Hasta febrero de 2009, públicamente se manejó que el móvil del crimen era uno solo: una equivocación. Actuando fuera de su investidura, los agentes policiales de la Dinc habían interceptado el vehículo de los diputados salvadoreños confundiéndolos con narcotraficantes colombianos, fueron llevados a una zona despoblada y luego asesinados por temor a ser denunciados. La hipótesis no cuadraba con la presencia de los miembros de la banda de Jalpatagua ni con la acusación de que Manuel de Jesús Castillo Medrano era el autor intelectual del crimen, como se dijo desde el momento en que se filtró a los medios de comunicación el análisis de llamadas realizado por “Los Riveritas”.
Todo cambió cuando Silva Pereira apareció en escena, después de una publicación de La Prensa Gráfica y una apresurada conferencia de prensa en Guatemala. La presencia del exdiputado suplente pecenista queriéndose vengar por su desafuero constitucional amarró todo, ha sostenido la fiscalía guatemalteca desde entonces. Castillo Medrano y Silva Pereira se habían reunido en El Salvador, sostenía el MP, para planificar el asesinato de Eduardo d’Aubisson. La muerte de los diputados William Pichinte y Ramón González, así como la del motorista Gerardo Ramírez, habría sido una especie de daño colateral de esta operación de venganza que cambió de móvil de las primeras reuniones de planificación, en octubre de 2006, a las definitivas en febrero de 2007. ¿En qué pruebas se sostenía la autoría intelectual del caso? En el testimonio de dos testigos protegidos que, ante las fotografías de periódicos que les presentaron los investigadores, dijeron reconocer a Castillo Medrano, Orellana Donis, Gutiérrez Arévalo y Silva Pereira en cuatro reuniones diferentes de planificación. No hubo rueda de reos ni nada parecido, sino recortes de periódicos con las nuevas versiones sobre los nuevos implicados y el nuevo móvil de la venganza.
Solo uno de los testigos había visto a Castillo Medrano. Se llama Ramiro Antonio de León López, un traficante de personas confeso y testigo protegido del MP. En su testimonio aseguró que el 4 de octubre y el 12 de noviembre de 2006, durante sendas reuniones en el restaurante Rancho Guarumo, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, Castillo y Roberto Carlos Silva Pereira habían planificado la muerte de Eduardo d’Aubuisson. El motivo: venganza, porque D´Aubuisson 'le había puesto el dedo con la DEA' al diputado pecenista y su partido, Arena, había apoyado que se le quitara la protección constitucional para que se le pudiera procesar en los tribunales comunes. Según su relato, Silva Pereira le había pedido a Manolito que se encargara personalmente del asunto porque le urgía. Más de cinco semanas después, en el segundo encuentro, Castillo Medrano le contestó, según el testigo: 'No te preocupés, hace de cuenta y caso que ese ya está muerto'. En ambas reuniones, según el MP, también estuvo Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejazo, líder de la banda de Jalpatagua y otro de los imputados.
Manolito lo negó todo. Aseguró que no tenía por qué dar información alguna, que tenía fuero constitucional al ser diputado del Congreso y que no podía ser investigado; que nunca estuvo en las reuniones y que nunca había estado con Silva Pereira, que nunca lo conoció. “Es un montaje”, dijo, a horas de conocer el veredicto, y siguió hablando mientras su voz, con un marcado tono chillón, iba subiendo de volumen: “Toda la hipótesis del Ministerio Público es fabricada. O sea, no sólo el testigo, no solo los documentos... ¡Ab-so-lu-ta-men-te todo!”, gritó.
El tribunal pensó diferente. Para los juzgadores, según dijeron en al momento de dar conocer el veredicto del juicio, se advertía la sinceridad del testigo, que no había “ninguna circunstancia que demerite cada uno de los aspectos de su declaración”, y que tenían la impresión de que había presenciado directamente los hechos porque “describe con mucha precisión muchos detalles de estas dos reuniones”. Prueba científica, sin embargo, nunca hubo. Pruebas que pusieran en el mismo lugar y al mismo tiempo a Silva Pereira y a Castillo Medrano, y mucho menos que hablaran de lo que supuestamente hablaron: una conspiración para matar a D´Aubuisson.
