas y las organizaciones feministas y de apoyo a la libertad de prensa. La hija mayor de Mariana desarrolló un cuadro de ansiedad a partir de los mensajes denigrantes que estaban en todas las redes sociales, razón por la que decidió sacarla del país.

El 23 de noviembre de 2021, a estos actos de intimidación se sumó la alerta de espionaje patrocinado por el Estado que envió Apple a algunos de sus usuarios. Mariana, que se reconoce desconocedora de temas de seguridad y tecnología, contactó a la organización Access Now para ser asesorada. Después de un diagnóstico realizado a su teléfono, se confirmó la infección y que habían ingresado en tres fechas distintas al dispositivo en septiembre, octubre y noviembre 2021. En las tres ocasiones extrajeron información y activaron de manera remota la cámara y el micrófono. “No te puedo explicar lo desnuda, violada, todo lo que me sentí en ese momento. Estaban mis fotos ahí, mi información, fotos de mi hija midiéndose ropa”, relata.

Mariana vive ahora fuera del país junto a su hija menor. Las razones de su traslado, aunque son personales, también estuvieron mediadas por motivos de seguridad. Además de su trabajo como editora de la revista feminista Alharaca, Mariana es creadora de contenido por medio de un boletín informativo, un canal de Youtube y un pódcast sobre economía. Su trabajo depende, pues, del uso constante de redes sociales. Y aunque por ahora no ha decidido darse de baja de Twitter, que es de donde más provienen los hostigamientos digitales, no está dispuesta a soportar otra oleada de amenazas e insultos como la que generó el tuit de Bukele a finales de junio de 2019. “Cuando yo sienta que esto es insostenible, estoy dispuesta a cerrar mi cuenta. No tengo madera de mártir ni creo que ningún periodista debería de tenerla”, asegura.


En enero 2022, El Faro publicó un reportaje sobre el caso de los 22 miembros del equipo del periódico que fueron infectados por el software de espionaje Pegasus. La secretaria de prensa de la Presidencia Sofía Medina dijo a The New York Times en ese entonces que el Gobierno estaba investigando “el posible uso de Pegasus”. Hasta la fecha, sin embargo, no se han dado detalles ni convocado a los periodistas ni a las personas de organizaciones de sociedad civil que fueron víctimas de espionaje entre 2020 y 2021. El Gobierno se excusó de los señalamientos y denunciaron ser víctimas de espionaje. Apenas unos días después de esta publicación, distintos periodistas empezaron a notificar en redes sociales que sus cuentas habían sido hackeadas o que hubo intentos de hackeo. La vulneración de las cuentas escaló hasta la apropiación de los grupos de prensa en Whatsapp administrados por instituciones gubernamentales a manos de Yoni Azenón.

“Me cerraron un espacio a mí y a todas las mujeres periodistas”

 

 

Una de las periodistas mujeres que reportó un intento de hackeo a su cuenta fue Wendy Monterrosa, conductora de Teleprensa (Canal 33) y cofundadora del portal digital de noticias Voz Pública. “Yo recibí un mensaje de la cuenta de Yoni Azenón en mi Whatsapp con contenido pornográfico. Hemos llegado a un nivel en el que no te podés sentir segura ni con un objeto personal”, explica. Wendy no fue una de las periodistas cuyos teléfonos fueron confirmados de haber sido vulnerados con el software de espionaje en noviembre, pero los ataques a su trabajo periodístico han incluido desde el cierre de fuentes hasta la cancelación de su programa de entrevistas.

Wendy tiene una larga trayectoria trabajando en televisión. Inició en Grupo Megavisión en 2004 y, antes de llegar a Canal 33, trabajó para Casa Presidencial y Canal 10 entre 2012 y 2019. Ese pasado como comunicadora institucional y presentadora y conductora del canal oficial durante los gobiernos del FMLN han sido la razón principal del hostigamiento en redes sociales en su contra desde que inició el actual gobierno.

“Yo nunca he sido de un partido político en mi vida, jamás”, explica Wendy, y justifica que su trabajo de fiscalización del poder ha sido equitativo y que eso incluso le trajo problemas mientras trabajaba en el canal nacional. “Cuando estaba en el 10 tuve numerosos problemas. Hubo incluso diputadas (del FMLN) que se quejaban diciendo que cómo era posible que yo estuviera ahí”, recuerda.

Actualmente es conductora del noticiero Teleprensa en la emisión del mediodía, pero su llegada al canal tuvo, en principio, una misión distinta. “Yo de alguna manera, ya me imaginaba un poco que con el gobierno actual iba a ser bastante difícil trabajar en el 10. Entonces tomé la decisión de irme a estudiar fuera del país y estando afuera me llaman de Canal 33 para conducir República”.

Desde 2019, cuando empezó a producir y conducir la entrevista, su trabajo consistió en cuestionar las versiones de las figuras políticas que pasaban por su programa, verificando la información con fuentes previo –y en un par de ocasiones durante– la transmisión en vivo.

Wendy apareció la primera vez en Canal 33 en agosto de 2019, cuando empezó a conducir República, un programa de entrevistas matutinas por el que regularmente desfilaban funcionarios gubernamentales. El escenario cambió en apenas dos meses y medio. El 25 de octubre, una de las invitadas al programa fue la entonces ministra de Salud Ana Orellana Bendek. Durante 35 minutos, Wendy la cuestionó sobre los resultados del programa nacional de Salud al cabo de los primeros 100 días de Gobierno, un plan que el presidente aseguraba que estaba en ejecución, pero que la ministra aseguraba que estaba en la fase de validación. 

Hablaron también sobre el presupuesto para la cartera de salud y sobre el alza en las cifras registradas de enfermedades respiratorias. Una entrevista en la que se hizo ciertos cuestionamientos, pero no confrontativa, según la revisión de vídeo consultado por El Faro. El programa terminó sin problemas, pero su jefe de ese entonces –y que ahora trabaja en el Gobierno– le llamó la atención por las preguntas que había hecho.

“Me dijo que desde Casa Presidencial le habían dicho que yo respondía a un sector. Esa fue la última vez que la ministra y que todos los funcionarios de Gobierno llegaron al canal”. El señalamiento de parte de su jefe le pareció extraño, pues ese “sector” al que la estaban vinculando era una fuente con la que ella había hablado el día anterior en preparación para la entrevista. Es decir, el llamado de atención de su jefe y de Casa Presidencial surgió por consultar a una fuente a la que consideraron no oficial para hablar de los temas que se trataron en la entrevista. Un ejercicio de contraste que todos los periodistas independientes hacen.

Evitar o rechazar con frecuencia entrevistas a medios o periodistas que al Gobierno le parecen incómodos es una práctica que han tenido todos los gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz, pero cuya brecha se ha ampliado cada vez más desde el inicio la administración actual. 

Los funcionarios y funcionarias Bukelistas, en cambio, aparecen cada semana en aquellos medios de comunicación en donde en lugar de fiscalizar su trabajo tienen micrófono abierto para hablar, sin interrupciones. Una investigación publicada el 4 de marzo de 2022 estableció que Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, dirige el Noticiero El Salvador, transmitido en el estatal Canal 10, y que Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia, dirige Diario El Salvador. Ambos se encargan de designar la aparición de funcionarios en medios aliados.

Privilegiar espacios cómodos es una conducta que los funcionarios, sin importar el partido, han tenido a la hora de conceder entrevistas. El Faro habló una persona que forma parte de la redacción de Canal 33, quien confirma que en el último año ha habido cambios notables en la cobertura de noticias relacionadas con el Gobierno. “Se evitan coberturas relacionadas con críticas al Gobierno, víctimas del régimen de excepción o violaciones de derechos humanos, incluso algunas se han cubierto y luego sacado del noticiero. Hay acciones sistemáticas para desanimar a los periodistas o entrevistadores que pretenden hacer un trabajo balanceado”. Esta persona solo accedió a hablar bajo anonimato por temor a perder su empleo. 

El episodio de la ministra de Salud en 2019 cerró espacios para entrevistas a fuentes gubernamentales en Canal 33. Pero la interacción más agresiva que Wendy recibió de manera pública la protagonizó Ernesto Muyshondt, el exalcalde de San Salvador por Arena y exaliado del bukelismo. 

El 13 de enero de 2021, en el marco de las elecciones municipales de ese año, el funcionario –que buscaba la reelección– la acusó de haberlo emboscado en vivo. Muyshondt se pasó la última parte de la entrevista acusándola de “falta de profesionalismo y objetividad” y antes de despedirse dijo, aún al aire, que iba a hablar con el dueño del canal, sugiriendo que iba a poner queja sobre ella. Cuando esto ocurrió, medios ligados al oficialismo, como La Página y Diario El Salvador, retomaron la agresión y publicaron notas denunciando el hecho. 

Araujo es un personaje protagónico en los ataques a todas las mujeres periodistas consultadas, como uno de los principales voceros del Gobierno. Y, al igual que con Karen y Mariana, ha incitado ataques contra Wendy. La agresividad ha ido escalando, al igual que las respuestas y comentarios que sus mensajes estigmatizantes generan. Entre los comentarios que ha hecho contra ella se leen acusaciones de hacer “campaña política contra el Gobierno del Presidente @nayibbukele y contra @nuevasideas en el 33”, de “antiprofesional” y “antidemocrática”. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el publicado el 20 de mayo de 2021, después de la transmisión de República. Araujo posteó una fotografía de la entrevista tomada del televisor en donde Wendy tiene un semblante serio. En el tuit, la llamaba “anticyan” y se burlaba de ella. La interacción tuvo 37 comentarios y 467 me gusta. 

A los intentos por deslegitimar el trabajo de Wendy en Twitter se ha sumado también la cuenta @sociedadcivilsv, una cuenta que desde el anonimato da apoyo al gobierno de Bukele y ha también publicado mensajes estigmatizantes contra periodistas. En el afán de desprestigiarla a ella y su trabajo, ha publicado tuits que incluyen la captura de distintas entrevistas que ella realizó mientras trabajó en el canal 10 a distintos miembros del gabinete del FMLN. 

Los ataques contra Wendy han alcanzado, incluso, a su esposo y al restaurante del que son dueños, al que Araujo llamó “un café chuco” y contra el que inició en redes sociales una campaña de no consumo.

La interacciones de Araujo hacia Wendy no siempre han sido violentas. El 13 de enero de 2021, por ejemplo, Araujo se pronunció respecto al ataque que hiciera en vivo Muyshondt en contra de la periodista y dijo que el entonces alcalde, además de insultarla a ella, había insultado a la audiencia. Esta interacción tuvo 126 retuits y 467 me gusta. Un ejemplo de cómo puede usarse la plataforma para visibilizar en lugar de atacar.

