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La comunidad que pasó de la agonía a la algarabía en un minuto

Gabriel Labrador

Cuando todo estaba listo para su expulsión, una comunidad de 80 familias en El Espino fue salvada por una resolución de la Sala de lo Constitucional emitida de último minuto y que contempla una medida cautelar que prohíbe momentáneamente cualquier intento de desalojo. El juez José Palma Trejo reclamó que esta es la cuarta vez que se suspende el desalojo.

ElFaro.net / Publicado el 10 de Junio de 2015

Esta es la única vivienda del caserío El Espino que fue desmantelada tras un desalojo que terminó siendo suspendido por el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, el 3 de junio de 2015. El juez dio un período de gracia de una semana pero luego el desalojo fue suspendido por orden de la Sala de lo Constitucional.
 
Esta es la única vivienda del caserío El Espino que fue desmantelada tras un desalojo que terminó siendo suspendido por el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, el 3 de junio de 2015. El juez dio un período de gracia de una semana pero luego el desalojo fue suspendido por orden de la Sala de lo Constitucional.

En la tarde del lunes 8 de junio, en los alrededores de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, decenas de agentes de la PNC ocuparon las principales salidas y entradas de la comunidad. En la mañana del martes 9, todos esos policías seguían ahí, y su presencia ya no daba juego a interpretaciones: estaban ahí para desalojar a la comunidad El Espino, compuesta por 80 familias.

Un día antes del desalojo, algunos de los habitantes, resignados, hasta chapodaron y cortaron árboles en un predio contiguo, propiedad del Estado, para tener adónde pasar la noche a sabiendas de que ya nada podía detener a un juez que ha ordenado sacarlos del lugar que han habitado desde hace 50 años. Ese juez, José Antonio Palma Trejo, llegó este martes 9 a las 6 de la mañana para exigir la expulsión de todos esos habitantes.  Para el juez, esta era la cuarta y la vencida. La tercera vez que intentó sacar a esta comunidad ocurrió la semana pasada, pero la Policía se negó a hacer lo que el juez ordenaba: cortar candados y botar puertas. Y la policía se negó a hacer lo que el juez ordenaba porque desde Casa Presidencial se giró la orden de buscar un compás de espera para resolver el problema habitacional de las familias. Pero este martes 9, ya no había compases de espera, y al lugar del desalojo incluso llegó el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, para supervisar la operación.

Ramírez Landaverde y la gobernadora del departamento de La Libertad, Marta Lorena Araujo, se reunieron en privado con los miembros de la comunidad minutos antes de las 8 de la mañana. Esa reunión impidió que los policías entraran por la fuerza a la comunidad. Las familias de la entrada de la comunidad, no obstante, ya habían comenzado a subir sus objetos -mesas, espejos, plantas, muebles, colchones- a camiones y pickups.

En la reunión, la gobernadora Araujo informó que el Estado podía albergarlos temporalmente en la Villa Olímpica en el municipio de Ayutuxtepeque, la sede deportiva que acoge a atletas internacionales cuando hay eventos de gran calado en el país. La gobernadora también les informó que todos sus enseres serían llevados a las bodegas del ministerio de Agricultura, también de manera temporal, en lo que el Concejo de Ministros les encontraba un terreno en el Área Metropolitana de San Salvador que pudiera albergarlos con una vivienda digna.

Pero el rechazo fue casi absoluto. Hombres y mujeres de la comunidad respondieron a los funcionarios que no estaban de acuerdo en irse a la Villa Olímpica porque eso no garantizaba que eventualmente reciban una vivienda propia como lo dicta un convenio -incumplido hasta ahora- que data desde 1995. Ese convenio, oficialiado en 1999 por el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol, a la fecha, es letra muerta. Ni los dos gobiernos de Arena que sucedieron al de Calderón Sol ni el primer gobierno del FMLN han logrado cumplirlo.