Si el testimonio de De León López dejó alguna duda en la defensa, el relato del segundo testigo protegido, un salvadoreño identificado por la Fiscalía salvadoreña como Clave Fredys, terminó de amarrar todo para el tribunal. Fredys, con antecedentes por robo de furgones y de vehículos en El Salvador y en Guatemala, dijo que participó en dos reuniones en Jalpatagua, Guatemala, donde asistieron Silva Pereira, Orellana Donis y Carlos Gutiérrez Alvarado, alias 'Montaña 3', en enero y febrero de 2007. En ellas se dijo que se contrataría a policías para hacer “un tumbe”, que en el automóvil de los diputados había droga o dinero y que la operación era una revancha contra los diputados porque habían participado en el proceso de desafuero contra Silva Pereira. Cuando le dijeron que los diputados que viajaban en el vehículo serían asesinados, él decidió ya no participar. Lo dijo todo frente al tribunal y hasta él mismo se ofreció para levantarse de la silla de interrogatorios, acercarse a la celda de los imputados y señalar a la gente que había visto en Jalpatagua. Con la venia de la corte, se paró, señaló a “Montaña 3” y Orellana Donis y los fotógrafos, felices de tener una foto diferente del juicio, lo acribillaron a flashazos.
El resto de testigos no era menos importante. El primero describió la operación de interceptación de los diputados y su motorista. Otro de ellos, a pesar de sus problemas de visión, aseguró ver a una distancia de 100 metros los vehículos de todos los implicados cuando pasaban por la calle de tierra hacia la finca La Parga, donde habrían torturado a los diputados y registrado el vehículo en que se conducían. Tanto los vio, que aseguraba reconocer a uno de los enjuiciados, Orella Donis, como la persona que manejaba una camioneta.
El más importante era Ángel Antonio Moreno Álvarez. Su vehículo había sufrido desperfectos mecánicos la mañana del 19 de febrero, lo empujó hasta la gasolinera Texaco “La Cuchilla”, donde vio a los policías Contreras Natareno y Barillas Recinos, así como a tres miembros de la banda de Jalpatagua. Él no los conocía entonces, pero en el proceso dijo que ahora que estaban acusados los reconocía como los hombres a quienes vio en la gasolinera. Su memoria era tan buena que también recordaba los tres vehículos en que se transportaban aquellos extraños que llegaron a la estación de servicio, recordaba que los vio hablar entre ellos, aunque esas supuestas conversaciones no aparecen en los vídeos de las cámaras de seguridad. Asimismo, recordaba que los vio comprar la gasolina que, como sabría más tarde, fue utilizada para quemar a las víctimas. Su testimonio iba más allá: recordaba que casualmente terminó de arreglar el carburador de su carro cuando todos los posteriormente acusados salieron en caravana hacia la carretera que conduce hacia El Salvador. Recordaba que más adelante aquellos extraños ingresaron cómo los tres vehículos se metían a la finca La Concha. Lo último fue que, después de dejar atrás la entrada a la finca La Concha, observó por uno de los espejos retrovisores de su carro, que uno de aquellos extraños -que después sabría que se llamaba Contreras Natareno- estaba haciendo posta a la entrada de la finca, como vigilando. Lo extraño es que Contreras Natareno, según otro testigo cuyo testimonio se recogió en el juicio, iba conduciendo uno de los carros de la caravana, de tal manera que si el hombre del carburador arruinado logró ver entrar los tres vehículos a la finca y luego vio por el retrovisor que uno de los motoristas estaba ya haciendo posta, Contreras Natareno tuvo que haber sido sumamente rápido para conducir hacia el interior de la finca y volver en cuestión de cinco segundos a la entrada de la propiedad para ponerse a vigilar. Los jueces no dudaron en declararse convencidos por este testimonio.
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El 20 de marzo de 2007, tras ser capturados en un operativo que incluyó 10 allanamientos en Jalpatagua, Guatemala, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, estimó que existían suficientes pruebas para detener provisionalmente a Mario Javier Lemus Escobar y Obdulio Estuardo Waldemar de León Lemus por los delitos de asesinato, asociaciones ilícitas y conspiración.
