Nueva York, ESTADOS UNIDOS. Durante una década, de 2003 a 2013, Devis Leonel Rivera Maradiaga junto a su hermano Javier lideró el sanguinario cártel Los Cachiros de Tocoa, Colón, en la costa atlántica de Honduras, uno de los países con mayor tasa de homicidio del mundo.
Pero con miedo a ser asesinados cuando el Departamento del Tesoro estadounidense los colocó junto a su familia en una lista negra en septiembre de 2013 y el gobierno hondureño comenzó a incautarle propiedades, Leonel Rivera grabó a escondidas a colaboradores del cartel como Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). Primero por su cuenta y luego, a partir de diciembre de 2013, en colaboración con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.
Este hombre que cumplió el martes 40 años, de baja estatura y arqueadas cejas que le otorgan un aspecto enojado, negoció junto a su hermano Javier un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de Nueva York que llevó a ambos a prisión, pero salvó de la cárcel a los demás integrantes de su familia, que hoy viven en Estados Unidos, presumiblemente con su identidad protegida por el gobierno.
La justicia anunció esta semana que Leonel Rivera será sentenciado por el juez John Koeltl el 14 de abril.
22 reuniones con fiscales
Entre el 5 de diciembre de 2013 y el 21 de septiembre de 2015, Leonel Rivera se reunió 22 veces con fiscales estadounidenses para dar información y negociar su entrega, según documentos judiciales a los que accedió la agencia AFP.
Los dos hermanos Rivera Maradiaga se entregaron a la DEA en enero de 2015, Leonel en las Bahamas y Javier en Miami. En abril de 2016, ambos se declararon culpables de los cinco delitos de los que son acusados, entre ellos asesinato, liderazgo de una banda de narcotraficantes y conspiración para enviar drogas a Estados Unidos.
Resguardados por rifles “AK47, AR15, RPG7 y lanzadores de granadas”, Los Cachiros recibían la droga de Colombia que llegaba en aviones o lanchas rápidas y la transportaban por tierra hasta Guatemala, desde donde viajaría a México y luego a Estados Unidos, contó Leonel Rivera en su primera aparición como testigo del caso contra Fabio Lobo el 6 de marzo.
Según Rivera, a cambio de sobornos el cartel era protegido por Fabio Lobo y por políticos como el expresidente Porfirio Lobo; su hermano, Ramón ‘Moncho’ Lobo; el actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco; o el diputado Antonio Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, así como por policías y militares corruptos.
Todos niegan tajantemente las acusaciones menos Fabio Lobo, capturado en 2015 por la DEA en Haití. Se ha declarado culpable de narcotráfico y será sentenciado el 30 de mayo.
“Acuerdo con el diablo”
Los crímenes que Leonel Rivera admitió cometer acarrean una pena mínima de cadena perpetua, pero su suerte depende del juez Koeltl.
Su acuerdo con la Fiscalía, firmado el 14 de abril de 2016 y al que accedió la AFP, prevé la eliminación de los cinco cargos en su contra si dice la verdad, no comete más crímenes y testifica cuando el gobierno se lo pide.
También prevé que el gobierno le escriba una carta “5K” que pide una reducción de la sentencia si considera que ha ayudado al gobierno de manera sustancial.
El acuerdo señala asimismo que si Rivera lo solicita, la Fiscalía adoptará medidas “para intentar garantizar su seguridad y la de su familia y seres queridos”; por ejemplo, “la aplicación del Programa de Seguridad de Testigos, en el cual el acusado, su familia y seres queridos, si son aprobados, pueden ser relocalizados bajo una nueva identidad”.
Y eso es al parecer lo que ha sucedido.
“¿Los miembros de su familia han recibido beneficios y se han mudado a Estados Unidos?”, preguntó a Rivera el abogado de Fabio Lobo, Manuel Retureta, el 16 de marzo.
“Yo contraté a un abogado privado de migración para que trajera mi familia para acá, a Estados Unidos, y ellos ya están aquí”, respondió el excapo narcotraficante, al hablar sobre su madre, su padre, su hermana y su hermano Santos Isidro, todos ellos integrantes del cartel.
“Es el acuerdo con el diablo”, dijo un abogado allegado al caso. “Este hombre ha admitido matar a 78 personas”, pero el juez “tiene total discreción a la hora de decidir su sentencia”. En teoría, “podría salir caminando de la corte” y luego obtener una nueva identidad.
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