Imprimir

Seguridad: Reviviendo los fantasmas del pasado

Carlos Gregorio López Bernal

ElFaro.net / Publicado el 23 de Noviembre de 2011
La renuncia voluntaria o forzada del exministro de seguridad Manuel Melgar, ha atizado la discusión, pero sobre todo la especulación y el prejuicio en torno a la posibilidad, al parecer grande, de que el Presidente nombre en esa problemática cartera a un militar en situación de retiro.

Sin mucho análisis, pero con frondosa pasión, ideología y “memoria” políticos, analistas e incluso altos jefes policiales han sentado posición frente a lo que hasta el momento de escribir estas líneas es solo una posibilidad. Algunos dirigentes del FMLN han llegado a decir que eso sería violar el “espíritu” de los Acuerdos de Paz y que el partido se distanciaría del gobierno si Funes nombra a un militar. Tras de esa posición subyacen no solo el rechazo a los militares, sino la idea de que esa cartera le pertenece al partido. A tal punto ha llegado el escozor que algunos jefes policiales podrían renunciar si el nombramiento se diera.

Es claro que este tema remueve la memoria del pasado conflicto civil y se asocia con la experiencia del militarismo en el país. Está ligado obviamente con lo negociado en los Acuerdos de Paz, en virtud de los cuales se redujeron, vía reforma constitucional, las atribuciones de la Fuerza Armada, estableciéndose que la seguridad pública no sería facultad de la FAES. Es entendible que por razones históricas o ideológicas haya sectores que rechazan la participación de militares en labores de seguridad pública; lo ideal sería que no lo hicieran. 

Sin embargo, desde hace rato la realidad ha obligado a readecuar planes y matizar posiciones, al punto de que la FAES ha debido apoyar crecientemente a la PNC en labores de seguridad pública. Cuando esa medida se aplicó por primera vez provocó airadas reacciones por parte de la izquierda y de organizaciones de la sociedad civil afines a ella. Algunos apocalípticos predecían un incremento exponencial de abusos y violaciones de los derechos humanos. Muy poco de lo predicho sucedió; en todo caso cuando hubo denuncias se procedió a investigar y corregir.

Es más, ante el creciente auge delincuencial el actual gabinete de seguridad, entonces dirigido por Melgar, aumentó la participación de la FAES en el combate a la delincuencia y el resguardo de centro penales.

Es claro entonces que el debate actual no se refiere a la intervención militar en seguridad pública, sino a la resistencia de que esta área sea dirigida por un militar. Los argumentos son variados; algunos con sentido, otros solo reflejan radicalismo ideológico, poca tolerancia y memorias acomodaticias. Veamos un par de ejemplos: 

  1. Se dice que un militar “militarizará” la seguridad pública. A pesar de que no se aclara qué significa “militarizar” es claro que se piensa en experiencias pasadas: mano dura, abusos, etc. Quienes así piensan olvidan varios detalles: primero y muy importante, el país ha cambiado mucho en los últimos veinticinco años; sería muy difícil que tales prácticas reaparecieran aunque fuera en mínima parte, sin generar una inmediata reacción tanto de las instituciones como de la sociedad civil. Si por militarizar se entiende más exigencia, disciplina y resultados, lo cierto es que buena falta nos hacen. 
  2. Se dice que el “espíritu” de los Acuerdos de Paz veda la posibilidad de que un militar en retiro dirija la seguridad pública. Puede que así sea, el problema es que si el texto de los acuerdos firmados no lo dice expresamente, el “espíritu” es algo ligado a la interpretación, no necesariamente unívoca. En todo caso, la creación misma de la PNC, incluyó un porcentaje de militares, guerrilleros y civiles en su conformación. Y esto se ha visto claramente en el nombramiento de los jefes policiales, antes y ahora. 

Entonces, la evidencia deja ver lo siguiente: primero, la FAES ha cumplido con bastante rigor lo establecido en los Acuerdos de Paz, eso lo ha reconocido incluso el FMLN; segundo, ha habido militares en seguridad pública desde la constitución de la PNC, ya sea como miembros de ella o apoyándola desde la FAES. Tercero y más importante, la situación actual de la delincuencia y el crimen se ha vuelto insostenible; al final de cuentas, por eso renunció Melgar. Por más que el presidente y sus funcionarios maticen, justifiquen o descalifiquen las estadísticas, lo cierto es que a dos años y medio de gestión no ha habido mejoras significativas. 

Quienes rasgan vestiduras ante la posibilidad de que un militar sea nombrado en Seguridad olvidan el dato determinante. A la gente, a esa gente que viaja en bus, que no tiene guardaespaldas, que está a la merced de las pandillas y las extorsiones le importa un bledo si el ministro es guerrillero, militar, masón, religioso, ateo o lo que sea. Lo que le importa es su seguridad; la de este día, no la de mañana. Lastimosamente, para entonces, al menos diez salvadoreños más habrán sido asesinados. 

Está muy bien hablar de prevención y de programas de apoyo a los jóvenes y de reformas al sistema penitenciario y mil cosas. Todo está bien, pero el problema es que los resultados solo se verán en el transcurso de años, cuando no de lustros. ¿Y mientras tanto qué? Es duro decirlo, pero se impone el combate y la represión. Prevención, represión y rehabilitación son necesarias. Ante la gravedad de la situación que el país vive, hay que priorizar. Es de sentido común. 

En todo caso, el debate sobre el nombramiento del ministro está llevando a que se olviden otros problemas clave. Nos hace falta una política integral de combate a la delincuencia, y esto implica a más instituciones. Seguridad pública es solo una parte. El presidente podrá nombrar un super ministro, pero él solo no podrá hacer mucho. A lo sumo podrá dar más liderazgo, mayor operatividad inmediata, etc. Pero si nos quedamos en eso no iremos muy lejos.

Mientras todos los ojos se concentran en la figura del ministro, en el desempeño de la PNC, de la FAES, hay un componente clave que no está funcionando: el sistema judicial. Allí sobre abunda la incapacidad, la corrupción, la incompetencia. El trabajo de los buenos funcionarios del sistema judicial, que los hay y muchos, se anula por los vicios acumulados por mucho tiempo, sin que a la fecha se haya logrado una depuración y mucho menos una reingeniería. ¿Es que esto no es importante?, ¿Por qué no se debate con la misma intensidad y pasión este punto?

PD: A título personal preferiría a un civil como ministro; con una condición, que sea competente. Pero eso no significa que rechace a priori a un militar. Me da igual, siempre y cuando logre resultados sin violar la constitución.