Según Castillo Medrano, él es un chivo expiatorio que sirve para encubrir a los verdaderos culpables: el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann; el antiguo jefe de la policía, Edwin Sperisen, y el ex subdirector general de Investigación Criminal, Javier Figueroa. Todos ellos estaban involucrados por la investigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscal costarricense Gisele Rivera, quien abrió parte de sus archivos sobre el caso Parlacen a diferentes medios de comunicación y aseguró que encontró trabas de su superior para que no fueran hechos públicos.
La investigación de Rivera también determinó que el móvil de los asesinatos fue el robo de 5 millones de dólares que uno de los asesinados, William Pichinte, llevaba en su vehículo, así como 20 kilogramos de cocaína.
Fernando Linares Beltranena, la cabeza del grupo de abogados que defienden al ex diputado guatemalteco, antes de entrar a la audiencia del lunes hizo alusión a esas revelaciones: “¿Por qué cree que decretaron orden de captura para Gisele Rivera? ¿Por qué cree que le dieron calidad de testigo al ex director de Investigaciones Criminales (DIC), Víctor Hugo Soto Diéguez, otro de los mencionados en los informes de la CICIG?'
Las preguntas de Linares Beltranena eran válidas. Según él, la fiscal costarricense le dijo que estaba en la disponibilidad de viajar para testificar en el juicio. La orden de captura en su contra la frenó. En el caso del segundo, Soto Diéguez fue destituido junto a Javier Figueroa tras el asesinato en un centro penitenciario de los cuatro policías acusados de matar a los diputados salvadoreños y su conductor. “Para que (Gisele Rivera) no viniera a testificar la verdad... porque el otro (Soto Diéguez) es parte de todo esto”, dijo el defensor.
¿Por qué no se incluyó lo dicho por la ex investigadora de la CICIG en el caso? Para el MP, la declaración rendida por Roberto d’Abuisson, diputado salvadoreño y hermano de uno de las víctimas, aseguraba que se sentía satisfecho con la investigación que habían guiado Carlos Vielmann y Edwin Sperisen y los desvinculaba de los hechos. ¿Suficiente? Sí, toda vez que en la misma declaración se explicaba cómo René Figueroa, ex ministro de Gobernación de El Salvador, le había comunicado a la bancada de Arena que tomaran precauciones porque existía información que Silva Pereira buscaría venganza contra ellos. Según Marroquín, la declaración reforzó la hipótesis del Ministerio Público.
“La hipótesis del Ministerio Público es fabricada, no investigada”, gritaría Castillo Medrano, totalmente descompuesto, este martes, y volvería a gritar que lo que decían todos los testigos del MP era falso. “Lo que él dice es mentira. ¿Le quiere dar validez a lo que dice un mentiroso?”, dijo el ex diputado, antes de que le pusieran las esposas y fuera trasladado con el resto de imputados fuera del salón de audiencias, lejos de los periodistas.
¿También eran mentiras las bitácoras de llamadas entre Orellana Donis, Castillo Medrano y Gutiérrez Arévalo el día de los asesinatos, mismas que los ligaban con los otros imputados presentes? En eso, la defensa varió según cada acusado. Para los abogados del ex diputado, la investigación de las llamadas se hizo cuando todavía tenía inmunidad parlamentaria y no podía ser prueba contra su defendido. Para el resto, las llamadas correspondían a casos aislados debido a negocios, relaciones familiares o simple trabajo. Para el MP, solo demostraban que todos ellos pertenecían a una banda de crimen organizado nacional e internacional que se dedicaba a asesinar y robar vehículos.
Entre los acusados estaba también uno de los policías sobrevivientes, acusados de ser los autores materiales de los asesinatos. “No pertenezco a ningún grupo de crimen organizado”, dijo Marvin Roberto Contreras Natareno. El lunes estaba molesto. Este martes, lloró frente a los jueces y pidió en nombre de Dios y de la verdad ser absuelto por los crímenes que se le imputan: asesinato, conspiración y asociaciones ilícitas. De ser hallado culpable, el MP había solicitado una pena conjunta de 258 años. “No soy culpable”, dijo el ex agente de la policía, acusado de brindar seguridad el día de los crímenes en la entrada de la finca donde mataron y quemaron a los salvadoreños. “No tengo dinero, no tengo nada... si fuera un criminal de una banda como esa de la que habla el fiscal, lo tendría.'
El martes, cuando la jueza decretó un receso de 24 horas en el juicio, Contreras Natareno aprovechó los minutos de libertad, eso que ocupa para cubrirse el pecho y la espalda con un chaleco antibalas, y abrazó a su esposa. Ha sido la rutina durante los últimos 31 días. El lunes, a la hora de hacerlo, estaba molesto. “Me molesta mucho que mientan de mi vida, ¿a quién no?”, dijo. El lunes, después de que lo vincularon con el resto de imputados y lo acusaron de ser parte de una estructura que hasta robaba casas en El Salvador, Contreras Natareno no escondió su enojo. Se acercó donde su esposa, en la última fila de sillas para el público que estaban al lado derecho de la sala, a quien le escuchó decirle: “Todavía nada está perdido, todavía hay esperanza”. Él miró sobre su hombro y vio a los periodistas salvadoreños que estaban en la tercera línea. “No, si esto es para quedar bien con El Salvador... nada más eso, quedar bien y decir que hicieron algo”, gritó con voz pausada, como para que nadie se quedara sin entender el mensaje.
