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Fiscal general quiere una policía aparte de la PNC

El fiscal general pidió la creación de una nueva policía que esté a su cargo, en un contexto en el que la PNC se ha convertido en el blanco de sospechas por malas prácticas y violaciones a los derechos humanos. El ministro de Seguridad, y exdirector de la PNC, le responde al fiscal que ya existe una policía, y esa es la PNC. 

 
 

El fiscal general, Douglas Meléndez se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias
 
El fiscal general, Douglas Meléndez se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", quien fue capturado, acusado por el delito de lavado de dinero. 04/04/2017/Foto: Víctor Peña

El fiscal general, Douglas Meléndez, con medio término de gestión bajo el brazo, ha lanzado un mensaje a la clase política para que le cumplan reformas que él considera necesarias para potenciar a la Fiscalía salvadoreña. En una conferencia de prensa celebrada este 12 de julio, Meléndez develó aquello que considera como prioridad, y esta es una que lo aleja de la Policía Nacional Civil (PNC), la institución en la que el gobierno de izquierdas, el FMLN, ha centrado su política de seguridad a través de una lucha frontal contra las pandillas.

La petición de Meléndez, de hecho, apunta a la creación de un cuerpo élite de investigadores que responda de manera directa a la Fiscalía, y que no esté supeditado a la PNC. "Nosotros trabajamos con dientes prestados y manos prestadas", dijo Meléndez, en una conferencia de prensa este 12 de julio en la que repasó la primera mitad de su gestión, que empezó en enero de 2016.

"Si usted me lo pregunta concretamente, creo que la Fiscalía debe tener también un ente de investigación. Tenemos algún tipo de investigaciones que necesitamos tener... o sería beneficioso tener una policía propia de investigación", respondió Meléndez a El Faro.

La petición de Meléndez ocurre en un contexto en el que la PNC persigue a sospechosos de cometer crímenes, pero también es blanco de sospechas por participar de conductas criminales. Desde el 2015, año en el que arrancó la nueva política de seguridad de corte represivo contra las pandillas, las denuncias contra la institución han estado al alza en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), y organismos de la sociedad civil incluso han elevado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Un informe que la PDDH publicó el 3 de julio reveló que la cantidad de denuncias que recibió en contra de la PNC y el Ejército se incrementó de "forma significativa" durante los meses de abril y mayo del año 2016, cuando se empezaron a implementar las medidas extraordinarias de seguridad. La mayor parte de esas denuncias fue por "ejecuciones extralegales, amenazas, malos tratos, tortura, detención ilegal e intimidación". Además, la cantidad de policías y militares acusados por homicidio pasó de 49 policías y 10 militares en 2014, a 357 policías y 72 militares en 2016, según cifras obtenidas por el observatorio de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

Más denuncias después de las medidas

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Estadísticas de la PDDH demuestran que la cantidad de denuncias contra policías y militares aumentó en abril de 2016, tras la implementación de las medidas extraordinarias. Gráfico: Daniel Reyes

 

 

 

 

Pero los problemas en la institución que nació gracias a los Acuerdos de Paz, para corregir los errores de las policías militares que funcionaban bajo el mando de las dictaduras militares, no terminan ahí. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicó en agosto del año pasado un análisis en el que advertía sobre "las serias consecuencias de hacerse la vista gorda a situaciones generalizadas de abuso y mala conducta policial". A esta Policía salvadoreña se le han comprobado casos recientes de detenciones arbitrariasimplantación de evidencias para fabricar casos, comisión de asesinatos y desaparición de personas. La propia Fiscalía de Douglas Meléndez coordinó, a finales de junio pasado, la captura de cinco policías y 15 militares involucrados en un grupo de exterminio, acusado por los asesinatos de 36 personas.

La Fiscalía, sin embargo, se declara sobrepasada por las actuaciones policiales, y la carga laboral de los fiscales es la respuesta a la pregunta "¿por qué la Fiscalía le sigue el juego a los errores en las investigaciones de la Policía?". Meléndez reconoció fallas y respondió: "debemos de mejorar la supervisión de algunas diligencias policiales". 

