El 29 de septiembre arrancó, de nuevo, el proceso de formación del Presupuesto, pero también la eventual posibilidad de una nueva asignación discrecional de fondos públicos a oenegés que, en el peor de los casos, están ligadas a diputados de la Asamblea Legislativa.
Desde el año 2002, los diputados han destinado de manera discrecional y sin ningún control 290 millones de dólares para oenegés que no le rinden cuentas a nadie, sin que esa lista de reparto de fondos haya surgido de la entidad que por ley elabora la propueta de Presupuesto. En la de 2018, enviada a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, solo se incluye transferencias a institutos y oenegés vía el Ministerio de Educación, cartera que va a entregar 17.4 millones de dólares a un puñado de oenegés e institutos técnicos, pero ni por asomo hay rastros de las otras oenegés a las que los diputados terminan cediéndole dinero a través de una cesión de fondos de otras carteras de Estado.
Que Hacienda no presente más asignaciones de fondos solo viene a reconfirmar un hecho: que los diputados de la Comisión Haciendan crean, casi que a última hora, una bolsa en la que entran oenegés de dudosa reputación, como las dos vinculadas al presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, a las que entre 2015 y 2017 se les asignó, en conjunto, 1.15 millones de dólares.
Eduardo Escobar habló con El Faro sobre esta práctica y advirtió que gracias a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que botó el presupuesto 2017, esta vez sí hay mecanismos para detener el reparto discrecional de fondos públicos, siempre y cuando la ciudadanía fiscalice cómo termina aprobándos el presupuesto del próximo año.
Escobar es miembro de la Agrupación Acción Ciudadana, que pidió a la Corte de Cuentas, en noviembre de 2016, que auditara la ejecución de los fondos públicos que reciben estas organizaciones privadas, después de que El Faro revelara que la Asamblea regaló medio millón de dólares a la asociación de Julia Nora Romero, la esposa del diputado Guillermo Gallegos.
Escobar critica la falta de controles sobre el mecanismo mediante el cual los diputados entregan miles de dólares cada año a organizaciones privadas, pero también la falta de contraloría en el Estado sobre la ejecución de esos fondos. De cara a las eleciones municipales y legislativas de 2018, Escobar señala que no sería extraño que detrás de estas asignaciones lo que realmente exista es una financiación irregular de campañas políticas.
Escobar también critica a las oenegés que acaban de ser creadas y que no tienen ninguna experiencia para recibir fondos públicos, como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano (Fusafur), creada en octubre de 2015 y beneficiada dos meses más tarde con 300 mil dólares. Fusafur también está vinculada al diputado Gallegos.
De 2002 a 2017, el Estado entregó más de 290 millones de dólares a organizaciones privadas sin que haya habido control del uso de los fondos y sin que haya habido una valoración de costo beneficio. ¿Qué pudieron haber hecho para impedir estas asignaciones -y no hicieron- la Fiscalía, Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)?
No sé si algunas vez hayan auditado o hecho reparos... Me inclino a pensar que no. Si la CCR hubiera hecho su labor, no estaríamos viendo las irregularidades ahora, porque la Asamblea se cuidaría de revisar a qué instituciones le entrega los fondos públicos y exigiría condiciones: contabilidad formal para que reciban los fondos... Vemos que no es así. Es dinero dado a la buena voluntad de quien lo recibe. Si la CCR ya hubiese trasladado a la Fiscalía algún caso por manejo de fondos públicos, que sea ilegal o si hubiera determinado algún tipo de responsabilidad patrimonial o administrativa contra aquellos que manejaron estos fondos, creo que ya habría provocado que la Asamblea tenga una regulación y ya hubiera otra forma de entrega de estos fondos públicos, no la actual.
En el TEG sabemos que hay una denuncia por la participación de Guillermo Gallegos en la votación en la que se determinó entregarle dinero a la oenegé de su esposa.
Hay que esperar. Debemos esperar que se admita y que se dé trámite a la denuncia. Aquí podemos estar ante la posible violación de deberes éticos: funcionarios deben abstenerse de participar en toma de decisiones que tenga beneficio para su persona o para un familiar o para un tercero que sea cercano. Hay que esperar qué va a resolver el TEG.
