Un juez español pidió por segunda vez en cinco años la extradición de militares salvadoreños a quienes investiga por el asesinato, en noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, una de ellas menor de edad. La Corte Suprema salvadoreña tiene en sus manos aprobar o negar la extradición, una decisión que divide al país entero: por un lado están los que creen que permitir el juzgamiento del crimen sería reabrir heridas del pasado y, por otro, los que aseguran que las heridas nunca cerraron y que la justicia es necesaria.

El exfiscal Luis Martínez inició su mandato en 2012 prometiendo una lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, pero tres años más tarde su gestión cerró en medio de escándalos por una trama de venta de justicia para favorecer al empresario Enrique Rais, por abusos en las escuchas telefónicas y por la débil investigación en grandes casos de corrupción. Martínez se enfrentó al gobierno del expresidente Mauricio Funes y al ministro de Defensa por la Tregua con las pandillas, y estuvo a punto de ser reelegido por sus nexos con empresarios afines al FMLN y Arena. Ahora es acusado de haber otorgado inmunidad al expresidente a cambio de dinero.

El 4 de junio de 2002, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) firmó un acuerdo con la empresa italiana Enel para que tuviera la mayoría de acciones de la empresa para la explotación de la geotermia, LaGeo. En el 2013, la Fiscalía aseguró que existió un “plan criminal” para la privatización de ese servicio y acusó a 21 personas. Luego de dos años de litigio, la misma Fiscalía pidió un sobreseimiento del caso.

En El Salvador, las resoluciones de los jueces que absuelven a acusados de violar a menores de 15 años están llenas de justificaciones en defensa del amor, de las costumbres de la sociedad o del anhelo de que víctima y victimario formen un hogar. Solo uno de cada 10 casos denunciados termina en condena.

Antonio Saca es el segundo expresidente de Arena enviado a un juicio por lavado de dinero. Junto a otros seis exfuncionarios, también es perseguido por peculado en un caso por 301 millones de dólares desviados a cuentas de terceros, incluidos el partido Arena y las radios del expresidente. La Fiscalía apuesta por una condena de 25 años.

En febrero de 1982, una campesina denunció al Ejército salvadoreño por el cometimiento de la peor masacre latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX, pero los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron las acusaciones. 31 años después, la resistencia de las víctimas contra el olvido y la impunidad logró una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La participación del Ejército en la masacre de alrededor de mil campesinos, más de la mitad menores de edad, es el primer caso de la guerra que llega a tribunales, tras la abolición de la ley de amnistía en 2016. En el banquillo de los acusados están los comandantes del Ejército más oscuro, pero también un país que se resiste a verse frente al espejo.

La educación de El Salvador padece enfermedades crónicas. Para comprender qué se esconde tras nuestros constantes fracasos en la Paes, El Faro te invita a analizar 20 variables en más de 5 mil escuelas públicas del país, leer el diagnóstico de expertos y hacer un recorrido a pie por centros escolares clave. ¿Nos importa cómo se educa el país del futuro?

El expresidente Mauricio Funes, ex funcionarios de su administración (2009-2014) y sus familiares están acusados del desvío de $351 millones de la Presidencia, pago de viajes y compra de bienes muebles e inmuebles con fondos públicos. Asilado en Nicaragua desde 2016, el primer presidente del FMLN es prófugo de la justicia.

Para muchos monseñor Óscar Arnulfo Romero ya era santo. Víctima de un asesinato impune, el salvadoreño más ilustre aún no recibe justicia. Busque en este especial crónicas, reportajes, entrevistas, fotografías, videos, caricaturas, opinión, documentos y material de archivo sobre "La voz de los sin voz".

Miles de migrantes hondureños, guatemaltecos nicaragüenses y salvadoreños han abierto un boquete en Centroamérica y México y marchan, decididos e imparables, hacia Estados Unidos. Desde el 13 de octubre, los migrantes se han autoconvocado en caravanas que huyen de la violencia y del hambre; huyen para salvar sus vidas. Su marcha ha provocado un conflicto diplomático entre los países centroamericanos, México y el presidente Donald Trump, pero pese a las advertencias y amenazas, la caravana de migrantes no se detiene

La actual crisis nicaragüense, que inició en abril con una protesta estudiantil, ha develado el verdadero rostro de una dictadura disfrazada de poder popular y democrático. Los muertos por la violencia, casi todos atribuidos a sus fuerzas paramilitares y policiales, supera ya los 350. Y Daniel Ortega no para: sus últimos ataques contra oenegés defensoras de derechos humanos y contra periodistas y medios de comunicación independientes confirman el carácter dictatorial del régimen.

Es un hecho: el sistema educativo salvadoreño está a cientos de millones de dólares de ser capaz de atender a todos los que tienen edad de estudiar en el país. Es un hecho también: esto no ocurrirá en el próximo periodo presidencial. Es una deuda histórica que ha creado una estructura enferma. Las escuelas lidian como pueden para gestionar el futuro del país, pero el horizonte a todas luces es gris: mediocres notas promedio de la PAES año tras año, aptitudes socioemocionales de los graduados que alarman, políticos que parecen no haber leído los múltiples diagnósticos y voces autorizadas que hablan de un sistema que moldea a generaciones poco críticas y con limitadas oportunidades de mejorar significativamente sus vidas luego de dejar las aulas. Durante las próximas semanas, El Faro entrega su segundo especial sobre la educación en el país, esta vez enfocado al futuro, a quienes salen de las escuelas.