Publicidad

“Cuando a una economía se le cierra toda fuente de financiamiento, debe hacer recortes masivos de gastos”

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios de la ESEN, cree que el gobierno se verá obligado a sentarse con Arena a buscar una salida a la crisis fiscal, a más tardar a mediados de año. De otra forma, no podrá hacer frente a sus compromisos de pagos. Lazo analiza la propuesta del FMI de hacer recortes de gastos por casi mil millones de dólares en un plazo de tres años, y advierte que si el ajuste no se hace de forma premeditada y con conocimiento de los costos y beneficios que trae, el país se ajustaría por la fuerza, con un previsible gran impacto en empleo y remuneraciones estatales, en el monto de las pensiones y en los servicios de Salud y Educación. Recordemos la crisis de Grecia, sugiere.

 
 

El gobierno de El Salvador tiene dos caminos: una es que impulse desde ya un doloroso ajuste de unos mil millones de dólares que se aplicaría en 2017, 2018 y 2019, o ignora las señales de alarma y entonces el país se ajustará por sí solo y a la fuerza en un escenario de "ajuste desordenado", donde es previsible que el gasto social sufra un impacto directo.

Esa es la conclusión de la economista Carmen Aída Lazp, decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios, en esta entrevista en que advierte que el tiempo para tomar las decisiones adecuadas se agota. La proximidad de dos elecciones nacionales es uno de los factores que obligan a iniciar en cuestión de meses un proceso que lleve en paralelo un recorte de gastos estatales y otro de incremento de ingresos. Evidentemente, dice, es mejor encarar un proceso con costos y beneficios conocidos, que uno como el de la crisis de Grecia, en el que la economía se contrae y los salarios y las pensiones se recortan drásticamente.

La situación es esta: el gobierno está cerca de topar la tarjeta de crédito y las obligaciones del pago de la deuda no le dan margen de maniobra para impulsar políticas de redistribución. Lazo analiza la propuesta que en 2016 hizo a El Salvador el Fondo Monetario Internacional, que pide a El Salvador que ajuste gastos en un 3.5 % del PIB. El FMI presentó un menú de opciones de recorte que incluye, entre otros, la reducción de salarios en el sector estatal. La economista de la ESEN no necesariamente está de acuerdo con que se ejecute esa medida, pero advierte que lo peor será no hacer nada. 

Por ahora, la deuda de corto plazo que el gobierno tiene pendiente de honrar en favor de quienes adquieren letras del tesoro (Letes) suma un poco más de los 700 millones de dólares. Teóricamente, el tope de deuda por Letes es de mil 300 millones de dólares, dice Lazo, pero el mercado es el que impone la relidad, y el tope realista es de 900 millones. Más allá de eso, los bancos internacionales muestran poco interés en adquirirlas y, si lo hacen, requieren pagos de tasas demasiado altas. Esto, debido a los problemas de iliquidez que sufre el gobierno particularmente desde el año pasado.

Sobre la reforma de pensiones que se debate desde 2016, Lazo dice que ni la propuesta del gobierno ni la de las AFP le convence: carecen de una mención a la revisión tanto de la edad de retiro como de la tasa de cotización. Y eso dice, es insoslayable. Si no se cambia la edad de retiro y si no se aumenta la tasa de cotización, los futuros jubilados podrán recibir pensiones inferiores a un 30 % del último sueldo devengado.

Lazo se desempeñó como analista senior en el Ministerio de Economía, entre 2005 y 2009, es decir, durante el gobierno del presidente Antonio Saca. Tiene una maestría en macroeconomía en la Universidad Pontificia de Chile y otra en administración pública en Harvard University y fue una de las coordinadoras en 2009 del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Justo la administración Saca estuvo marcada por un incremento significativo en los subsidios estatales, sobre los cuales Lazo tiene grandes reparos. Comienza por recordar que los subsidios cuestan al Estado unos 500 millones de dólares al año y que no están focalizados. Añade que el gobierno gasta tres veces más en subsidios no focalizados que en los programas sociales como el vaso de leche, que sí tienen un blanco poblacional preciso. "Hemos gastado un Fomilenio al año en subsidios, sin tener claridad del impacto que han tenido". 

