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Por ahora no hay fondos para pagar en septiembre las pensiones de 175 mil jubilados

La Sala de lo Constitucional frenó el decreto de la Asamblea Legislativa que permitía al gobierno tomar más dinero de los fondos ahorrados para pensiones. Los magistrados argumentaron que el decreto que subía del 45 al 50 % la proporción de los fondos privados de pensiones que obligatoriamente deben invertirse en títulos del Estado perjudicaba los intereses de los cotizantes actuales para construir su pensión.

 
 

La Sala de lo Constitucional dejó sin efecto un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa el 18 de julio de 2017 que permitía al gobierno usar más dinero de las cuentas de ahorro de los trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones, y que aumentaba el riesgo sobre los fondos de los cotizantes porque concentraba más la inversión forzosa en títulos del Estado.

La resolución de los magistrados, emitida este miércoles 26 de julio, obliga al gobierno a buscar una fuente de financiamiento alternativa al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) creado en 2006, para no dejar sin ingresos en septiembre a 175 mil 609 jubilados, principalmente de los antiguos sistemas previsionales INPEP e ISSS. Según una fuente de las administradoras de fondos de pensiones y una fuente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el Estado podrá pagar pensiones en agosto, pero ya en septiembre carecerá de recursos suficientes para hacerlo. 

El principal argumento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional fue que aumentar la inversión obligatoria del 45 al 50 % del fondo de pensiones en los certificados de inversión previsional (CIP) perjudica derechos fundamentales de los cotizantes actuales. "Limita excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar con dichos fondos en títulos no obligatorios con mejores tasas de interés, todo lo cual se traducirá en una afectación a los derechos de los cotizantes del Sistema de Ahorro para Pensiones", dijo la Sala, al anunciar su decisión.

La respuesta del Ejecutivo fue casi inmediata, por medio de una cadena de radio y televisión en la que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, atacó la resolución. Primero, la culpó de que no haya fuente de financiamiento para el pago de las pensiones. "La crisis e inseguridad sobre el pago de pensiones es responsabilidad de la Sala de lo Constitucional... Condeno enérgicamente estas sentencias de la Sala de lo Constitucional que solo buscan crear caos y desestabilización".

Después dijo que su gobierno no permitirá que se impida el pago de pensiones a los jubilados. Y como tercer punto, hizo un llamado a la población a alinearse a las órdenes que gire como presidente. "Llamo al pueblo salvadoreño a estar atento y a respaldar al gobierno en las medidas que tomaré como Presidente de la República para asegurar el pago de pensiones", dijo. 

La resolución de la Sala fue un seguimiento a una sentencia de inconstitucionalidad de finales de 2014 que estableció que la baja rentabilidad que el Estado pagaba a los fondos de pensiones por la compra de títulos estatales colocaba en riesgo las pensiones de los trabajadores. En esa sentencia del 23 de diciembre de 2014 la Sala de lo Constitucional había establecido que el 55 % de los fondos de pensiones que no se invertían en CIP debían ser invertidos en actividades que las administradoras de fondos de pensiones consideren que son más rentables para el beneficio de los cotizantes, cuya pensión depende de lo que contribuyan a sus cuentas de ahorro individual y de los intereses que sus ahorros generen.

Desde 2006, las pensiones de los jubilados se pagan gracias a que por ley las AFP están obligadas a usar hasta un 45 % del ahorro de los trabajadores en las AFP para prestarle dinero al gobierno por medio de la compra de esos CIP. Los cotizantes reciben a cambio una baja tasa de interés, incluso muy inferior a la que el gobierno paga a quienes le compran títulos en el extranjero.

De las dos administradoras de fondos de pensiones existentes, Confía está cerca de alcanzar en agosto ese 45 % que puede prestarle al gobierno y el otro año le va a suceder lo mismo a Crecer. Debido a esta situación, el gobierno debía encontrar este año una fuente de financiamiento para seguir pagando pensiones.

Ahora, gracias a ese 45 % de los fondos de pensiones que están invertidos en CIP los trabajadores pagan las pensiones de quienes se jubilaron en el antiguo sistema del ISSS y del INPEP y de un grupo privilegiado llamado "optados", quienes reciben más de dos tercios de su último salario devengado en concepto de pensión. Esto constrasta con la realidad de los nuevos pensionados -los del sistema de AFP-, quienes se van a jubilar con una pensión de un tercio de su último salario.

El 18 de julio de 2017, ante petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa subió el techo de inversión obligatoria en CIP del 45 al 50 % el fondo de pensión, decreto que le habría permitido al gobierno tomar unos 500 millones de dólares adicionales a los que ya usa de las cuentas de los cotizantes.

Una semana más tarde, la Sala dio seguimiento a su sentencia de dos años y siete meses atrás para botar el decreto.

Según la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, este año el gobierno debe pagar a 175 mil 609 jubilados un monto de 756 millones de dólares en concepto de pensiones. Esta cantidad se iba a pagar con el dinero obtenido en el fideicomiso de obligaciones previsionales. El Faro consultó a la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) y al Ministerio de Hacienda cuánto dinero de los 756 milones de dólares que tocaba pagar este año no se va a poder cubrir una vez Confía alcance en agosto el límite legal del 45 % que le puede prestar al gobierno, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Al problema del pago de pensiones, se suma que el gobierno no tiene dinero para pagar sus deudas de este año. El Ministerio de Hacienda anunció el 26 de julio de 2017 que ya no puede reorientar recursos del presupuesto para cubrir sus compromisos en octubre y que hay riesgo de caer en impago, porque no tienen fuente de financiamiento para cubrir el pago de intereses y de amortización de capital al FOP. "El Ministerio de Hacienda trabaja en ambas vías promoviendo la aprobación de la reforma de pensiones y ante posibles retrasos también solicitamos a los diputados asegurar de inmediato el pago al FOP el próximo mes de octubre, aprobando la incorporación al presupuesto la asignación presupuestaria de (...) 91 millones de dólares", dijo el comunicado del Ministerio de Hacienda.

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