Hace casi cuarenta años se publicó la primera edición de la icónica investigación de la socióloga alemana María Mies sobre las costureras de Nasarpur, un pueblo rural en la costa de la India.
The Lacemakers of Narsapur trata sobre un grupo de mujeres rurales quienes, desde sus casas, trabajaban bordando encajes por encargo de un empresario de la industria textil. No laboraban oficialmente para ninguna empresa, lo que tenían eran acuerdos informales con el empresario. El 90 % de la producción se exportaba. Las mujeres debían comprar toda la materia prima: los rollos de encaje, agujas, hilos, etc. Bordaban un promedio de seis a ocho horas diarias y a eso agregaban siete horas más de trabajo doméstico y otras actividades con las que ganaban dinero extra.
La ONU y otras organizaciones ya agrupaban esta forma de trabajo bajo la categoría de “trabajo informal”. Sin embargo, Mies lo definió más bien como “trabajo para la subsistencia o trabajo para la sobrevivencia” porque los ingresos que recibían estas trabajadoras eran bajos e inestables y dependían de la cantidad de productos que entregaban y del precio que el empresario establecía. No tenía ningún tipo de prestación social y su trabajo permanecía invisible a las estadísticas y cuentas nacionales. El empresario, por su parte, no tenía ninguna obligación con las trabajadoras y se evitaba el pago de cualquier impuesto sobre la riqueza que esa labor le generaba. Las mujeres eran pobres y el empresario un multimillonario.
La invisibilización del trabajo descansaba en el argumento ilusorio de que las bordadoras, como amas de casa, producían los encajes en sus tiempo libre, después de terminar las tareas del hogar. Así, las horas de labor eran entendidas como “no-trabajo”, y más como una ayuda a la economía de esos hogares. Esto a pesar que para muchas mujeres bordar significaba el sostén principal de sus familias.
¿Qué clase de trabajo es el que las mujeres hacen desde su casa? ¿Qué significado tiene para la vida de estas mujeres?, se preguntó Mies.
Concluyó que esa labor invisible, ese trabajo de sobrevivencia, era parte del sostén del modelo de acumulación de capital, como se le decía en esa época, o del modelo de desarrollo económico como le llamamos ahora. Quedó en evidencia que alrededor de las industrias que ocupaban el trabajo a domicilio o “trabajo en casa”, llevado a cabo sobre todo por mujeres pobres, se producía un discurso en el que este tipo de labor aparecía como una buena opción para que las mujeres produjeran algún ingreso al mismo tiempo que cumplían con sus obligaciones domésticas (se les hacía un favor, pues); pero también una estrategia que en realidad empobrecía a las trabajadoras y aumentaba la brecha de desigualdades. Así, ese tipo de negocio se había convertido en un gran generador de inversiones y riquezas para algunos y de pobreza para otras.
Los resultados principales de este trabajo clásico siguen siendo vigentes y, desde las particularidades de nuestro contexto, hacen alusión también a las precarias condiciones de trabajo bajo las cuales muchas mujeres pobres de El Salvador logran sobrevivir.
Con el fin de la guerra civil y el inicio de la democracia, la década de 1990 en El Salvador estuvo marcada también por la apertura de la economía a los mercados globalizados. Las grandes apuestas fueron las políticas y prácticas de desregularización, la privatización de empresas públicas y la atracción de inversiones extranjeras. Juan Pablo Pérez Sainz en varios trabajos ha expuesto cómo, dentro de este modelo, la industria maquilera textil fue el sector del mercado laboral formal que absorbió la mayor parte de la mano de obra femenina. Mujeres que se caracterizaron por ser jóvenes, solteras, de bajo grado formativo y con pocos recursos económicos.
Es cierto que esa inversión significó para estas mujeres la posibilidad de percibir ingresos fijos y tener por fin acceso a algunos beneficios como seguro social y fondo de pensión. Sin embargo, gran parte de la industria maquilera textil en El Salvador se caracterizó también por las malas condiciones de trabajo, la inestabilidad laboral y los salarios bajos. Como resultado, para muchas mujeres la inclusión al mercado laboral formal significó el empeoramiento de su situación de exclusión social y de los procesos de pauperización.