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017
 
Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

El gobierno cerró 2017 -según una presentación de enero de 2017 del ministro de Hacienda Carlos Cáceres ante los diputados- con un déficit fiscal de 3.1 % del PIB (863.6 millones de dólares). Según Lazo, la propuesta del FMI, que incluye subir dos puntos al IVA (del 13 al 15 %), crear un impuesto al patrimonio y uno a las pensiones altas, es balanceada. Recomienda aprovechar lo que resta de la administración Sánchez Cerén para llevarla a cabo, porque la receta puede evitar una crisis mayor cuyo momento de inicio dice es difícil precisar. Pero esa crisis mayor puede suponer un impacto en las áreas de salud y educación.

En términos de volumen, el ingrediente principal de la receta del FMI consiste en recortar alrededor de 1.4 % las remuneraciones del gobierno. Según el análisis de Lazo, es en las remuneraciones del gobierno donde el FMI ve el principal problema del agujero en el presupuesto que no logra cubrirse y la propuesta implica congelar de forma gradual en tres años los niveles salariales. Un recorte de 1.4 % del PIB en remuneraciones este año equivaldría a quitar 392 millones de dólares de los salarios que paga el gobierno. Lazo considera que tiene sentido revisar este rubro y cita un estudio del FMI que muestra que El Salvador tiene el gasto en remuneraciones más alto en Centroamérica. 

I) La tarjeta de crédito del gobierno ya casi está topada

¿Qué necesidades no van a poder cubrirse con el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa para 2017?
El decreto mediante el que se aprobó el presupuesto establece que hacen falta 230 millones de dólares para pagar al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y 52 millones para pagar pensiones del IPSFA. Los subsidios a la energía eléctrica están fuera del presupuesto y, en el decreto, le piden a la CEL que se haga cargo. Además, tenemos una sobrestimación de ingresos: el gobierno dice que los ingresos van a subir 300 millones de dólares y es difícil que suba ese monto. El año pasado subieron apenas ciento y pico millones. 

El año pasado el gobierno pretendía emitir mil 200 millones de dólares en nueva deuda para salir del peligro del impago, pero solo fue autorizado para emitir bonos por 550 millones de dólares, de los cuales más de la mitad serán para pagar deuda de corto plazo. Hay quienes estiman que en julio tenga que volver a sentarse con el partido Arena para lograr autorización para emitir más bonos y pagar otra parte de la deuda de corto plazo.
Es bien difícil dar con precisión una fecha de cuándo se va a necesitar. No tengo la información clara de los flujos que permita decir en qué momento, pero he escuchado lo mismo de personas que tienen más información debido a que este año se parece demasiado al año pasado en presupuesto. Esperaría que en junio haya otra negociación, pero no se puede afirmar con total certeza. Y sí, parte de la emisión de 550 millones fue usada para pagar parte de las letras del tesoro (Letes).

¿De cuánto es el tope de la tarjeta de crédito del gobierno en Letes para poder sufragar gastos no incluidos en el presupuesto?
El máximo que el país puede endeudarse teóricamente en Letes, por cómo quedó el presupuesto, es de unos mil 300 millones de dólares. El gobierno podría pensar en usar esa vía de financiamiento y así evitar tener que estar negociando. Obviamente el uso de ese mecanismo de financiamiento de corto plazo va a depender de la disponibilidad que tienen los bancos, pero a mi entender, los bancos internacionales pueden mostrarse reacios a seguir tomando Letes. En la medida en que exista o no exista ese mecanismo, puede cambiar el escenario de junio. 

¿Por qué pueden mostrarse reacios a comprar Letes los bancos?
Por el escenario que ha ocurrido recientemente y que es tan conocido en el extranjero el tema fiscal… Preveo que algunos bancos van a ser más cautelosos que en el pasado para volver a prestar, aunque obviamente el gobierno tiene sus mecanismos para inducir a que los agentes económicos tomen las Letes.

De los 550 millones de dólares en bonos emitidos en febrero de este año, alrededor de 300 millones permitieron bajar la deuda de Letes a poco más de 700 millones, y el gobierno aún intenta colocar otros 600 millones de dólares en Letes, si los bancos mantienen su interés en comprarlas.
Eso es como en teoría, porque eso es como un tope. Pero lo que pasa en el mercado es que históricamente después de los 900 millones empieza a exigir mayor tasa de interés, porque se alcanza el tope natural de las Letes. Está ese tope legal de 1,300 millones de dólares y está un tope natural de 900 millones o de mil millones de dólares. Hemos visto que, por encima de los 900 o de los mil millones, el mercado se pone nervioso y comienza a exigir una tasa de interés alta. Ahorita la tasa para las Letes está arriba del 6 % y es ahí Hacienda comienza a decir que no puede pagar una tasa de interés tan alta.

