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Secretaría de Cultura se puso diligente para que el FMLN pudiera hacer su anuncio

María Luz Nóchez

Utilizar los espacios administrados por la Secretaría de Cultura para realizar una función artística, una grabación o toma de fotografías, o una ceremonia institucional, conlleva un proceso engorroso que puede tomar 15 días. Tener acceso a la titular de la institución puede ser una vía para obtener un aval rápido. Como corroboró la productora de uno de los anuncios de la campaña presidencial del FMLN.

ElFaro.net / Publicado el 24 de Marzo de 2014

Los espacios culturales y patrimoniales que administra la Secretaría de Cultura, como el Teatro Nacional de San Salvador, no son inmuebles fáciles de conseguir. Incluso, una razón que se ha argumentado para negarlos es la posibilidad de que su uso tenga "fines políticos". Esta restricción, sin embargo, parece tener excepciones, y el partido en el gobierno, el FMLN, tuvo la fortuna de que así sea.

Un grupo de niños corren alegres y entusiastas por distintos puntos de El Salvador: Suchitoto, la carretera panamericana, con el Chichontepec y el Puente de Oro de fondo, la plaza el Salvador del Mundo y, como punto final, el Teatro Nacional de San Salvador. Los niños, que visten los uniformes y zapatos que el gobierno ha entregado como parte de sus programas sociales, recorren el inmueble y después de subir al foyer, en la segunda planta, entran corriendo por los laterales del primer nivel a la Gran Sala, en donde el público, que apenas abarca las primeras dos filas de butacas que están frente al escenario, los espera.

Ya en las tablas, los niños hacen gala de sus habilidades cantoras, y de fondo los acompaña una pequeña orquesta que tiene como base los instrumentos de cuerda, también integrada por niños. Este formato ya se ha visto antes en otros anuncios publicitarios, pero esta vez la consigna de su melodía es un llamado a escuchar su voz, la del futuro del país, que al unísono asegura que “el camino que quieren seguir, donde quieren ir” es adelante, la palabra clave de la campaña publicitaria del FMLN. El spot se hizo público el 24 de enero, según reporta el canal FrenTv en Youtube. Apenas nueve días antes de la primera ronda para elegir presidente. De los 60 segundos que dura el clip, 51 tienen como escenario el Teatro Nacional de San Salvador y desde el estreno del anuncio surgieron voces que criticaban el uso de recursos del Estado para la campaña electoral.

Spot "Escúchanos", pieza de la campaña electoral del FMLN.

Los empleados del teatro fueron los primeros en reaccionar, porque la producción de la que habían sido parte les “olía a corrupción”, y así fue como decidieron buscar asesoría en el Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC). Cinco trabajadores se dieron cita, en dos grupos y días distintos, para declarar, entre otras cosas, que no se había tramitado un pago por el uso de las instalaciones del teatro para grabar este anuncio publicitario y que la solicitud para filmar dentro de él no había padecido la burocracia a la que se somete cualquier ciudadano o institución interesada en realizar una grabación, tomar fotografías o hacer una presentación artística.

A partir de los datos proporcionados, el coordinador de ALAC, Roberto Burgos, preparó una solicitud de información con el fin de corroborar o despejar las sospechas de los empleados de la Secultura. La petición la hizo el 31 de enero. Al cabo de siete días hábiles, la Unidad de Acceso a la Información de la Presidencia (UAIP) daba cuenta de cómo fue el procedimiento, según respondió la Secretaría de Cultura. Al revisar la resolución final y los documentos enviados por las autoridades, todo parece un proceso normal en el que además se aclara que los niños que prestan sus voces y su habilidad con los instrumentos de la orquesta no son parte del Sistema de Coros y Orquestas, proyecto estrella de la gestión de Magdalena Granadino en la Secultura. Pero saltan a la vista dos particularidades: una prontitud inusual con la que se autorizó la utilización del Teatro Nacional y el pago realizado 10 días hábiles después de la fecha en que se realizó el rodaje del anuncio publicitario.

Anomalía uno. En una solicitud enviada el lunes 20 de enero a la secretaria de Cultura de la Presidencia, Magdalena Granadino, Carlos Figueroa, productor de la empresa Meridiano 89, resume en 13 líneas su petición para que se le alquile el teatro: “Para efectuar una filmación con fines publicitarios en horarios de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.”. La solicitud no contaba con mucho para recibir la consideración y aprobación de las autoridades de Secultura, pues en la agenda de los productores, la grabación debía llevarse a cabo el 22 de enero. Es decir, menos de 48 horas después de haber hecho llegar la solicitud, que además no detallaba el propósito para el que el teatro sería utilizado. Según los documentos que remite la UAIP, para el martes 21, a las 12:23 p.m., la solicitud estaba aprobada por conformidad, sin ningún reparo u observación. Y, tal como lo habían solicitado, los de Meridiano 89 permanecieron el 22 de enero 12 horas en el teatro.