¿Cuáles violaciones observa en la asignación de estos fondos?
Las oenegés tienen un marco legal y es la ley de Fundaciones y Asociaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, llevar contabilidad formal y tener su personería jurídica. En algunos casos, las oenegés no llevaban contabilidad formal o había deficiencias en cómo la estaban llevando. Ahí habría normativa violentada. Luego no sé si podría considerarse la violación a la ley del Presupuesto. Les asignaron fondos públicos para 'x' proyecto, pero bueno: ¿hay forma de verificación de que se llevó el proyecto y de los resultados que tuvo? Si al final se dieron fondos públicos y los proyectos no se ejecutaron, habría violación a la ley de presupuesto. Entramos al campo penal. Habría que ver la tipificación penal que se aplicaría al caso de recibir fondos públicos por medio de un engaño y cuál sería el engaño: decir que van a ejecutar un proyecto en un municipio y al final no lo ejecutan. Habría que evaluar si cabría dentro dentro de la figura penal de malversación de fondos públicos.
En la Asamblea, los diputados, técnicos, todo mundo señala que estas repartición de fondos es parte de una negociación política y de aritmética parlamentaria: yo te doy algo y tú me das algo a cambio. Es como una forma de alcanzar acuerdos para obtener votos. ¿Estamos frente a algo ilegal?
Hay dos tipos de gobernabilidad. Hay una gobernabilidad creada y compartida que se construye a partir del diálogo y las negociaciones en el buen sentido de la palabra con los actores políticos, pero también hay una gobernabilidad comprada. Con tal que tú me des el apoyo político en estos temas, puedo tener concesiones con sectores que tú necesitas. Al final, este tema de las oenegés creo que es un tema para los políticos de ganar-ganar. Todos quedan contentos y todos salen beneficiados cuando organizaciones afines pueden recibir fondos. Creo que esa tesis de gobernabilidad no parece tampoco tan alejada de la realidad. Al final estaríamos frente a una gestión de gobierno, no digo del ejecutivo sino gobierno en general basada en clientelismo, porque al final esto es un tema clientelar. Compramos la gobernabilidad y para comprar la gobernabilidad necesitas clientes. Eso creo que es algo a considerar.
¿No es esto ilegal?
Ilegal puede ser el tema del uso discrecional de los fondos públicos y que se esté negociando acuerdos y apoyos políticos a partir de un uso discrecional de los fondos públicos. Diferente es que, y no es lo ideal, te doy un apoyo legislativo y yo te entrego a cambio obras en el municipio de tu elección. Por ejemplo, que el MOP le dé atención ahí porque yo como diputado o alcalde necesito obras... y mi partido tiene fuerza legislativa, los votos, para que haya un beneficio para el gobierno, pero también para que otros sectores se beneficien con obras públicas. En ese caso, digo, no habría a primera vista una ilegalidad tal, porque es un dinero que se maneja lícitamente y que se ejecuta para obras de beneficio público que de todos modos se debían ejecutar. En el caso de las oenegés ahí cambia el tema si el dinero se da como pago de o a cambio de.
El criterio de la CCR -ante la falta de documentación sobre cómo usan el dinero- es que quienes dirigen las asociaciones no son funcionarios públicos y por tanto dicen que no pueden establecer una responsabilidad. ¿Qué piensa de este criterio?
Es un criterio equivocado. Si uno revisa la ley, ahí le da el ámbito de competencia, funcional y material. ¿Qué puede auditar y qué no? Claramente se establece que a parte de las instituciones estatales van a auditar a cualquier entidad que maneje o administre fondos públicos. Ese es el criterio: los fondos públicos. La CCR tiene la autoridad legal para proceder a la auditoría de los fondos.
No existe ninguna ley ni ningún reglamento del que los diputados puedan ampararse para hacer esta repartición de fondos. Sin embargo, al incluir estas asignaciones en la ley del presupuesto pareciera que convierten algo que no está amparado en ninguna ley, en ley de la República.