Los ataques de estos personajes hacia Wendy pueden resumirse en bullying, desprestigio. Y aún así, lo más grave para ella en esta coyuntura no es el bullying, si no el cierre de espacios independientes. La entrevista República fue cancelada el 29 de julio 2021. Cuando lo anunció, Wendy dijo que las razones que le había dado el canal eran “de tipo económica”. “Lo del cierre de República sí me afectó mucho y eso lo experimenté semanas después, casi meses. Me sentía deprimida, con ansiedad. [...] Me cerraron un espacio a mí y a todas las mujeres periodistas en espacios como este en televisión”, dice.

Pese al acoso en redes y las limitaciones que hacer la entrevista le significaron por el simple hecho de hacer preguntas, Wendy se terminó incluso culpando por el cierre del programa. “Llegué un momento a decir ‘Quizás no hice lo suficiente’, porque para mí, como mujer, era una enorme responsabilidad llevar una entrevista como esta en un país donde casi nunca ha habido mujeres en televisión haciendo entrevistas políticas”, recuerda.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló en un informe que el silenciamiento era uno de los efectos que los actos de violencia contra periodistas tienen sobre el ejercicio de su profesión. “Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves”, se lee. Esto se evidencia en los casos de Karen, quien optó por autocensurarse, y en el Wendy, a quien el canal decidió cerrar su espacio.

“Estar tan expuesta te quema”

 

 

En El Salvador, el registro de los ataques a periodistas, incluso antes de la llegada al poder de la actual administración, ha sido un trabajo liderado por la Asociación de periodistas de El Salvador. Sin embargo, fue la presidencia de Angélica Cárcamo (2019-2021) la que incorporó de manera expedita el enfoque basado en género. “Cuando hacemos la diferenciación no es porque queramos victimizarnos. Es totalmente válido que como mujeres periodistas elevemos la voz. No hacerlo es invisibilizar el riesgo”.

El acoso gubernamental hacia mujeres periodistas, explica Angélica, profundiza las desigualdades que ya enfrentan en sus lugares de trabajo: como la segregación salarial, la condescendencia a la hora de asignar coberturas, la manera en la que son juzgadas por su apariencia, la normalización de la violencia machista en las redacciones.

Su mandato al frente de la Apes hizo de Angélica, quien hasta entonces trabajaba en la red comunitaria de radios Arpas, alguien de perfil público que daba entrevistas en televisión y su foto aparecía en distintos medios impresos y digitales.  Su trabajo de defender el derecho de los periodistas a informar hizo que los ataques e insultos hacia ella en su cuenta de Twitter se multiplicaran.

Cuando terminó su segundo mandato al frente de la Apes, Angélica fundó Infodemia, un medio que se dedica a la verificación del discurso de los funcionarios. Autodenominarse en su biografía de Twitter como periodista feminista, sin embargo, la ha expuesto a la deslegitimación de su trabajo por ser considerarla activista y “feminazi”, según se lee en algunos de los mensajes estigmatizantes que han sido publicados en respuesta a sus tuits.

En un contexto antiprensa generalizado, a Angélica le daba temor incluso ser reconocida en el Uber o en el supermercado. 

Ese temor estaba lejos de ser producto de la paranoia. En mayo de 2021, recuerda, una patrulla de la Policía se mantuvo frente a su casa por varias horas; un mes después denunció que frente a su casa encontró apostados a dos efectivos de la Fuerza Armada. “Yo vivo en una zona que es abierta, pero yo tengo una entrada independiente a mi casa y ahí fue donde me encontré a los militares. Después de que yo entré se fueron”.

Angélica dice que estos episodios la hicieron tomar algunas medidas. Como medida preventiva, ante el riesgo de sentirse expuesta, Angélica decidió, por ejemplo, dejar de frecuentar a su familia para no exponerla. “Mi familia vive en una zona de alta vulnerabilidad de pandillas, entonces, si me están pinchando yo no voy a comprometerlos”. Si bien reconoce que fue una medida un poco extrema, prefiere haberlo hecho así a que ellos sufrieran consecuencias directas por el trabajo que ella realizaba al frente de la Apes.

En su historia de más de 80 años desde su fundación, la Apes ha tenido solo cuatro mujeres como presidenta. El peso de la responsabilidad que Angélica sentía por demostrar su capacidad para llevar el cargo la hizo asumir trabajo a deshoras para evitar reproches por no dar abasto. “Es un cargo donde no está permitido equivocarse, sobre todo cuando sos mujer”,   Angélica en ese momento estaba liderando una Asociación de Periodistas que se estaba transformando y esto le había acarreado algunos detractores en esta organización.  

La suma del riesgo de su trabajo para su bienestar personal y el de su familia, más el desgaste interno dentro de la Apes, más la presión de estar disponible 24/7 para atender las emergencias de otros periodistas y demostrar que podía con todo, sometieron a Angélica a un desgaste físico y mental que terminaron desencadenando en ansiedad, agotamiento, aumento de peso y problemas para dormir. 

La Apes ha hecho en los últimos tres años un esfuerzo importante por dar seguimiento a los ataques y mensajes estigmatizantes contra periodistas. Recientemente, el interés del Gobierno en la prensa ha escalado hasta denuncias interpuestas ante la misma Asociación. El pasado 9 de junio, el ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegaín Hananía anunció que demandaría a la periodista Loida Avelar ante el Tribunal de Ética periodística de la Apes por supuesta violación al Código de Ética de Periodistas. Loida publicó el 31 de enero de 2022 un reportaje titulado Corte negó dos veces la extradición del ministro de Gobernación sobre la solicitud de extradición para ser juzgado en Guatemala por el delito de maltrato a menores. 

Los casos de las cuatro periodistas que El Faro ha ampliado en este reportaje son apenas una pequeña muestra de los riesgos, insultos y amenazas que las mujeres periodistas han vivido en los tres años de lo que va del gobierno de Nayib Bukele. Pero hay más. A la periodista Julia Gavarrete –entonces de Gato Encerrado– le sacaron la computadora de su casa mientras atendía una conferencia de prensa en Casa Presidencial en 2020. La periodista Valeria Guzmán, de El Faro, decidió dejar el país en febrero de 2022 para cuidar de su salud mental por las amenazas al periódico, a su trabajo y tras la confirmación de que su celular fue intervenido con Pegasus. Una periodista más, que prefirió mantener el anonimato para no causar preocupación en su familia, también salió del país desde enero 2022 después de que sus fuentes fiscales le confirmaran que hay un expediente abierto contra ella por las investigaciones publicadas en el último año. Las amenazas han empezado a trascender de lo digital y ante un Estado controlado por el presidente que se dedica a dirigir ataques contra periodistas, la opción más segura para algunos ha sido irse.

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El Salvador Wed, 27 Jul 2022 16:33:29 +0100 http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26294/El-bukelismo-se-ensaña-con-las-mujeres-periodistas.htm
La historia como delirio - Por Sergio Ramírez http://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://elfaro.net/es/202207/360grados/26297/La-historia-como-delirio---Por-Sergio-Ramírez.htm 360 grados Wed, 27 Jul 2022 16:04:55 +0100 http://elfaro.net/es/202207/360grados/26297/La-historia-como-delirio---Por-Sergio-Ramírez.htm El gran capitán http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037773.jpeg http://elfaro.net/es/202207/el_farolero/26295/El-gran-capitán.htm La mirada de Otto a los funcionarios del círculo cercano del presidente Bukele sancionados en la Lista Engel.
 

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El Farolero Wed, 27 Jul 2022 10:58:53 +0100 http://elfaro.net/es/202207/el_farolero/26295/El-gran-capitán.htm
Guarjila, con miedo, reclama a sus capturados bajo el Régimen http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037767.JPG http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26293/Guarjila-con-miedo-reclama-a-sus-capturados-bajo-el-Régimen.htm El obispo de Chalatenango acudió al cantón Guarjila para escuchar las denuncias de los pobladores por lo vivido desde hace cuatro meses bajo el Régimen de Excepción. Las autoridades han capturado a 21 hombres acusándolos de ser pandilleros o colaboradores de pandilleros. Entre los testimonios que monseñor Escobar escuchó se repitió, una y otra vez, la palabra “miedo”. Luego de escuchar a un centenar de campesinos explicándole la situación en la que viven, monseñor Oswaldo Escobar, obispo de Chalatenango, resumió lo que había oído en dos palabras: “Sufrimiento y miedo”.

Este lunes 25 de julio, Escobar acudió al cantón Guarjila, en el municipio de Chalatenango, donde había sido citado por los habitantes del lugar para pedirle ayuda de cara a la situación que enfrenta la comunidad en el marco del Régimen de Excepción impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele desde el 27 de marzo de este año.

Desde el estrado de la espaciosa iglesia del cantón, monseñor abrió la reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y repitiendo hasta la saciedad que aquello era una reunión de carácter pas-to-ral y no político y que él, como representante de la Iglesia Católica, estaba ahí para escuchar. Y entonces escuchó.

Escuchó, por ejemplo, a una campesina decir: “Lo primero que se vive es la calumnia. Si a la persona no le encuentran nada, ellos le ponen cosas. ¿Por qué? ¿Los soldados no son humanos? Los 10 mandamientos dicen que no hay que calumniar. Maltratan a la gente y le dicen lo que quieren. Como somos campesinos, no valemos nada. Que Dios nos libre de esta situación”.

Y a otra señora, quejarse: “Si en la noche hacen un cateo, le roban el dinero a la gente”; y también a una anciana de ademanes cortos y rotundos: “De presto nos van a capturar. Hay que estar prevenidos”.

Escuchó a un muchacho: “Nunca he tenido miedo de hablar frente a la comunidad de Guarjila, he representado a la comunidad en situaciones difíciles tiempo atrás. No tengo por qué sentir miedo porque se supone que la Fuerza Armada y la Policía nos protegen de los malos, pero ahora tenemos miedo. No se puede hablar tranquilamente porque hay un riesgo de que por nada se lo lleven a uno”.

