Opinión /

Seguridad y popularidad


Miércoles, 23 de noviembre de 2011
El Faro

El nombramiento del general David Munguía Payés tiene varias implicaciones que no han querido ser abordadas correctamente por el presidente de la República. La primera es el hecho de que Munguía Payés no es un civil. A pesar de su retiro, el 31 de mayo, como militar activo, ha seguido uniformándose y ha recibido a militares retirados (los acusados del caso jesuitas) en una Brigada militar bajo el argumento de que los militares nunca dejan de serlo. A esto hay que agregarle algo más grave, y es que Munguía Payés se sigue viendo como militar y no como un civil y ha ejercido su cargo en el Ministerio de Defensa como un militar y no como un civil.

Munguía Payés pertenece a la generación de militares que peleó la guerra. Es una generación compuesta por varias tandas que tuvieron por norma protegerse y defenderse de los 'ataques' de los civiles. Es la generación que perdió poder tras los acuerdos de paz y que cerró filas, bajo el liderazgo del hasta ayer ministro de Defensa, alrededor de los militares acusados en el caso jesuitas. 

En los últimos años, Munguía Payés ha demostrado ser uno de los militares más progresistas y más apegados a las nuevas reglas del juego, y tiene todo el derecho a aspirar a ocupar el ministerio de Seguridad que ocupa desde ahora. No se trata de cuestionar su aspiración al cargo, sino la decisión del Presidente de la República.

El nuevo ministro de Seguridad ya había externado con anterioridad su visión de la seguridad pública, que es totalmente congruente con alguien de formación y doctrina militar: guerra territorial, decretar estados de emergencia en territorios localizados y tomar control absoluto del sistema de prisiones. Su propuesta que centra el esfuerzo en la represión es popular; la decisión del presidente en nombrarlo ministro es populista. Porque hay demasiados estudios ya que demuestran que la violencia no se resuelve con medidas de fuerza, sino con reformas estructurales que el señor Funes prometió en campaña y se ha negado, hasta hoy, a emprender. Entre ellas: disminuir la desigualdad, mayor inversión social, en educación y en salud,  mejorar las condiciones de vida, la dignidad de la población, reformas que difícilmente se consiguen si no es con una inmediata y profunda reforma fiscal que todos los que votaron por él esperaban (porque así lo prometió en campaña). 

El sistema de prisiones que recibió esta administración estaba podrido. Uno de los últimos directores de Centros Penales, el señor Tomás Vilanova, dijo que renunciaba al cargo porque no se podía ya hacer nada con ese monstruo que se había creado con los años. El actual director, sin embargo, ha conseguido avances extraordinarios con un bajísimo presupuesto, pero todo su trabajo será en vano si al nuevo ministro se le permite llevar a cabo su misión de militarizar los centros penales, cuya periferia ya ha sido militarizada sin que esto haya significado una mejora sustancial.

Luego está el problema con la policía, que necesitaba, por acuerdos de paz, ser civil y no militar. Meter a militares a dirigir la policía es un evidente retroceso. No porque Munguía Payés no sea capaz de hacerlo, sino porque ya sabemos qué pasa cuando se confunden las dos cosas y llega gente, de la que le sobra a este país, a utilizar las nuevas estructuras para otros fines. Por eso, por principio, es inconveniente tener a un militar por encima de la policía. Por principio no es de ningún modo conveniente contrariar el espíritu de los Acuerdos de Paz.

Pero el mayor inconveniente de todo esto es que el presidente, durante su discurso de juramentación al general, se refirió a él como quien vendría a corregir todos los problemas en materia de seguridad pública, y en este mismo tono se ha dirimido el debate público alrededor de su nombramiento. Cuando en el fondo ni Munguía  Payés ni la cúpula entera del Ejército podrán resolver el problema de seguridad pública. Porque para ello, además de las reformas estructurales económicas y sociales, hay que reestructurar todo el sistema de seguridad del país: depurar exhaustivamente el sistema de jueces, la fiscalía, la policía y los partidos políticos. Y eso no lo podrá lograr el general. Y menos cuando entra con el rechazo de los dos principales partidos políticos del país: ARENA y el FMLN. La pregunta que no alcanzamos a responder es por qué el señor Funes, a pesar del desgaste político, tomó esta decisión. Salvo que sea por populismo. 

Ahora que la decisión ha sido tomada, el nuevo ministro deberá, en primer lugar, escuchar a los partidos políticos, a los expertos, a los demás funcionarios y a las institucones que ahora tiene bajo su cargo. Para determinar qué parte de la política de seguridad sí está funcionando, qué parte no y por qué, para que no todas las decisiones terminen siendo tomadas con una perspectiva militar. Los militares deberan aportar sus sistemas de inteligencia. Al país le urgen resultados en materia de seguridad pública, pero resultados duraderos y no mediáticos. Y esto requiere verdaderas reformas. De fondo. 

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