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Especial Educación

El país que viola, encarcela y mata a sus mujeres

Gabriel Gasteazoro

 
 

En El Salvador matamos a las mujeres y si no lo hacemos las encarcelamos. Es el último remedio que nos queda. No las encarcelamos para que permanezcan ahí, sino para provocarles, poco a poco, su muerte. Ejemplo de ello es que el 6 de julio logramos que una nueva mujer comience poco a poco su muerte. A Evelyn, una joven de 19 años, la condenamos no por Aborto Consentido y Propio (Art. 133 del Código Penal, con pena de 2 a 8 años), sino por Homicidio Agravado (Artículo 129 del Código Penal, con pena de 20 a 30 años). La sentenciamos a unos cortos 30 años de cárcel. Cortos porque creemos, como algunos de nuestros diputados, que dos o tres décadas tras las rejas son pocos años para castigar los abortos que nunca se desearon ni planearon.

El Estado salvadoreño asegura que ella, Evelyn, mató a un ser humano, y por eso la condenó por homicidio agravado. La defensa alega que eso no es cierto, que Evelyn tuvo un aborto espontáneo. En la duda razonable, el Estado no escucha razones y condena. Ella, una joven de 18 años en situación de pobreza, que vivía en el área rural de El Salvador, donde el salario mínimo ronda por 150 dólares mensuales, que había sido violada por pandilleros, ha sido la única culpable y delincuente.

No nos importa que Evelyn haya sido violada por un pandillero. Delitos de violación hacia mujeres no nos importan en El Salvador, sino únicamente seguir victimizando a la víctima. Seguramente ella fue la culpable de esa violación. Eso pensamos. Eso creemos.

¿Cómo hicimos que una joven mujer de 18 años fuera condenada a 30 años de cárcel? Primero, debemos enorgullecernos de odiar a las mujeres. De promover únicamente su rol histórico y social de ser puros entes reproductivos en nuestra sociedad. Segundo, valernos del moralismo absurdo de nuestros políticos, médicos, abogados, jueces, medios de comunicación y de mantener a nuestros ciudadanos desinformados. Tercero, aprovechar cualquier vacío legal y falta de supervisión en los procesos penales. Con el segundo y tercer punto logramos completamente cambiar el tipo penal de aborto a homicidio, vulnerando infinidad de garantías constitucionales y derechos fundamentales.

Así lo hicimos ahora con Evelyn, así lo hicimos antes con Manuela y nos orgullecemos de eso. 

Manuela era madre de dos hijos , los cuales los tuvo en casa por el nulo acceso a centros médicos. Manuela era pobre y no podía escribir y tampoco leer, pero tampoco nos importa eso. Quien nace pobre debe morir pobre, así creemos en El Salvador. Un día cualquiera del año 2006 fue al centro de salud público más cercano, por ciertos dolores que sentía, pero solamente le recetaron analgésicos, posiblemente acetaminofén o ibuprofeno. En los centros de salud de El Salvador solamente tienen esas dos medicinas, porque los doctores nos dicen que lo curan todo (o bien, es el único remedio que el Ministerio de Salud de El Salvador les da).

Ella, siendo una joven de un país que odia a las mujeres, quedó embarazada en el año 2008 por tercera vez. Ella sufrió un aborto espontáneo producto de esos “dolores” que padecía. Llegó al centro de salud a las 2 de la tarde, pero fue atendida hasta las 9 de la noche porque los doctores debían esperar a que fuese interrogada por la Policía Nacional Civil. Durante el tiempo de espera seguramente cada uno de los doctores, en su omisión al auxilio, estuvo apostando para ver a qué hora moría. Pero no murió ahí, la condenamos a una larga tortura.

La denuncia del aborto que terminó siendo homicidio fue puesta por el padre. El padre tampoco podía leer ni escribir y la Policía se valió de ello para que pusiera su huella (porque no podía firmar) en un documento. Ese documento resultó ser una denuncia desde un inicio viciada. Nosotros como ciudadanos y Estado lo sabíamos y logramos que incluso así tuviera los efectos que queríamos.

