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La Fiscalía acusa a nueve policías por una bala en la finca San Blas

A pesar de que hay evidencia de alteración de escena certificada por la PDDH, la Fiscalía ha omitido esas pruebas y ha optado por centrar su caso solo en una de las ocho víctimas de la masacre ocurrida en la finca San Blas. Acusan a los policías del GRP por la muerte del único joven no pandillero, ignorando incluso a la muchacha de 16 años muerta de un balazo en la cabeza. La Fiscalía también minimiza evidencias que hablan de algo muy distinto a la versión oficial del enfrentamiento: 311 disparos de armas policiales versus tres disparos de las armas que aparecieron junto a los cadáveres.

ElFaro.net / Publicado el 18 de Julio de 2016

La madrugada del 26 de marzo de 2015, el Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC) dejó ocho cadáveres baleados profusamente en el casco de la finca San Blas, pero, 17 meses después, la Fiscalía acusa a nueve de los policías por un homicidio agravado nada más. La testigo principal, que ya es testigo protegida, escuchó a dos personas que rogaban a los policías por sus vidas, pero la Fiscalía solo acusa por un disparo en la cabeza de Dennis Alexánder Martínez.

La Fiscalía presentó el lunes 11 de julio de 2016 un requerimiento en contra de los nueve integrante del GRP por el delito de homicidio agravado. Dos de esos policías se habían presentado voluntariamente la semana pasada; otros cuatro fueron detenidos; y los tres restantes enviaron a sus abogados. La jueza de Paz de San José Villanueva, el municipio de La Libertad en el que sucedió la masacre, ordenó que los seis policías presentes se mantengan detenidos y que se inicie el proceso de investigación judicial, conocido como instrucción, en Santa Tecla. Los tres policías ausentes ya tienen orden de captura. Ya son prófugos.

La Fiscalía también pidió que los policías fueran exonerados de procesos judiciales por la muerte de las otras siete personas que murieron aquella noche en la finca San Blas. La jueza los sobreseyó definitivamente. Eso significa que los policías ya no podrán ser acusados por la muerte de esos seis pandilleros de la Mara Salvatrucha y de una muchacha de 16 años, a menos que una instancia judicial superior revoque la decisión por fallas en el proceso, pero eso tendría que pedirlo la Fiscalía, la misma institución que ya solicitó a la jueza exculpar a los policías por esos siete cadáveres y acusarlos solo por el de Dennis.

Imagen del informe fiscal. Foto 1: Dennis Alexander Martínez, 20 años; Foto 2: Mauricio López García (a) Matador, 40; Foto 3: José Alfredo Aldana (a) Taz, 34; Foto 4: Sonia Guerrero, 16.
 
Imagen del informe fiscal. Foto 1: Dennis Alexander Martínez, 20 años; Foto 2: Mauricio López García (a) Matador, 40; Foto 3: José Alfredo Aldana (a) Taz, 34; Foto 4: Sonia Guerrero, 16.

Este proceso llega cuando ya otra institución estatal había dado su resolución. El pasado 25 de abril, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentó su propia investigación sobre el caso, que concluyó que Dennis, el escribiente de 20 años de la finca, y Sonia Guerrero, de 16, “fueron víctimas de ejecución extralegal” y que el resto “también pudieron perder la vida arbitrariamente por ejecución extralegal” y no en un enfrentamiento de 45 minutos, como asegura la versión policial.

Para llegar a sus conclusiones, la PDDH tuvo acceso a la mayoría de la información que tiene la Fiscalía. Sin embargo, las conclusiones son muy distintas: la PDDH habla de una masacre y la Fiscalía de un enfrentamiento tras el que hubo un asesinato. El caso de la Fiscalía, de momento, presenta un sinfín de huecos. Este es uno de ellos: en su versión, no se menciona la manipulación de la escena del crimen, por lo cual Dennis habría sido ejecutado mientras estaba hincado suplicando a la vez que blandía dos corvos y un cuchillo.

Este es un recorrido por algunas de las voces internas del caso y por las pruebas que en principio han sido omitidas por la Fiscalía, que parece querer construir un juicio lo menos incómodo ante la sociedad salvadoreña: un caso donde no se juzgue por la muerte de ningún marero, ni siquiera de una muchacha de 16 años que era novia de uno de ellos, un caso donde se acuse solamente por el único no pandillero de los muertos.