La comunidad de Guarjila, Chalatenango, se reunió la noche del lunes 25 de julio en la iglesia. Mantuvieron un diálogo de más de una hora para exponer su preocupación por la reciente captura de 21 hombres de esa comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
La comunidad de Guarjila, Chalatenango, se reunió la noche del lunes 25 de julio en la iglesia. Mantuvieron un diálogo de más de una hora para exponer su preocupación por la reciente captura de 21 hombres de esa comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

“Quiero hablar de mi hermano”, dijo una mujer, “Hace dos meses se lo llevaron. No tienen papeles que lo acusen a él. Pero se lo llevaron injustamente y no lo veo correcto. Nunca vemos a la abogada porque nunca está. Cada vez que vamos (al penal de Izalco), son como $50 para alquilar un carro. Se llevan a bastantes padres de familia en la madrugada y los hijos quedan llorando. Que se haga justicia”.

Y a otra más: “No es una ley para cuidar los derechos humanos, porque todos nuestros derechos están tirados en el suelo. Si vamos y denunciamos lo que está pasando, ya le dicen que usted es terrorista”.

Y así, monseñor Escobar, fue escuchando y escuchando durante más de una hora a aquella grey malherida, que le explicaba, con las palabras y el acento del campo chalateco, su ramillete de penas. Y al escucharlo, monseñor no pudo sino pensar en otro monseñor que más de cuarenta años atrás escuchaba a campesinos como estos contarle los espantos que los asediaban, y entonces, mientras conversábamos tras el evento, lo citó: “Como repetía monseñor Romero, la Iglesia no puede estar indiferente ante las violaciones de los derechos humanos”. Monseñor les prometió pensar en lo que escuchó y buscar alternativas.

* * *

Guarjila es un cantón rural, a una media hora en vehículo del casco urbano de Chalatenango. Su población es casi en su totalidad campesina: viven de lo que siembran y de sus animales. Desde que se aprobó el Régimen de Excepción, hace cuatro meses, la Policía y el Ejército han capturado al 1% del total de adultos que lo habitan.

Según los datos de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco), en el cantón viven 2,246 personas, incluyendo el caserío Guancora. De esas,  1,669 son adultos. 21 de esos adultos, en su mayoría jóvenes, han sido detenidos bajo unas condiciones que le permiten a policías y soldados capturar sin decir por qué delito, sin tener orden judicial o fiscal o sin atrapar a los sospechosos en flagrancia; entrar a las casas sin tener orden de cateo; revisar los teléfonos y retener a las personas sin hacerlas comparecer ante un juez durante 15 días.

Siempre según la Adesco, al inicio de 2021 hubo dos asesinatos en el cantón. Y, en lo que va de 2022, ninguno. El cantón Guarjila forma parte del municipio de Chalatenango, habitado por casi 30,000 personas y en el que durante todo 2021 se cometieron cuatro asesinatos, según las cifras oficiales, por lo que terminó ese año como la segunda -entre las 14 cabeceras departamentales- con menos asesinatos, sólo superada por San Francisco Gotera, donde hubo tres.  

Guarjila está a 85 kilómetros de la capital. En las últimas semanas, 21 hombres han sido capturados durante operativos de la Policía Nacional Civil y bajo Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña . 
 
Guarjila está a 85 kilómetros de la capital. En las últimas semanas, 21 hombres han sido capturados durante operativos de la Policía Nacional Civil y bajo Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña . 

“Aquí no se ve eso de que esta parte es de una pandilla y esta parte es de otra, aquí sí se oye hablar de eso, pero aquí no hay de eso”, dijo un muchacho, líder comunitario. “¿Usted cree que si usted debe algo va a estar ahí acostado esperando que vengan a traerlo? El que debía algo ligero se fue”, razonó una señora, a cuyo hijo capturó la Policía hace dos meses, y agregó: “los muchachos dicen: yo, como no debo nada, estoy bien aquí. ¿Y por qué voy a tener miedo? Hoy ya no existe esa palabra, esa palabra se ha terminado. Hoy, deba o no deba, lo van a agarrar”.

La historia del lugar no puede contarse sin mencionar la Guerra Civil salvadoreña, porque sus habitantes quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla del FMLN y el ejército: la totalidad de sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas en 1981 para habitar en campos de refugiados y no volvieron sino hasta 1987. Por eso, cuando hablan de su cantón, los mayores dicen que Guarjila fue “repoblado”.

La mayor parte de asentamientos al norte de Chalatenango vivieron la Guerra Civil al amparo de las fuerzas guerrilleras: se enlistaron en las filas rebeldes, colaboraron, alimentaron, curaron y escondieron a los milicianos. Al día de hoy, habitantes de lugares como Guarjila conservan cierto apego por su pasado y, quizá por eso, en este cantón fueron bastante inmunes al furor que el candidato Bukele causó en todo el país durante las elecciones presidenciales que ganó en 2019:  1,191 votos fueron para el FMLN y apenas 171 para Bukele. Por eso algunos pobladores sospechan que el número de capturas en Guarjila responde a un castigo por su falta de fe en el proyecto oficial.

“Esto es político, no quieren cambio, esto es político, la gente no se ha dado cuenta que votó por un dragón”, cree una de las mujeres que vivió en un campo de refugiados durante la Guerra Civil. Y, como todas las demás personas que hablaron con este periódico, pidió que se omitiera su nombre, “por miedo”.

* * *

A las 8 de la noche, Guarjila es un pueblo fantasma: es la oscuridad, apenas interrumpida por la luz de las bombillas que se cuela desde las casas. No hay chicos noviando en el parque, no hay hombres tomando cerveza afuera de las tiendas, no hay vecinas deambulando. No hay lo que había. A las 8 de la noche, Guarjila es la oscuridad.

Una sola pupusería tenía la plancha encendida, donde se cocinaban enormes pupusas de $.50. Dentro, siete chicos comentaban los pormenores del partido de fútbol sala que acababan de ganar por el marcador de 12 goles a 10. Ninguno era de Guarjila, sino de un municipio vecino, y al dulce sabor del triunfo se le añadía el agravante de haber jugado de visitantes.

El mayor del grupo estudió medicina y se encuentra haciendo su año social como médico en la unidad de salud de aquel municipio. El sábado 30 de abril, su madre, de 56 años y su hermana, de 33, fueron capturadas en su puesto de comida ubicado en la terminal de buses de occidente, en San Salvador, luego de que una cuenta anónima en Twitter publicara sus imágenes y las acusara de ser aliadas de las pandillas.

Bajo el Régimen de Excepción, Guarjila es un pueblo fantasma a partir de las 7:00 de la noche. Unos pocos comercios de la calle principal son los únicos abiertos. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Bajo el Régimen de Excepción, Guarjila es un pueblo fantasma a partir de las 7:00 de la noche. Unos pocos comercios de la calle principal son los únicos abiertos. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

“Cuando fui a preguntar, me dijeron que me fuera porque si no me iban a agarrar a mí. Busqué abogados y me dijeron que no gastara en eso, porque no hay nada que se pueda hacer. Gasto casi $300 en llevarles paquetes de víveres y de ropa (al penal) y gano $450 (al mes), haga cuentas”, dice interrumpiendo el comento de sus hazañas futboleras. Los dos cuñados de su compañero de equipo también fueron arrestados: así, sin más, una noche la Policía llegó a su casa y se los llevó. Los siete del equipo, aseguraron, habían sido interrogados en caminos rurales e insultados por policías y soldados,  incluso el portero, de 14 años.

A la familia del joven doctor, la Mara Salvatrucha-13 le exigía $20 semanales por tener el puesto de comida en la terminal de buses y, cuando su madre y su hermana fueron capturadas, le llamaron a él para exigir el pago, ya con el Régimen de Excepción vigente. Así que entró al puesto de comida, recogió los instrumentos de cocina y se fue. Cuando sus familiares salgan libres –si salen libres– ya no tendrán el lugar de trabajo con el que pagaron sus estudios de medicina y que mantuvieron durante 22 años.

- El presidente sugiere que esta es la “medicina amarga” que había que tomar para librarnos de las pandillas. ¿Qué pensás de eso? -le pregunté.

-Yo no estoy en contra del Régimen, pero también lo está haciendo por populismo, por quedar bien, la gente que defiende al presidente son gente que quizá vivieron el conflicto de las pandillas o que tuvieron que huir, pero no lo han vivido en carne propia (este Régimen de Excepción). O los que viven afuera del país; porque, si vivieran aquí, tuvieran miedo.

En esta mesa de la puspusería de Guarjila había siete jóvenes este lunes 25 de julio. Algunos contaron historias sobre el acoso de militares y policías y sobre sus familiares capturados durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
En esta mesa de la puspusería de Guarjila había siete jóvenes este lunes 25 de julio. Algunos contaron historias sobre el acoso de militares y policías y sobre sus familiares capturados durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Detrás de la plancha de la única pupusería abierta en Guarjila, la dueña hacía maromas para no salir en las fotos. Había estado pendiente de la conversación que sostuve con los chicos. "¿Siempre es tan oscuro y solo aquí en la noche?", le pregunté. Ella miró para un lado, miró para el otro, y en un susurro respondió: “No, esto es por lo mismo”, y siguió palmeando las últimas pupusas de la jornada.

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El Salvador Tue, 26 Jul 2022 20:40:02 +0100 http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26293/Guarjila-con-miedo-reclama-a-sus-capturados-bajo-el-Régimen.htm
Soberanía en la lucha contra la corrupción http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035459.JPG http://elfaro.net/es/202207/columnas/26291/Soberanía-en-la-lucha-contra-la-corrupción.htm Es hipócrita reclamar a Estados Unidos respeto a nuestra soberanía si eso es solo un escudo para seguir ocultando la rampante corrupción. Read in English

El presidente Bukele acusó nuevamente a Estados Unidos de irrespetar la soberanía de nuestro país tras la publicación, por parte del Departamento de Estado, de una ampliación de la llamada Lista Engel, que prevé sanciones para funcionarios y otras figuras del Triángulo Norte involucrados en corrupción o en actividades antidemocráticas. 

La lista, este año, incluye al secretario de Prensa y operador de la Presidencia, Ernesto Sanabria; al jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara Guadrón; y al exasesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, arquitecto confeso, junto con el mandatario, de la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal el 1 de mayo de 2021.

A ellos se unen el alcalde de San Miguel y aliado del gobierno cian, Will Salgado, acusado de narcotráfico; y el exministro de Seguridad y hombre fuerte de la administración Saca, René Figueroa, junto con su esposa, ambos acusados de corrupción millonaria.

Es cierto que a Estados Unidos le gusta mucho juzgar a otros países y muy poco que lo juzguen. Pero también lo es que las mejores armas de un gobierno centroamericano contra las listas estadounidenses deberían ser la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la procuración de justicia, tal como establecen nuestras leyes.