El hospital no la ayudó, sino que le impuso el inicio de su muerte. El juez ratificó lo que el hospital mencionó: “matémosla”. El Estado salvadoreño, sus centros penales y sus ciudadanos, la matamos con alevosía. Ella no tenía unos “dolores”, sino que tenía un cáncer denominado como Linfoma Hodking, el cual no fue diagnosticado ni tratado por nuestro ineficaz sistema de salud pública. Murió esposada de la cama de un hospital en el año 2010 y en El Salvador celebramos su muerte como nunca antes.

Ahora su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, esperando, como siempre. Siempre esperando la justicia, porque las resoluciones nunca vienen lo más pronto posible, sino que buscan demorarse y demorarse.

***

Buscamos la muerte de más de 100 mujeres que han sufrido abortos. ¡Las anhelamos! En América Latina y el Caribe solamente 7 países prohíben el aborto en cualquier modo , entre ellos El Salvador, el cual se encuentra al lado de legislaciones como Haití y Nicaragua. De igual modo la penalidad por aborto no se aplica, sino que se utiliza la de Homicidio Agravado, contrariando el Debido Proceso Penal y cualquier cantidad de garantías jurídicas consagradas en la Constitución de la República de El Salvador. La razón es clara, en El Salvador no nos importan las mujeres.

El tema de aborto es un problema social. Su penalización total no lo evita para nada. Las mujeres ricas abortan fuera de las fronteras de El Salvador y las pobres en sus casas: desangrándose y muriendo. También es de Salud Pública, ya que cuando existen abortos de manera insegura e ilegal el Estado debe invertir muchísimo más que lo que invirtiese por practicar abortos de una manera segura y legal según el estudio “ Exploring the costs and economic consequences of unsafe abortion in Mexico City before legalisation ”. Pero todo eso no nos importa, tratamos de ocultarlo para seguir matando a las mujeres.

También decimos que existe un supuesto efecto postraumático por abortar. Esto ha sido lo más fácil de ocultar, pese a que la American Psychologist Association lleva años diciendo en su informe denominado Abortion and Mental Health que tal efecto no existe. Aunque nosotros solemos ocuparlo todavía para seguir desinformando y promoviendo el odio a las mujeres que abortan. Y es que la Asociación Americana de Psicología mencionó que esos efectos son el producto psicológico de la presión social, económica y cultural de las iglesias, de los hombres que odiamos a las mujeres y de las mujeres que odian a otras mujeres por sufrir abortos.

Ahora me toca agradecer. Agradezco a la iglesia católica liderada por hombres. También a diputados y empleados públicos como Mayteé Iraheta, Rodolfo Parker, Ricardo Velásquez Parker y Raquel Caballero. Y un agradecimiento especial a Miguel Fortín Magaña, Evangelina del Pilar de Sol y su hija Regina de Cardenal. Todas y todos han promovido el amor a la vida y a la vez el odio y el deseo de la muerte hacia las mujeres desde una visión machista y misógina.

En El Salvador, aspectos morales se encuentran cada vez más arriba que la Constitución. El aborto se penaliza totalmente y se viola el proceso penal en este tipo de casos. Actualmente se encuentra un proyecto de ley que pretende permitir cuatro causales de aborto. Necesitamos garantías procesales para dejar de inculpar injustamente a las mujeres. Necesitamos dejar de criminalizar, odiar y matar a las mujeres.

El abortar no debe ser una decisión de los hombres ni de Estados. Tampoco de un grupo de mujeres con biblias en la mano y análisis miopes de la Constitución. Todos ellos buscan únicamente criminalizar, encarcelar y matar a aquellas mujeres pobres que nunca han querido y pensando en un aborto, pero que lo sufrieron. Es así como el aborto debe ser la decisión de cada mujer. De aquella que corre peligro de muerte por el embarazo, de la menor de 18 años que quedó embarazada producto de abusos sexuales y de la que quedó embaraza por violación sexual o trata de personas. Debe ser la decisión de cada mujer. Mujer, en singular. Jamás en plural.

*Gabriel Gasteazoro nace en 1993 y actualmente se encuentra estudiando y especializándose en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. También trabaja en materia de derechos LGBTI+ y en derechos sexuales y reproductivos de la mujer desde un enfoque de Derechos Humanos y Constitucional.

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