Contreras Natareno también dice que todo es un montaje. Que él, cuando se entregó a la PNC guatemalteca, fue preparado durante cuatro días para dar un testimonio falso. “Me dijeron que era por mi país”, dijo el ex policía este martes. En marzo de 2007 también le dijeron que le iban a dar el grado de testigo protegido, que todo iba a salir bien. No fue así. “Nuestra condena sería un regalo para los salvadoreños, aunque fuera una injusticia, aunque fuera mentira”, comentó, abrazó a su esposa y se fue del salón. “Una mentira”, repitió.
Para los defensores, el caso está plagado de mentiras, irregularidades, ilegalidades y muchas dudas. Lo decían uno a uno, ponían en entredicho la investigación desde el inicio y aseguraban que no se podía juzgar a sus clientes basándose en mentiras. De ilegalidades pusieron como muestra la forma en que se obtuvieron los tres vídeos presentados por el Ministerio Público. El primero, frente al centro comercial Próceres, muestra la detención ilegal de los diputados; el segundo, de un restaurante McDonalds, el paso de la caravana de vehículos hacia el lugar donde serían ejecutados; y el tercero, de la gasolinera Texaco La Cuchilla, donde supuestamente compraron la gasolina con la que los quemaron.
Según lo relatado en el juicio, los vídeos fueron secuestrados por Rony Mauricio Espinoza, agente del equipo de investigación de Víctor Rivera, alias Zacarías, un venezolano conocido en Guatemala bajo el indicativo de Frank, quien investigó el caso y fue asesinado posteriormente, cuando empezaron a aparecer indicios de involucramiento de altos mandos policiales. ¿Por qué no fue un agente policial el que recogió los vídeos? ¿Por qué sólo se presentaron tres vídeos cuando el MP tenía 14 a su disposición? ¿Por qué los vídeos muestran desfases de tiempo con el informe del GPS del carro en el que supuestamente iban los cuatro policías implicados? ¿Dónde está la orden judicial que sustentaba recoger los vídeos? ¿Qué cambiaría todo ello si, al final de cuentas, en los vídeos aparecen todos los implicados? “Sin autorización judicial, estos pierden valor probatorio... no pueden ser utilizados como prueba”, aseguróo un abogado defensor, dejando claro que, en todo caso, el involucramiento de los acusados parece evidente.
Para el MP, aunque en ellos no se viera que se cruzara una palabra entre los imputados, se veía cómo Luis Arturo Herrera López, José Korky Estuardo López Arriaga, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen Escobar Méndez, todos asesinados tras su captura, y Carlos Humberto Orellana Aroche, procesado, se conducían en un Yaris al momento de detener a los diputados.
También se podía observar una camioneta BMW y un pick up blanco siguiendo el vehículo de los diputados; y cómo toda la gente que en ellos iba –el resto de procesados, Vacner Adílcar Morales Silva, Mario Javier Lemus Escobar, Obdulio Estuardo Valdermar Lemus, así como Contreras Natareno y Orellana Donis- estuvieron en la misma gasolinera donde se compró el combustible para quemar los cuerpos. Todo demostraba que eran un grupo que estaba coordinado para realizar el crimen, concluye Marroquín y solicita penas máximas para todos los implicados.
'Mucha mentira dice ese señor”, dijo una señora, entre el público. A su lado, la mamá de Linda Aura Castillo de Ayala, propietaria de la camioneta BMW utilizada supuestamente para llevar la gasolina y en la que ella no viajaba, también se queja. “Eso no es cierto”, dijo. Su padre, resignado, le respondió: “Ahí dejalos... el Señor sabe que no es cierto nada de eso”. La mujer cerró los ojos y volvió a sus plegarias, él, a sus cuentas mentales de cuánto tiempo faltaba para conocer si su hija, tras cuatro años de cárcel, saldría libre o no. “Todo es mentira”, se repitió en voz baja.
'El Ministerio Público en ningún momento ha fabricado ningún tipo de prueba. Yo no tengo capacidad para poder manejar 140 testigos y 26 peritos, ni ningún otro elemento de prueba científica. Todo lo que se ha desarrollado durante todo el debate es con ocasión de declaraciones testimoniales y periciales”, subrayó Marroquín, aprovechando los últimos minutos disponibles para plantear la posición acusadora. Aseguró que todo lo que dijo durante los 31 días de proceso y en las tres horas exactas de su conclusión final era verdad. Todo era cuestión de horas para ver que lo dicho por Marroquín convenció al tribunal.