Pero el grupo que gobierna con Nayib Bukele, aficionado a lanzar campañas de propaganda centradas en denunciar la corrupción de los gobiernos anteriores y que ha creado comisiones legislativas para investigar a sus rivales políticos, recurre a prácticas aún menos transparentes que las de Arena y el FMLN y es aún más más permisivo que aquellos con su propia corrupción.

La semana pasada, en una entrevista televisiva, el diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro fue cuestionado por las medidas que su fracción legislativa creía pertinentes para combatir la corrupción. Respondió que el presidente se reúne con sus ministros, y que los ministros también hablan entre ellos. Que así, reuniéndose, controlan que no haya robo o malversación de dinero público.

Más allá de la evidencia de que el diputado no entiende sus funciones, ni la independencia de poderes ni los controles al poder necesarios en toda democracia, las palabras de Navarro son congruentes con lo que hemos visto en estos dos últimos años: que no hay ningún deseo en el círculo de confianza de los hermanos Bukele de establecer mecanismos de rendición de cuentas, vigilancia o persecución de la corrupción. Todo lo contrario: como han demostrado numerosas investigaciones periodísticas, este Gobierno protege la corrupción y la cobija en su propia casa.

El 19 de marzo de 2020, en cadena nacional por el inicio de las medidas contra la pandemia, el presidente Bukele informó que la atención de la emergencia implicaría la “circulación de miles de millones de dólares” y advirtió a todo su gabinete: “Al que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso”. Pidió allí mismo al comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, que destinara 60 inspectores a certificar que no se hiciera mal uso de los fondos públicos. 

Algunos meses después, la Fiscalía, acompañada por inspectores de la CICIES, ordenó allanamientos a los ministerios de Salud, Agricultura y Hacienda, en busca de documentación de compras de la pandemia por más de $150 millones que estaban bajo sospecha. La Policía, a las órdenes del Ejecutivo, intentó impedir el ingreso de los fiscales. 

La CICIES, que trasladó a la Fiscalía doce investigaciones por corrupción contra el Ejecutivo, fue expulsada del país en junio de 2021; un mes antes el fiscal que tenía los expedientes de la CICIES fue destituido por la Asamblea controlada por Nuevas Ideas y la bancada de Bukele aprobó una ley que exime de responsabilidad a funcionarios por las compras de emergencia durante la pandemia.

El presidente que prometió transparencia se ha negado a hacer público el destino de más de tres mil millones obtenidos a través de créditos internacionales, entre marzo y julio de 2020: $2000 millones para la mitigación de los efectos de la pandemia y $1000 millones para la recuperación económica tras la cuarentena obligatoria de 2020. También se ha negado a transparentar cualquier otro gasto de su administración. 

Pese a las evidencias y los escándalos de corrupción, no hay ningún funcionario o exfuncionario de esta administración detenido. 

La jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, está incluida desde el año pasado en dos listas de sanciones estadounidenses: la Lista Engel y la de la Ley Magnistky, elaborada por el Departamento del Tesoro. Está acusada de ser “la jefa de un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital, además de ordenar a varios ministros del Gobierno que autoricen varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia, que incluyen millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación”.

Las sanciones estadounidenses incluyen al exministro de Agricultura, Pablo Anliker, por “significativos actos de corrupción”, y al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y a su mamá, que robaron y vendieron paquetes de alimentos destinados a familias pobres. Estados Unidos sancionó también al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por obstaculizar investigaciones sobre corrupción y al entonces ministro de seguridad, Rogelio Rivas.

De ellos, solo Anliker abandonó su cargo como ministro, sin ninguna explicación oficial. Nadie lo investigará ni lo meterá preso en El Salvador mientras siga siendo amigo del presidente, porque Bukele controla también al fiscal, cuya primera acción, después de ser impuesto por la bancada cian, fue desmantelar la unidad especial que investigaba la mayoría de esos casos de corrupción y archivar esos expedientes. Si Rivas fue destituido es solo porque Bukele descubrió que su ministro tenía un plan para lanzar su propia candidatura a la presidencia en 2024.

Las listas estadounidenses incluyen también al secretario jurídico Conan Castro y a exfuncionarios y exdiputados de los gobiernos del FMLN y de Arena, entre ellos Sigfrido Reyes; José Luis Merino; Carlos Reyes; el propagandista de Bukele Walter Araujo y los empresarios Enrique Rais y Adolfo Salume.

Y los escándalos de corrupción en el grupo de Bukele van más allá de las sanciones de Estados Unidos: el ministro de Salud, Francisco Alabí, ordenó compras de insumos a empresas de sus familiares; Christian Guevara se agenció contratos con el Ministerio de Obras Públicas por más de un millón de dólares; y la ministra de Educación, Carla Hananía, destinó una partida especial para contratar a familiares y amigos del oficialismo mientras era ministra.   

La abundante corrupción en los gobiernos de Arena y el FMLN y la demagogia del clan Bukele han logrado mantener altos los niveles de popularidad del presidente; pero el Gobierno cada vez requiere de mayor ocultamiento de información para sostener el discurso. Guevara, por ejemplo, ha sido incluido en la lista por presentar la llamada ley mordaza, que prevé prisión para periodistas que hablemos de otro gran escándalo de corrupción de este Gobierno: la negociación con las pandillas. Argueta, por redactar las destituciones de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal, que sirvieron para enterrar las investigaciones de corrupción y evitar la extradición de líderes pandilleros que pudieran confesar en Estados Unidos la negociación con el gobierno de Bukele. 

Es hipócrita reclamar a Estados Unidos respeto a nuestra soberanía si eso es solo un escudo para seguir ocultando la rampante corrupción. Si Bukele no quiere listas Engel ni leyes Magnistky, que defienda él las instituciones nacionales en vez de someterlas a su capricho por la ley o la fuerza, que abra su Gobierno a la rendición de cuentas, que permita la independencia del sistema judicial y de la Fiscalía y que meta presos, como prometió, a todos los corruptos que lo rodean. La información está a su alcance. Pero eso no va a pasar, porque la corrupción, como es cada vez más evidente, es parte de su plan de Gobierno.

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Columnas Tue, 26 Jul 2022 13:58:56 +0100 http://elfaro.net/es/202207/columnas/26291/Soberanía-en-la-lucha-contra-la-corrupción.htm
Una foto inocente, un grito de libertad y una avalancha de odio condenan a Josselyn al exilio http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000037766.jpg http://elfaro.net/es/202207/ef_foto/26288/Una-foto-inocente-un-grito-de-libertad-y-una-avalancha-de-odio-condenan-a-Josselyn-al-exilio.htm Cuando el Régimen de Excepción llevaba casi cuatro meses y más de 47,000 detenidos, Josselyn fue la cara más visible de una protesta de familiares que exigían la liberación de detenidos sin las garantías procesales constitucionales. Tras eso, en redes sociales, cuentas controladas por policías, alguna que otrora fue una cuenta gubernamental e incluso un diputado la acusaron de marera. Ella huyó este pasado fin de semana y no piensa volver. El nombre de Josselyn Palacios, de 24 años, se viralizó el 19 de julio de 2022 luego de que diversos medios dieran cobertura a una marcha en la que decenas de personas protestaban por la detención de uno o varios de sus familiares durante el Régimen de Excepción, que hasta la fecha y según datos oficiales registra más de 47,000 capturados. En la marcha, Josselyn acusó a la Policía por la detención arbitraria de su hermano Gerson de Jesús Palacios, de 26 años, quien fue capturado el 15 de abril cerca de su zona residencial y que hasta la fecha no ha recobrado su libertad. Los videos y fotos de Josselyn, en los que gritaba consignas de libertad para los detenidos bajo el régimen, inundaron las redes sociales. "Menos represión y más educación", "No tendrán la comodidad de nuestro silencio", "No son delincuentes, son inocentes", perifoneó Josselyn una y otra vez durante el recorrido. Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales han presentado informes que describen muchas detenciones arbitrarias e incluso decenas de muertes de personas capturadas cuyos cadáveres presentaron signos de tortura.  

La protesta del 19 de julio fue convocada por Josselyn y un grupo de familias del Bajo Lempa que se citaron en la Plaza Salvador de El Mundo a las 7 a.m. Para las 8:56 a.m. de ese mismo día, una cuenta verificada de Twitter registrada como Comando Azul, que perteneció hasta el 2019 a la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y con más de 21,000 seguidores, compartió dos fotografías: en una se veía a Josselyn durante la protesta y, en la segunda, aparecía la misma mujer, pero mucho más joven, acompañada de un hombre y haciendo una señal con su mano, las fotografías iban acompañadas de una descripción, "Mujer que dirigía marcha contra el Régimen de Excepción fue identificada como miembro de la Mara Salvatrucha-13 y hermana de otro pandillero que delinque en Perulapía". Cuentas muy similares a esta solían difundir, durante el último gobierno del FMLN (2014-2019), imágenes de cadáveres de supuestos pandilleros tras supuestos enfrentamientos. Algunos de esos hechos resultaron ser masacres policiales y no enfrentamientos. Durante el Régimen de Excepción actual, algunas de estas cuentas han publicado videos de torturas de detenidos. 

El tweet de Comando Azul fue suficiente para que páginas afines al oficialismo, incluyendo algunas que por su contenido de operativos y capturas apuntan a ser cuentas alimentadas por policías, se unieran para acusar a Josselyn. El ataque, como suele ocurrir, escaló hasta algunas publicaciones en páginas como La Britany, fiel defensora del Gobierno a través de artículos sin ningún sustento periodístico; o un tweet del diputado por el partido Gana, Guillermo Gallegos, el principal promotor de la pena de muerte, que acusó de marera a Josselyn al escribir: "basuras Terrorista, disfrazadas de defensores de Derechos Humanos (sic)". Se desató una avalancha de insultos y comentarios desde cuentas personales de seguidores de Bukele que apoyan el Régimen de Excepción, que ya lleva cuatro meses. La maquinaria del acoso virtual siguió su esquema al pie de la letra en el caso de Josselyn. Ella recibió mensajes de familiares y amigos con las capturas de pantalla de todas esas publicaciones. Josselyn decidió huir de su lugar de residencia el mismo día.

