La Sala de lo Constitucional intentó este lunes realizar una audiencia pública en la que había citado a comparecer por la desaparición forzada de cuatro niños y tres niñas durante la guerra al actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, pero este no atendió el llamado y la cita se frustró.
La sesión sería resultado del segundo llamado al ministro que hacen los magistrados de la Sala ante tres demandas de hábeas corpus presentadas por la Asociación Pro-Búsqueda en noviembre de 2012 y que son estudiadas como parte de un solo caso: la participación del ejército en las desapareciones forzadas de niños y niñas de Chalatenango durante 1982.
La semana pasada, la Sala había llamado al ministro a audiencia privada, pero ni llegó ni avisó nada, según dijeron este lunes fuentes de la Sala de lo Constitucional. Esta segunda ocasión, los magistrados tampoco recibieron respuesta alguna ante el citatorio, y el general retirado simplemente no se presentó.
Este 18 de noviembre, los magistrados pretendían hacer pública una audiencia que los abogados de Pro-Búsqueda pidieron supender debido a dos razones: una de ellas es que Pro-Búsqueda perdió todos los documentos relativos a su demanda en el caso durante el ataque de la semana pasada, cuando tres hombres armados irrumpieron en las oficinas de la Asociación para robar, destruir y quemar papeles y archivos informáticos de esta organización que se dedica a investigar el paradero de niños y niñas desaparecidos durante la guerra. La otra razón para la suspensión fue que Pro-Búsqueda, después del ataque del jueves pasado, dice temer por la seguridad de los testigos y por eso solicitó que la audiencia se realice en privado.
'Pedimos la reserva debido al riesgo, a la seguridad de las personas involucradas', dijo el abogado de Pro-Búsqueda, Roberto Rugamas, quien explicó a la prensa que no podía profundizar en declaraciones ni detalles del caso.
Fuentes de la Sala de lo Constitucional dijeron que ante el segundo llamado no atendido por el ministro, uno de los escenarios que se abren es que por vía judicial se obligue al ejército a abrir los archivos que contengan información sobre operativos militares que mencionan las demandas y que sean útiles para dar con el paradero de los niños y niñas desaparecidos.
Tras el ataque del jueves 14 de noviembre, Pro-Búsqueda pidió más tiempo para presentar su caso y pidieron a la Sala de lo Constitucional que declare bajo reserva la causa, debido a que perciben un peligro latente para un testigo que declararía en la audiencia de este día. La audiencia duró solo media hora y el abogado Rugamas explicó que debido a la situación de inseguridad que ven Pro-Búsqueda prefería no dar declaraciones.
Una de las demandas denuncia la desaparición de Milagro Navarro Orellana y Marcos López Orellana. Los denunciantes han explicado que los niños desaparecieron mientras huían de un operativo realizado por el ejército conocido como “Operación Limpieza.” Lo último que sus familiares supieron de ellos es que se refugiaron en el municipio de Arcatao, huyendo del operativo del ejército contra la guerrilla.
En el hábeas corpus presentado a la Sala, se cita una nota de prensa del Comité de Prensa de la Fuerza Armada con fecha del 1 de junio de 1982. En ella se informa de las acciones 'de pacificación' en el departamento de Chalatenango. Según ese documento, las unidades que participaron en el operativo fueron la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, Chalatenango; la Primera Brigada de Artillería, de San Juan Opico; la Fuerza Aérea Salvadoreña, y los batallones de reacción inmediata Ramón Belloso y Atlacatl.
Según la investigación de Pro-Búsqueda, ese operativo afectó cantones y caseríos del oriente del departamento de Chalatenango y la huida de la población civil es conocida como 'la guinda de mayo', que dejó un total de 53 niños y niñas desaparecidos y más de un centenar de personas fallecidas, todas civiles, campesinos no combatientes. A la fecha, la Asociación Pro-Búsqueda ha logrado encontrar a 20 niños y niñas –hoy adultos- de esos 53, y promueve los hábeas corpus para dar con el paradero de otros nueve.
En la nota de prensa de la Fuerza Armada se menciona que las acciones de los primeros días de junio de 1982 dejaron un saldo de 135 personas muertas. Además, se destaca que el teniente coronel Domingo Monterrosa (acusado por comandar la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en Morazán); y el mayor Carlos Mauricio Aguilar Guzmán, informaron que esos fallecidos eran “subversivos”.
En la investigación de la Sala de lo Constitucional también está el expediente en el que se denuncia la desaparición de los niños José Rafael Franco, Pastor Serrano Serrano, Gladis Serrano Serrano, Norberta Serrano Serrano, todos entre los cino y 11 años de edad.
En este caso, relacionado con la operación “tierra liberada”, el padre de una de las víctimas ha declarado como sobreviviente y testigo del operativo. Ha dicho que se encontraba junto a los niños desaparecidos en un lugar conocido como 'Rama Caída', en el municipio de Nombre de Jesús, en Chalatenango. Según el testigo, en este lugar había más de 300 personas que escucharon los motores de los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea que ejecutaron el ataque.
En otro de los casos investigados por la Sala de lo Constitucional se denuncia la desaparición del menor José Mauricio Menjívar Melgar, quien huyó junto a sus familiares hacia el municipio de Arcatao, en el contexto del mismo operativo conocido como “operación limpieza” o “la guinda de mayo”.
Las desapariciones forzadas son delitos de lesa humanidad y por constituir graves violaciones a derechos humanos el inicio de su persecución penal no tiene plazo. El Faro llamó por teléfono al ministro de Defensa para pedirle una declaración sobre este tema, pero este no respondió la llamada.
En los días de la desaparición de estos niños y niñas el ministro de la Defensa era el general José Guillermo García, quien en Estados Unidos ya sido encontrado culpable de torturas y por lo cual ya ha sido condenado civilmente.
