Tras los desastrosos resultados económicos de 1974 y 1975 en Chile, el ministro de Hacienda, contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, y el ministro de Economía, Fernando Léniz, renunciaron a sus cargos. Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende, el dictador Augusto Pinochet había depositado en ellos su confianza para manejar las finanzas de Chile, pero apenas dos años después, bajo el control de los militares, las finanzas se desmoronaban. Parte del problema radicaba en un desorden contable, de falta de cifras confiables para trabajar – que se había manejado así desde hacía años –, un estático sistema económico, y el progresivo aumento de la deuda previsional. Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) chileno crecía al 2.5% en los 70, la deuda de pensiones lo hizo al 9.2% del PIB.
Aquel escenario me recuerda mucho a El Salvador de ahora. Hace unos días El Faro publicó un artículo, basado en un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) , en donde se revela que el Estado no ha trabajado, muy seguramente por intereses políticos, en actualizar la forma en cómo se calcula el PIB por lo menos desde hace tres administraciones en el Ejecutivo. Este dato nos cuenta dos cuestiones importantísimas para entender el país: cuánto producimos con nuestro trabajo y cuál es nuestra capacidad para endeudarnos. El FMI va más allá de la observación y estimó que nuestro PIB es 14.4% menor, por lo que el Estado ha prestado con datos errados. Esto es similar a lo que le está ocurriendo al ex presidente Mauricio Funes y por lo que está siendo investigado: lo que ha ganado por su trabajo no corresponde a la capacidad de endeudamiento que ha tenido en los últimos años.
Pero la alteración de la información de nuestras finanzas y la relación sobre cómo esto afecta la deuda previsional tiene más larga data. Por ejemplo, cuando se implementó el sistema de capitalización plena individual, creándose las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el gobierno de Armando Calderón Sol aseguró que el PIB crecería al 5% en los siguientes años. Con ello el Estado pagaría los costos de aquella reforma estructural, la famosa deuda previsional. Obviamente nunca ocurrió. Desde que el país fue impactado por el huracán Mitch (1999) y sacudido por dos terremotos (2001), la excusa clásica ha sido que tocó enfocarse en la reconstrucción y en otras prioridades – ¿ quizás en los saquitos de Taiwan? –. También le apostamos a ser un país de mano de obra barata (a laburar en maquilas y call center) y continuamos exportando salvadoreños para seguir dependiendo de las remesas. El PIB no creció al ritmo que se esperaba, la informalidad del mercado laboral no se logró controlar, tampoco las ganancias fueron las mejores, ni la recaudación de impuestos… y como paralelamente se hicieron mal los cálculos que determinaban cuánta plata le quedaba al sistema de reparto o público (como le llamamos a veces) después de las reformas de 1998, el Estado se vio en la necesidad de endeudarse. Para reconstruir el país y pagar pensiones comenzamos a emitir bonos (Eurobonos), que en 2005 solo en deuda previsional sumaban US$1,232.2 millones o el 7.2% del PIB de aquel año.
Otro ejemplo: el 8 de septiembre de 2006, el entonces superintendente de pensiones, Víctor Ramírez, me contó que el Estado salvadoreño no tenía para pagar las pensiones del último trimestre de ese año. Una década después, el Estado vuelve a tener el mismo problema de insolvencia , con el ingrediente que quizás no les alcance también para pagar salarios. Para solventar el problema de hace una década, el gobierno de Elías Antonio Saca inventó un mecanismo para emitir deuda soberana sin necesitar de la Asamblea Legislativa , y lo llamaron Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Este emite Certificados de Inversión Previsional (CIP) de clase A (para pagar pensiones en curso del sistema de reparto) y clase B (con el que se pagan certificados de traspaso y certificados de traspaso complementario, que no son más que bonos que reconocen lo que se habría ganado en el antiguo sistema de pensiones si este hubiese continuado). Los CIP son comprados obligatoriamente por los cotizantes del sistema de capitalización, por lo que las AFP han tenido que adquirir entre 2006 y 2015 la suma de US$5,364.7 millones en certificados o el equivalente al 20.7% del PIB el año pasado. Eso sin sumar el paupérrimo interés que el Estado ha venido pagando porque los cotizantes le presten para pagar a los pensionados.