¿A qué se debe que superar los 900 millones en Letes la presión sobre el gobierno aumenta?
Es que en la medida en que el gobierno comienza a aumentar ese saldo, debe pagar mayores tasas de interés, que representa un costo fiscal y se ha visto que encima de los 900 millones el mercado comienza a exigir mayor tasa de interés, y muy pocos compran o nadie participa. Eso es una observación empírica.

También ha ido aumentando la tasa que El Salvador debe pagar por los bonos. ¿En qué momento las tasas de interés que deba pagar el gobierno se vuelven tan altas que ya no le es atractivo conseguir recursos emitiendo estos títulos?
Hay dos posturas en relación con la colocación reciente de los bonos al 8.6 %. Por parte del gobierno, dicen: "Colocamos y hubo bastante demanda". La otra perspectiva es la de muchos analistas que concluyen que la emisión fue muy cara, sobre todo si se observa el comportamiento de otros países. Escuchaba que por haber colocado a esa tasa El Salvador va a tener que pagar 50 millones más al año, en servicio de la deuda, dinero que hubiera podido gastar si lo hubiera colocado a una tasa menor. El gobierno habría podido colocar a una tasa menor si tuviera un acuerdo con el Fondo Monetario que le permitiera tener acceso a recursos precautorios, lo cual no se tiene actualmente. Obviamente un gobierno en la medida en que necesite fondos los tendrá que buscar aunque sea caro, pero lo que sucede es que el pago del servicio de la deuda como porcentaje de los gastos del gobierno se vuelve más grande.

¿Y cuándo puede ya no ser conveniente conseguir recursos por medio de la emisión de bonos?
Si no se hace ningún ajuste, si seguimos en la inercia que hemos seguido, estaríamos llegando en el 2020 a una deuda en relación al PIB del 73 %. Es un incremento sustancial si uno considera que a mediados de los años 2000 estábamos en una deuda del 40 % o del 45 %. Ahorita estamos a niveles equivalentes a los que teníamos al salir de la guerra. Si seguimos el mismo patrón, se espera que lleguemos a un 73 % y la situación va a ser más difícil de manejar.

II) Menos de dos años para prevenir el sacrificio del gasto social

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017
 
Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

¿Qué opina usted de la propuesta del FMI para detener esta espiral de deuda?
El Fondo Monetario hizo una publicación muy dura en el artículo IV de Consulta. Dice que para evitar esa espiral de deuda el país debería hacer un ajuste en tres años de alrededor del 3 % del PIB. Es un ajuste que tendría costos, pero si se hace ordenado permitiría reestabilizar el rumbo de la deuda y que no haya incrementos.

Una de las medidas que propone el FMI es revisar los salarios de los empleados del gobierno.
Sí. Sobre las remuneraciones del gobierno, el FMI calcula que si trabajamos bien ese tema, dadas las conocidas distorsiones, podríamos ahorrar 1.4 % del PIB. Es decir casi la mitad del ajuste que considera necesario.

Para el año 2017 eso supondría un recorte de unos 392 millones de dólares en remuneraciones. ¿Es esa la medida más importante que propone el FMI para estabilizar la situación?
Correcto. Además, el FMI proyecta un escenario hasta 2021 en el cual no habría cambios. ¿Cuál sería ese escenario? Los salarios en 2012 fueron de 2 mil 5 millones de dólares. Este año la previsión es de 2 mil 648 millones de dólares. Es un gasto considerable y uno diría, bueno, a lo mejor es necesario aumentar salarios, pero lo que pasa es que en otro estudio el FMI compara el nivel salarial de El Salvador y resulta que el gobierno gasta el 9.2 % del PIB en salarios del sector público, mientras que el promedio de los países de la región es de 7.5 % del PIB. 

¿Y eso es porque El Salvador tiene un Estado proporcionalmente más grande que el resto de países de la región o porque El Salvador paga un promedio mayor de salarios en el sector público?
Se debe tanto a la existencia de salarios altos -el FMI en otro estudio encontró evidencia de un "premio" relativo a sector privado- así como al aumento en el número de plazas. 