El fiscal ya procesa a un grupo de agentes del Grupo de Reacción Policial que en marzo de 2015 cometieron una masacre en la finca San Blas, en el municipio de San José Villanueva, en la que fueron abatidas ocho personas, entre estos dos menores de edad. Seis de las víctimas eran pandilleros; una de las víctimas era el mandador de una finca. Más reciente, la Fiscalía ha reabierto una investigación por el asesinato de una pareja en el caserío San Felipe, cantón Las Isletas de San Pedro Masahuat, en La Paz, abatidos por un grupo de policías que justificaron el hecho acusándoles de ser pandilleros. El hombre era un oficial de la Fuerza Armada que trabajaba de vigilante. La mujer era una trabajadora de maquila, hermana de un agente de la misma PNC. 

El fiscal general se cuidó de decir que con esta petición no trataba de cuestionar ni criticar a la Policía Nacional Civil, una institución que incluso ha intentado meterse en su casa. El 12 de septiembre del año pasado, el fiscal denunció que una patrulla llegó a su casa e intentó hacer un allanamiento. "Imagínense, el fiscal general de la República, y llega una patrulla a querer hacer un registro ahí", dijo Meléndez. En esa ocasión, el director de la PNC, Howard Cotto, salió a decir que ese procedimiento había sido un error.

Pero lo cierto es que cuando le queda un año y medio en el cargo, el fiscal Meléndez pide la creación de una policía que no sea esa PNC, y argumenta su petición en modelos adaptados en países que han fortalecido a sus ministerio públicos porque sus instituciones policiales han recibido fuertes denuncias por su posible colusión con el crimen organizado o han estado dispuestas a violar derechos humanos. El ejemplo más cercano que citó Meléndez es Honduras, un país que desde 2011 intenta desbaratar estructuras de policías ligados al crimen organizado, y ensaya a prueba y error con nuevos grupos de policías ligados al Minisiterio Público, el Ejército y la misma Presidencia. 

La constitución salvadoreña encarga a la Fiscalía dirigir la investigación del delito con la colaboración de la PNC, pero el fiscal señala que eso, en el contexto actual, es insuficiente: "Nosotros investigamos el delito pero no tenemos el ente, sino que tenemos que pedirle la colaboración a un segundo ente para que nos ayude", comentó Meléndez. 

Pero la lista de peticiones de Meléndez también incluye otras tres instituciones que, a su juicio, deberían estar controladas por la Fiscalía. Se trata del Instituto de Medicina Legal, que administrativamente corresponde al Órgano Judicial; el laboratorio técnico, en manos de la Policía; y la unidad de Protección de Víctimas y Testigos, bajo el dominio del ministerio de Seguridad. "Deberíamos tener todos esos entes adscritos a nosotros o, por lo menos, vinculados directamente para que nuestros fiscales no estén reclamando o pidiendo de favor dictámenes periciales de Medicina Legal o de los laboratorios y haciendo cola para que nos ingresen testigos al sistema de protección", dijo.

En la conferencia, el fiscal afirmó que esos obstáculos, sumado al lastre de la falta de recursos y las presiones externas han hecho de su mandato un trayecto "cuesta arriba, en una calle empedrada". Meléndez aseguró que la Fiscalía tiene un déficit de $22.2 millones.

El fiscal cerró conferencia con otra revelación: que hay investigaciones abiertas por casos de amenaza en su contra. "Creo que necesitaré protección interna o externa si quiero seguir con el trabajo que se viene haciendo", dijo. El fiscal relató que personas que se hicieron pasar por estudiantes pidieron una copia de su partida de nacimiento en la alcaldía de San Ildefonso, y que otras personas han pedido información de él en su anterior trabajo. Antes de llegar a fiscal, Meléndez trabajaba en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

"Sabemos que andan queriendo interponer acciones contra el fiscal general en la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) en Costa Rica, sabemos que están queriendo presionar a la procuraduría de derechos humanos respecto a los casos que tenemos", advirtió Meléndez.

Un día después de la petición del fiscal Meléndez, Mauricio Ramírez Landaverde, el ministro de Seguridad Pública, le respondió. "El Salvador ya cuenta con Policía de investigación. Es la PNC", dijo Ramírez, un policía de carrera que, antes de ser ministro, fue director de la PNC. "El legislador y el constitucionalista determinó que no era pertinente otorgar todas las facultades y poder a una sola institución", agregó Ramírez, en alusión a las instituciones como Medicina Legal o el laboratorio técnico que Meléndez preferiría tener bajo su control.

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