Un juez español pidió por segunda vez en cinco años la extradición de militares salvadoreños a quienes investiga por el asesinato, en noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, una de ellas menor de edad. La Corte Suprema salvadoreña tiene en sus manos aprobar o negar la extradición, una decisión que divide al país entero: por un lado están los que creen que permitir el juzgamiento del crimen sería reabrir heridas del pasado y, por otro, los que aseguran que las heridas nunca cerraron y que la justicia es necesaria.

El fiscal Luis Martínez inició su mandato en 2012 prometiendo una fuerte batalla contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, pero tres años más tarde su gestión cerró en medio de escándalos por abusos en las escuchas telefónicas y por la débil investigación fiscal en grandes casos de corrupción. Martínez se enfrentó al gobierno del expresidente Funes y al ministro de Defensa por la Tregua, y estuvo a punto de ser reelegido por sus nexos con empresarios afines al FMLN y Arena.

El 4 de junio de 2002, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) firmó un acuerdo con la empresa italiana Enel para que tuviera la mayoría de acciones de la empresa para la explotación de la geotermia, LaGeo. En el 2013, la Fiscalía aseguró que existió un “plan criminal” para la privatización de ese servicio y acusó a 21 personas. Luego de dos años de litigio, la misma Fiscalía pidió un sobreseimiento del caso.

En El Salvador, las resoluciones de los jueces que absuelven a acusados de violar a menores de 15 años están llenas de justificaciones en defensa del amor, de las costumbres de la sociedad o del anhelo de que víctima y victimario formen un hogar. Solo uno de cada 10 casos denunciados termina en condena.

El Faro reveló la existencia de un acuerdo entre el gobierno del expresidente Mauricio Funes y las principales pandillas de El Salvador. La estrategia resultó ser un parte aguas en los paradigmas de seguridad pública salvadoreñas. La cobertura, de más de 4 años, expuso las interioridades ocultas del proceso, los motores políticos que explican su abandono y las consecuencias que pagó el país por haber emprendido un proceso que nació en las sombras.