Dos semanas después de haber pedido a la Asamblea Legislativa que despoje al diputado Wilber Rivera Monge del fuero que le otorga la Constitución, la Fiscalía General de la República ordenó su captura y además presentó un escrito a la Asamblea en la que desestimaba su solicitud de antejuicio hecha 15 días antes.
La esposa y el hijo de Rivera Monge están detenidos desde el jueves 28 de agosto por el delito de lavado de dinero y activos por 26 millones de dólares, y en el caso del diputado Rivera Monge, la Fiscalía había buscado desaforarlo bajo el entendido de que como legislador primero debía ser sometido a un proceso especial conocido como antejuicio en el que son los mismos diputados quienes determinan si hay razones suficientes como para que su compañero enfrente los tribunales ordinarios donde se le determinaría su inocencia o culpabilidad.
Pero la Fiscalía reconoció el viernes que estaba dándole largas al asunto y ordenó a la Policía Nacional Civil que capturare a Rivera Monge por el mismo delito que sus familiares: por lavar dinero para una banda de narcotraficantes del empresario guatemalteco Jorge Ernesto Ulloa Sibrián conocido como El Repollo que la semana antepasada fue enviado a juicio por un juez de Instrucción quien otorgó mucha credibilidad a la investigación de la Fiscalía contra la red de Ulloa.
En un comunicado que difundió en Twitter, el viernes, la Fiscalía explicó que había desistido de la solicitud de antejuicio y desafuero de Rivera Monge en obediencia a los parámetros que la Sala de lo Constitucional ha establecido respecto a qe los diputados suplentes no gozan de los mismos beneficios de protección que los diputados propietarios. Rivera es legislador suplente por Chalatenango bajo la coalición del PCN-PDC.
“[La decisión se tomó] con base en lo sostenido por la Sala de lo Constitucional que ningún diputado suplente tiene fuero, por lo que dará trámite al proceso penal ordinario, habiendo emitido ya orden de captura administrativa, y presentará requerimiento respectivo la próxima semana”, dice el comunicado de la Fiscalía.
El comunicado no explica por qué en un principio la Fiscalía pidió el antejuicio y el desafuero del diputado Rivera cuando ya desde junio de 2013 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había regulado que los diputados suplentes no están protegidos por el fuero como sí lo están los propietarios.
El 12 de junio de 2013 la Sala emitió la resolución del proceso de amparo número 482-2012 que daba entender la diferencia entre la protección de un diputado propietario respecto de uno suplente. Los propietarios, decía la sentencia, han sido elegidos por los votantes por lo tanto tienen legitimidad democrática, mientras que los suplentes -como en el caso de Rivera Monge- requieren haber sido llamados a formar pleno en sustitución de otro diputado para gozar de la inviolabilidad de la que habla el artículo 125 de la Constitución.
En una resolución más reciente, promulgada el 9 de septiembre a propósito del amparo que interpuso la diputada Ana Vilma de Escobar para que la Corte le permitiera continuar en sus funciones como diputada después de que hubiera sido puesta a la orden de los tribunales para enfrentar acusaciones por difamación, la Sala sostiene con claridad que el fuero no aplica ni para Monge ni para ningún otro diputado suplente: “Los diputados suplentes, mientras no hayan sido llamados a formar Asamblea y ejercer la diputación, no son titulares de los derechos prerrogativos y atribuciones inherentes a la condición de parlamentario”, dice un fragmento de la resolución del proceso de amparo número 648 -2014 que citó la Fiscalía en su comunicado.
La nueva postura de la Fiscalía afecta también al diputado suplente por Gana Abilio Menjívar quien está siendo investigado por el delito de intento de homicidio contra un hombre al que supuestamente atacó en Pasaquina, el 7 de julio de 2012. El fiscal general Luis Martínez solicitó el viernes 29 de agosto antejuicio para Menjívar pero los diputados determinaron que iban a postergar cualquier decisión al respecto por 15 días. La Fiscalía, sin embargo, no informó que hubiera decidido desestimar la petición de antejuicio contra el diputado de La Unión.
15 personas vinculadas a la red de crimen organizado del Repollo, entre ellas él mismo, Rivera Monge, su esposa e hijo, enfrentarán un juicio por supuestamente blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Rivera Monge, según la Fiscalía, invirtió 1.5 millones de dólares en un lote para vender vehículos pero las ganancias percibidas entre 1999 y 2012 no llegan ni a los 2 mil dólares.