Imagen del informe fiscal. Foto 5: Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, 17; Foto 6: José Antonio Gómez (a) Güereja, 27; Foto 7: Manuel de Jesús Gutiérrez (a) Garrobo, 29; Foto 8: Hugo Nelson Melara (a) Saiper, 34.
 
Imagen del informe fiscal. Foto 5: Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, 17; Foto 6: José Antonio Gómez (a) Güereja, 27; Foto 7: Manuel de Jesús Gutiérrez (a) Garrobo, 29; Foto 8: Hugo Nelson Melara (a) Saiper, 34.

El caso fiscal

El caso judicial ha sido guardado bajo llave. La Fiscalía pidió a la jueza que declare reserva total, lo que significa que nadie puede ver el documento de acusación inicial ni el legajo de pruebas. De hecho, revelar cualquier cosa de esos documentos es un delito. La Fiscalía argumenta que con la medida busca proteger a los policías que no participaron en el tiroteo, sino que solo prestaron vigilancia perimetral.

Sin embargo, el pasado viernes 8 de julio por la noche, cuando aún no presentaban el documento en el juzgado, la jefa fiscal de la Unidad de Homicidios y Antipandillas, Guadalupe Echeverría, concedió una hora de conversación a El Faro para explicar el caso que presentaría.

—¿El caso se basa en las declaraciones de Consuelo, la madre de Dennis? –se le pregunta.

—No. Recuerde que la prueba testimonial en muchas ocasiones es vulnerable y puede ser por amenazas, estado de depresión, ansiedad. Sin embargo, analizamos la primera, la segunda, tercera entrevista. Desgraciadamente, al tío de Dennis, que era el mandador de la finca, lo matan, y hubo elementos que no pudieron ser ampliados por la muerte de él.

Jesús Hernández Martínez era tío de Dennis, hermano de Consuelo, mandador de la finca. Desapareció 19 días después de la masacre de la finca San Blas. Su cuerpo apareció 24 horas después de haber desaparecido: tenía un lazo alrededor del cuello, los huesos del cráneo destrozados y, los de la cara y los dientes, marcados por cinco machetazos. La autopsia dice que lo asfixiaron y lo machetearon.

Chus, como todos le conocían en la zona del cantón Matazano II, fue el último en hablar con Dennis. Mientras ocurría el supuesto enfrentamiento, Dennis hablaba con Chus; así se lo contó Chus a su hermana Consuelo luego de la matanza. Fue Chus quien recomendó a Dennis que si eran policías, saliera del cuarto y se entregara, que ellos entenderían que él trabajaba ahí y que no le harían nada. Dennis les hizo caso, pero nadie lo escuchó. Chus, mientras las autoridades analizaban la escena a la mañana siguiente, se apersonó e insultó a los policías, les gritó asesinos.

La investigación fiscal, a través de análisis de llamadas telefónicas, establece que la versión de la testigo coincide con la activación de los aparatos. Según la teoría fiscal, los disparos se escucharon en la finca San Blas entre las 12:49 de la noche y la 1:23 de la madrugada. Fue a partir de la 1 de la madrugada cuando las llamadas entre Dennis y Chus fueron constantes. La última ocurrió a la 1:22:05. Después, asesinaron a Dennis.

La jefa fiscal vuelve a Dennis. Esa es su investigación. Ni siquiera Sonia entra en escena.

—Nos enfocamos en la localización del cuerpo de Dennis. Teníamos ciertas dudas en cuanto a que en el frotado de dorso y palma salía positivo de bario y plomo, pero a su alrededor lo que se observa son tres armas blancas... Técnicamente nos explicaron que la misma atmósfera, por tanta cantidad de disparos, se le puede adherir en ropa y mano.

Esa información, dice la fiscal, la obtuvieron del “perito balístico”. De los ocho cadáveres, siete presentaban según la policía esa coloración. Uno no: Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años, pandillero de la Teclas Locos, una influyente clica de la Mara Salvatrucha. A la par de su cadáver había un corvo. Ningún arma de fuego. Su cuerpo, perforado por 20 tiros, quedó debajo de una carreta de madera.

—¿Esa posibilidad de que la atmósfera les dejara bario y plomo en las manos aplica a todos?

—Sí –contesta la fiscal.