Esto me quedó claro cuando en el 2009, como parte de una investigación sobre la (in)tolerancia a la desigualdad, entrevisté a algunas mujeres que trabajan en distintas maquilas textiles. Una de ellas, la representante del sindicato, narró las luchas que había librado para que los dueños de la fábrica reconocieran las horas extras, las dejaran usar los baños libremente y pagaran las prestaciones sociales. Era una mujer de carácter fuerte pero, como ella explicó, había necesitado pasar por dos abortos, causados por las largas horas de trabajo, para entender la necesidad de organizarse y plantarle cara a “los patrones”. Cuando hablamos, no percibía ingresos. La maquila de un día para otro había cerrado, sin avisarle a ningún empleado. Otra, con ayuda de una oenegé, estaba presionando a los dueños de la maquila para que le pagaran su indemnización. La habían despedido sin previo aviso. La razón: la necesidad de recortar personal.
Años después, durante mi investigación doctoral sobre trabajo sexual en la frontera sur de México, conocí en Tapachula a una hondureña de 32 años. Había sido parte de ese ejercito de mujeres que a finales de los 90 se había integrado al mercado laboral a través de las maquilas. Fue su primer trabajo, pero lo dejó después de unos meses. Demasiado le gritaban, la maltrataban y al final ganaban muy poco. Finalmente le resultó mejor trabajar en el comercio sexual.
En el 2012, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía de El Salvador, 191 mil 167 mujeres estaban registradas como trabajadoras de la industria maquilera. Este número, sin embargo, se queda corto. La cifra no incluye a las mujeres que también laboran en este sector, pero desde sus casas y de manera informal. Trabajadoras para las cuales los efectos de la precariedad son aún peores.
En nuestro país no existe registro alguno de esas bordadoras y costureras a domicilio ni tampoco de las empresas que les pagan. En el 2012, la organización Mujeres Transformado solicitó al Ministerio de Trabajo los nombres de las sociedades que contratan servicios de bordadoras a domicilio y el número total de mujeres registradas. La respuesta fue la siguiente: “[...] al revisar el registro de sociedades al que se refiere el Artículo 72 del Código de Trabajo se pudo comprobar que no existe registro de sociedades que contraten trabajadoras que realicen trabajo de bordado a domicilio, por lo que no es posible proporcionarle las cifras de cuantas mujeres bordan para dichas sociedades” .
Pero estas mujeres sí existen. Como en el Narsapur de la década de 1970, el trabajo invisible de todas estas bordadoras se encuentra en la base de la generación de riqueza de unos pocos.
De acuerdo a información proporcionada por las bordadoras en nuestro país, al menos siete empresas, todas de capital salvadoreño, funcionan con trabajadoras a domicilio. La producción en general es para la exportación. Mujeres trabajando, en su informe Haciendo visible lo invisible, señaló que existen alrededor de 300 mujeres laborando bajo esta modalidad, algunas con casi dos décadas de antigüedad. Todas viven en situación de pobreza económica; ninguna ha tenido nunca un contrato de trabajo; tampoco tienen ni uno de los pocos beneficios laborales que perciben las mujeres en las fábricas; todas deben asumir la compra de los materiales de trabajo; laborar largas jornadas en condiciones no aptas para la salud y, a veces, involucrar a otros miembros de la familia para poder llegar a la meta fijada.
De la información de entrevistas a profundidad con las bordadoras, se concluyó que en promedio obtienen 2.11 y 2.27 dólares por pieza terminada. Al día pueden hacer una o dos piezas y los compromisos de entrega oscilan entre las 10 y 20 a la semana. Para lograr entregar 20 productos deben trabajar en promedio 16 horas diarias y, aún con esa jornada doble de trabajo remunerado, solo alcanzan a ganar entre 88.40 y 90.80 dólares mensuales. Mientras tanto, las empresas para las que laboran solo tienen como único compromiso el de entregar a las mujeres los insumos, diseños e indicaciones técnicas para el bordado y recoger los productos ya terminados. Esta realidad incluso ha sido plasmada por el grupo de teatro El Azoro en su puesta en escena de la obra Made in El Salvador.
Han pasado casi cuatro décadas desde que las mujeres bordadoras a domicilio de la India le demostraron a María Mies que la participación en los mercados de trabajo productivo nunca habían significado para las mujeres pobres una herramienta de movilidad social. En El Salvador esa es una realidad presente y que se ha encarnado en los cuerpos de esos cientos de mujeres que siguen laborando en la industria textil de forma invisible. A través de ellas es posible entender cómo para las más pobres de nuestro país el trabajo ha dejado de ser un derecho y un elemento de dignificación social y se ha convertido en un instrumento para la producción y reproducción de la pobreza.
*Este texto forma parte de un proyecto del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de OnuMujeres para erradicar la violencia de género. #PintaElMundoDeNaranjaSV #ContraLaViolenciaDeGénero.
