Escondida en la página 51 de la edición de El Diario de Hoy del 21 de febrero de 1992 se encuentra una noticia con una de las primeras referencias al asesinato de Monseñor Romero en la era posterior a los Acuerdos de Paz. El asesinato de Romero en 1980 es la primera muerte que se menciona en dicho artículo. En la nota, que tiene como título “Falleció”, un periodista anónimo escribió que el difunto era “el blanco de acusaciones que nadie había probado nunca”. El fallecido en cuestión no era Monseñor, y las acusaciones no eran las que la derecha había hecho contra Romero cuando afirmaba que él tenía vínculos con la guerrilla. Por el contrario, “Falleció” estaba anunciando que nadie menos que el mayor Roberto D'Aubuisson había muerto de cáncer. Las acusaciones en cuestión eran las dirigidas contra D'Aubuisson y su supuesta participación en escuadrones de la muerte y en el asesinato de Romero, que, según el periodista de El Diario de Hoy, nunca había sido probada.
El artículo “Falleció” es típico del tipo de prueba documental que yo quería investigar para mi artículo. Leí en detalle más de veinte años de noticias periodísticas, editoriales y artículos de opinión en los principales medios de comunicación que mencionan la vida y/o la muerte de Romero entre 1992 y 2016. Estudié fuentes conservadoras y de izquierda, incluyendo La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, el diario Co-Latino y otras similares.
“Falleció” ejemplifica la narrativa de la derecha sobre el asesinato de Romero. Esta narrativa se centra en los hechos básicos –qué, dónde, cuándo y cómo– que alejan la atención de cuestiones sustantivas, como por qué fue asesinado y por quién. De hecho, la narrativa de la derecha tiende a limitarse a negar el papel de D'Aubuisson en el asesinato y a despolitizar el mensaje de Romero de justicia social para disminuir sus cualidades inspiradoras. Esta narrativa minimalista del asesinato de Romero contrasta radicalmente con la versión de la comunidad de derechos humanos de El Salvador, que se niega a olvidar la responsabilidad de D'Aubuisson, y que la verdadera razón por la que la derecha escogió a Romero como blanco fue silenciarlo.
Estas dos narrativas mutuamente excluyentes nos obligan a pensar en la reconciliación en El Salvador después del fin de su guerra civil en 1992. En su libro de 2002, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, la investigadora Priscilla Hayner plantea una serie de preguntas para ayudar a medir los niveles de reconciliación en las sociedades en transición. Quizás su pregunta más importante es: “¿Hay una sola versión del pasado o hay muchas?” Los conflictos a menudo se repiten, añade, en lugares donde diferentes sectores tienen una “diferencia fundamental en las percepciones del pasado”. Cuando “nunca existe una versión singular del pasado… desmentir las mentiras y desafiar la negación deshonesta puede ayudar a los ciudadanos de un país a asentarse en una versión generalmente exacta de la historia”. La existencia de dos narraciones distintas del asesinato de Romero, una basada en una negación deshonesta de la responsabilidad de D’Aubuisson (deshonesta dada la cantidad de pruebas que confirman su responsabilidad), sugiere que El Salvador permanece sin reconciliación.
Recientemente hemos visto una convergencia entre las dos perspectivas antagonistas con respecto a Romero. La derecha está empezando a estar de acuerdo con que Romero es, de hecho, un mártir, y sus portavoces se refieren a él con más frecuencia. Siguiendo los argumentos de Hayner, esta convergencia podría sugerir que El Salvador está progresando hacia alguna forma de reconciliación, porque si la derecha está aceptando a Romero como un símbolo importante, entonces quizás las percepciones conflictivas de Hayner se están disipando.
Sin embargo, tal vez no. Hayner también dice que “el fin de la violencia política” es una necesidad absoluta para que se produzca la reconciliación. La violencia política continúa asolando a El Salvador. Los activistas políticos continúan siendo asesinados, y la derecha continúa silenciando el mensaje de justicia social de Romero, a pesar del aumento de referencias a él, que de hecho constituyen una forma de violencia política. Se trata de un asesinato discursivo (la segunda muerte en el título de este artículo) que la derecha espera lograr creando una versión despolitizada de Romero para que él no inspire luchas contra la injusticia.