Es necesario hacernos esta pregunta: ¿Tiene potestad la Asamblea Legislativa de quitar fondos a una entidad estatal para entregárselos a una entidad privada? Yo creo que no. Desde mi punto de vista y partiendo del principio de la legalidad, porque la Asamblea Legislativa valida el presupuesto general de la nación, pero en la Constitución queda claro que se refiere al presupuesto para instituciones estatales, no para privadas. Si partimos de ese punto, creo que no pueden darse este tipo de asignaciones. Si se salvara este punto y se determina que sí pueden asignarse estos fondos públicos, ahí es donde viene la parte de bajo qué criterios son otorgados. Para que se entregue subvenciones a organizaciones debe ser palpable el beneficio social que significa entregarle estos fondos públicos. Debe poder medirse el beneficio.
¿Los diputados de la Comisión de Hacienda actúan mal, deberían ser investigados?
En primer lugar, hay que señalar que no hay una reglamentación sobre los procedimientos y los criterios bajo los cuales es válido otorgar fondos públicos a organizaciones distintas a las estatales. Eso da un margen de discrecionalidad para repartir este dinero y para que hayan abusos. No hay reglas específicas para determinar bajo qué criterios se entrega estos fondos ni un parámetro de utilidad pública para que, en lugar de darle este dinero al Ministerio de Salud o al Ministerio de Obras Públicas, se les esté otorgando a esas oenegés. No hay parámetros de resultados para evaluar el trabajo de las asocaciones que ya recibieron dinero. No hay control legislativo sobre ese dinero y no solo hay que atribuirle a la Asamblea la falta de control sino también a la Corte de Cuentas.
En el caso de la oenegé APDEMES, la Corte de Cuentas no registró hallazgos, a pesar de que en las tres direcciones reportadas como sede no hay rastros de ninguna asociación y a pesar de que con los fondos -que recibieron del Estado- compraron un vehículo viejo con 5 años de uso a casi el doble de precio de un vehículo nuevo, el cual fue traspasado a nombre de Julia Nora Romero de Gallegos, esposa del presidente de la Asamblea.
Sí, en ese caso hay señalamientos. Es importante indagar también al resto de las oenegés para saber si hay cosas similares. Hemos pedido la información a la Corte para que se amplíe la investigación de la prensa sobre el resto de oenegés. Si bien hay algunas emblemáticas, puede que haya otras oenegés en las que se haya replicado situaciones similares.
En el caso de la oenegé Fusafur, esta fue constituida en octubre de 2015 y en noviembre de 2015 los diputados aprueban darle dinero en el presupuesto de 2016. ¿Qué indicios ve en este tipo de prácticas?
Creo que el mecanismo que se ha utilizado para obtener fondos públicos y ponerlos a disposición o al servicio de intereses partidistas es precisamente constituir este tipo de organizaciones. Estas se presentan legalizadas ante la Asamblea Legislativa y solicitan los fondos. Por eso decía que para eliminar este mecanismo de actividades político-partidarias habría que poner un periodo de tiempo que tienen las organizaciones funcionando. Que se compruebe su existencia física, que no es una mera fachada, que no es una organización de cartón. Debe comprobarse que existe, que tiene membresía, que tiene incluso empleados y oficinas físicas. Debe comprobarse que tiene una operación. Si hoy se fundan y mañana piden fondos, deberían estar excluidas de pedir estos fondos públicos partiendo de un criterio de temporalidad. Con eso se evitaría que estas oenegés se creen con el propósito de recibir fondos para actividades político-partidarias.
¿Detrás de estas asignaciones hay fines político-partidarios?
Sí. Esa es una posibilidad. Es una derivación que podemos hacer. No existen requisitos para solicitar fondos públicos. No existe control sobre cómo se ejecutan los fondos. No existe rendición de cuentas. Es fácil deducir que si estas organizaciones están vinculadas con personajes de la política, también pueden estar en función de promover a partidos y a candidatos. Eso creo que no es del otro mundo. Incluso hay diputados que así lo han dicho, que estas organizaciones son de todos sabores y de toda identidad ideológica-partidaria, que se utilizan para ciertos fines.
