El partido Arena tiene previsto presentar este martes a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para que el Tribunal Supremo Electoral fiscalice la contabilidad de los partidos políticos y que se prohíba a estos recibir aportaciones anónimas y del extranjero.
La organización de derechas anunció que promoverá una Ley de Partidos Políticos de la cual ya tiene un borrador. Este documento será estudiado en la comisión de reformas electorales del parlamento, en la que hay engavetadas al menos siete propuestas similares. La primera propuesta de ley data de 1996 pero nunca los diputados ni los partidos se han puesto de acuerdo para que sea ley de la república.
Arena tradicionalmente se ha opuesto a la posibilidad de mostrar al público sus cuentas y revelar la identidad de sus financiadores. El argumento ha sido que no saben si sus cooperantes estarían cómodos si se revelara que donan al partido que gobernó El Salvador de 1989 a 2009.
La normativa, según se desprende de lo que dijo el partido este lunes, permitirá un control institucional de los fondos, pero no serían de acceso público. Arena pedirá que sea obligatorio para los partidos llevar la contabilidad formal sobre sus ingresos y egresos. “Que estos puedan ser auditados por el Tribunal Supremo Electoral apegados a un sistema de contabilidad acreditado ante esa institución”, reza un boletín emitido por Arena.
Como segundo punto, Arena pide que se cree un mecanismo para fiscalizar que los partidos no reciban dinero proveniente de actividades ilícitas, y que si esto se da, que el partido sea sancionado.
La propuesta también incluye que se prohíba a los partidos recibir ayudas anónimas en efectivo, recibir fondos de empresas extranjeras que no ejerzan actividades económicas en el país, recibir aportes de empresas de propiedad o participación de gobiernos extranjeros, así como de gobiernos, agencias de gobierno y partidos políticos de otros países. La prohibición de extender fondos a institutos partidarios salvadoreños para su campaña electoral alcanzaría incluso a organizaciones no gubernamentales extranjeras.
Otra propuesta de Arena es que se prohíba y castigue la utilización de recursos financieros y bienes del gobierno central y de los gobiernos locales para hacer proselitismo y propaganda partidista. En diciembre pasado, El Faro publicó una nota en la que contaba que según dos cables de la diplomacia estadounidense filtrados por WikiLeaks, el partido Arena se nutría del patrimonio estatal, razón por la cual entró en crisis cuando perdió la presidencia en 2009.
Este proyecto dejaría la posibilidad de que las campañas electorales sean financiadas por empresas salvadoreñas o extranjeras con operaciones en El Salvador, y por personas naturales salvadoreñas y extranjeras, siempre que estén identificadas con nombre y apellido.
El financiamiento de los partidos políticos hasta ahora es un misterio. Los partidos, básicamente, actúan como empresas privadas pese a que no lo son: cada vez que se acercan las elecciones, reciben donaciones de múltiples entidades privadas pero también reciben dinero del Estado. Esta suma varía dependiendo de la cantidad de votos que haya sacado cada partido en la última elección en que participó.
Para las elecciones de 2009, el Estado repartió a los partidos políticos casi 11 millones de dólares en concepto de “deuda política”. Ese dinero nunca pudo ser auditado, ni tampoco en todas las elecciones que ha habido hasta ahora. Los partidos políticos tampoco han tenido como premisa rendir cuentas de cómo ellos ocupan ese dinero que proviene del erario público. Hasta ahora, los partidos tampoco tienen que revelar quiénes son sus financistas.
En la Asamblea Legislativa existen al menos siete propuestas de ley de partidos políticos. La primera fue presentada por la fracción legislativa de Arena el 25 de julio de 1996, y lo que buscaba era fiscalizar el financiamiento del Estado pero dejaba de lado los aportes que pudieran hacer manos privadas.
Con los años, nuevas propuestas de ley de partidos se fueron sumando: cuatro son del FMLN; una más del exmagistrado del TSE Félix Ulloa; y una última del entonces candidato presidencial Mauricio Funes. Ninguno de los anteproyectos de ley, que en su mayoría plantean reformas al Código Electoral –la de Ulloa, en cambio, era una propuesta íntegra de una nueva ley- se ha aprobado a lo largo de 15 años.
“El narcotráfico tiene un poder grande y sería extremadamente dañino que financiara a algún partido de nuestro sistema político”, dijo Mario Ponce, diputado del PCN, a La Prensa Gráfica, hace tres años. Este partido, sin embargo, nunca ha presentado un anteproyecto de ley y entre sus diputados hay dos personas a las que autoridades guatemaltecas y salvadoreñas han vinculado a estructuras de narcotráfico. Uno es el diputado suplente Roberto Carlos Silva Pereria, acusado de lavado de dinero y corrupción en El Salvador, y del asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofe en Guatemala. El otro legislador es Reynaldo Cardoza, de Chalatenango, al que diversos informes de inteligencia de varias instituciones vinculadas a la seguridad pública relacionan con una estructura de tráfico de cocaína conocida como El Cártel de Texis.
