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Fespad: “Nosotros avalamos el trabajo del actual gobierno en materia de seguridad”

El gabinete de seguridad del gobierno del FMLN recibió este martes el respaldo explícito de Fespad, una de las oenegés con mayor arraigo en materia de derechos humanos. “Avalamos la gestión del gobierno”, dijo su director ejecutivo, Saúl Baños, soslayando temas como el alza sin precedentes en las encarcelaciones, las cifras disparadas de violencia homicida, o el involucramiento de policías en ejecuciones extrajudiciales.

 
 

Dos policías custodian la escena de un homicidio ocurrido en Santa Tecla el 17 de octubre de 2017. Octubre resultó ser el mes más violento en lo que va de año, con un promedio de 15 asesinatos diarios. Foto Marvin Recinos (AFP).
 
Dos policías custodian la escena de un homicidio ocurrido en Santa Tecla el 17 de octubre de 2017. Octubre resultó ser el mes más violento en lo que va de año, con un promedio de 15 asesinatos diarios. Foto Marvin Recinos (AFP).

“Cuando prevalece el diálogo, hay más paz”. Esta frase cierra el comunicado que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) presentó en conferencia de prensa este martes, 14 de noviembre, espacio en el que ensalzó la gestión del actual gabinete de seguridad –que coordina el vicepresidente Óscar Ortiz–, y alabó tanto los “espacios de diálogo” creados como el “lugar preeminente otorgado al trabajo de prevención”.

“Efectivamente, nosotros avalamos el trabajo que el actual gobierno ha hecho en materia de seguridad”, dijo Saúl Baños, el director ejecutivo de la oenegé.

Si bien aún falta año y medio para que finalice, el quinquenio del presidente Salvador Sánchez Cerén será el más violento en lo que va de siglo XXI. Hasta hoy, ya son más de 17,800 los salvadoreños que han sido asesinados, 432 en promedio cada mes desde junio de 2014. Durante la gestión del expresidente Antonio Saca el promedio fue de 300 homicidios, mientras que durante la de Mauricio Funes –que abarca el descenso consecuencia de la Tregua– se promediaron 292 asesinatos mensuales.

“Como le digo, de manera general hacemos un balance positivo del cumplimiento de las políticas del Plan El Salvador Seguro, aunque tenemos algunos señalamientos sobre la ejecución”, matizó Saúl Baños. “No estamos de acuerdo, por ejemplo, en el uso de tanquetas en San Salvador”, ejemplificó.

David Ortiz, colaborador jurídico del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de Fespad, especificó las áreas en las que el gobierno tiene aún margen de mejora: erradicar las violaciones de derechos humanos de parte de los cuerpos de seguridad, fortalecer el control interno en la Policía Nacional Civil, y minimizar la presencia de militares en tareas de seguridad pública.

“Pero de manera integral, avalamos la gestión del gobierno”, recalcó Sául Baños.

En la conferencia de prensa se soslayaron datos como que la cifra de privados de libertad ha pasado de 29,000 a 39,000 en los tres años y medio transcurridos. O que entre 2015 y 2016 las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron casi 1,100 “enfrentamientos armados” –un promedio de 10 cada semana– que provocaron la muerte de 1,077 personas, lo que en opinión de expertos internacionales en la materia que analizaron las cifras, como el hispano-brasileño Ignacio Cano o el estadounidense James Cavallaro, sugiere un patrón de ejecuciones extrajudiciales.

La indulgencia de Fespad con el actual gobierno del FMLN contrasta con la postura de otras instituciones que también trabajan en el área de derechos humanos, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) o el Servicio Social Pasionista (SSPAS), que el 5 de septiembre pasado sentaron al Estado salvadoreño en el banquillo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la acusación de cometer y encubrir ejecuciones extrajudiciales de forma sistemática.

En el comunicado que la oenegé repartió entre los periodistas presentes en la conferencia se habla de “avances significativos” en la creación de espacios de diálogo, como sendas mesas para abordar los abusos policiales y los desplazamientos forzados internos. También se reconoce “grandes avances en el eje de atención y protección a víctimas”.

Surgida en 1988, Fespad cumplirá en noviembre de 2018 tres décadas desde que se constituyó como “una fundación de utilidad pública, sin fines de lucro”. En la década pasada, cuando el Ejecutivo estaba en manos del partido Arena, fue una de las organizaciones que más y mejor cuestionó el manodurismo plasmado en los planes Mano Dura –puesto en marcha por Francisco Flores– y Súper Mano Dura –implementado por Antonio Saca.

En 2009, cuando el FMLN ganó las presidenciales, buena parte del personal de Fespad se integró en el gobierno. En la actualidad, la presidenta y el vicepresidente de la junta directiva de Fespad, María Silvia Guillén y Armando Flores Alemán respectivamente, forman parte del gobierno de Sánchez Cerén: Guillén es la subdirectora ejecutiva del Centro Nacional de Registros, mientras que Flores Alemán es el director general de Aduanas, del Ministerio de Hacienda.

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