La derecha silencia el mensaje de Romero en primer lugar al negarse a dar detalles sobre el hombre o su muerte y, en segundo lugar, al centrarse exclusivamente en los aspectos religiosos y políticamente neutrales de la enseñanza de Romero. Por ejemplo, como contaba El Diario de Hoy, el arzobispo conservador de El Salvador entre 1995 y 2008, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, respondió a la declaración del Vaticano de marzo de 2005 diciendo que Romero no era “un obispo revolucionario”, afirmando que “el tiempo ha sido el mejor remedio para que la memoria de [Romero] se sitúe en la dimensión correcta”, como “un obispo al que tocó frente a la Iglesia en los momentos más difíciles de la historia de El Salvador”. En otras palabras, según Sáenz Lacalle, Romero era un pastor de su rebaño, nada más.
La Asamblea Legislativa de El Salvador contribuyó a la despolitización del mensaje de Romero en el año 2000, cuando aprobó una especie de narrativa oficial. Como informó Boris Zelada en La Prensa Gráfica, tras algunas modificaciones del texto original del FMLN, la Asamblea, encabezada por ARENA, reconoció los esfuerzos de Romero “por alcanzar la justicia, la libertad, la democracia y la paz”. Desafortunadamente, Zelada no incluye el texto del FMLN en el artículo, ni las revisiones específicas propuestas por ARENA. Este mensaje estrecho y ofuscante diluye la crítica fundamental de Romero sobre la injusticia social y represión política. En sus homilías entre 1977 y 1980, Romero habló de salvadoreños que vivían en “condiciones menos humanas” y denunció “la violencia estructural, la injusticia social...la represión política”. En cuanto a la paz, la visión de Romero de la paz “no es el silencio de los cementerios. La paz no es producto de una violencia y de una represión que calla”. Al hablar únicamente de “la justicia, la libertad, la democracia y la paz”, los adversarios de Romero eliminan la aguda crítica al gobierno que hacía en su momento y las desigualdades reinantes que él creía que produjeron la violencia en la sociedad, y así impiden a los salvadoreños contemporáneos hacer comparaciones entre las condiciones sociales y políticas de su época y las que Romero denunciaba a fines de los años setenta.
Los relatos periodísticos conservadores de la beatificación de Romero en 2015 perpetúan estas tendencias. En el segmento especial de La Prensa Gráfica sobre la ceremonia, por ejemplo, el periodista Mario Enrique Paz insistió en que las homilías de Romero eran puramente pastorales, y les recordó a los lectores que Romero fue “asesinado por odio a la fe”. Esto es simplemente falso. Y, de hecho, en un artículo diferente publicado alrededor de la misma época, el periódico hace alusión a una conexión entre el asesinato de Romero y su denuncia de violaciones de derechos humanos. En este mismo artículo de mayo de 2015 sobre los preparativos para la beatificación de Romero, sin embargo, el periodista anónimo declaró que Romero fue asesinado por un “francotirador contratado”. En El Salvador contemporáneo, “francotirador contratado” implica pandillas y narcotraficantes, es decir, una violencia apolítica, y el trabajo de sicarios.
Es ciertamente importante abordar las desigualdades estructurales y la debilidad de las instituciones políticas al pensar en la reconciliación en sociedades en transición como El Salvador. Ponerse de acuerdo en “una versión generalmente exacta de la historia” es también significativo. En El Salvador existe más de una versión del pasado, y una de esas versiones se basa en la mentira, la negación y la violencia política. ¿Hasta qué punto puede un país estar en el camino de la reconciliación si las mismas tácticas de contrainsurgencia continúan en la era “post-conflicto”? La derecha política se apropió primero del concepto de reconciliación a través de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 y posteriormente de la Ley de Amnistía de 1993, en servicio de la amnistía, el olvido y la impunidad. Sin embargo, el actual gobierno del FMLN continúa con la tendencia, como lo demuestran los planes de Sánchez Cerén de promulgar una nueva Ley de Reconciliación Nacional “que permita que las familias conozcan la verdad, pero, además, que se dé la oportunidad de que se perdone”. Sánchez Cerén hizo este anuncio a raíz de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2016, según la cual la Ley de Amnistía era inconstitucional. De hecho, dada esta continuidad, ¿en qué medida el pasado es realmente pasado?
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*Rachel Hatcher es becaria postdoctoral del FRQNT (Fonds de recherche Nature et Technologies) en la Universidad Concordia de Montreal, Quebec, Canadá. Este resumen se basa en su nuevo artículo, “Reconciliation and the Two Deaths of Monsignor Romero: Divergent Memories of the Salvadoran Right and Human Rights Communities,” Journal for Peace and Justice Studies 26:1 (2016): 37-59. Gracias a Stephanie Aubry por su ayuda con la traducción al español.