Toda persona o institución que haya solicitado alguna vez que se les abrieran las puertas del Teatro Nacional para realizar una función artística, un acto institucional o una filmación, sabe que en los últimos dos años el proceso no funciona así. Para obtener el permiso, uno debe dirigir una carta con su solicitud al despacho de Granadino, a la Dirección Nacional de Artes (DNA) o a la administración del Teatro Nacional. Una vez recibida, esta se dirige a la DNA, el director en funciones consulta con el administrador de aquel teatro que el interesado desea utilizar, este revisa la calendarización y se le indica a quien hace la solicitud cuáles son las fechas disponibles en las que puede usar el inmueble. Una vez acordada la fecha, se emite un memorándum que autoriza el ingreso de los solicitantes para la realización de la actividad indicada. Y, para hacerlo oficial, se agregan la firma y el sello del director Nacional de Artes. El plazo hasta que se da el sí dura ahora 15 días. Esto, una vez ha iniciado la temporada de actividades. Pero para entonces, para cuando Figueroa solicitaba el alquiler, el Teatro Nacional había permanecido cerrado por mantenimiento.

Ese es, en teoría, el debido proceso y la única salvedad para saltarse esos pasos es que la titular de la Secultura autorice directamente. Pero, además, en el caso de que siga el debido proceso, hay un paso adicional que agregar desde junio de 2013, pues fue cuando Granadino dispuso explícitamente que todo lo que tenga que ver con solicitudes para la utilización de los espacios culturales y patrimoniales que administra la Secretaría para una filmación sean remitidos a su despacho. Es decir, que la titular se ha nombrado la autoridad máxima para aprobar o denegar que una grabación de este tipo se lleve a cabo.

El Faro tuvo acceso a algunos documentos electrónicos que registran el apoyo de Granadino al alquiler del Teatro en favor de la producción del que quizás fue el último spot de campaña del FMLN antes de la primera ronda del 2 de febrero, respaldo sobre el cual ninguno de los funcionarios responsables de la administración del Teatro Nacional tenía mayor detalle hasta el día de la grabación: "Por supuesto que está autorizado", respondió a una solicitud de confirmación.

El Faro también tuvo acceso a un informe interno de la Secretaría en el que se explica que el mismo día en que Carlos Figueroa envió su solicitud, el asistente de dirección de la productora Meridiano 89, Max Villalta, “llamó por teléfono (a la administración del teatro) y posteriormente se presentó en el teatro para realizar un scouting, diciéndonos que el día siguiente se presentarían a realizar una filmación, para lo cual contaban con autorización del despacho. Ese día, Rubén Rodríguez llamó a la DNA, (y) nos informó Guillermo Baires que no se tenía conocimiento ni autorización de esa actividad. El día martes 21, a la 1:30 p.m. recibí llamada de la sra. Magdalena Granadino, secretaria de Cultura, informándome que el día miércoles 22 se presentaría(n) el sr. Villalta y su equipo para realizar una filmación de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., que se les brindaran todas las facilidades y que posteriormente se nos enviaría una nota de autorización y exoneración de la actividad, ya que en ese momento iba a entrar a reunión”. Este documento, sin embargo, no es parte de la respuesta oficial que la UAIP envió a la institución solicitante, y las circunstancias en las que se dio el trato tampoco se explican de esta manera.

La versión de los productores no encaja con ese reporte. El Faro habló con Figueroa para corroborar los procesos y según sus cuentas, la resolución de parte de la Secultura se produjo después de dos o tres días, y no de un día para otro, como lo establecen los documentos enviados por la UAIP. Lo que significa que la solicitud tendría que estar fechada lo más tarde el viernes 17 de enero. Según su versión, no hubo reunión ni intercambio de palabras con la secretaria, solo el papeleo burocrático. Lo del scouting también es otra controversia. El productor explicó que ese es un procedimiento exploratorio que se realiza antes de hacer la solicitud para ocupar una locación, con el fin de escoger una terna de lugares que podrían funcionar para la filmación. "Estábamos cerca del teatro y entonces decidimos entrar a ver si funcionaba, porque además habíamos escuchado que estaba en mantenimiento. Y para eso no necesitás autorización previa, solo le pedís permiso a los vigilantes". De la fecha, Figueroa dice que no se acuerda, pero que generalmente toma entre una o dos semanas hasta cuando se utiliza el lugar explorado. Además del Teatro Nacional, dice, realizaron pruebas en la Plaza Libertad y en la Plaza Gerardo Barrios.