Sobre la fotografía por la que la acusan de ser pandillera, Josselyn explica que se la tomaron un día del año 2013. Había ido a un río con su hermano y, como parte de su gusto por la música rock, hizo la seña al posar y subió la foto a su cuenta de Facebook: "Esa es una seña que hasta los diputados la han hecho por su gusto musical, pero a mí por ser pobre y no tener poder me acusan de ser pandillera", dijo. Josselyn se refiere a una fotografía donde aparecen los diputados de Nuevas Ideas, Juan Alberto Rodríguez, Christian Guevara y Carlos Hermann Bruch haciendo una señal idéntica a la que bastó para que a ella la acusaran de pandillera. La principal diferencia es que en su fotografía ella hace esa señal con una zona rural de fondo y ellos la hacen con la tarima principal de la Asamblea Legislativa atrás. Pero no se trata de la versión de ella contra la que esgrime la avalancha de odio que cayó sobre la mujer. La señal que ella hizo en la fotografía de 2013 no es la señal con la que se identifican los miembros de la Mara Salvatrucha-13 y que llaman "la garra pandillera". Ella, al igual que dos de los diputados en la otra foto, levantó tres dedos: meñique, índice y pulgar. Los pandilleros no levantan el pulgar para identificarse con su grupo criminal. Lo que Josselyn aparece haciendo en la imagen por la que incluso el diputado Gallegos la acusó de marera es una señal internacional de los amantes del rock.

Para la mujer de 24 años este periodo ha sido una loza de injusticia sobre otra: la detención de su hermano y los señalamientos en su contra de pertenecer a un grupo criminal. Asegura que nunca antes había estado detenida y que no tiene antecedentes penales. De Gerson, su hermano, dijo que no tiene vínculos con pandillas, que trabajaba para el gubernamental Fondo de Mantenimiento Vial (FOVIAL), como lo demuestra una fotografía publicada por GatoEncerrado donde él aparece, y que en su zona de residencia tenía un molino el cual atendía en su tiempo libre. 

Tres días después de la marcha para exigir la libertad de los detenidos durante el régimen, Josselyn hacía fila para comprar un boleto de autobús para salir de El Salvador, lo hacía por temor a ser detenida tras la difamación viralizada: "Imagínese que yo no conozco ni Santa Ana ni San Miguel y ahora tengo que salir de mi país a causa del régimen, dígame si eso no es una injusticia. Ojalá algún día se pueda hacer justicia", dijo. Ella abandonó el país el 22 de julio del 2022 por la mañana. Este domingo 24 de julio, desde otro país, ella dijo que estaba bien, que estaba con familiares, que pretende construir su vida fuera de El Salvador. 

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EF Foto Mon, 25 Jul 2022 14:36:55 +0100 http://elfaro.net/es/202207/ef_foto/26288/Una-foto-inocente-un-grito-de-libertad-y-una-avalancha-de-odio-condenan-a-Josselyn-al-exilio.htm
Las víctimas del calentamiento global no han oído hablar de cambio climático - Por Latinoamérica 21 http://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://elfaro.net/es/202207/360grados/26290/Las-víctimas-del-calentamiento-global-no-han-oído-hablar-de-cambio-climático---Por-Latinoamérica-21.htm 360 grados Mon, 25 Jul 2022 09:46:35 +0100 http://elfaro.net/es/202207/360grados/26290/Las-víctimas-del-calentamiento-global-no-han-oído-hablar-de-cambio-climático---Por-Latinoamérica-21.htm Criptocolonialismo: réquiem de una promesa en coma - Por Ricardo Valencia http://elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg http://elfaro.net/es/202207/360grados/26289/Criptocolonialismo-réquiem-de-una-promesa-en-coma---Por-Ricardo-Valencia.htm 360 grados Mon, 25 Jul 2022 09:44:43 +0100 http://elfaro.net/es/202207/360grados/26289/Criptocolonialismo-réquiem-de-una-promesa-en-coma---Por-Ricardo-Valencia.htm Régimen de Excepción rompe récord de demandas de habeas corpus desde el fin de la Guerra http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037762.JPG http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26287/Régimen-de-Excepción-rompe-récord-de-demandas-de-habeas-corpus-desde-el-fin-de-la-Guerra.htm En lo que va de 2022, las denuncias en las que las personas alegan una detención arbitraria o violación a la integridad de un detenido ya han duplicado el promedio histórico de los últimos 27 años, desde que hay registro. Desde 1995, en la Sala de lo Constitucional se recibía un promedio de 457 casos al año, pero para este 22 de julio, las demandas ya suman 1,090, lo que significa una cifra histórica jamás vista al menos desde el fin de la Guerra Civil. Aún faltan cinco meses para el año cierre y el Régimen de Excepción sigue vigente. La Corte impuesta por el bukelismo no ha admitido ninguno de los casos, aunque juzgados de menor jerarquía lo han hecho en unos pocos casos. La Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene mucho trabajo estos días. En la primera planta del Palacio de Justicia, en el Centro de Gobierno, al habitual tumulto de abogados que van y vienen presentando escritos de todo tipo, se suma un grupo de visitantes muy poco acostumbrado a trámites judiciales. “Yo ni sabía de este tipo de recursos que hay. El abogado de la Procuraduría no me dijo que se podía hacer esto”, dice Marisela Hernández, una vendedora del mercado de San Martín que llega a la ventanilla de la Sala una mañana de mediados de julio para entregar un escrito con el que pide la liberación de su hermana. Su hermana, dice Marisela, fue detenida el 7 de junio, está embarazada y quedó detenida en una delegación policial después de que unos agentes la citaran para supuestamente entrevistarla por un crimen en el que ella era víctima. “A mi hermana le mataron hace poco a otro de sus hijos y con la excusa de entrevistarla para la investigación la citaron y ahí mismo quedó detenida, eso es injusto”, dice la mujer. Ella, como tantos otros, recibió por parte del Estado un defensor público sobrepasado de trabajo y que no le mencionó nada de los habeas corpus. Si está aquí en la ventanilla de la Sala es porque vio noticias donde hablaban de ese tipo de escritos y luego supo de compañeros vendedores que se habían asesorado con un abogado para presentar uno de esos recursos.

En lo que va de 2022, la Sala de lo Constitucional ha recibido 1,090 denuncias como las que esa mañana de julio ha presentado Marisela. En 27 años es primera vez que se alcanza tal cantidad de demandas, según registros oficiales. Hasta el viernes 22 de julio, según confirmó una fuente interna de la Corte, la Sala de lo Constitucional no había admitido ningún caso de los presentados en la ventanilla en lo que va del Régimen de Excepción que inició el 27 de marzo de 2022.

Policías trasladan a un hombre detenido en el mes de abril de 2022 durante el Régimen de Excepción. Lo presentan ante un defensor público de la Procuraduría General de la República para que este lo represente a lo largo del proceso judicial. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Policías trasladan a un hombre detenido en el mes de abril de 2022 durante el Régimen de Excepción. Lo presentan ante un defensor público de la Procuraduría General de la República para que este lo represente a lo largo del proceso judicial. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El récord anterior de denuncias se registró en 2020, cuando hubo 853 expedientes. Ese año, la administración Bukele fue señalada por violar los derechos humanos de la población por algunas de las medidas implementadas durante el confinamiento por la pandemia. Algunas de esas medidas llegaron a implicar detenciones por más de un mes en centros de cuarentena controlados por militares. 

Entre el 1 de enero de 2022 y la primera semana de abril, tres meses y una semana, la Sala de lo Constitucional había recibido 242 demandas de habeas corpus. Ahora ese número va por los 1,090. Eso quiere decir que desde que se aprobó el Régimen de Excepción el 27 de marzo, el ritmo de esas denuncias se disparó. De un promedio semanal de 18.6 recursos presentados hasta la primera semana de abril se escaló a un promedio por semana de 68.1 hasta el 22 de julio. En otras palabras, el promedio semanal se triplicó durante el régimen.

El número de demandas interpuestas se puede saber porque cada una, al ser colocada, recibe un número correlativo que parte desde el 1 con cada inicio de año. La mañana del 13 de julio, un abogado me dijo que uno de sus casos de habeas corpus había sido asignado al número 997. Días después, fuentes de la Corte confirmaron lo que dijeron otros abogados: la cifra había llegado hasta 1,090, al menos hasta el 22 de julio. Esa cifra duplica el promedio anual de recursos de ese tipo presentados desde que hay información oficial, o sea desde 1995, tres años después de que terminara la Guerra Civil de 12 años que dejó decenas de miles de desaparecidos. Muchas de esas personas habían sido capturadas por el Estado y nunca aparecieron. 

Marisela es la tercera persona que veo llegar a este lugar, a unos metros de la ventanilla, donde reciben a todo aquel que llega a interponer un escrito. Todas las personas como Marisela atraviesan el pasillo a paso lento, como extraviadas. Un buen grupo se acerca a mí, que llevo ya varios minutos leyendo un expediente judicial a poca distancia, y me pregunta dónde está la oficina en la que pueden presentar el recurso. Desde mi puesto, escucho cuando ellos dicen: “vengo a presentar un habeas corpus”, y luego, al cabo de unos minutos, escucho cuando desde el otro lado de la ventanilla, una empleada pública les dice, tras recibírselos: "en un mes puede llamar".

A media mañana del 13 de julio, a esa ventanilla también se acerca el hombre que acompaña a Marisela. Se llama Maximiliano Vásquez, también es vendedor de San Martín y también viene a interponer su propia queja. Dice que su hijo fue detenido hace un mes mientras trabajaba en una peluquería y que solo sabe que lo tienen en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Después llega una mujer proveniente de Guarjila, Chalatenango, para denunciar que unos policías detuvieron a su esposo mientras él andaba trabajando con su motocicleta. Le dijeron que lo llevarían a la delegación solo para hacerle unas preguntas, pero estando ahí quedó detenido. A las 10:45 a.m. llega un hombre de corbata y camisa ocre. Está molesto porque dicen que la Sala está dándole información contradictoria sobre sus defendidos, y entonces me entero que es un abogado. Estoy a punto de preguntarle si es una abogado de la Procuraduría, pero me contengo cuando el hombre suelta un grito desesperado: "¡Es una pesadilla esto!", exclama, mientras guarda de golpe los últimos papeles y se va.

