Todos nos sabemos de memoria la historia de la tregua y conocemos relativamente bien a sus personajes más importantes. Tenemos un entendimiento básico de su razón de ser, y poco a poco nos hemos dado cuenta de cómo se fue desarrollando hasta que el Gobierno la dio por descartada. Ahora, un par de años después, vivimos las consecuencias de esta trama que se escribió sin nuestro permiso. La tregua entre pandillas nos llevó por un camino complejo y lleno de recovecos e implicaciones profundas y, como suele suceder en nuestro país cuando surgen irregularidades, ahora nadie quiere hacerse cargo. Sus manos ya están sucias, pero no quieren que nadie las vea; quieren lavárselas, pero es imposible, están manchadas para siempre.
El primero en desentenderse, como siempre, fue el expresidente Funes. Seré breve al rememorar sus argumentos porque me parecen un desperdicio de espacio. Funes ha dicho, como suele hacer, que él no hizo nada mal y que la culpa está en otro lado, cualquier otro lado que no sea su asilo en Nicaragua. En la otra mano está el ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien irónicamente ha sido de los pocos que han tomado responsabilidad por la gestación de la tregua. Es irónico porque a pesar de que no hay videos ni fotos de él negociando con pandilleros, el Ministro ha admitido ser una especie de padre para la tregua y, pese a su confesión, hasta donde sabemos no tiene un solo proceso abierto en la Fiscalía, que se ha limitado a sobrellevar un caso mediático y de baja calidad. También jugaron un rol importante como mediadores Paolo Lüers y Raul Mijango, pero ya que no son funcionarios públicos dejaremos sus atribuciones para otra ocasión.
Al ser cuestionado sobre el rol de su partido en la gestación y posterior desarrollo de la tregua, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, ha dicho que el Gobierno no se involucrará en temas que “no le corresponden”. Los cuestionamientos a Ortiz se basan en el testimonio de “Nalo”, palabrero de la facción revolucionaria de la pandilla 18 y testigo criteriado de la Fiscalía. Más que concentrarse en la gestación de la tregua, el interés en el testimonio de “Nalo” se desprende de lo que sucedió después, en tiempos electorales.
El líder pandillero dijo que el FMLN y Arena le habían pagado cientos de miles de dólares a las pandillas para asegurar una victoria electoral en los comicios de 2014. La credibilidad de estas aseveraciones es, como poco, cuestionable, ya que vienen de alguien que representa lo peor de la sociedad salvadoreña: un pandillero. Sin embargo, es complicado también no creerle a “Nalo”, cuando hemos visto videos de políticos de ambos partidos reunidos con pandilleros. Es aún más complicado, entonces, racionalizar las declaraciones de Ortiz, diciendo que al Gobierno “no le corresponde” el posible fraude electoral, cuando uno de los hombres que se reunió con esos pandilleros actualmente funge como ministro de Gobernación. Claro que les corresponde, así como también le corresponde al Vicepresidente apartarse de su cargo mientras se esclarecen las investigaciones contra su socio comercial, “Chepe Diablo”, con quien aún mantiene una sociedad que se encuentra activa. Que no quieran dejar el poder y sus conveniencias es otra cosa, pero que les corresponde, sí, les corresponde.
Finalmente está el lamentable rol de Arena en todo esto, que ha utilizado la misma estrategia cínica de Funes y se ha limitado a evadir cualquier tipo de responsabilidad y a culpar a alguien más de sus errores. El diputado por San Salvador, Norman Quijano, incluso se atrevió a decir que había videos del FMLN negociando con pandillas, pero que lo único que Ernesto Muyshondt había hecho, cuando se reunió con pandilleros, era “pedir libertad para votar”. Eso es mentira y nos lleva al argumento central de este texto.
Los partidos políticos y sus representantes cometieron un grave error, le dieron un poder inmenso a las pandillas y ahora no quieren asumir la responsabilidad de sus decisiones. Al negociar con índices de homicidios y pagarles por la facilitación de votos, si lo que dice “Nalo” es cierto, las institucionalizaron y las fortalecieron.
El político salvadoreño es como un niño de kínder, que no quiere aceptar sus culpas cuando ha cometido un error y que busca, con todo el cinismo a su disposición, entregarle la responsabilidad a alguien más. Desafortunadamente para ellos, hemos visto los videos y no solo en San Salvador y La Libertad, las miles de reproducciones se extienden a lo largo del territorio nacional. Todos sabemos que negociaron con las pandillas y aunque ahora traten de lavarse las manos, estas estarán manchadas para siempre.
*Héctor Silva Hernández es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Massachusetts.