¿Eso plantea que hay riesgo de que esta sea un mecanismo para arrebatarle fondos públicos al estado para obtener financiamiento para campañas?
Nosotros como Acción Ciudadano planteamos que al no existir un control del Tribunal Supremo Electoral de los fondos que reciben los partidos políticos, sobre los gastos de campaña y sobre el origen de los fondos... y si ponemos a la par a estas oenegés que reciben grandes sumas de dinero sin control de la Corte de Cuentas ni control de la Asamblea, que están vinculadas a políticos... Al tener este escenario, es factible aunque no lo podamos comprobar, que se pueda estar utilizando este mecanismo de desviar dinero a través de oenegés para financiar campañas políticas, para financiar partidos, candidatos... Esta esa una posibilidad y habría que comprobarla, pero no es absurdo que este sea un mecanismo de financiamiento. Lo cual sería ilegal que así financien campañas electorales.
Es un hecho que nadie ha controlado la entrega ni el uso de estos fondos. ¿Qué hay detrás cuando ni siquiera se cumplen leyes, como la Ley de Administración Financiera?
Debe investigarse la ausencia o el deficiente control de todas las instituciones involucradas. Hablamos de que Asamblea no hace ningún control. Incluso me dicen que esta asignación de fondos la hacen el día que van a aprobar el presupuesto. Ahí hacen las últimas modificaciones y les asignan fondos. No hay control de Asamblea, ningún control de Hacienda, e insisto el principal ente responsable es la Corte de Cuentas. Si la Corte, como han revelado diversos medios, en sus informes finales no encontró reparos cuando ya tenemos todos los elementos para decir ahí hay algo raro, algo que investigar, entonces uno puede concluir que hay o puede existir contubernio entre distintas instituciones estatales para que no haya ningún reparo desde esas instituciones contra estas organizaciones, obviamente porque hay involucramiento de actores políticos. No podemos llegar a otra conclusión de por qué la Corte de Cuentas no diga nada o no encuentre nada raro.
¿Qué nos dice el hecho de que en la directiva de Fusafur esté una jueza de la Corte de Cuentas -Julia Alvarenga- junto con personajes vinculados al partido Gana?
En este caso el involucramiento de una jueza de cuentas en una de estas organizaciones hace difícil que la Corte de Cuentas vaya a realizar algún tipo de reparo o señalamiento sobre el manejo de estos fondos públicos. Puede tener algún tipo de influencia estas personas en el trabajo de la Corte para que no se audite. Puede conocer de forma previa qué puede ser objeto de hallazgos y reparos para poder solventar. Esa es una posibilidad que se abre y va más allá del conflicto de interés, que evidentemente lo hay. Ahí es donde yo mencionaba hace un momento, que uno de los requisitos para recibir fondos públicos debe ser presentar la nómina de los asociados. De esa manera la Asamblea Legislativa y la prensa tendrían la posibilidad de investigar quiénes son los miembros de estas organizaciones que van a recibir fondos públicos y poder detectar este tipo de cosas. Vaya, esta ciudadana es jueza de cuentas y es directiva de esta oenegé, que luego será sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas. Ahí se puede hacer un análisis, pero debería hacerse previamente. Debe hacerse previo a que se entreguen los fondos públicos. No, posteriormente, porque al final podría ser una causal para no entregar fondos estatales, porque hay posibilidad real de conflicto de intereses.
Por último, ya fue presentado el Presupuesto y este reparto discrecional puede aparecer de nuevo. ¿Qué se puede hacer para que los diputados detengan esta práctica?
Una medida que puede llevarse a cabo es presentar una demanda de inconstitucionalidad contra ese reparto. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ve este tema del presupuesto y que prohibe esta entrega de fondos públicos. Podría promoverse con los demandantes de ese proceso que presenten una solicitud de seguimiento al cumplimiento de esa sentencia donde se le haga ver a la Sala de lo Constitucional de que la Asamblea Legislativa está incumpliendo la sentencia. Para evitar que eso se dé, esas son las medidas y también puede ponerse en aviso a la Corte de Cuentas para que lleve a cabo una fiscalización a la ejecución de esos fondos que piden estas organizaciones.
