Tegucigalpa, HONDURAS. Como resultado de una operación denominada ‘Avalancha’, las autoridades de Honduras bloquearon 137 cuentas bancarias a integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y decomisaron una decena de viviendas, un pequeño hospital en la ciudad de San Pedro Sula y 188 vehículos, según detalló el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía, Ricardo Castro.
Doce líderes y colaboradores de la agrupación fueron arrestados por la Policía Nacional; entre ellos, el alcalde de la ciudad de Talanga, ubicada 50 kilómetros al este de la capital, Jorge Neftaly Romero, y el exsuboficial de policía Ernesto García.
En el curso de las investigaciones “detectamos que la MS-13 no estaba siendo abordada y se adoptó una estrategia diferente, atacando sus recursos económicos”, explicó el fiscal Óscar Chinchilla.
Los esfuerzos, agregó, estaban más concentrados en capturar a los jóvenes de la pandilla Barrio 18 (rival de la MS-13), que se mueven por los barrios y terminales del transporte público de las principales ciudades cobrando extorsiones.
Aunque tienen el mismo nombre, las principales pandillas centroamericanas operan de forma independiente en los distintos países; incluso dentro de un mismo país, cada clica es en la práctica una estructura criminal autónoma.
Avalancha de incautaciones
La operación iniciada el 23 de febrero y sin plazo de conclusión ha permitido en sus primeras semanas de operación la incautación de 9 millones de dólares entre propiedades, vehículos y cuentas bancarias, según la Policía.
“Por fin el Gobierno encontró una fórmula para el control del delito y desmontar las estructuras de las maras y pandillas”, dijo a la AFP la criminóloga Arabeska Sánchez.
“Por primera vez se sabe dónde está el dinero de las extorsiones y parece un operativo exitoso”, apuntó la especialista.
El dirigente del transporte Jorge Lanza consideró que “cualquier medida que se tome con esta triste situación, bienvenida sea, con tal de que sea sostenida”.
“Esa operación Avalancha tiene que ser permanente, no de una semana o 15 días”, afirmó el empresario quien se queja de que el apoyo de la Policía Nacional y los militares al transporte es ocasional.
El método de extorsión de la pandilla es exigir a los comerciantes, generalmente empresarios del transporte, un pago por un valor determinado o una cuota semanal, y si no lo pagan toman represalias como incendiar un bus o asesinar un empleado.
Lanza estimó que más de 80 personas murieron en el 2015 en asaltos a buses del transporte público o porque los propietarios se rehusaron a pagar el “impuesto de guerra”, unos 45 dólares semanales por cada bus.
Indicó que en algunos casos reciben cobros de hasta cinco agrupaciones diferentes, incluyendo la 18 y la MS-13.
El dirigente advirtió que se tiene que atacar el problema de las extorsiones de raíz, identificando a quienes finalmente les llega el dinero, y no solo a los cobradores “que son a los que han estado capturando”.
Según estadísticas de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), en 2015 fueron detenidos 669 jóvenes mientras cobraban el “impuesto de guerra”. En total, ese año, esa unidad policial recibió 980 denuncias y dio asesoría a 4,090 personas que eran extorsionadas.
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