En un espacio de dos horas, unas quince personas llegarán a la misma ventanilla. Es un ritmo sin precedentes. Todos ellos invocan lo que dice la Constitución en el artículo 11: que el habeas corpus puede usarse cuando la libertad de alguien ha sido restringida de manera ilegal o arbitraria, y "cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de la persona detenida". Los recursos los presentan con la esperanza de que la Sala pida informes a las autoridades involucradas y para que, eventualmente, emita una resolución que podría ir en el sentido de declarar a lugar la exhibición personal. A pesar de la eliminación de garantías durante el Régimen de Excepción, las capturas aún deben seguir el debido proceso y, si la Sala detecta alguna violación, la detención podría ser declarada nula y el reo debería ser liberado. Vale recalcar que, a día de hoy, la Sala no ha emitido resolución ante ninguno de los 1,090 habeas corpus presentados este año. 

Militares registran a pasajeres del transporte público, en el Distrito Italia, de Tonacatepeque. Durante el Régimen de Excepción, aas autoridades han realizado múltiples intervenciones y operativos en esta comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Militares registran a pasajeres del transporte público, en el Distrito Italia, de Tonacatepeque. Durante el Régimen de Excepción, aas autoridades han realizado múltiples intervenciones y operativos en esta comunidad. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Si el ritmo se mantiene como estos últimos meses, el año cerrará con más de 2,100 demandas de habeas corpus. Eso será un récord aún más difícil de alcanzar, porque entre 1995 y 2021, la Sala de lo Constitucional recibió un promedio anual de 457.5 denuncias de ese tipo, según los informes de rendición de cuentas de esa institución, que cuentan con información disponible desde aquel año. Eso quiere decir que, sin que haya terminado 2022, la cantidad de denuncias es ya más del doble del promedio anual de los últimos 26 años: un 138.45 % más.

A diferencia de lo que ocurre en la Sala, hay juzgados de menor rango que ya admitieron a trámite algunos recursos de habeas corpus, pero estos son una cantidad mínima. Según un reporte de la oficina anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Alac-Funde), solo ocho denuncias han sido admitidas en estas cámaras de segunda instancia en todo el país, que es donde la ley también permite que se denuncien los habeas corpus.  

No todas las demandas podrían provenir de casos relacionados a detenciones en el Régimen de Excepción, pero especialistas consultados consideran que lo lógico es que la gran mayoría de ellas sí estén vinculadas a estos meses en los que cualquier soldado o policía ha podido detener a quien considere sospechoso y encarcelarlo por hasta 15 días sin ver a un juez. Esto ha levantado alertas en instituciones de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del sistema de Estados Americanos (OEA). Instituciones especializadas como Human Rights Watch o como la Washington Office for Latin America (WOLA) también han criticado esta medida, calificándola de violar el Estado de Derecho.

“El aumento en las demandas de habeas corpus no solo indica ese incremento respecto de años anteriores, sino que también es un síntoma de la violación masiva de los derechos a la libertad personal y a la dignidad de las personas provocada por el Régimen de Excepción”, dice a El Faro Sandra Santos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y excoordinadora de la Sala de lo Constitucional. “Si la Sala guarda silencio sobre estas demandas o si las rechaza masivamente, sin tomar en cuenta que este régimen viola derechos desde su adopción en marzo, y que se ha prorrogado inconstitucionalmente, querrá decir que el habeas corpus en El Salvador es una garantía procesal suspendida, lo cual va en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, agregó.

En los cuatro meses que van del Régimen de Excepción, la Policía y la Fiscalía han detenido a más de 43,000 personas, duplicando la cantidad de  reos en el sistema carcelario que ya estaba colapsado. La administración Bukele ha prometido un centro penitenciario en Tecoluca, San Vicente, para albergar a 40,000 reos, y aprobó reformas de ley para poder hacer esto sin tener que pasar los filtros de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).

Cientos de familiares de detenidos esperan frente al portón del Centro Penal La Esperanza, en Ayutuxtepeque. Este lugar se volvió un campamento para los que esperaban noticias de sus familiares detenidos durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Cientos de familiares de detenidos esperan frente al portón del Centro Penal La Esperanza, en Ayutuxtepeque. Este lugar se volvió un campamento para los que esperaban noticias de sus familiares detenidos durante el Régimen de Excepción. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Los habeas corpus no tienen un plazo establecido para resolverse. Eso ha provocado, según fuentes de la Corte, que la Sala de lo Constitucional tenga mora de este tipo de expedientes que no han resuelto. Actualmente, la Sala está resolviendo los expedientes de 2019. La costumbre de ese organismo, según explicó Santos, es que los casos se resuelvan en orden de llegada, aunque matizó que había contextos en que los expedientes eran etiquetados de “urgentes” y eso provocaba su atención inmediata.

Eso ocurrió, por ejemplo, durante los primeros días en que la administración Bukele ordenó el confinamiento obligatorio, en marzo de 2020. La Sala admitió varios casos y luego emitió resoluciones por el contexto de la pandemia. Un caso es el expediente 148-2020, que fue admitido para estudio apenas cuatro días después de la detención de tres mujeres en Jiquilisco, ocurrida el 22 de marzo de ese año. La demanda era porque tres mujeres habían sido detenidas mientras hacían compras de comida y medicinas en el mercado. La demanda la recibió la Sala vía correo electrónico, la autoridad demandada era el presidente Bukele y el jefe de la subdelegación de la PNC de Jiquilisco. La Sala emitió resoluciones de seguimiento el 8 de abril y el 15 de abril, y en ellas ordenaban a las distintas instituciones estatales a respetar los derechos humanos durante la crisis de la pandemia.

Para Santos, este caso refleja que en tiempos de crisis como la actual, la Sala podría actuar de urgencia. La abogada recordó uno de los párrafos que sostenía el habeas corpus 148-2020: “Este Tribunal, pese a la emergencia decretada, no puede paralizar sus actividades y su cometido en la protección de los derechos fundamentales de las personas; lo que sí puede hacer es adaptarse a las exigencias fácticas que se presentan, tomando en cuenta no solo consideraciones puramente normativas, sino humanitarias, sociales, científicas, etc. De hecho las garantías constitucionales, entendidas como mecanismos de protección, deben adaptarse a la realidad que pretende normar”.

Desde el 1 de mayo de 2021, la Sala de lo Constitucional está tomada por magistrados impuestos por la Asamblea Legislativa controlada por Bukele. Los diputados oficialistas, que ese día comenzaron labores, destituyeron sin un proceso legal a la Sala anterior y esa misma noche la Policía irrumpió en el Palacio de Justicia para que los nuevos funcionarios se tomaran los despachos. Los magistrados de la antigua Sala aseguraron que firmaron sus renuncias después de recibir presiones de distinto tipo.

Hasta la fecha, existen más probabilidades de que los recursos de habeas corpus prosperen en tribunales que no sean la Sala de lo Constitucional aunque es aquí donde se denuncia la mayoría de casos. Por ejemplo, en el primer mes de vigencia del régimen, de 117 denuncias interpuestas, 86 se habían presentado ante la Sala y 31 en las distintas cámaras, según un informe de la oficina Alac-Funde.

En la ventanilla de la Sala, no todos se atreven a hablar de sus demandas. Dos hombres que llegaron a interponer una denuncia el 13 de julio dijeron que no querían hablar con periodistas porque eso solo podía meterlos en problemas. “Mire, esto es una injusticia lo que le han hecho a nuestro familiar, ya lleva 17 días detenido, pero si hablamos con periodistas solo significaría exponernos y eso puede ser contrario a lo que queremos para él”, dijo el más joven de los dos denunciantes. “Vamos a esperar, a ver si resuelven a nuestro favor”, dijo el más viejo.

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El Salvador Sun, 24 Jul 2022 20:28:30 +0100 http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26287/Régimen-de-Excepción-rompe-récord-de-demandas-de-habeas-corpus-desde-el-fin-de-la-Guerra.htm
La historia como delirio http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_335_3000_2334/images%7Ccms-image-000037760.jpeg http://elfaro.net/es/202207/columnas/26286/La-historia-como-delirio.htm Los filósofos han estado casi ausentes a la hora de dilucidar las propuestas de nuevos modelos políticos y sociales. Son los escritores quienes han cumplido ese papel, convertidos en ideólogos. En Delirio Americano, Carlos Granes cuenta, de manera lúcida y exhaustiva, la larga aventura de invención y reinvención de América Latina, tal como he escrito en Política & Prosa. Y, entre tantas cosas, llegamos a saber que los filósofos han estado casi ausentes a la hora de dilucidar las propuestas de nuevos modelos políticos y sociales. Son los escritores quienes han cumplido ese papel, convertidos en ideólogos.

Los escritores fueron capaces de contemplar una realidad por transformar, y se atrevían a buscarle una filosofía, como en el caso de José Enrique Rodó, con Ariel, o de Domingo Faustino Sarmiento con Facundo. Sarmiento, que además de novelista, fue político y militar, y llegó a ser presidente de Argentina.

Pero, desde entonces, va a producirse una dicotomía entre el escritor que busca, y la realidad que no se transforma de acuerdo a sus sueños y visiones. El ideal va a convertirse entonces en utopía, y la realidad de atraso y miseria se volverá entonces un cebo literario, y al mismo tiempo ideológico. Más tarde, las utopías se convertirán en distopias. Los sueños de la razón, que engendran monstruos.

Hay un momento en que el libertador que se sube al caballo para librar las luchas de independencia, contiene también al intelectual hijo de la ilustración y así mismo al escritor, basta recordar las cartas de Bolívar, verdaderas piezas literarias; o los diarios de viaje de Francisco de Miranda. Todos tienen una visión ecuménica, como creadores de naciones, y son hijos de Rousseau y de Voltaire. Su pasión es crear un Nuevo Mundo.

El fundamento ideológico de Rodó, capital en la formación del pensamiento latinoamericano, como Granes viene a mostrarlo, es la lucha planteada entre Ariel y Calibán. Pero Calibán también es Facundo, el salvaje al que civilización debe domeñar para que haya naciones verdaderas. Esa formidable contradicción creada en el siglo diecinueve, entre proyecto de nación utópica y realidad espuria, viene a ser parte del mito americano. Y del delirio.

Orden institucional contra dictadura cerril. La perfección de los sueños históricos y la terca realidad heredada. Mundo rural y modernidad frustrada. Choque de razas y mestizaje. Orden y anarquía. Centralismo versus federalismo. Civilización contra barbarie. Es a los escritores a quienes toca dilucidar estas contradicciones, y plantear, incluso, propuestas de cambio o reforma, como la que contiene la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, donde sigue campeando el espíritu de Ariel contra los apetitos oscuros de Calibán.

Es la novela que llega a expresar una filosofía, un deber hacer, que propone una norma. Gallegos no duró mucho en el poder para poner en acción sus propuestas civilizadoras, derrocado por los militares nueve meses después de haber sido electo presidente de Venezuela.