En todo caso, la gran cantidad de plomo flotante en el ambiente fue obra y arte de los policías del GRP. El caso fiscal, basado en la información técnica proporcionada por la Policía, confirma que hallaron seis armas de fuego junto a los cadáveres : dos pistolas, dos escopetas y dos fusiles. De todos los casquillos encontrados en la finca, solo pudieron relacionarse con estas armas tres. Tres disparos. Las armas policiales que según la misma información dispararon esa noche son ocho fusiles. De todos los casquillos encontrados en la finca, pudieron relacionarse a estas ocho armas 311. 311 disparos. Tres disparos versus 311 disparos. Ese fue el enfrentamiento probado que la Fiscalía cree que ocurrió. Ocho cadáveres.

La fiscal explica que encontraron 29 casquillos más, todos de fusil calibre 5.56 mm, pero que no pudieron relacionarlos con ninguna arma. La teoría fiscal descarta que fueran tiros policiales y prefiere creer que eran armas de pandilleros que huyeron del lugar. No pueden probar ni una ni otra cosa.

Lo documentado es que por cada cien disparos que hizo la Policía, cinco pandilleros y Sonia hicieron uno. Ni Dennis el escribiente ni el pandillero de taka Bote pudieron haber disparado con sus corvos.

La fiscal Echeverría vuelve a Dennis.

—A su alrededor lo que se observa son tres armas blancas, y el estado de la vestimenta de él (calzoneta y sandalias tipo Crooc) no daba como para ser un rambo: tres armas blancas en dos manos no era de un sentido común.

Siguiendo la lógica del sentido común, hay mucho que decir sobre otro de los cadáveres. Mauricio López García (a) Matador, un pandillero de 40 años de la Teclas Locos, con antecedentes penales, tenía a su alrededor una pistola Sarsilmaz 9 mm con 13 cartuchos en el cargador y uno en la recámara, y además tres corvos. Una pistola y tres corvos es lo que portaba el pandillero en el supuesto combate.

Por último, volviendo a Dennis, la fiscal Echeverría recuerda que su madre testificó haber escuchado a su hijo suplicar por su vida. Es la segunda institución a la que Consuelo se lo cuenta. Después de contarlo a El Faro, lo contó a la PDDH y ahora a los fiscales. Su versión no cambia.

"Bien lo oí, porque era mi hijo y yo estaba pendiente. Oí cuando abrió la puerta y salió. Sentí alivio al oír su voz. Él les pidió que lo dejaran hablar, les pidió una oportunidad para explicar... pero no se la dieron",dijo Consuelo en julio de 2015 a El Faro.

Agentes de la PNC llegan a la finca San Blas en donde murieron ocho personas, en la madrugada del 26 de marzo de 2015.
 
Agentes de la PNC llegan a la finca San Blas en donde murieron ocho personas, en la madrugada del 26 de marzo de 2015.

Pero Consuelo dijo más: "A ella (Sonia) la sacaron del cuarto antes que a mi Dennis… creo que ella... Que cuando el hombre (policía) le dijo que se hincara, ella se hincó. 'Hincate', le dijo, y unas palabras que yo no voy a repetir y un… no sé… no sé qué le preguntarían, pero ella dijo: 'No sé nada'. Eso sí lo oí bien clarito", dijo Consuelo.

Sonia, de 16 años, era novia del pandillero de la Ayagualos Locos, José Alfredo Aldana, de 34. Sonia murió de un solo disparo que le entró por la boca, le rompió los dientes de abajo, la mandíbula y la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. A la par de su cuerpo apareció una pistola Glock, un cargador en la bolsa trasera de su pantalón y otro en su brasier.

Consuelo también contó a la PDDH cómo escuchó las últimas palabras de Sonia. Pero, según la fiscal Echeverría, no a ellos no les dijo nada. Su respuesta es mínima. Cuando se le preguntó si Consuelo relató lo que ya había relatado dos veces, las súplicas de Sonia, la fiscal respondió: “No”.

Tras la matanza, en redes sociales circularon fotografías del cadáver de Sonia. En ellas, el arma y los cargadores aparecen en diferentes posiciones. Las fotografías fueron tomadas antes de que Medicina Legal hiciera el levantamiento de cadáveres. Ante ese hecho, la fiscal Echeverría asegura que ellos se basan en el álbum oficial de fotografías. En la fotografía que entregó la Fiscalía en su informe, el arma, los cargadores y los números de prueba aparecen en una posición distinta a como se veían en las fotografías de redes sociales. Es decir, que sobre el mismo cuerpo, sobre la misma evidencia que se debe proteger, hay al menos tres fotografías distintas.