¿Qué implica hacer un ajuste en remuneraciones de los empleados del gobierno?
No es que el FMI esté diciendo, a mi entender, que se reduzcan plazas. Está pidiendo que se congelen los niveles salariales, porque son sustancialmente mayores a los del sector privado para plazas equivalentes. En la medida en que se congelen los niveles salariales, se van a ir reduciendo como porcentaje del PIB. Mi valoración es que el FMI ha hecho recomendaciones bastante balanceadas, que tienen elementos duros, pero también incorpora otros para mejorar el elemento redistributivo.

¿Esos elementos redistributivos son ayudas directas por medio de bonos o subsidios, o se refiere a la prestación de servicios del Estado en áreas como educación o salud? 
El FMI no especifica cuáles exactamente son, pero podrían ser transferencias a población más vulnerable, por ejemplo vía Comunidades Solidarias. 

El FMI en su receta también propone que un tercio del ajuste del 3.5 % del PIB que pide se cubra con el aumento de dos puntos al IVA, y entonces todos los salvadoreños, incluidos los más pobres, cubrirían esa parte. 
Sí. El FMI se ha cuidado de que no se vea como una receta. Por eso ponen menú potencial de medidas. La bondad del IVA es que es fácil de recaudar, aparte de que es un impuesto ya establecido. Los organismos como el FMI tienen una preferencia por estos impuestos porque distorsionan menos la economía, pero es un impuesto regresivo porque a quienes tienen menores ingresos les consume un mayor porcentaje de su presupuesto y pueden ahorrar menos. Un aumento al IVA golpearía a alguien con menores posibilidades de ahorro. Pero es fácil de recaudar y no hace más compleja la administración tributaria. Siempre estará en un menú, porque aunque a los políticos no les guste, es un impuesto que recauda. El debate debería enfocarse en el tema de la justicia en el lado tributario y en la focalización del gasto. Por ese lado están las posibilidades de redistribuir: educación de calidad y acceso a servicios. 

¿Cómo debemos interpretar que apenas se acaba de hacer el aumento al salario mínimo y ya están pensando en la posibilidad de un incremento al IVA?
Bueno, el salario mínimo beneficia a un grupo, pero deja fuera a todas las personas que no tienen un empleo formal. Y toda la población va a ver que los precios de las cosas aumentan un 2 %, con lo que yo esperaría un aumento generalizado de precios de esa magnitud: del 2 %. En general, el país ha estado con inflaciones bien bajas, y subir el IVA es un aumento de precios. El año pasado El Salvador tuvo deflación, pues los precios cayeron 0.9 %. El aumento al IVA frenaría un poco la actividad económica, y por eso puede tener efectos en el empleo, pero hay que tomar en cuenta que estamos en un contexto de baja inflación. Quizá eso pueda ayudar a que no haya una impresión de un impacto importante en los precios, porque venimos de un proceso de inflación sumamente bajo. Va a afectar a los hogares.

¿Y tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral ve viable que los diputados asuman el costo político de aumentar el IVA?
Obviamente hay que admitirlo: la ventana de oportunidad es bastante corta. Vamos a empezar campaña. Considero que ahorita que ha habido un reconocimiento del gobierno sobre la necesidad del ajuste, hay que darle su mérito al gobierno. Nunca es fácil para nadie reconocerlo. No soy política y no sé si van a aprovechar esta ventana de oportunidad.

¿Es una ventana de dos años o de cuánto?
Menos. Es antes de que inicie la campaña para la elección del próximo año. La gente habla de cuatro meses para obtener un acuerdo político. Para que estas medidas pasen, deben ir con apoyo político. La gente debe entender la alternativa. Si no se hace el ajuste, el país se va a ajustar.  Sí o sí. La pregunta es: ¿lo queremos hacer ahora y lo queremos hacer conociendo los costos y los beneficios, o queremos hacerlo de forma desordenada? La población va a pagar los costos de los ajustes que no se hicieron en el pasado de una u otra forma. 