Progreso versus atraso. El siglo diecinueve alienta el positivismo más desaforado, cuya bandera alzan Rubén Darío y los modernistas, y alienta el darwinismo social: no solo los individuos más fuertes serán los únicos destinados a sobrevivir, sino las razas mejor dotadas. Lo europeo versus lo autóctono. El poder regenerador de las inmigraciones, que Darío exalta en su Canto a la Argentina.

El mestizo empieza, entonces, a luchar contra sí mismo. Luchamos a partir de Facundo contra el salvaje que todos llevamos dentro. Queremos elevarnos a las alturas espirituales de Ariel. Llevamos dentro las semillas envenenadas del mestizaje, que son también semillas de redención. Somos el doctor Jekyll y también somos Míster Hyde. Y mientras buscamos con delirio nuestra identidad americana, intentamos dilucidar los modelos políticos, mediando las constantes frustraciones de la democracia y mediando golpes de estado, revoluciones y alardes populistas.

Los atributos de guerrero, intelectual, escritor, que al principio se presentan juntos, como en Bolívar o Miranda, o como en Sarmiento, se separan con el tiempo, y los intelectuales, desarmados, entran en contradicción con los caudillos, que nunca dejan las armas y las vuelven su razón de ser, y de poder.

Alguien que es sólo poeta, y pensador, como José Martí, carece de credenciales suficientes y tiene que legitimarse, subiéndose al caballo, frente a las armas y quienes las empuñaban como caudillos militares. Y le va la vida en ello. Al revés, someter el poder militar al poder político ha sido uno de los grandes delirios de nuestra historia, y la frustración más relevante.

Es precisamente con el modernismo, que representa la modernidad a finales del siglo diecinueve, una vanguardia antes de las vanguardias, que se da la separación de papeles entre escritores de oficio y políticos de oficio. Salvo Martí. Escritores, poetas, que son a la vez pensadores y tienen sus propias visiones americanas, contrarias al creciente dominio de los Estados Unidos. El antiimperialismo pasará ahora a encarnar la lucha entre Ariel, el espíritu de la América indohispana, y Calibán, con sus legiones avasalladoras de “búfalos de dientes de plata”.

Uno de los grandes aciertos del libro de Granes es fijar el papel de las vanguardias dentro del contexto político latinoamericano. Al llegar el siglo veinte, América está todavía por hacer, y por interpretar, y las vanguardias ensayan a darle un sentido al futuro que aún no ha sido dilucidado.

Y, a la vez que revolucionan las letras y las artes, los vanguardistas toman posiciones ideológicas que no se quedan nunca sin consecuencias, y terminan alineándose en los dos grandes polos que vendrán a surgir en el siglo veinte, fascismo y comunismo, hasta llegar a las propuestas totalitarias que se consolidan en vísperas de la segunda guerra mundial, y que arrastran a unos del lado de Stalin, y a otros del lado de Hitler, Mussolini y Franco.

Las propuestas atrevidas de renovación artística, la insolencia de las protestas contra el statu quo, vendrán a acomodarse a los moldes políticos ortodoxos, de los que los vanguardistas parecen no tener escapatoria. Son parte del gran delirio de la utopía que se despeña hacia la entropía en el siglo veintiuno. Revoluciones que han terminado en involuciones, escenografías triunfales en harapos, sueños de redención pervertidos por dictaduras y populismos de pesadilla.


*Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.

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Columnas Fri, 22 Jul 2022 17:13:28 +0100 http://elfaro.net/es/202207/columnas/26286/La-historia-como-delirio.htm
Fiscalía investiga al presidente de Fesfut por evasión y un Mercedes Benz comprado a $1 http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037755.jpg http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26285/Fiscalía-investiga-al-presidente-de-Fesfut-por-evasión-y-un-Mercedes-Benz-comprado-a-$1.htm Para justificar el allanamiento a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) del 14 de julio, la Fiscalía impuesta por el bukelismo argumentó a un juez que, entre 2018 y 2022, el presidente Hugo Carrillo tuvo una diferencia de 862,779.13 dólares entre los ingresos que reportó a Hacienda y las cantidades que ingresaron a sus cuentas bancarias. Además, la Fiscalía cuestiona otros pagos directos de la Fesfut, mientras también prepara una acusación por evasión y lavado de dinero. La disputa política por el control del fútbol de El Salvador protagonizada por el hermano del presidente del país, Yamil Bukele, tiene como base la declaración de un testigo que hace apenas un mes y medio se presentó a la Fiscalía para denunciar a sus colegas directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut). Walter Mauricio Reyes Canales, extesorero de la Fesfut, llegó a la Fiscalía el 1 de junio de 2022 a denunciar “mal uso de los recursos financieros de la Fesfut” y “una presunta malversación de fondos”. Su declaración es el punto de partida del caso, según la solicitud de registro con prevención de allanamiento que la Fiscalía presentó al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.

El Faro obtuvo una copia de dicho documento, una hipótesis con la que los fiscales inician sus pesquisas para construir un caso y con la que piden a un juez autorización para recolectar más evidencia. En el documento, la misma Fiscalía reconoce que debe verificar la información que hasta al momento ha recabado, como la compra de un carro Mercedes Benz por un dólar. 

Los indicios de corrupción sobre el presidente de la Fesfut, Hugo Atilio Carrillo,  sin embargo, son distintos del proceso a través del que una “comisión normalizadora” nombrada por el Indes de Bukele se tomó la Fesfut, razón por la cual el país está a punto de ser sancionado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Mientras se cierne esa amenaza, y con el fútbol profesional congelado, el Gobierno estrenó esta misma semana su propia Liga Nacional, aunque asegura que no está relacionado con la crisis general del fútbol. 

El Presidente de la FIFA Gianni Infantino (derecha) conversa con Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), durante la inauguración del Hotel Villa Selecta, el 20 de noviembre , 2019. Foto de El Faro: Marvin Recinos/ AFP.
 
El Presidente de la FIFA Gianni Infantino (derecha) conversa con Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), durante la inauguración del Hotel Villa Selecta, el 20 de noviembre , 2019. Foto de El Faro: Marvin Recinos/ AFP.

La investigación es por indicios de lavado de dinero y administración fraudulenta y está centrada en el presidente Hugo Atilio Carrillo. Tras la denuncia del extesorero, la Fiscalía pidió al sistema bancario un reporte de las operaciones de Carrillo y de la Fesfut. El reporte abarca entre enero de 2018 y el 8 de julio de 2022. Carrillo es presidente de la Fesfut desde agosto de 2018 y miembro del Comité Ejecutivo desde 2014.

Con los hallazgos preliminares, la Fiscalía ha construido una hipótesis: que Carrillo declaró a Hacienda ingresos por $547,453.29, pero movió en bancos $1,410,232.42. Es decir, no declaró 862,779.13, lo cual puede configurar el delito de evasión, algo que el fiscal del caso recomienda investigar. Esa evasión sería el delito generador para llegar a una acusación de lavado de dinero. La Fiscalía considera que Carrillo “conoce el origen ilícito de los fondos colocados en el sistema financiero que posteriormente fueron estratificados e integrados en su cuenta”. 

Por ahora, la sospecha fiscal es que como “se identificaron transferencias a la cuenta corriente del señor Carrillo por ‘proceso de planilla’, (lo mismo) podría estar sucediendo con los demás miembros del comité de la Fesfut”. La Fiscalía no tiene aún información de los movimientos bancarios del resto de integrantes, aunque los considera “cómplices necesarios”. 

La investigación está salpicada de una suspicacia política, porque el allanamiento se realizó en el punto más álgido del conflicto entre Yamil Bukele y el Comité Ejecutivo dirigido por Carrillo. La Fiscalía es dirigida por Rodolfo Delgado, un hombre impuesto por el bukelismo, cuyo negocio familiar ha recibido pagos de una empresa del Gobierno Bukele. 

Pero la investigación penal solo es la mitad de los problemas de la Fesfut. El 15 de julio, un Tribunal de Ética adscrito al Indes descabezó a la Fesfut al cesar de sus funciones a todo el Comité Ejecutivo. Ese hecho, y la posterior toma de posesión de una comisión nombrada por el Indes, es lo que la FIFA considera una intervención estatal indebida y puede acabar en la suspensión internacional de El Salvador. 

Sin el allanamiento de la Fiscalía y la sanción del tribunal del Indes, Carrillo y su comité se habrían ratificado en sus puestos por otros cuatro años en la Asamblea General del Fútbol programada para el 16 de julio, que se suspendió.

Las denuncias del extesorero Reyes están a la base de ambos procesos: el del Tribunal de Ética y el de la Fiscalía. Reyes fue elegido para la Federación como representante de la Tercera División y dice que, con la ayuda de otro directivo, Juan Pablo Herrera, recabó información financiera que luego entregó a la Fiscalía. Estas denuncias tampoco están alejadas de las conexiones políticas: Herrera es exdiputado del partido Gana, con el que el presidente Bukele ganó la elección en 2019. Tanto Herrera como Reyes Canales renunciaron a sus puestos en la Fesfut en octubre de 2020.

Reyes Canales se describe a sí mismo como un directivo sin poder que, no obstante, se mantuvo en el cargo dos años. Su denuncia dice que “el único que veía todo y administraba los fondos era el secretario Luis Pérez Guerrero, con instrucciones de Hugo Carrillo”.En su denuncia, Reyes describe a la Fesfut como un órgano donde Carrillo toma decisiones unilateralmente y donde los otros seis integrantes del Comité Ejecutivo actúan como espectadores. 

Esa hipótesis justifica para la Fiscalía la necesidad de recabar más información a través de un allanamiento que además de la sede de la Federación incluyó la casa de Carrillo y la oficina de auditores Cornejo y Umaña LTD, que auditó a la Federación. 

En este punto del proceso, ni Carrillo ni el resto de miembros de la Fesfut han tenido todavía la oportunidad de defenderse o explicar las acciones cuestionadas. Lo que el documento hace es generar una serie de preguntas a partir de la información recogida. El abogado de Carrillo prometió el 21 de julio una entrevista a El Faro, pero no contestó hasta la publicación de esta nota.

Hugo Carrillo tiene 1.6 millones de dólares y un Mercedes Benz de $1

La Fiscalía encontró que Carrillo tiene 1.6 millones de dólares en cuentas del Banco Hipotecario, Banco Agrícola y BAC. De ese monto, solo $95,666.12 provienen de préstamos y en el periodo realizó pagos a tarjetas de crédito por $181.565.53.