La Fiscalía asegura que no puede utilizar una fotografía de redes sociales, asegura que Consuelo –quien no tiene más los teléfonos en los que este medio la contactaba– no les contó sobre las súplicas de Sonia a los policías y se deshace así de incluir en su proceso esta muerte que, según la PDDH, fue “extralegal”.

Siendo así, la Fiscalía tiene un caso puro, libre de pandilleros, libre incluso de la novia de 16 años de un pandillero. La Fiscalía se queda solo con Dennis, el no pandillero, el escribiente, el servidor del Tabernáculo Bíblico Bautista. La Fiscalía se queda con una sola bala.

—¿Va a acusar a nueve policías de disparar en la cabeza a Dennis? —se le pregunta a la fiscal Echeverría.

—Vamos a determinar la figura de coautoría… en este caso ya había cesado (el tiroteo), ya todos estaban conscientes de que no había nadie más que esa persona, todos tuvieron control de esa situación. Que hubo alguien que disparó, sí lo hubo.

Un caso para perder

El Faro se comunicó con un fiscal que ha conocido la investigación del caso y que solo aceptó responder bajo condición de anonimato.

—Parece que están armando un caso para perderlo –se le dijo.

—No lo crea. Así es –respondió.

Según este fiscal, la acusación contra nueve policías por una sola bala es “absurda, no tiene ninguna posibilidad”. Asegura que el movimiento de los números de prueba alrededor del arma y los cargadores que aparecieron con Sonia “no tiene justificación”. “Nadie puede tocar ese número. Es fraude procesal. En todos mis años como fiscal nunca he conocido que alguien mueva esos números. No sé por qué están armando este caso sin fundamento”, dijo.

El Faro conversó con otra fuente que participó en el proceso de investigación del caso. Esta persona confirmó que “hubo información de más de una fuente que asegura que varios cuerpos fueron movidos”.

"La información fue tan pobre que no pudieron reconstruir la escena, ¿dónde estaba cada quien durante el evento? Además, hay demasiadas dudas: ¿por qué las armas del GRP no fueron decomisadas en el mismo momento? ¿Por qué se las queda la misma unidad que participó? ¿Por qué la misma policía Antipandillas y GRP participan en la investigación de la escena? Eso hace que mucha evidencia se pierda. No se custodió bien el lugar, no se decomisaron armas, no se recogió bien evidencia", dijo la fuente.

Se le preguntó a la fuente si cree que la escena fue alterada. Respondió: “Sí”.

Se le preguntó si cree que Sonia estaba armada y disparó. Respondió: “No”.

La otra versión

Al menos en la explicación de la fiscal Echeverría, su institución no ha asentado la posibilidad de que la escena fuera alterada por policías. Siendo así, ocurren incoherencias como el hecho de que Dennis muriera rendido y suplicando en la versión de la único testigo directa, pero con dos machetes y un cuchillo según la información policial. Dicho de otra forma, la acusación fiscal presentada por la jefa de la unidad que lleva el caso no cuestiona el hecho de que hubiera un enfrentamiento de 45 minutos entre policías y pandilleros. La versión consigna que tras ese enfrentamiento la Policía ganó, mató a sus rivales, y entonces Dennis apareció de su cuarto, fue hincado –con sus machetes y cuchillo– y asesinado. Una bala.

A diferencia de la Fiscalía, hay una institución que, basada en información oficial de la Policía y de Medicina Legal, concluyó no solo que la escena fue alterada, sino que incluso los cadáveres fueron movidos.

El 25 de abril de 2016, la PDDH presentó su expediente SS-0309-2015. A lo largo de 37 páginas destrozó la versión policial que pintaba un enfrentamiento de 45 minutos. El informe, dirigido por el mismo procurador general, David Morales, no solo dice “ejecuciones extralegales” donde la policía dijo fuego cruzado, sino que apunta hacia la posibilidad de encubrimiento por parte de altas autoridades policiales.

Para el informe, la PDDH tuvo acceso a los informes de la División de la Policía Técnica y Científica, elaborados por un fotógrafo, un planimetrista y un recolector que llegaron hasta la finca cafetalera la mañana del hecho, también a las entrevistas realizadas a cinco de los miembros del GRP que participaron y al archivo de la Inspectoría General de Seguridad Pública, así como a las autopsias de los ocho cadáveres y a los forenses que las realizaron, y a Consuelo, ahora testigo de la Fiscalía.