El uso que le dio la productora Meridiano 89, contratada por el FMLN, al Teatro Nacional, fue la realización del anuncio audiovisual de la campaña electoral de este partido. Es decir, lo usó con fines políticos y partidarios. Para el día de la filmación apenas faltaban 10 días para la primera ronda de la elección presidencial, y solo una semana del período legal para que los partidos políticos hicieran propaganda.

La anuencia que Meridiano 89 obtuvo de la Secretaría no la tuvo, siete meses antes, otra productora. En junio de 2013, durante la etapa de filmación del documental "Los archivos perdidos del conflicto", también fue solicitado a la Secultura el uso del Teatro Nacional, El Palacio Nacional, la ex Casa Presidencial y el Museo de Historia de El Salvador que esta alberga. La reacción de la titular fue completamente opuesta, y de la negativa de Granadino da cuenta un intercambio de correspondencia electrónica que el director del documental, Gerardo Muyshondt, mostró a este periódico. Para los documentalistas, utilizar estos espacios patrimoniales era coherente con el tipo de entrevistas que nutrirían su material audiovisual, ya que para hablar de la historia de la guerra había que tratar lo cultural, lo político, lo económico, lo militar. Por ende, cuenta Muyshondt, "a personas como David Escobar Galindo, que es un icono actual de nuestra cultura, convenía entrevistarlo conceptualmente, en un espacio arquitectónico representativo de nuestra cultura, como lo es el Teatro Nacional".

Desde el 25 de junio hasta el 27 de julio, Emilia Piniel, coordinadora del proyecto, envió 13 cartas por correo electrónico a Tatiana de la Ossa, directora nacional de Artes. Le solicitaba autorización para usar aquellos espacios culturales y patrimoniales. En ellos consta que a partir de las insistencias de Piniel por una respuesta que le permitiera saber si podía contar con esos inmuebles para las entrevistas con personajes que atestiguaron la guerra, De la Ossa le explicó en una respuesta fechada el 27 de julio de 2013 que la situación se salía de sus manos por dos razones: la autorización de las filmaciones dependían de la titular de la institución, y de los cuatro espacios requeridos, solo el Teatro Nacional era de su competencia. Por último, ya que no dependía de ella, De la Ossa les recomendó que se contactaran directamente con Granadino. “Ella tiene la petición y mis recomendaciones en su oficina. Si puedes remitirle a ella una nota o llamarla, no sería inapropiado”, le dijo a Piniel. Durante ese mes, además de los correos, hubo un sinnúmero de llamadas entre Piniel y la directora de Artes, así como reuniones entre ella y los productores, en principio con Juan Heredia, describe Muyshondt, en donde además de presentarle el proyecto a la directora de Artes, esta les describe sus consideraciones para el uso de estos espacios. El 31 de julio, retomando la recomendación de De la Ossa, Piniel escribió un correo a la dirección electrónica del despacho de Granadino, pidiendo explicaciones sobre el retraso en la respuesta: “Se me dificulta entender la negativa de apoyo a este proyecto que tiene mucha relevancia para nuestra población… ¿Qué regulaciones internas o parámetros encasillan su negativa a dicha solicitud? Me gustaría (que) me las explicara…”

Pasó la semana de vacaciones de agosto, dice Muyshondt, y para el 9 de ese mes, Granadino le llamó a él, para justificar la negativa para usar esos espacios "porque no podían utilizarse para fines políticos”. Él le pidió que no lo confundiera con su hermano, Ernesto Muyshondt, vicepresidente de ideología del partido Arena, y le explicó que se iba a entrevistar políticos, pero que no se hablaría de política proselitista. Para este proyecto en particular, Granadino sí se interesó en saber más detalles y pidió a Muyshondt que le diera una lista de los entrevistados. Luego de 10 minutos de preguntas y argumentos como que le preocupaba que iban a “usar demasiada electricidad y que esta es inestable en la zona”, dijo que iba a hacer algunas consultas y que llamaría después. Desde entonces, ni la coordinadora ni el director tuvieron más noticias sobre su solicitud.