Usted dice que el ajuste sucederá, lo queramos o no. ¿Qué implica que las cosas sigan igual y que el gobierno no haga el ajuste y que, por lo tanto, sea el país el que se ajuste?
Recuerde que al estar en una economía dolarizada tenemos menores márgenes de maniobra. La política fiscal viene a ser el principal brazo de la política económica. Veamos como ejemplo el caso de Grecia. Es un referente por ser un caso reciente y porque se trató de un país sin moneda propia, como El Salvador. Uno ve que cuando una economía entra en default y se le cierran todos los chorros de financiamiento, debe hacer recortes masivos de gastos. En primera línea, van los gastos sociales. Eso se ve en países que han vivido una crisis. Nosotros no la hemos visto. En una crisis se ven caídas del PIB d
el 15 %. El desempleo de los jóvenes sube del 25 % al 40 % y no es una situación de corto plazo. Grecia ahorita está con niveles casi de precrisis. Ocurre que en las crisis el sistema de pagos de la economía se cierra y eso no lo hemos visto todavía. Lo podemos evitar si hacemos los ajustes necesarios, pero si no los hacemos, podemos llegar a ese punto en que la economía caiga en un impago.

Cuando habla de que el gasto social va en primera línea, ¿implica, por ejemplo, no pagar pensiones?
Las pensiones se reducen sustancialmente. Eso pasó en Grecia. Hace un recorte del gasto salarial en la administración pública. Eso se llama el ajuste desordenado. Es del lado del gasto. Los gastos más vulnerables son los gastos sociales. El Estado sigue pagando su deuda, porque no puede salirse de los mercados.

Un gobierno no puede decir que deja de pagar la deuda. ¿Usted dice que sigue asumiendo el compromiso recortando gastos en educación, salud, en pensiones, etcétera?
Sí. En el gasto en salarios se pasa a un esquema de recorte de personal. Es eso o sacrificar otras cosas. Estamos en un muy buen momento para hacer el ajuste. Es complicado de asimilar para la población. El ministro de Hacienda ha hablado del subsidio al transporte, que es un subsidio complicadísimo, al igual que el de la energía. Están hablando del tema salarial. Un impuesto a la propiedad recaudaría 0.6 % del PIB. No es un impuesto de gran recaudación, pero el FMI lo toma como parte de su propuesta. Este año, el gobierno metió un ahorro en bienes y servicios del 17 %. Ahí es importante que no se sacrifiquen bienes y servicios esenciales, como medicamentos, pero ahí también van otros temas como la publicidad.  Hay otras medidas en la propuesta del FMI: por ejemplo, focalizar los subsidios, que permitirían agregar al ajuste un 0.4 % del PIB. Lo estamos comenzando a ver, pero todavía no podemos decir que se va a alcanzar las metas. Tampoco hay un decreto de austeridad, aunque lo e
stamos comenzando a escuchar. La revisión de los salarios del gobierno la estamos comenzando a escuchar de forma tímida. Todavía en el presupuesto de este año hubo un aumento en relación al presupuesto de 2016 de 60 millones de dólares en salarios del sector público. El FMI también propone poner impuestos a las pensiones altas.

¿Es un impuesto a las pensiones de los cotizantes del ISSS y del INPEP que pasaron voluntariamente a las AFP?
Cabal, a los optados. Es un grupo que recibe una pensión que no está acorde a lo que ellos ahorraron. Es un tema complicadísimo, pero en ese grupo hay pensiones sumamente altas. Hay leyendas urbanas de pensiones de 8 mil dólares. Están pagadas con los impuestos de todos. Incluso con los impuestos de las personas que nunca van a recibir una pensión: la mayoría de salvadoreños que están en la informalidad. El FMI propone impuestos a esas pensiones que no están acorde al aporte que hicieron esas personas. Aunque he escuchado que es inconstitucional poner impuestos a la seguridad social...

III) La CEL ya no puede pagar el subsidio a la electricidad

Durante la presidencia Saca comenzó el que ahora es un grave problema de los subsidios.
La administración Saca instaura los subsidios en la magnitud grande. Ya había un subsidio al gas antes de la administración Saca, pero era de 40 millones de dólares. Este subsidio durante la administración Saca llega a ser de 140 millones, porque el precio del petróleo y del gas se va altísimo. Usted pagaba lo mismo que antes, pero el Estado absorbía el resto. Algunos subsidios regresaron como el del transporte público, que retorna porque el precio del diésel subió.