Además, el mismo juzgado giró la orden de detención a los hermanos Linda Aura Orellana Castillo y Carlos Amílcar Orellana Donis. A Orellana Castillo, propietaria de la camioneta BMW, placas P- 351CVR, la acusaban de haber estado en la gasolinera Texaco “La Cuchilla”, donde supuestamente se compró la gasolina con que fueron quemados los cuerpos y el vehículo de los diputados salvadoreños. Sobre ellos pesaban los cargos conspiración, asociación ilícita y encubrimiento propio.
'Fueron ellos quienes desarmaron el carro de los diputados cuando estaban buscando dinero o droga, sabemos que ellos son parte de los autores intelectuales del crimen', dijo el ministro de gobernación Carlos Vielmann ese martes a la prensa. Según él, durante la investigación del MP, descubrieron que los cuatro capturados se dedicaban a transportar cocaína a través de Guatemala en su ruta desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Los días siguientes a la captura de la denominada banda de Jalpatagua, los medios guatemaltecos dieron cuenta de lo peligrosos que eran sus integrantes. Citando informes de inteligencia policial y del Grupo de tarea de Gobernación se hablaba de que tenían nexos con el robo de vehículos, trata de personas y tráfico de drogas. La camioneta BMW, propiedad de Linda Aura, había sido de Heber Omar Paredes Ayala, sobrino del capo de la droga Jorge Mario “el Gordo” Paredes, el lugarteniente del Cártel del Golfo mexicano en Guatemala. Orellana Donis, aseguraban las publicaciones, estaba involucrado con los Paredes. La Fiscalía salvadoreña dice que a Paredes pertenecían los más de 14 millones de dólares encontrados enterrados dentro de unos barriles en dos lugares distintos de El Salvador en 2010.
Sin embargo, de todo eso no se habló una palabra en el juicio. Lo único que se mencionó es que Orellana Donis había intentado registrar en Guatemala algunos vehículos que mostraban alteraciones en su chasis y el motor; otros, se supone que habían tenido reporte de robo en Estados Unidos. En todo caso, fue sobreseído de los cargos, dijo su abogado, y alegó que eso no demostraba ser parte de una estructura criminal.
El MP pensaba diferente. Los análisis telefónicos mostraba cómo Mario Javier Lemus Escobar, alias Yegua Arisca, recibió llamadas de Montaña 3 y Jeiner Ercides Barillas Recinos, el supuesto nexo entre la banda de Jalpatagua y los policías de la Dinc.
En los vídeos se veía claramente la camioneta BMW que, como se demostró en el juicio, utilizaba Orellana Donis. En ella habían llegado los primos De León Lemus y Escobar Lemus a la gasolinera de “La Cuchilla”. De ella, también habían sacado el bidón blanco con tapadera roja en el que transportaron la gasolina para quemar a los diputados y su motorista. Dentro de la camioneta, lejos de las cámaras de vigilancia, se había quedado Orellana Donis.
Que no se viera en los vídeos no importaba mucho. Si para condenar a Montaña 3 y a Manolito fueron suficientes la bitácora de llamadas y los relatos de los testigos De León López y Fredys, el MP podía buscar una condena por asesinato en grado de complicidad o como autor intelectual. En sus declaraciones, ambos testigos reconocieron a Orellana Donis, junto a Silva Pereira, en las reuniones en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, y Jalpatagua, Jutiapa.
Pero el Ministerio Público guatemalteco nunca acusó a Orellana Donis por el delito de asesinato. Cuando la jueza Yazmín Barrios, presidente del Tribunal Primero de Alto Riesgo, leyó el veredicto, reconoció que, aunque al acusado se le ubicaba en el Rancho Guaruamo y en Jalpatagua, al no haber acusación formal no se le podía condenar. Al final, la jueza lo absolvió de ese delito.
¿Por qué fue absuelto Orellana Donis? Marroquín aseguró que por lo menos estaría encerrado 14 años, seis de ellos por uso de documentos falsos en forma continuada y ocho, por asociación ilícita. “La jueza dijo que no lo acusaron de ello, ¿por qué no se acusó de asesinato a Orellana Donis?”, preguntamos. El fiscal Marroquín esquivó la pregunta. Era las 10:30 de la noche, se excusó ante los periodistas y dijo que tenía que salir antes que sacaran a los nueve imputados. Salió del salón acuerpado por sus guardaespaldas y el día siguiente no contestó las llamadas de El Faro.
