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España pide capturar a otros 5 militares salvadoreños por asesinato de jesuitas

El juez Eloy Velasco ordenó la captura internacional de otros presuntos involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. Entre ellos, el ex director de la Escuela Militar, Guillermo Benavides, quien en 1991 fue encontrado culpable de los homicidios, pero dos años más tarde una Ley de Amnistía dejó en la impunidad la matanza.

AP / El Faro

 
 

La policía de El Salvador informó que esperará que la Corte Suprema de Justicia decida sobre una nueva petición de captura emitida por un juzgado de España contra cinco militares retirados presuntamente implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

El nuevo requerimiento del juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, surge al menos un mes después de que la Corte invalidó un pedido de captura difundido por Interpol contra otros nueve militares también retirados acusados en el mismo caso.

"La Corte es la única responsable o encargada de dictaminar si procede o no la captura de estas personas", informó el subdirector de investigaciones de la policía, comisionado Howard Cotto.

El comisionado explicó la noche del miércoles a la televisión local que el requerimiento contra Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar y Oscar Alberto León Linares fue entregado en las últimas horas a Corte Suprema de Justicia. El coronel Benavides, que era director de la Escuela Militar en noviembre de 1989, cuando el ejército perpetró la masacre, fue encausado por la justicia salvadoreña en un proceso en que los fiscales terminaron renunciando alegando que sus superiores les prohibían indagar responsabilidades en la máxima jerarquía militar y pidiéndoles que no hicieran indagaciones incómodas. Aunque fue encontrado culpable en 1991 por el homicidio de los seis sacerdotes, una empleada de estos y la hija de la mujer, dos años después quedó en la impunidad gracias a la ley de amnistía.

Cuenca Ocampo, al igual que otro de los militares requeridos -el ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano- está radicado en Estados Unidos. A inicios de agosto pasado, el periódico conservador estadounidense The Miami Herald emplazó al gobierno de Obama a hacer coincidir su discurso con hechos, evitando la residencia en Estados Unidos de personas acusadas de crímenes de guerra, como los casos de Montano y Cuenca Ocampo.

El magistrado Néstor Castaneda dijo recientemente que "cualquier difusión o cualquier solicitud de detención preventiva debe pasar por este filtro que nosotros hemos calificado es un filtro jurídico-político" en alusión a la Corte Suprema de Justicia.

Los nueve militares en retiro requeridos el mes pasado integraban la cúpula militar cuando los sacerdotes españoles fueron asesinados.

Los militares se entregaron en un cuartel mientras sus abogados presentaron el recurso con el que la Corte Suprema definió que la "circular roja" de Interpol no representaba ningún compromiso de arrestarlos.

Los seis sacerdotes jesuitas que trabajaban en la UCA y dos empleadas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados del Batallón Atlacatl durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los guerrilleros del asesinato.

En una entrevista con El Faro publicada en junio pasado, el coronel Camilo Hernández reveló que él entregó a los soldados que participaron en el operativo de los asesinatos, el fusil destinado a ser usado contra el sacerdote Ignacio Ellacuría, quien era rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Hernández es uno de los procesados en España y aseguró que la orden que se dio al comando que incursionó en la UCA el 16 de noviembre de 1989 fue de asesinar a Ellacuría y no dejar testigos.

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