El Faro consultó a De la Ossa sobre esta versión. Ella confirmó que fue Juan Heredia quien llegó a su oficina a explicarle del proyecto. Acto seguido, explica De la Ossa, le pidió que hiciera una solicitud por escrito, como lo indica el proceso. "La solicitud se envió, pero no la autorizaron", dice la directora de Artes. Parte de los argumentos que De la Ossa envió a Granadino para que no se negaran los espacios fue que, en primer lugar, los solicitados son espacios a los que todo ciudadano tiene derecho a acceder, y en segundo lugar, porque en el pasado Piniel ya había solicitado el uso de estos inmuebles para grabar con documentalistas extranjeros y la respuesta fue siempre positiva.

Gustavo Milán, director de Patrimonio Cultural, asegura que la solicitud de los documentalistas nunca llegó a la dirección que él preside, que nadie del equipo de producción los buscó, y que "no hubo marginación del despacho pidiendo recomendación a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural para el uso de estos lugares".

El Faro pidió el lunes 17  de marzo por medio de Nohemy Navas, directora de Comunicaciones de Secultura, una respuesta oficial de parte de Granadino que explicara cuáles fueron las razones técnicas o logísticas que sustentaron la negativa a la solicitud de los productores del documental. Al cierre de esta nota, Granadino no había emitido ninguna respuesta porque, según Navas, "aún no había leído el correo" que esta le remitió con nuestras preguntas.

Anomalía dos. La factura que la Unidad de Acceso a la Información Pública remite sobre el pago que la productora Meridiano 89 hizo por la utilización del teatro durante 12 horas tiene fecha 5 de febrero, es decir, 10 días hábiles después de haberse realizado la filmación. En la normativa para el uso de teatros, aprobada en 2008 por Federico Hernández, entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Concultura), el apartado de Tarifas, cobros y derechos de los usuarios señala que “el pago de las tarifas para uso de los espacios y servicios del teatro podrá hacerse en efectivo o en cheque certificado a más tardar el día del evento. Únicamente el pago por anticipado de la tarifa correspondiente garantiza la reservación del espacio. Todos los solicitantes firmarán un pagaré de compromiso con la aprobación de la solicitud del espacio”.

Desde la gestión Granadino, el único cambio que ha tenido este capítulo es el de las exoneraciones que se hacen a grupos de teatro, a los que se les otorga una excepción que les permite a los actores y actrices no pagar por el uso de la Gran Sala, Pequeña Sala o del Café Teatro. A cambio de quedarse con lo recaudado en taquilla, segun explicó a El Faro Alicia Chong, del Teatro del Azoro, les piden realizar seis funciones gratuitas en cualquiera de las sedes de Vive La Cultura: ex Casa Presidencial, Palacio Nacional y Museo Nacional de Antropología.

La factura a Meridiano 89 por el alquiler del Teatro está fechada el mismo día en que Pavel Cruz, oficial de información de la presidencia, envía el memorándum de requerimiento de información a María Isabel Rivas, la directora administrativa de Secultura. Y en la respuesta oficial, la secretaria dice que se procedió "conforme lo indica el tarifario", sin explicar la concesión otorgada para pagar con 10 días de retraso. Sobre este punto, Figueroa explica que el desfase de fechas se debe, probablemente, a que una vez que se ha concluido la jornada de filmación, la administración del teatro prepara el cobro según el número de horas que se utilizó realmente el espacio. Y que a partir de eso se prepara un cheque certificado a nombre de la Dirección General del Tesorería, y que ellos se confundieron, primero, porque lo hicieron a nombre de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, y, luego, porque no estaba certificado. Corregir cada uno de esos errores les tomó un día, dice.

Como lo establece la normativa que regula el uso de los teatros, el pago debe hacerse el día en que se realiza la función, la filmación o la actividad institucional. Las únicas excepciones que se han hecho en este caso son cuando el pago depende del ingreso de taquilla, pero incluso así, no pasa más de uno o dos días para que se haga efectivo el pago y la emisión de la factura es inmediata, ya que es algo que pasa directamente por el colector del teatro. El Faro llamó al Teatro Nacional para preguntar si un cobro como el descrito por Figueroa era posible. Atendió Vangie Vigil, asistente de la dirección del Teatro Nacional, y explicó que la única excepción que podía hacerse respecto a un pago es cuando el solicitante pide el lugar por un número de horas menor al que realmente utiliza y que, si en ese momento no está presente el colector, sin ningún problema puede realizarse el pago al siguiente día hábil. "Es un pacto de caballeros el que se hace", explica, y se espera que la institución que pidió prestado el teatro cumpla a la brevedad posible con su palabra. "Nuestra recomendación es que calculen bien las horas que van a utilizar el espacio para evitar estos inconvenientes".