Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado en mayo de 2013 por otro tribunal a 80 años de prisión por el delito de genocidio, al encontrarlo culpable de la matanza de 1,771 indígenas mayas-ixiles en el norte del país durante su régimen, de marzo de 1982 a agosto de 1983. Sin embargo la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, anuló la sentencia al considerar que se cometieron errores durante el proceso y ordenó repetir el juicio.
Junto a Ríos Montt también es procesado a partir de este lunes 5 enero en el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Janeth Váldez, su exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, absuelto en el primer proceso.
En los días previos al inicio del debate, la defensa del anciano militar también pidió que la jueza a cargo del proceso se retire al considerar que tiene una “opinión parcializada” por haber escrito en 2004 una tesis sobre el genocidio.
La acción contra la jueza y la solicitud de ausencia de Ríos Montt han sido consideradas por activistas de derechos humanos como una estrategia de la defensa para retrasar el inicio del proceso y que las matanzas queden en la impunidad.
Un convaleciente general
Bajo arresto domiciliario, Ríos Montt pasa los días en su residencia en un sector exclusivo en el este de la capital guatemalteca en “reposo absoluto” debido a problemas en la columna vertebral por su avanzada edad, afirmó a la AFP Luis Rosales, uno de sus defensores.
“Tiene únicamente autorizado por parte de los médicos poder trasladarse al baño, nada más, pero tiene que estar acostado con un aparato especial”, relató el jurista.
Según su equipo de abogados, Ríos Montt enfrenta además padecimientos cardíacos y oftalmológicos que se agravarían debido a las largas jornadas previstas durante el juicio.
Paralelo al nuevo juicio, el militar mantiene una batalla legal para que la justicia guatemalteca le otorgue una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982, aunque una ley en 1996 dejó por fuera el genocidio.
“Hay pruebas contundentes”
Para las organizaciones querellantes, existen “pruebas contundentes” para volver a demostrar la culpabilidad del exdictador por el delito de genocidio y lograr una nueva sentencia.
Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, dijo a la AFP que presentarán en el debate más de 800 pruebas entre planes militares, informes, peritajes y el testimonio de 120 sobrevivientes y familiares de víctimas de las matanzas atribuidas al régimen de Ríos Montt.
“Si ya se probó una vez el delito de genocidio se volverá a probar, las pruebas son contundentes”, aseguró Soto, quien lamentó que tres de los testigos que rindieron su declaración en el primer juicio fallecieron de causas naturales.
“Esperamos con la repetición del debate que el sistema de justicia guatemalteco demuestre que es capaz de juzgar estos graves crímenes de lesa humanidad y que se le pueda dar justicia a las víctimas luego de más de 33 años”, sentenció el activista.
El régimen de facto de Ríos Montt es considerado el más sangriento de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, la cual dejó 200,000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.
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