Sobre la versión policial del enfrentamiento, el informe concluye que los cuerpos quedaron “tendidos en lugares descubiertos, es decir, que no estaban atrincherados al momento de la muerte, como supondría la versión policial que refiere un enfrentamiento de aproximadamente 15 minutos”. El informe ataca el relato policial de que los ocho que terminaron muertos estaban fuera de la vivienda. Más bien, se lee, Dennis y Sonia estaban “en posiciones y con lesiones características o que son comunes en las ejecuciones extralegales”.

Según la investigación por la que la Fiscalía acusa a nueve policías por una bala, Dennis habló con su tío Chus hasta la 1:22:05 de la madrugada; o sea, cuando ya todo, incluso según la versión policial, había terminado. Es difícil creer que Dennis estuviera hablando por teléfono en medio de una balacera, en el exterior del cuarto y sosteniendo dos machetes y un cuchillo. Según la PDDH, Dennis tuvo que estar “hincado”, pues murió en la parte alta de la finca, y bajo ninguna otra lógica el balazo podía haber atravesado su cabeza de arriba hacia abajo, como ocurrió.

Acerca del procesamiento de la escena luego de la matanza, la PDDH relata que “el primero (de la División Técnica y Científica) en ingresar a la escena fue el fotógrafo, pero en el interior de la misma ya se encontraban oficiales de la Policía tomando fotografías con sus celulares, por lo cual pidieron el apoyo al fiscal del caso, a efecto de que desalojaran el lugar… La actuación correcta hubiese supuesto que tales agentes procedieran a acordonar la zona y evitaran el ingreso de personas ajenas al procesamiento de la escena”.

Luego de espantar a los policías, se fijó la escena, “y el recolector procedió a fijar las evidencias (numerarlas) de manera ordenada”. Sin embargo, y según el álbum fotográfico de la inspección ocular al que la PDDH tuvo acceso, “en todas las imágenes de los cadáveres hay un cambio en las posiciones de las armas encontradas junto a los fallecidos. Y concluyen que “existió una manipulación de las armas encontradas” y que eso, bajo ninguna teoría de levantamiento de la escena, ayuda a preservar las pruebas.

Para la PDDH también es llamativa la “dilación con la cual se procesó la escena y el levantamiento de los cadáveres, ya que estos se efectuaron 12 horas después de ocurridos los hechos”. Durante ese tiempo, a pesar de que varios policías tomaban fotos desde sus celulares dentro de la escena, ningún familiar pudo entrar ni acercarse a la escena, aunque algunos, como Chus y Consuelo, lo intentaron.

El informe agrega que “el análisis de las autopsias permite señalar que algunos de los cadáveres fueron movidos de su posición original con antelación al reconocimiento médico forense”. O sea, el informe apunta a que los policías movieron los cuerpos antes de que los forenses hicieran su trabajo.

Esta deducción obtenida de las entrevistas a los forenses y de las autopsias se deriva de que cuatro cuerpos (ni el de Dennis ni el de Sonia) tenían livideces cadavéricas en lugares donde no tendrían que tenerlas. La lividez cadavérica es una mancha violácea que aparece en los cuerpos después de muertos. Aparecen en las zonas más bajas del cuerpo, pues por la gravedad el tejido sanguíneo se acumula en esos puntos. Por ejemplo, el cuerpo de José Alfredo Aldana fue encontrado boca abajo, pero tenía livideces cadavéricas en la espalda, como si en algún momento, ya fallecido, hubiera estado al revés.

“La posición original de estos cuerpos fue alterada”, concluye el informe.

Finalmente, la PDDH apunta hacia la Inspectoría General, a quien acusa de “preocupante pasividad y ligereza”. De hecho, se evidencia el descrédito acerca de las entrevistas que esa instancia realizó a cinco de los policías del GRP: “No se hace un detalle pormenorizado del enfrentamiento… más pareciera que sus declaraciones generales y unánimes constituyen una versión pre-elaborada de los hechos”.

El juicio de la finca San Blas se abre en un momento en el que Estados Unidos está por implementar la entrega de 750 millones de dólares a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, para programas de desarrollo y fortalecimiento de la justicia. El Salvador aspira a 69 de esos millones. Es el Plan Alianza para la Prosperidad. Pero el gobierno estadounidense ha puesto como una de las condiciones para el desembolso que el Estado salvadoreño dé señales de resolver casos como la masacre de la finca San Blas y otros casos en los que las fuerzas de seguridad estatales son acusadas de masacrar y presentar los hechos como enfrentamientos.