Entender la deuda previsional y su impacto en el PIB es importante porque nos muestra el nivel de endeudamiento que estamos acumulando por no trabajar en una reforma previsional integral, que nos ayude a salir de nuestro profundo bache económico. Para mostrar la bomba de tiempo que estamos manejando, haré un sencillo ejercicio, tomando los datos proporcionados en una presentación del Ministerio de Hacienda este año, en donde intento obtener una aproximación de la deuda de pensiones con respecto al PIB. Como deuda tomaremos aquella que se ha emitido para pagar pensiones en curso, certificados de traspaso y certificados de traspaso complementario, pensión mínima (en síntesis es la deuda de los Eurobonos y los CIP A+B emitidos) y los intereses generados.
La deuda del sistema de pensiones, en los últimos 14 años, ha crecido en promedio 2.1% del PIB, la mitad de lo que el PIB aumentó en promedio durante el mismo período. En otras palabras, la mitad de lo que crecemos lo ocupamos para pagar la deuda de pensiones cada año. Aunque los datos del ejercicio están basado en cifras oficiales, a la luz del estudio del FMI estarían errados. Descontando un 14.4% al PIB de 2015, este sería de US$22,127.7 millones. La deuda acumulada el año pasado, por tanto, ya no sería de 31.2 sino de 36.5% del PIB, un 5.3% más de lo que se pensaba. Estos datos podrían variar mucho cuando en diciembre, como ha prometido el Banco Central de Reserva (BCR), se tenga una nueva serie sobre el verdadero Producto Interno Bruto salvadoreño. Sin embargo es cada vez más indiscutible que la deuda de pensiones está por estallarnos en la cara.
Por el momento sabemos que nuestros funcionarios, al menos desde Saca, han conseguido emitir deuda y respaldarla bajo cifras irreales. Y nosotros le hemos prestado de nuestro fondo de pensiones a ese Estado mentiroso, que ha inflado datos de agricultura , manipulando el PIB. Esto implica que el Estado en algún momento tendrá que aumentar las tasas de intereses de los bonos que venda, porque como debe más es menos atractivo. También podría aumentar el tipo de interés de los fondos prestables en los mercados financieros, esos a los que las empresas pueden acudir para financiar sus inversiones. Esto hace ver a El Salvador (como si ya no lo fuera) más peligroso para invertir, porque los datos que presentan sus instituciones no son de fiar. Y lo más lamentable es que podría – y debería ser así – reducir el presupuesto (ojalá no fuera en salud, educación, seguridad social, vivienda y asistencia social).
La tarea es muy larga. Aunque se resuelva el problema de datos confiables este año, aún no se ha planificado el censo de población y vivienda que, basándonos en estándares internacionales, en 2017 debería hacerse. Con este censo se crean proyecciones confiables de población que también ayudan a construir el PIB, o que sirve al Ministerio de Salud para determina cuántas inyecciones contra la poliomielitis enviará a la Unidad de Salud de un municipio. A esto agrego la necesidad de tener un BCR más independiente, con dientes, capaz de refutar información que provenga del Ejecutivo o de construir sus propias cifras para trabajar, evitando así la injerencia de intereses políticos o de funcionarios incompetentes. Pero aún con esto resuelto, queda el gran problema que se nos viene encima: la deuda de pensiones es insostenible, y sin una pronta reforma de pensiones es probable que el Estado se quede sin la capacidad de pagar pensiones. Ya en febrero comenzó el debate, que se ha ido apagando poco a poco debido a la agitada agenda salvadoreña.
Cuando todo parece perdido se suelen tomar medidas extremas. En Chile, tras la renuncia de los ministro de Economía y Hacienda, Pinochet abrazó las políticas neoliberales que impulsaron los Chicago Boys. A la ejecución de aquel plan se le conoce como “reformas de choque”, porque fueron implantadas con dureza, en contra de lo que quería la población. De manera autoritaria aparecieron las primeras AFP en el mundo y se dio vida al sistema de capitalización plena individual. Años más tarde, ese mismo plan apareció en El Salvador y se implementó sin consultas. Ahora que ese sistema parece estar perdido, ¿qué haremos?
*Alexis Henríquez es profesor de gestión pública en la Universidad Santo Tomás, Colombia. Posee maestría en Estudios Latinoamericanos, con énfasis en economía, por la Universidad de Salamanca, España. Fue investigador de Fundaungo entre 2011 y 2015; así como periodista de El Faro y La Prensa Gráfica entre 2003 y 2007.