Todas las mociones engavetadas en la Asamblea —a excepción de la propuesta por Arena— proponen que el financiamiento privado sea estudiado por auditores que tengan acceso a los registros contables de los partidos que, a la vez, estén disponibles al público. El partido de derechas también proponía que la “deuda política” fuera auditada exclusivamente por la Corte de Cuentas, una institución que demostró ser la protectora de muchos casos de corrupción en los gobiernos de Arena.
En abril de 2010, la comisión de Legislación de la Asamblea, que estudiaba el proyecto de Ley de Acceso a la Información, desestimó un pedido de la Presidencia de la República para que los partidos políticos también estuvieran obligados a poner a disposición del público la información sobre sus cuentas y sobre sus fuentes de financiamiento. 'Para eso ya vamos a preparar una Ley de Partidos Políticos', dijo en aquella ocasión el diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl, presidente de la comisión. La propuesta de su partido no incluye ese punto.
El 22 de enero de 1997, el FMLN propuso una ley que establecería un techo a la cantidad de dinero que una persona podía donar a un partido. El Frente proponía que una persona no diera más del 10% de sus ingresos anuales. Asimismo, creía conveniente que hubiera un techo para los donativos en especies y en dinero, y que también que el límite para los gastos electorales de un partido fuera el doble de la deuda política del partido con más votos en la elección anterior.
En mayo de 2004, Félix Ulloa, exmagistrado del TSE, propuso que no solo los fondos, sino también la actuación de los partidos estuvieran bajo el escrutinio público de manera permanente. También abogaba porque los partidos tuvieran acceso equitativo en los medios de comunicación durante la campaña y en época no preelectoral.
El 22 de diciembre de 2003, el FMLN presentó una nueva propuesta. Entre otras cosas, proponía que los fondos no procedieran del extranjero ni de entidades que tuvieran prohibido el proselitismo, como gremios profesionales o sindicatos.
Durante los siguientes años hubo al menos tres propuestas más pero todas han pasado sin pena ni gloria.
Arena quiere más reformas electorales
El Salvador se encuentra a solo cuatro meses de que el TSE convoque a elecciones municipales y legislativas, que se realizarían en marzo de 2012. Arena considera que el país aún está a tiempo para promover más reformas al Código Electoral sin que esto afecte los comicios. Sin embargo, hace un mes, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, del FMLN y Arena habían urgido a la Asamblea Legislativa a que definiera de una vez por todas las reglas del juego electoral. Estas reglas se definieron hasta hace apenas 12 días.
Pero a juicio de Ernesto Muyshondt, director de asuntos jurídicos y electorales del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) las reformas que están promoviendo “se pueden poner de cara a las próximas elecciones y no retrasarán en ningún sentido la programación que tiene el TSE”. Muyshondt considera, por ejemplo, que la prohibición de la pinta y pega solo requiere que se cree un mecanismo sancionador para los partidos que incumplan y que esto no atrasa el proceso electoral. Hoy en día, “la pinta” ya está vetada por ley.
Otra reforma que no representa mayor contratiempo, según Muyshondt, es la exigencia de que los encargados de vigilar las urnas el día de las elecciones sean del mismo municipio.
Sin embargo, los diputados en la Asamblea Legislativa tardaron casi un año en definir las nuevas reglas electorales desde la sentencia de la Sala de lo Constitucional que habilitaba las candidaturas no partidarias. Cuando se sometieron a votación finalmente en la sesión el 16 de junio, Arena no votó por considerar que las reformas no respetaban la voluntad del elector. Quienes sí votaron fueron FMLN, Gana y PCN.
Dos semanas más tarde, el 29 de junio, el presidente Mauricio Funes las sancionó, con lo cual entrarían en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Funes, extrañamente, aprobó unas reformas parecidas a las que meses antes, en marzo, había vetado.
Arena no votó por aquellas reformas y este lunes insistió en su desacuerdo: “Exigimos que el votante y no las cúpulas de los partidos políticos sea quien elija directamente a sus diputados, donde los electos sean los que tengan mayor cantidad de marcas”, pidió Muyshondt.
Esta frase critica una de las casi 20 reformas al Código Electoral aprobadas por el parlamento hace 12 días y que, entre otras cosas, permite que los candidatos a diputado que gocen del favoritismo de las cúpulas partidarias tengan más probabilidades de quedar electos que uno que no tenga la “bendición” de las autoridades de los partidos.
En su nuevo legajo de propuestas, Arena también pedirá que se utilice el censo poblacional de 2007 para asignara a cada departamento los diputados que les corresponde. El censo provocaría que algunos departamentos tengan menos diputados que ahora: San Vicente, Cabañas y Morazán tendrían dos diputados en lugar de tres.
Asimismo, pedirán que se prohíba el uso de distintivos partidarios en los centros de votación el día de las elecciones, y aunque eso ya está prohibido, no queda claro si esta propuesta también incluye a los vigilantes de cada partido político.
Muyshondt admite que parir una la ley de partidos políticos podría llevar más tiempo, debido a las negociaciones con los partidos, así como la implementación del voto de salvadoreños en el extranjero y el voto residencial en todo el país.
Para las próximas elecciones, el TSE ha informado que el voto residencial se ampliará de un departamento a nueve.