Para justificar sus ingresos, hay que decir que Carrillo tiene acciones de nueve empresas. La principal es SEVISAL, una compañía que ofrece servicios de seguridad, señalamiento vial y rotulación. SEVISAL le reportó a Carrillo más de $200,000 en utilidades en los últimos cuatro años. Una de las tareas pendientes de la Fiscalía es “verificar la capacidad financiera de SEVISAL para dicha distribución”. 

La Policía tomó control de los portones de la Federación Salvadoreña del Fútbol desde el 14 de julio. Aunque la orden de allanamiento era solo de 72 horas, el 21 de julio todavía estaban ahí. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
La Policía tomó control de los portones de la Federación Salvadoreña del Fútbol desde el 14 de julio. Aunque la orden de allanamiento era solo de 72 horas, el 21 de julio todavía estaban ahí. Foto de El Faro: Víctor Peña.

En el reporte de transacciones empiezan las preguntas. Por ejemplo, la Fiscalía no sabe si más de un millón de dólares ($1,022,266.61) conceptualizados como “nota de crédito de cajero” en una cuenta del Banco Hipotecario fueron depositados en efectivo. En el documento, la Fiscalía admite que tiene información incompleta “debido a la respuesta tardía de algunas instituciones financieras”. 

Carrillo recibió de la Fesfut $101,205 entre 2019 y 2022. La Fiscalía cuestiona el concepto de esos pagos porque, según la denuncia del extesorero, al federativo se le pagaban “dietas” por su función en forma de cheques.

La Fiscalía resalta un pago de $40,195 de la cuenta “YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V.”  porque “llama la atención que de un canal privado, transmisor exclusivo de la selección nacional de fútbol le traslade dicha suma al presidente de la federación”. No está claro el motivo de la transferencia, pero la única referencia que hace la Fiscalía es que le llama la atención y, hasta el momento, no califica la transferencia de sospechosa.

Los investigadores también solicitaron al Registro Público de Automotores de la Dirección General de Tránsito el detalle de los automóviles registrados a nombre de Carrillo desde agosto de 2003 a enero de 2021. Actualmente, según la investigación, tiene seis vehículos en propiedad, aunque solo uno de ellos adquirido desde que es presidente de la Fesfut, de acuerdo con una tabla que aparece en el informe. Tres son de lujo: un auto deportivo Porsche, año 2013, de $25,000; un Cadillac, año 2011, que le costó $11,500; y un Mercedes Benz, año 2011, que, según el reporte, la empresa Valores Agroindustriales S.A. de C.V. le vendió por $1. 

Los precios del Cadillac y el Mercedes Benz levantan alarmas “por tratarse de ser de lujo y no siendo sus precios acordes a dichas marcas”. Según la Fiscalía, Carrillo adquirió el Cadillac el 2 de septiembre de 2019. Pero es más llamativo el otro caso. Vehículos Mercedes Benz de 2011 se publicitan en el mercado de vehículos en precios de entre 12,500 y 19,000 dólares. La Fiscalía no ha determinado si hay relación entre la empresa vendedora y Carrillo.

Hay otro caso de lavado de dinero relacionado al fútbol que incluye un Mercedes Benz de un dólar. En la investigación contra José Adán Salazar, conocido como ‘Chepe Diablo’, la Fiscalía identificó un Mercedes Benz que la exesposa de Salazar compró por $1. El vendedor, identificado como Valores Industriales S.A. de C.V., lo había adquirido por $57,000, cinco años de venderlo en rebaja. Salazar era miembro de la junta directiva del Isidro Metapán, diez veces campeón del fútbol nacional.  

Una pregunta adicional sobre Carrillo es su papel como fiador de la Federación en un préstamo por medio millón de dólares suscrito el 18 de febrero de 2020, con la sociedad de ahorro y crédito Constelación. Ese préstamo, otorgado por diez años, fue cancelado el 26 de febrero de 2021, a través de un abono a capital de $425, 262.48. La Fiscalía dice que esto podría tratarse de una modalidad de lavado de dinero conocida como “préstamos prepago”. Sin embargo, la Fesfut movilizó $15.2 millones de dólares entre 2018 y julio de 2022, con lo cual un préstamo de esa cantidad podría ser justificado durante la investigación.

El pleito administrativo por el que El Salvador se puede quedar sin fútbol

El allanamiento a la Fesfut fue el clímax de un enfrentamiento que lleva años. 

Las federaciones deportivas solían inscribirse ante el Ministerio de Gobernación hasta que en febrero de 2020 se aprobó la Ley General de los Deportes. Esa ley creó un Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas que lleva el Indes. La Fesfut nunca se inscribió ante el Indes porque alegó que era incompatible con los requisitos de no intervención gubernamental que pide la FIFA. La Fesfut quería un trato diferenciado, como con el Comité Olímpico y Paralímpico, a quienes la ley de deportes reconoce y da el derecho de inscribir su personería jurídica ante el Ministerio de Gobernación.

Durante los últimos tres años hubo negociaciones, incluso con intermediación de miembros de FIFA para resolver el impasse pero no surtieron efecto. Yamil Bukele había advertido que, si no cumplían la ley, no darían reconocimiento jurídico a las autoridades electas para el periodo que empieza en agosto de 2022.

 

El presidente de la Comisión Normalizadora nombrada por el Indes, Lucas Labbad (derecha) ingresó a la Federación junto con otros miembros de la Comisión, en la tarde del 21 de julio. Los acompañó Javier Tebas (izquierda), un abogado español contratado por el Indes. Foto de El Faro: Víctor Peña
 
El presidente de la Comisión Normalizadora nombrada por el Indes, Lucas Labbad (derecha) ingresó a la Federación junto con otros miembros de la Comisión, en la tarde del 21 de julio. Los acompañó Javier Tebas (izquierda), un abogado español contratado por el Indes. Foto de El Faro: Víctor Peña

La Fiscalía allanó la Fesfut el 14 de julio. Un día después, el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte emitió una medida cautelar en la que cesó de sus funciones al Comité Ejecutivo de la Fesfut, como parte de un proceso administrativo. Ese Tribunal fue creado en la misma Ley General de Deportes. Aunque Yamil Bukele ha asegurado que ese tribunal es independiente, la ley dice que “es un órgano colegiado adscrito orgánicamente al Indes”. Además, el presidente es designado por el Comité Directivo del Indes. 

Los conflictos causaron la suspensión de la Asamblea del Fútbol, donde se ratificaría a Carrillo y a otros miembros del Comité Ejecutivo al frente del fútbol por los siguientes cuatro años. También repercutió en la suspensión de las siguientes dos jornadas de la liga mayor de fútbol, después de que el gremio de árbitros dijo que no participaría en juegos sin la autorización de la Fesfut. El 20 de julio, la FIFA notificó que, si no se revierte la sanción a los miembros de Fesfut, suspenderá a El Salvador de las competencias internacionales. La FIFA dio un plazo máximo hasta el 25 de julio para ello.

El congelamiento del fútbol federado en El Salvador ocurre al mismo tiempo que el Indes de Bukele promociona su liga nacional de fútbol, que empezó el 19 de julio, cinco días después de las sanciones. Participan equipos patrocinados por las alcaldías de las 14 cabeceras departamentales del país, todas del partido de gobierno, Nuevas Ideas. Yamil Bukele asegura que no buscan competir con la liga mayor, pero el Indes anunció como sus patrocinadores a medios que transmiten la liga, como la radio KL, el canal Tigo Sports y el medio deportivo El Gráfico, así como entidades de Gobierno como la Lotería Nacional, Bandesal, CEL y los canales de radio y televisión estatal.

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El Salvador Fri, 22 Jul 2022 17:07:19 +0100 http://elfaro.net/es/202207/el_salvador/26285/Fiscalía-investiga-al-presidente-de-Fesfut-por-evasión-y-un-Mercedes-Benz-comprado-a-$1.htm
Un puente a medio destruir http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_3000_2000/images%7Ccms-image-000037747.jpg http://elfaro.net/es/202207/ef_foto/26282/Un-puente-a-medio-destruir.htm La Nueva Pita es una comunidad del Bajo Lempa en la que viven aproximadamente 20 personas, principalmente de dos familias muy pobres. El puente de la imagen, carcomido por el salitre, es el único acceso a la comunidad que está ubicada al final de la carretera, en medio de un manglar que colinda con la ribera del río. Una zona de alto riesgo por inundaciones tiene un puente en ruinas como salvavidas. Desde hace un año, los habitantes del caserío La Nueva Pita caminan a diario entre los hierros podridos y los pedazos de tablas que aún quedan del puente que une a la comunidad con la carretera principal.  La ruina de este puente sirve como única salida y entrada a esta zona que atraviesa el Bajo Lempa, en el cantón Las Mesas, en Tecoluca, San Vicente. El puente fue construido en el año 2015, cuando se pavimentó el tramo de la calle desde el cantón San Carlos Lempa hasta el caserío La Pita. Desde entonces no ha habido más intervención en la zona, asegura un líder comunitario. El puente está a medio destruir por el tiempo y el uso. Sus bases de cinco metros de altura y su tablero de 12 metros de longitud siguen intactos. Ambos son de concreto. Sin embargo, las tablas y hierros de las escaleras se han podrido y han desaparecido poco a poco desde hace un año. "Aquí no planearon bien esto, no consideraron que el salitre se come el hierro. Mejor todo lo hubieran dejado de cemento", asegura un líder comunitario que pide no ser identificado. 

La Nueva Pita es una comunidad en la que viven aproximadamente 20 personas, principalmente de dos familias muy pobres. La comunidad está ubicada al final de la carretera, en medio de un manglar que colinda con la ribera del río. 

Cada vez que el río se desborda, principalmente en la temporada de lluvias, esta zona se inunda. Este puente corroído sirve como la única salida para los habitantes y otros transeúntes, principalmente los pescadores que lo cruzan a diario. La otra forma de salir es tomar un bote y tratar de remar por el río para llegar hasta la carretera. 

El Bajo Lempa, al oriente de El Salvador, es considerada una zona con alto nivel de riesgo debido a inundaciones y sequías. El caserío La Nueva Pita está a unos dos kilómetros y medio de la desembocadura del Lempa. 

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EF Foto Thu, 21 Jul 2022 16:31:19 +0100 http://elfaro.net/es/202207/ef_foto/26282/Un-puente-a-medio-destruir.htm