Nicolás Salume hijo dijo, cuando era presidente de la CEL en la administración Saca, que cargar a la institución con la responsabilidad de financiar el subsidio a la electricidad podía llevarla a la quiebra. Este año se proyecta recortes de subsidios sí o sí. ¿Cuándo debieron comenzar los recortes para que no fueran abruptos los efectos de quitarlos?
Sí, hubo problemas en el pasado. El problema con los subsidios es que adolecen de dos errores: de inclusión y de exclusión. Los de inclusión consisten en que los subsidios los reciben hogares que no debieron haberlos recibido y los de exclusión se deben a que hay hogares que no los reciben y debieron haberlos recibido. Un error de inclusión fue que cuando se disparó el precio de los combustibles, aumentaron los subsidios. Eso fue durante la administración Saca. Suben los precios del petróleo a nivel internacional. Sube la presión en gas, energía y combustible. Todos ellos están atados al precio del petróleo. El presidente Saca dijo que iba a congelar la tarifa eléctrica. La congeló de 2008 hasta que él saliera. Pasó independientemente de que usted necesitara o no el subsidio. Cuando se congeló la tarifa, no pagaban lo que debían haber pagado. Esto es el acumulado de una historia de ese tipo.

El subsidio a la energía fue parte del problema.
Varios países cometieron el error que ante el incremento de los precios del petróleo implementaron subsidios a la energía. Esos subsidios son carísimos. Tienen el problema de que lo termina recibiendo un porcentaje de la población que no lo necesita. En El Salvador, un porcentaje importante de la población cocina con leña y no reciben el subsidio al gas porque cocinan con leña. Hace como 10 años, el Banco Mundial hizo un informe interesante que analizó los problemas de los subsidios. En este informe argumentaban el desmantelamiento de los subsidios por el lado de la energía. En el 2008, Fusades hizo un estudio conducido por argentinos, que concluyó que los subsidios con más errores eran el del gas y el del transporte. Como de los mejorcitos estaba el de la energía eléctrica de los hogares con 100 kilovatios hora. Es decir, que la historia de los subsidios inicia o tiene un período en el que no son tan importantes, pero a partir de la crisis del petróleo empiezan a darse estos subsidios que hoy le cuestan al gobierno hasta 500 millones de dólares al año. Los subsidios al gas, al transporte público, a la electricidad, son tres veces mayores que el monto de los programas sociales como el vaso de leche, paquetes agrícolas, paquetes escolares, PATI, etcétera, y estos últimos sí están focalizados.  

¿Puede decirse que los programas sociales están mejor focalizados que los subsidios?
Creo que sí. De hecho, de algunos programas sociales hay evaluaciones, cosa que no hay para los subsidios. Si hay evidencia de que el programa llega al destinatario, es un programa que debe continuar. Por ejemplo, Comunidades Solidarias sí ha sido evaluado.

Este año quedó establecido que los subsidios a la energía los debe pagar la CEL y no están incluidos en el presupuesto de 2017.
Y la CEL no puede pagarlo. Tiene presiones fuertes de los bancos, como del KFW (un banco alemán). Quitarlos va a ser costoso para la familia. Debe analizarse académicamente para conocer bien el impacto. Como digo, hemos gastado un Fomilenio al año en subsidios sin tener claridad del impacto que han tenido. 

Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017
 
Carmen Aída Lazo, decana de Economía y Negocios, de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). En una entrevista ofrecida a El Faro, Lazo advierte sobre la crisis que el gobierno está próximo a enfrentar debido al incumplimiento de pagos. Además, propone medidas en las remuneraciones que paga el gobierno, y el incremento de dos puntos al IVA para reaccionar a corto plazo./ Foto El Faro: Víctor Peña 23/03/2017

IV) Pensiones de un tercio del salario

Sobre el tema de pensiones, se viene diciendo desde hace mucho tiempo que es una bomba de tiempo. Las recomendaciones del FMI son incrementar la edad de jubilación y aumentar el porcentaje de cotización.
Mi opinión es que si se quiere arreglar a largo plazo el tema de las pensiones no hay otra salida: hay que entrarle a las medidas paramétricas. Se puede tener un mejor sistema y no importa que sea de reparto o privado. Eso es un tema que está sobredimensionado: ¿quién tiene el control de los recursos? Si el sistema sigue como está, va a tener una tasa de reemplazo –porcentaje del salario que se convertiría en pensión- del 30 %. Si subimos unos cinco años más la edad de retiro, podría ser del 40 %. El aumento de la edad de retiro impacta en los montos de las pensiones, aunque estamos claros que no todas las profesiones y ocupaciones tienen las condiciones para seguir trabajando hasta los 65 años... El Salvador tiene una de las edades más bajas de jubilación. Si me jubilo a los 55 años, mi esperanza de vida es de 30 años hasta que me muera. No hay forma de que mi ahorro me alcance.