Para los habitantes, a minutos del desalojo, les parecía poco oportuna la oferta del gobierno dado que los lugares de destino estaban demasiado lejos de sus trabajos, y también porque esos destinos están metidos en zonas de pandillas, en un país en el que se libran batallas entre pandillas y entre pandillas, policías y militares. "Nos van a matar a nuestros hijos, puede que no sean de pandillas pero la cosa es que aquí es muy tranquilo, no queremos irnos para allá", decía Raquel Recinos, una de las afectadas que ya tenía sus pertenencias montadas en un camión. El ambiente en la comunidad era un ambiente de resignación pero también de derrota. Así como Raquel, con o sin ofrecimientos del gobierno para reubicar temporalmente a las familias, otras más ya habían desmantelado sus casas y montado sus pertenencias en pickups y camiones.

A eso de las 9 de la mañana, mientras unos ya estaban por irse sin rumbo fijo, ocurrió una noticia inesperada. Primero llegó como un rumor que comenzó a recorrer entre los habitantes. Pero de repente el rumor se convirtió en un grito. "¡Fuera los camiones, fuera los camiones!", comenzaron a gritar los habitantes del caserío. Nelson Recinos, presidente de la Adesco, había recibido una llamada en su celular y luego de comunicar lo que su interlocutor le decía, la comunidad El Espino estalló en vivas y aplausos.

Pasasdas las 9 de la mañana del martes 9 de junio, y por segunda ocasión consecutiva, 80 familias de la comunidad El Espino fueron salvadas de ser desalojadas de un predio, en Antiguo Cuscatlán, del tamaño de cuatro canchas de fútbol.

Esta vez fue la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que ordenó la suspensión del desalojo ordenado desde el 6 de mayo por el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán. De último minuto, a las 9:25 de la mañana, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la que advierte que existe una probable violación al derecho de audiencia y derecho de defensa de al menos 18 habitantes del caserío El Espino. La Sala resolvió que estudiará si el juez de Antiguo Cuscatlán violó la seguridad jurídica de esas 18 personas al no haberles notificado, personalmente, sobre la existencia de un proceso de desalojo en su contra en un caso que lleva un año en trámites procesales. Mientras tanto, como medida cautelar, la Sala interrumpió el desalojo de los habitantes hasta nuevo aviso.

El tiempo para resolver definitivamente es incierto aunque, según explicó Casa Presidencial a través de un comunicado, es suficiente como para permitir que el Gobierno busque una solución de habitación definitiva a la familia.

Esta es la cuarta ocasión en la que se frustra la orden del juez Palma Trejo que beneficiaría los intereses de la familia Dueñas. La semana pasada fue Casa Presidencial la que detuvo a la Policía Nacional Civil para intentar lograr un compás de espera que resuelva el problema habitacional de las familias afectadas.

Un juez sin suerte, una trama complicada

En la comunidad, la noticia de la suspensión del desalojo sorprendió a todos. Incluso al juez, que se resistía a creerlo. Una vez que se desplegó el rumor de la resolución de la Sala, ni el director de la Policía ni el juez Palma Trejo quisieron adelantar opinión a pesar de que los periodistas presentes en la comunidad preguntaron si el desalojo en proceso debía suspenderse o no. "Acataremos lo que dicte la Sala pero esta debe notificarlo oficialmente", decía Palma Trejo. Minutos más tarde, el juez abandonó la comunidad y se fue con su equipo de empleados a la sede del tribunal.

A la comunidad, la esperada notificación de la Sala de lo Constitucional que suspendía el desalojo llegó de manos de un mensajero en motocicleta. Algunas de las 18 personas que habían interpuesto el amparo el lunes esperaban al borde de una de las calles que colinda con la comunidad y aplaudieron cuando el notificador les mostró la hoja que contenía la orden de la Sala. "¡Pueblo que lucha, triunfa!", gritaban, en coro, los habitantes de la comunidad. Un sacerdote que los había acompañado elevaba una plegaria al cielo, mientras otros proponían realizar una vigilia toda la noche del miércoles en señal de agradecimiento.

El Caserío El Espino fue creado por la familia Dueñas a mediados del siglo pasado. Muchos de sus habitantes trabajaron con los Dueñas y se convirtieron en colonos, mientras que otros fueron llegando con el tiempo a una tierra que ofrecía mucho espacio. Entre unos y otros crearon alianzas y así llegaron más hijos, y así los nietos, y así el Espino llegó albergar casi mil familias. En 1980, casi mil manzanas de tierra le fueron expropiadas a la familia Dueñas con la reforma agraria aunque seis años después, a través de procesos judiciales en la CSJ, la familia recuperó parte de esa tierra expropiada, aunque unas 600 manzanas quedaron en manos de una cooperativa cafetalera cuyos dueños son los colonos originarios de la comunidad.

Entre los cooperativistas y el resto de la comunidad surgieron diferencias por la administracio de la tierra en poder de la cooperativa, y a partir de 2006 algunos de los miembros de la Cooperativa se separaron por considerar que los administradores de la entidad estaban dejando en el olvido el convenio suscrito con el Gobierno de Armando Calderón Sol que les prometía una vivienda de 150 varas cuadradas a cada beneficiario. Fue así como surgió la Adesco El Espino para recuperar ese proyecto habitacional, el cual sufrió un golpe drástico tres años después, en 2009, al finalizar el gobierno de Antonio Saca.

Ese año, la Cooperativa buscó la manera de anular ese acuerdo y para ello suscribió un contrato con el Estado a espaldas de la Adesco. La Cooperativa pidió al Estado que las tierras del Estado que se habían proyectado para construir el asentamiento le fueran transferidas directamente y a cambio ella se encargaría de levantar la comunidad prometida a los miembros de la Adesco. “Una vez realizada la transferencia quedaría sin efecto el convenio suscrito en 1995 ya que la Cooperativa extendería un finiquito definitivo a favor del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y del Estado y Gobierno de El Salvador, eximiéndoles de obligaciones presentes y futuras en cuanto al cumplimiento de los convenios suscritos anteriormente tanto en la asignación de tierras para vivienda como en lo referente a la construcción de la Casa Comunal, la Unidad de Salud, la Escuela y la Cancha de Fútbol”, reza la escritura pública con fecha del 20 de mayo de 2009, 11 días antes del traspaso de mando del entonces presidente Antonio Saca a Mauricio Funes.

A mediados de 2009, para cumplir con la promesa hecha al Estado, la Cooperativa ofreció 8 mil dólares a los habitantes del Caserío que no fueran asociados de la Cooperativa, y una parcela de tierra a los cooperativistas. No todas las familias aceptaron esos acuerdos, y muchas -entre ellas las 80 que ahora estuvieron a punto de ser desalojadas por la familia Dueñas- decidieron quedarse en el viejo asentamiento que ahora es reclamado por la familia en virtud del intercambio de tierras que hizo el gobierno con la familia para la construcción del bulevar Monseñor Romero.

El ministerio de Agricultura encontró que el finiquito que entregó al gobierno el entonces presidente de la Cooperativa, Óscar Solís Girón, es ilegal puesto que este último no tenía personería jurídica vigente para actuar como representante de los asociados. En 2010, el Gobierno de Mauricio Funes se comprometió a investigar a fondo el tema y buscar la posibilidad de revertir todos los contratos emitidos por Solís, pero al parecer fracasó en su intento.

La Corte Suprema de Justicia envió un notificador al caserío El Espino para informar a la comunidad que la Sala de lo Constitucional había decidido amparar a los habitantes de la comunidad quienes se habían abocado a esa cámara en su búsqueda de auxilio ante un potencial desalojo. En la imagen, los habitantes firman un acta en la que se dan por notificados.
 
La Corte Suprema de Justicia envió un notificador al caserío El Espino para informar a la comunidad que la Sala de lo Constitucional había decidido amparar a los habitantes de la comunidad quienes se habían abocado a esa cámara en su búsqueda de auxilio ante un potencial desalojo. En la imagen, los habitantes firman un acta en la que se dan por notificados.

La Sala detiene pero la expulsión es inminente

En concreto, la resolución de la Sala da una pausa para escuchar una demanda de la directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) de El Espino, que sostiene que no todos los habitantes de la comunidad fueron avisados formalmente de que existe una orden de desalojo en su contra. La comunidad presentó el recurso el 8 de junio recién pasado, 24 horas antes del desalojo programado para este martes 9. En su escrito de amparo presentado el lunes, esos 18 habitantes de la comunidad reclamaron que no habían tenido oportunidad de defenderse ni ser escuchados en el proceso 4-3-2014, administrado por el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán y que eso constituía una violación al debido proceso.

"Tal admisión se debe a que, a juicio de los peticionarios, se les han vulnerado sus derechos constitucionales a la vivienda de los no propietarios, audiencia y defensa, consagrados en los artículos 119, 11 y 12 de la Constitución, en virtud de la supuesta omisión de la autoridad demandada de individualizarlos y permitirles la intervención en el referido proceso judicial", reza la resolución de la Sala. Los magistrados agregaron que al no haber sido invitados a participar en el proceso que ahora los intenta desalojar de sus hogares, no puede decirse que agotaron todas las instancias y recursos contemplados en la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 12.

En total, en la comunidad habitan 175 adultos, 25 ancianos y 32 niños, según un censo en poder de la Gobernación del departamento de La Libertad. El caserío está ubicado dentro de la finca El Espino y en él habitan personas con 11 años de vivir ahí aunque también hay personas que nacieron en ese lugar hace 40 o 50 años y que eran empleados domésticos de la familia Dueñas que ahora busca desalojarlos. Muchos otros trabajaban como empleados de la finca, cortando café o haciendo tareas agrícolas.

El miércoles de la semana pasada, el juez de Antiguo Cuscatlán había intentado desalojar la comunidad pero la Policía Nacional Civil se había rehusado a aplicar la fuerza para romper los candados o botar las puertas de las casas. El director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, informó al juez de que el Consejo de Ministros estaba tratando de encontrarle una solución habitacional a los miembros de la comunidad y por eso le pidió al juez que otorgara un plazo de gracia que permitiera al Gobierno buscar soluciones alternativas. Ese plazo se cumplió este martes.

Ante la nueva suspensión del desalojo, el juez Palma Trejo lamentó que se esté enviando una mala señal. "En cuanto a la tutela de los derechos sobre la propiedad privada esta suspensión es una mala señal, el derecho de los señores Dueñas ahora están en el limbo legal por la decisión de la Sala", dijo el juez, quien recordó que esta es la cuarta vez que se suspende el procedimiento. Las primeras dos veces -7 y 24 de mayo- el procedimiento se había frustrado porque la Policía había dicho que no contaba con el personal idóneo para ejecutarlo.

"Me preocupa la independencia judicial en cuanto a la interferencia que se ha hecho a la orden de desalojo emitida por este juzgado", dijo este martes el juez Palma Trejo. Señaló que la interferencia pudo observarla en la falta de colaboración de la PNC en los intentos de desalojo y en una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitida también el martes 9. La PDDH también emitió una medida cautelar tendiente a suspender el desalojo por contravenir el derecho a la vivienda de los no propietarios consagrado en legislación nacional y en convenios internacionales.

El vocero de Casa Presidencial, Eugenio Chicas, adelantó que el Gobierno seguirá buscando alternativas de traslado para las 80 familias. "La suspensión del desalojo ordenada por los magistrados da un tiempo suficiente para poder construir una solución integral entre los privados que tiene que ver en este conflicto”, reza un comunicado emitido por la Presidencia este miércoles. Chicas dejó ver que una alternativa es trasladar a la gente al interior del bosque cafetalero en custodia de la Cooperativa Agrícola que recibió la administración de esa tierra con la Reforma Agraria de 1980.

"Siempre hemos creído que esa propiedad es lo suficientemente grande (...) “en ese contexto, se podría acordar una solución”, dijo Chicas.

El funcionario se refiere a la parte protegida de la finca El Espino, declarada así en 1993 mediante el Decreto 432 emitido por la Asamblea Legislativa. La división entre la parte protegida y la parte urbanizable la marcan el Bulevar Monseñor Romero y la avenida Jerusalén. Las 350 manzanas urbanizables fueron devueltas a los Dueñas en 1986 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte. En resumidas cuentas, la Corte determinó que el Estado se había equivocado al expropiar tierra urbanizable cuando la Reforma Agraria afectaba solo las tierras de vocación agrícola. Y fue así como el Grupo Roble, de la familia Poma, pudo construir Multiplaza, Las Cascadas; y los mismos Dueñas por medio de su empresa Urbánica pudieron levantar La Gran Vía y los complejos residenciales Portal del Casco y Puerta Gran Canaria.

Habitantes del caserío El Espino celebran luego de conocer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender el desalojo programado para este martes 9 de junio de 2015.
 
Habitantes del caserío El Espino celebran luego de conocer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender el desalojo programado para este martes 9 de junio de 2015.