El presidente Funes devolvió la semana pasada a la Asamblea Legislativa la Ley de Acceso a la Información, con varias observaciones, entre las cuales la principal es que no contempla su entrada en vigor hasta al menos 2012.
Si bien, ciretamente, después de aprobada la ley es necesario construir todo un andamiaje institucional para hacerla valer, también es cierto que en El Salvador las dilaciones o “transitorios” para posponer la entrada en vigencia de legislación ha funcionado en algunas ocasiones como trampa de hecho para refrendar año tras año la posposición y por tanto evitar de hecho que se cumpla. En este caso eso sería grave.
El Faro es miembro fundador del Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informción, una organización civil compuesta por gremiales empresariales y profesionales, tanques de pensamiento, universidades, medios de comunicación y otras organizacipones no gubernamentales. El Grupo ha sido un lugar de encuentro para quienes, desde distintos espacios, hemos insistido desde hace años en la necesidad de contar con una ley de este tipo como auxiliar –no como solución- al desarrollo de políticas de transparencia y combate a la corrupción.
Partimos, algunos de nosotros, de asumir que la corrupción es una de las principales razones del subdesarrollo, y uno de los mayores obstáculos para la democracia y la participación ciudadana.
Si la democracia es un sistema político basado en el gobierno del pueblo a través de sus representantes, los ciudadanos tienen el derecho esencial a recibir rendición de cuentas y obtener información sobre cómo se administra el Estado y qué se hace con sus recursos.
La Ley de Acceso a la Información no se prevé como una herramienta de contraloría oficial, sino ciudadana. Y habida cuenta de la nula funcionalidad de las instituciones encargadas de ejercer contraloría oficial (Corte de Cuentas, Fiscalía, Asamblea y Corte Suprema de Justicia), la Ley de Acceso a la Información serviría, al menos, para regular la provisión de información pública, restarle discrecionalidad a los funcionarios y por ende avanzar en el proceso de institucionalización del Estado iniciado en 1992.
El mandatario ha pedido un año para la construcción de ese andamiaje institucional necesario para que entre en vigor, y la Asamblea deberá aprobar pronto la ley con las observaciones presidenciales. Desde aquí, estaremos vigilantes de que el periodo solicitado no se convierta en un pretexto para evadir los compromisos de campaña del mandatario, y los compromisos declarados por todas las fracciones políticas.
Y es propicio, también, hacer un llamado a todas las organizaciones ciudadanas para que presionen al sistema político en este año preelectoral, de tal forma que los partidos y los candidatos comprometan desde ya su voluntad a poner fin a la perversión de la Corte de Cuentas, perpetrada mediante su conversión a territorio partidario y subsecuentes pactos para no ejercer sus funciones.