¿Por qué dice que se ha sobredimensionado el debate sobre quién tiene el control del sistema?
Porque usted puede tener un sistema de reparto bien calibrado o uno individual que recibe lo que usted aportó. La ventaja del sistema privado era que te prometían que no iba a haber subsidios cruzados, sino que te iban a dar lo que ahorraste. Esa era la promesa. Iba a evitar presiones para no dar pensiones que no fueran iguales al aporte. Pero vienen los decretos 1217 y el 100 -estos decretos establecieron que los trabajadores que se pasaron del ISSS y del INPEP de forma voluntaria u obligatoria a una AFP iban a tener los mismos beneficios que si se quedaban en el antiguo sistema aunque no hubieran aportado cuotas de sus salarios equivalentes a las pensiones que iban a recibir- y pierde sentido el sistema de pensiones. A los optados les dicen que van a recibir un beneficio independientemente de lo aportado.

En la propuesta de pensiones del gobierno, el estudio actuarial que fundamenta las estimaciones no es público. En la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), que integran Fusades, ANEP y las AFP, no está claro de dónde provienen las cifras ni queda claro si hay un estudio actuarial que respalde que las promesas que hacen en su propuesta pueden cumplirse como, por ejemplo, que uno podría retirar un porcentaje de sus ahorros. ¿Cuál es su valoración sobre las dos propuestas de reforma de pensiones?
En ambos casos, si no tenemos información, es difícil emitir una opinión. Entiendo que la ICP tuvo acceso a la base de cotizantes. Entiendo que las estimaciones tienen alguna solidez que no puedo corroborar. Entiendo que les ayudó un consultor chileno a calibrar. Lo que no me gusta de las dos propuestas es que no abordan el tema paramétrico. Quedó ausente. Me pregunto sobre la sostenibilidad a largo plazo que puedan tener ambas.

¿Usted considera insoslayable que la reforma que venga –sea del gobierno o de la ICP- debe incluir que los cotizantes trabajen más años para poder jubilarse y que van a tener que aportar una mayor cuota de su salario al mes?
Sí. Es una conclusión. El sistema, para que sea sostenible va a tener que tocar un tema que no se ha tocado, que es el de los parámetros. El secretario técnico ya comenzó a hablar de la edad de retiro, y esa es una señal a la que hay que prestar atención. La propuesta de la ICP tiene su mérito: sí habla de que hay que tocar la tasa de cotización. La reforma del gobierno dice que hay una reducción de beneficios a los optados. Creo que hay que estudiar los componentes de ambas reformas. Se lo he dicho a los miembros de la ICP: no puede ser todo o nada. Es necesario valorar los componentes y hacer simulaciones. Si es un tema que lo desconocemos, con un spot no vamos a estar suficientemente informados. En otros países la edad de retiro está indexada a la esperanza de vida. 

Yo he escuchado de especialistas en el tema que debemos ser pesimistas con la propuesta de reforma de pensiones que pase: los beneficios no van a ser ni la mitad del último salario que coticemos durante los últimos 10 años antes de jubilarnos.
Con suerte, con suerte, sería del 40 %. Las pensiones que tuvieron los del sistema de pensiones anterior (del ISSS y del INPEP) eran del 63 % y a veces del 100 %. Las nuevas generaciones, si no hay cambios paramétricos, es posible que tengan pensiones menores al 30 % del último salario. Así es.

¿No es un defecto de la propuesta del gobierno y de la ICP prometer mejores pensiones? Es decir, las condiciones no están dadas para que las pensiones sean las que los trabajadores idealizan y no creo que alguien idealice una pensión del 40 % de su salario?
Eso se los he dicho. Hay que revelar el verdadero costo intergeneracional de estas cosas. Por las decisiones que se tomaron en el pasado, esta generación de jóvenes sin que haya tenido una participación plena en las decisiones va a pagar los costos. Y bu
eno, en el contexto de polarización de este país las posturas se simplifican y los mensajes se tienden a empaquetar. No creo que sea algo malo o adrede de las partes, sino que quieren enviar un mensaje claro. En este mensaje, tanto el gobierno como la ICP simplifican y nosotros tenemos que escarbar para entender.

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad